Oaxaca: intolerancia y represión

Editorial, La Jornada

Cuando el gobierno federal desplegó a la Policía Federal Preventiva (PFP) en la capital de Oaxaca, el pasado 29 de octubre, lo hizo con el argumento de restaurar el estado de derecho, la paz y la seguridad públicas en esa ciudad; señaló entonces que la misión de la fuerza pública sería de contención. Días antes, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, había jurado "por Dios" que el gobierno federal no intentaría resolver el conflicto oaxaqueño con medidas represivas.

En rigor, la falta de voluntad de la Presidencia de la República y del gobierno del estado para atender las demandas de los profesores inconformes fue el detonante de la crisis que padece actualmente la entidad. Por lo demás, debe considerarse que desde antes de la protesta laboral de los maestros de la sección 22 del sindicato nacional de mentores -que devino en un movimiento social mucho más amplio en demanda de la salida de Ulises Ruiz del gobierno local-, las propias autoridades estatales se habían constituido en el principal factor de ruptura del estado de derecho, y que lo seguían siendo al momento de la entrada de la PFP.

En contraste con un movimiento ciudadano pacífico, al que podrían achacarse a lo sumo infracciones administrativas, estamentos claramente vinculados a los cuerpos policiales locales habían perpetrado ya delitos graves como homicidios, lesiones y secuestros.

Desde un inicio las fuerzas federales evidenciaron con sus acciones una posición parcial y aun cómplice con las policías estatal y municipal. Lejos de perseguir a los homicidas de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), caídos en el conflicto, la PFP se dio a la tarea de confrontar y hostigar a los opositores. El ingreso de los federales a la ciudad se saldó con otro muerto en las filas de la disidencia, y en días posteriores el poder del Estado se aplicó en forma sistemática contra las barricadas de la organización popular, pero nunca para contener a los grupos armados afines al Ejecutivo estatal que siembran el terror en las calles de Oaxaca.

El fin de semana pasado la PFP pasó a una actitud abiertamente represiva, se empeñó en una violencia injustificable y empezó a cumplir las órdenes de aprehensión dictadas por el poder local contra sus opositores. La represión ha llegado ahora a grados de encono y ensañamiento con la determinación de trasladar a los presos de la APPO a Nayarit, lo que constituye una desmesura y una expresión de crueldad de Estado sin asidero posible en argumentos penales o de seguridad: la medida es una venganza contra familiares que se verán obligados a viajar distancias enormes para visitar a sus parientes cautivos. Lejos de apaciguar los ánimos, este atropello sembrará nuevos y justificados rencores en la convulsionada entidad.

Mientras se aplica esta clase de "mano firme" contra los opositores, el grupo en el poder ofrece a Ulises Ruiz asideros para su permanencia en el cargo y propicia la impunidad de los elementos armados que han asesinado a más de una decena de activistas sociales en el curso del conflicto. De hecho, en Oaxaca la policía federal, las locales y los matones actúan ya en forma coordinada.

Tal circunstancia, lejos de promover la restitución del estado de derecho, conlleva la formalización de su ruptura. En Oaxaca, la legalidad democrática ha sido remplazada por un autoritarismo represivo, ajeno a la legalidad y a la vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos. La PFP declaró ayer que se había terminado el plazo de la tolerancia. En efecto, la intolerancia, la persecución política y la estrategia de doble rasero -todo el peso de la ley a los acusados de destruir edificios oficiales, y encubrimiento e impunidad para quienes incendiaron las oficinas de una de las organizaciones que conforman la APPO- son ya los únicos recursos de autoridades nacionales y estatales que sólo actúan en función de los intereses de la alianza gobernante PRI-PAN, la cual tiene como rostros visibles al aún presidente Vicente Fox, a su inminente sucesor Felipe Calderón y al repudiado gobernador Ulises Ruiz.

Este giro constituye un digno corolario a la proverbial incapacidad política exhibida por Fox durante los seis años de su mandato y justifica los temores de quienes atribuyen a Calderón actitudes autoritarias, intolerantes y represivas; es, además de un atropello inadmisible, una nueva y grave insensatez del poder público y una alarmante expresión de debilidad política y moral que deja a la autoridad sin más instrumentos de gobierno que los gases lacrimógenos, las órdenes de aprehensión y los golpes de tolete.

Oaxaca: el fin de la tolerancia

Luis Hernández Navarro, La Jornada

Oaxaca en 2006 como Sonora en 1902. A comienzos del siglo XX el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó la enésima rebelión de los yaquis deportando a los indios prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A comienzos del siglo XXI, la administración de Vicente Fox responde a la sublevación oaxaqueña enviando a los 141 detenidos insumisos al penal de San José del Rincón en Nayarit.

Vicente Fox termina su sexenio con las manos llenas de sangre. "Se acabó la tolerancia" en Oaxaca, dice el general Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes, junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco. Sus perros están en la calle. Lanzan lacrimógenos, golpean con lujo de violencia, detienen sin órdenes de aprehensión, invaden viviendas sin autorización, destrozan propiedades, ocupan hospitales y clínicas, impiden el libre tránsito de las personas, ofenden sexualmente a las mujeres.

En las calles los jóvenes son detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes. Los presos son maltratados, torturados y confinados con reos comunes. No se permite que sus defensores jurídicos y familiares los visiten. Y, como en el porfiriato, son deportados.

Pero los abusos contra la población civil de la PFP no se limitan a los que sus integrantes cometen directamente. Ellos actúan como resguardo de los sicarios al servicio de Ulises Ruiz. Estos pistoleros y policías vestidos de civil recorren la ciudad de Oaxaca en vehículos desde los que disparan y secuestran integrantes de la APPO. Son los convoyes de la muerte. La mayoría de los 20 homicidios perpetrados contra activistas han sido responsabilidad suya.

¿Por qué esta represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Por qué ahora? ¿Qué sucedió que agotó la "tolerancia" de las autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura negociación en condiciones favorables. Con presos y perseguidos, supone, el arreglo con los insumisos será más fácil y barato. Reclamó y obtuvo que sea la administración saliente y no la entrante la que pague el precio y el descrédito de la represión. En suma: que le limpiara el camino. De paso, consiguió con una acción de distracción, desalentar la presencia masiva de un contingente oaxaqueño en las jornadas del próximo primero de diciembre para evitar su toma de posesión.

La presencia masiva de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre no impidió que las protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad. No desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su unidad interna.

Sin embargo, a pesar de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se encontraba relativamente contenido. No se había restablecido la ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad, pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto relativamente administrado. Ese estatus resultaba, sin embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.

¿Realizó el movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No, definitivamente no. La manifestación del pasado sábado fue absolutamente pacífica. Fue, evidentemente, una demostración de fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de atacar provino, como se ha documentado ampliamente, de la PFP. Fueron elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras a los manifestantes y luego lacrimógenos y proyectiles. Fueron ellos quienes comenzaron la agresión.

¿Perdieron los mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje: tres muertos, más de 100 heridos, 221 detenidos.

Y con ellos, protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos de civil al servicio de Ulises Ruiz. Dispararon y secuestraron a ciudadanos indefensos. Agredieron a quienes en la estación de autobuses ADO esperaban su transporte. Se dedicaron a lo que han hecho durante los últimos meses: sembrar terror.

Simultáneamente, Radio Ciudadana, conocida popularmente como "Radio Patito", la estación pirata de los seguidores del gobierno estatal llamó a prender fuego a la casa de algunos destacados dirigentes del movimiento popular. No era broma. El domingo 26 de noviembre las oficinas de Flavio Sosa, uno de los más conocidos voceros de la APPO, fueron incendiadas. Por supuesto, ni la PFP ni la policía estatal lo evitaron.

"Esto se está normalizando", dijo Ulises Ruiz en una más de sus involuntarias bromas. "No habrá perdón", advirtió. Como candidato a gobernador del estado, Ulises se presentó como un "hombre de unidad". Hoy sabemos que en aquel entonces le faltaron tres letras: Ruiz es el político de la "impunidad".

La violenta represión en Oaxaca es el broche de oro con el que Vicente Fox cierra su sexenio, pero es, también, la tarjeta de presentación de Felipe Calderón. Sin reconocerlo, han decretado en los hechos un Estado de sitio. Las garantías individuales han desaparecido en la entidad.

Sin embargo, la medida no va a solucionar nada. Quienes la ejecutan olvidan dos pequeños detalles. Primero, la enorme capacidad de resistencia del pueblo oaxaqueño. Segundo, que lo que realmente han hecho al reprimir así es esparcir el rencor, la indignación y deseo de venganza ciudadanos a muchos más puntos de la geografía nacional. La tolerancia, entiéndase bien, se agotó también del otro lado.

Varios grados más

Julio Hernández López, La Jornada

En Oaxaca se le ha subido varios grados a la temperatura de la gran caldera social. Del fraude electoral y el divisionismo inducido, a la represión fascistoide. El movimiento social de más relevancia y resistencia de muchas décadas como laboratorio experimental para ver qué tanto es posible apretarle a las tuercas ciudadanas electorales: te lo digo Oaxaca para que lo entiendas ciudad de México. APPO y AMLO, sepan que las únicas siglas aceptadas son PFP y que el nuevo bastón de mando es un tolete.

La semana postrera del gobierno foxista ha sido utilizada para instalar en Oaxaca un estado de excepción, sin respeto a los ordenamientos legales y con una reiterada suspensión de derechos constitucionales. Ciudadanos en protesta contra un gobernante largamente rechazado han sido despojados de los espacios naturales de convergencia cívica y, luego, en ese focalizado estado de sitio, se han practicado las más tradicionales maniobras del catálogo de la guerra sucia.

Hoy, miles de ciudadanos están atemorizados ante las declaraciones precalderónicas de directivos de la Policía Federal Preventiva, que dan por terminada la etapa de tolerancia y han emplazado tropas y tanquetas en una explanada pública, la del templo de Santo Domingo, para impedir que se reinstale allí el campamento de la APPO, que semanas atrás fue echado por la fuerza del zócalo de la capital del estado. Camionetas con policías federales, estatales y municipales recorren las calles de la ciudad con la amenaza de que cumplirán órdenes de aprehensión, cuyos destinatarios pueden ser cualquiera que a los ojos de los presuntos guardianes sea sospechoso de pensar distinto y cuyo nombre pueda ser impreso a la carrera en un documento oficial supuestamente justificante. Por las calles también es posible encontrar mujeres que preguntan por hijos o familiares o que narran los abusos cometidos contra ellos. Las fuerzas federales y estatales hablan de respeto a las leyes pero permiten y promueven la emisión de una radiodifusora pirata denominada Radio Ciudadana, aunque la gente le llama Radio Patito o Radio Alcantarilla, en la que (varios grados más de avance en las estrategias de control social fascistoide) se dan domicilios de dirigentes de la APPO o de personajes cívicos, como la doctora Bertha Elena Muñoz Mier, alma de Radio Universidad, para que "la gente" vaya a cobrar cuentas a esos "culpables" de lo que sucede en la entidad, exhortos criminales que permitirían a bandas de policías encubiertos actuar endosando la represión a presuntos "enojos ciudadanos". Radio Ciudadana, que se emite desde lugares desconocidos y en la que, por ejemplo, ayer se llamaba a los oaxaqueños "bien nacidos" a golpear al autor de ciertos teclazos astillados (identificado por nombre, apellido, periódico que publica su columna y una que otra tele en que sale de voceador) en cuanto esos "ciudadanos ejemplares" lo encontraran en la calle.

Y en el ambiente reina la convicción social de que estas horas finales del foxismo -horas que a su vez son las iniciales del nuevo reino diazordacista del terror- son las más oscuras y peligrosas para Oaxaca, porque la "Mano firme, pasión por México", pretende demostrar su vigencia en estas latitudes aplastando el ejemplarmente peligroso movimiento oaxaqueño y creando una cortina de distracción sangrienta que ayude a encubrir lo que pueda pasar en la capital del país el día del relevo presidencial.

El puño endurecido que se ha mostrado en Oaxaca es responsabilidad de Felipe Calderón, pues a estas alturas ya tiene el control del aparato represivo. Ese rostro de violencia institucional forma parte de un diseño político del régimen entrante. Por ello Calderón ha nombrado a practicantes de las doctrinas económicas socialmente represivas para que se encarguen de las carteras que seguirán beneficiando a las cúpulas empresariales; por ello Calderón ha considerado la posibilidad de nombrar al héroe de las represiones jaliscienses como secretario de Gobernación, y por ello ha nombrado en su gabinete social a representantes de la ultraderecha y de los intereses partidistas más conservadores.

Ese diseño institucional pretende llevar a los mexicanos del desánimo electoral y el encono social al temor inmovilizante. De lo que se trata es demostrar a los mexicanos que las protestas y la disidencia no tienen más destino que la desgracia personal: el control férreo de los espacios de opinión e incluso de información equilibrada (ayer ya no estuvo Ricardo Rocha en la frecuencia de Radio Fórmula) pretende doblegar a los críticos y opositores mediante el expediente de la marginación o la inexistencia mediática. Golpes físicos y sicológicos para instalar el neofranquismo de San Felipe: los presos oaxaqueños, por ejemplo, fueron llevados en viajes de terror a una cárcel de alta seguridad, a muchas horas de distancia, en Nayarit; ayer hubo disparos de armas de fuego y secuestros de personas en las afueras de la Facultad de Medicina de la UABJO, mientras estudiantes denunciaban desapariciones y represión, protestaban por las balaceras contra el edificio escolar y llamaban a defender a estudiantes detenidos y los puestos de socorro médico que han servido para atender a heridos sin distingos políticos y que también han sido baleados y agredidos.

En la capital del país los políticos pretenden aparentar que todo sigue su crónica accidentada marcha con normalidad, mientras la APPO ofrece diálogo a sabiendas de que el calderón social ha entrado en ebullición y mientras segmentos guerrilleros anuncian en Oaxaca su decisión de enfrentar a la PFP. Felipe el entrante pone su mejor sonrisa para reunirse con distinguidos priístas (el pacto PRIAN que mantiene a Ulises en Oaxaca y convalidará a Calderón en San Lázaro) y el tic tac sigue sonando en un escenario de alta peligrosidad, en el que aparentemente la caída de Ulises estaría pactándose para después del primero de diciembre, cuando ya no haya necesidad de elecciones para nombrar sustituto, a cambio de desmembrar y descabezar ejemplarmente a la APPO. Tic, tac. ¡Hasta mañana, desde Oaxaca, donde las organizaciones civiles y ONG también están en la mirilla!

Oaxaca, bomba de tiempo para Calderón
Podría estallarle tras asumir el cargo

Francisco Cárdenas Cruz, El Universal

En la capital de Oaxaca parece estársele preparando una bomba de tiempo al presidente electo Felipe Calderón, que quedará lista para estallar en cualquier momento a partir del próximo viernes, una vez que rinda su protesta ante el Congreso de la Unión y asuma la Presidencia de la República.

Eso es, al menos, lo que ha quedado claro después de los violentos hechos del sábado pasado y de la repentina prisa en cumplir las órdenes de aprehensión contra dirigentes y militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en particular las giradas contra Flavio Sosa y Senén Bravo, con todo y que esa organización solicitó ayer a la Secretaría de Gobernación la inmediata reanudación del diálogo que permita encontrar una solución al conflicto que vive la entidad, sin condicionarlo a la salida de la Policía Federal Preventiva y sin hacer mención a la del gobernador priísta Ulises Ruiz, al que responsabilizan directamente de lo sucedido, incluido el incendio de la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado, en el que todos los archivos y expedientes que había en ellos quedaron reducidos a cenizas.

A la repentina urgencia en cumplir las órdenes de aprehensión contra los integrantes de la APPO, convertida en una auténtica cacería de ellos, han ido aparejados cateos domiciliarios dentro y fuera de la capital del estado, lo que ha atemorizado a los oaxaqueños tanto o más que los hechos de vandalismo del sábado, cuando al concluir la megamarcha de miles de personas, hubo una lluvia de piedras, petardos y bombas molotov sobre los elementos de la PFP a los que pretendieron cercar en el centro histórico, en donde permanecen desde hace varias semanas, colocando barricadas de todo tipo en las calles aledañas, a lo que los uniformados respondieron disparando gases lacrimógenos para alejar y dispersar a los marchistas convirtiendo la zona en un impresionante campo de batalla. Esta llegó hasta la explanada de la plaza de Santo Domingo, en donde la APPO tenía instalado un campamento que fue abandonado ante el embate policiaco.

Los violentos hechos registrados el sábado en la ciudad de Oaxaca parecieron más un nuevo "ensayo" de lo que podría suceder el próximo fin de semana, luego de que Calderón se haya convertido en el nuevo Presidente de la República, heredando un grave conflicto que amenaza extenderse a la ciudad de México y a otras de entidades vecinas.

Ayer mismo, en un comunicado difundido por la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, que fue una de las organizaciones guerrilleras que reivindicaron los bombazos habidos en las sedes del Tribunal Electoral y del PRI y en una institución bancaria, advirtió que iniciarán ataques armados en Oaxaca en respuesta a lo que califican de represión del gobierno federal en ese estado. Es, pues, una verdadera bomba que amenaza estallarle a Calderón en las manos y que obligaría a manchárselas de sangre tras de que asuma la Presidencia.

De esto y de aquello...

En una sede alterna a la casa de transición del presidente electo, bloqueada por un plantón perredista, Felipe Calderón dará a conocer hoy a los integrantes del gabinete político y de seguridad, y sólo quedarán pendientes los que estarán al frente de las paraestatales y organismos descentralizados. En la danza de nombres siguen figurando los que se han mencionado insistentemente en los últimos días, desde el de Francisco Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco con licencia, para la Secretaría de Gobernación.

También los de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Mario Ayón para Defensa Nacional, y el del que a partir de hoy será almirante Raúl Santos Galván Villanueva, para la de Marina, así como el del actual secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Eduardo Medina-Mora Icaza, para la PGR. Para suceder a éste, el nombre de Genaro García Luna, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigación, es el que más se mencionaba anoche para reemplazar a Medina-Mora Icaza, así como el de Germán Martínez Cázares, para la Secretaría de la Función Pública. Desde la mañana de ayer se empezó a asegurar que Arturo Sarukhán, al que se ubicaba para titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sería el embajador de México en Estados Unidos. Las incógnitas, sin embargo, las despejará Calderón hoy a temprana hora y eso acabará con la "gabinetitis" que desde hace varias semanas se convirtió en entretenimiento nacional.

A cuatro días de que el presidente electo acuda a la Cámara de Diputados para rendir protesta ante el Congreso de la Unión y asumir el cargo de Presidente de la República, se acrecienta el riesgo de que pueda suscitarse la violencia ante la determinación de los diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia de impedirlo. Es más, hay versiones de que en la sesión de este martes en el recinto de San Lázaro, esos legisladores puedan no sólo tomar la tribuna hoy mismo sino instalar campamentos a su alrededor para evitar que tanto Calderón como quien desde el primer minuto del viernes será su antecesor, Vicente Fox, puedan acceder a ella ese día.

En la reunión que por primera vez sostuvo ayer con legisladores del PRI, el presidente electo les reiteró que el próximo viernes acudirá a San Lázaro no por mero capricho sino para cumplir su obligación constitucional de rendir protesta ante el Congreso de la Unión y asumir su cargo constitucional. Les ofreció a los senadores del tricolor, encabezados por el coordinador de su grupo parlamentario, Manlio Fabio Beltrones, que a lo largo de su gestión estará tan cerca del Congreso como lo dispongan sus integrantes. Por su parte, el político sonorense le dijo a Calderón que como jefe del Estado mexicano le exigirán un trato ecuánime, por encima de las pugnas partidistas y que no transforme la investidura presidencial en jefatura de campaña de un partido político.

En otro intento más de evitar que haya violencia el 1 de diciembre en el recinto legislativo, el líder de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, volvió a llamar a sus colegas Javier González Garza, del PRD, y Héctor Larios, del PAN, a ponerse de acuerdo para evitar que haya una violencia que nadie quiere ver.

Ulises: un cadáver político muy incómodo

Román Revueltas Retes, Milenio

No veo cuál pueda ser, para el PRI, la ventaja de apuntalar a Ulises Ruiz. No tiene sentido desde ningún punto de vista. Políticamente, el costo de mantenerlo tercamente ahí, sin escuchar las voces de la opinión pública, en un cargo donde no ejerce responsabilidades tan elementales como el mantenimiento del orden público, es mucho más alto que la perversa estrategia de usarlo como moneda de cambio de cara a la ceremonia del 1°. de diciembre. Y eso sin recordar que, más allá de tan roñoso oportunismo, los intereses del pueblo de Oaxaca debieran estar por encima de estas marrullerías por no decir que Felipe Calderón, elegido democráticamente y validado por las instituciones de la República, no es necesariamente una figura comparable a la del gobernador oaxaqueño. Calderón no ha comenzado siquiera a gobernar y no es muy probable, entre otras posibles infracciones, que vaya a tomar por asalto las instalaciones de un diario o que se sirva de turbas de sicarios para amedrentar a sus opositores.

Oaxaca está en México, es cierto, pero no todo México es Oaxaca. Y, a pesar de que la escandalosa inacción de la Administración saliente haya alimentado en parte el fuego de la hoguera, el mandatario estatal tiene culpas muy concretas. Él, y nadie más, es el que debe de estar en la primera línea de fuego; él, y nadie más, tiene las facultades para ejercer la soberanía de la entidad que gobierna. El mero hecho de que el Senado haya discutido la desaparición de poderes en Oaxaca es la prueba palmaria de que el hombre no ha cumplido con su encomienda.

Pero, volvamos a los priistas y sus asombrosas lealtades: no parecen haberse dado cuenta de que hay personajes que, franqueados ciertos límites, hay que desechar. Ése esprit de corps de las huestes tricolores sería tal vez encomiable si se tratara de enfrentar una artera embestida de los opositores. No es el caso, si embargo. Los adversarios de Ulises no están en el PAN. Están en Oaxaca. Y, ahí siguen. Vaya cadáver político tan incómodo.

¡Date una vueltecita por Oaxaca!

Rosario Ibarra [1], El Universal

Qué triste cosa es ésta; cuánto dolor, qué enorme pena nos causan los acontecimientos en Oaxaca. ¡Qué bárbaro empecinamiento! ¡Qué absurdo modo de interpretar las leyes y de "afianzar el poder"!... ¿Cómo pensarán seguir gobernando? ¿En qué lugar tendrán asiento los poderes? ¿Estará siempre allí la PFP? ¿En qué "previene" dicho ente? ¿Será cierto que sus integrantes son "transformistas", que cambian de aspecto al mudar los uniformes, de verde olivo a gris desvaído? ¿Están esas "mutaciones" previstas y aprobadas por la Constitución? ¿Estará el Ejército dispuesto a seguir manchando su "piel" con los desmanes que ordena el "comandante supremo" en turno?... ¡Cuidado, porque de ser así, la piel del jaguar será su símbolo!

¿Hasta dónde están comprometidos PRI y PAN en este desacato a las leyes? ¿Cuáles son los límites de ese "compromiso" (si es que lo hay)? Estas y muchísimas preguntas más se hace el pueblo entero de México y muchos pueblos solidarios del mundo. "Nada ha cambiado" -dicen- y recuerdan con horror la tarde oscura del 2 de octubre de 1968, el grito de los halcones cuando corrían a golpear estudiantes el "jueves de Corpus" de 1971 y todas las muertes que antecedieron a esas fechas terribles de la historia reciente en nuestra patria.

No hay hora del día en que no haya denuncias de ese dolorido estado sureño. Maestros secuestrados, conducidos a lugares secretos e ilegales... tortura, helicópteros cargados de "prisioneros" con los que no se han cumplido las garantías individuales... en fin, violaciones flagrantes y constantes al mandato constitucional...

Quienes han podido ver a unos cuantos "detenidos", o las fotografías de los periódicos, se indignan, sienten que la cara les arde de rabia ante tamaña insolencia. Quienes vieron al "gobernador" tomarse fotografías, antier, rodeado de sus "preventivos" y protegido por helicópteros en las devastadas calles de la otrora hermosa ciudad, apenas pueden creer lo que están viendo y palpan el cinismo del sátrapa y toda la desmesura de quien o quienes lo protegen y comparten con él el desvarío inconmensurable de su ansia de dominio.

Ayer, lunes 27 de noviembre, a la hora de escribir estas líneas, recibía llamadas y más llamadas de la ciudad mártir de Oaxaca: los odiosos y odiados "preventivos" (¡cuidado, Fuerzas Armadas!) tienen rodeadas las instalaciones universitarias, para cerrar de una vez por todas el círculo infame represivo contra un pueblo noble y generoso, que ha sabido reclamar al gobierno su ilegal proceder. En este momento hago un reclamo categórico, rotundo, al aún presidente de la República, Vicente Fox Quesada; al señor Abascal, secretario de Gobernación; al titular de la PGR, señor Cabeza de Vaca; y al señor Medina-Mora, para que encuadren en el mandato constitucional su actuación, porque de no hacerlo así, el pueblo les hará el reclamo que en justicia pueden llevar a cabo y mi voluntad, como simple ciudadana agraviada durante más de tres décadas y en mi calidad de senadora de la República a cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, puedo y debo hacerles.

Quienes hemos tenido en las manos las fotografías de los heridos y de los asesinados por estos Rumsfelditos criollos, por estos aprendices de los desmanes de la CIA, por estos encapuchados discípulos del "santo oficio", que siembran el terror en esa tierra maltratada, le diríamos a Gustavo Doré: ¡date una vueltecita por Oaxaca!

La república sin cabeza

Marco Rascón, La Jornada

En la reforma del sistema político mexicano hay que reconocer un mérito a Vicente Fox, quien involuntariamente hizo su aportación al hacer cenizas la institución presidencial. Presente diariamente, opinando de todo y a lo largo de los 365 días de cada uno de los seis años, no creó confianza ni grandeza en la institución, sino hartazgo, pena ajena, burlas e inconsistencias, pues pese a la fuerza que trató de imprimir en sus palabras siempre terminaron acompañadas de rectificaciones y aclaraciones, ya sea de sus propios colaboradores, sus opositores o de la realidad misma.

Se dice que en los estados autoritarios, los políticos se ríen de los ciudadanos, mientras en las democracias son los ciudadanos quienes se ríen de los políticos; si esto es cierto, ¿será que en estos seis años entramos sobradamente a la "democracia"?

La llamada transición ha sido en el mejor de los casos un proceso de descomposición del viejo régimen que no va hacia ningún lado, pues si bien en el conjunto de la clase política, en la simbología y las formas se reproduce todo el ritual del viejo presidencialismo, que tenía poder absoluto sobre todos los poderes, hoy ya no hay tal, pues ese poder se ha distribuido y sustituido.

El fenómeno Marta Sahagún no fue casual, sino parte de este proceso de descomposición de la figura presidencial, lo cual la hace a ella autora de este resultado crítico.

El resultado oficial del 2 de julio abona en esta crisis del presidencialismo y del ritual absolutista, que ya no es tal, pese al gran favor que se le hizo al automarginar la fuerza opositora que le empató en la elección. Lo es con Felipe Calderón y lo hubiera sido con cualquiera, pues en este proceso inédito de descomposición son las minorías, la fuerza del viejo régimen, que permanece en el lejano tercer lugar, las que siguen influyendo en las decisiones centrales ante la polarización sin rumbo de las fuerzas panistas y lopezobradoristas, hoy incapaces de hacer del naufragio republicano un proceso de reforma.

En el Congreso cada decisión salida del Poder Ejecutivo será materia de negociación, chantaje y reparto de prebendas, pues ninguna fuerza por sí misma puede sustentar su posición y compromisos sin llevarlos al campo de la negociación. ¿Esta es la democracia necesaria para un país que necesita certezas?

El PRI reclama con nostalgia que cuando existía integralmente el viejo régimen presidencialista había fronteras, y a fuerza de autoridad, aplicando la razón de Estado, se mantenía la unidad nacional y un poder incuestionable al que recurrían todos los sectores. El PRI tomó una decisión: si no gobierna, no podrá hacerlo ninguna otra fuerza política sin él. Si no hay presidente fuerte, entonces son las fuerzas reales corporativas, los agrupamientos y alianzas económicas locales, junto con las trasnacionales, los que deciden por la vía de los hechos. ¡Viva el viejo régimen!

Anteriormente, el gran aliado del presidente era el Senado como representante del pacto federal. Hoy está desarticulado y por ello la Federación sólo tiene a la Policía Federal Preventiva (PFP) para ejercer la fuerza de la Federación, pero sin el brazo legal de la política ni el derecho para actuar, pues el Senado se mueve en función de otros intereses, controlado por el sindicato o el gremio de los gobernadores que ahora representan en 32 parcelas lo que fue el viejo presidencialismo y controlan este cuerpo a través de sus representantes senatoriales.

En este proceso de descomposición de la vieja república, el poder se invirtió, y ahora el federalismo en manos de los gobernadores, convertidos en el cuarto poder, manipulan el viejo cascarón republicano.

Se diría que se avanza al federalismo clásico, pero no es así, ya que los poderes de los estados carecen a su vez de voluntad democratizadora; no son fuerzas de cambio, sino de preservación de intereses.

En estas condiciones, la Presidencia de la República es cada vez más un puesto administrativo. La Presidencia se convirtió en una especie de monarquía decorativa restaurada que no decide nada, pues la toma real de decisiones está en otra parte. Quizás su única fuerza es que nadie cree en el poder de la Presidencia.

En este diagnóstico, el poder presidencial de fuerza al ser el "comandante supremo de las fuerzas armadas" es absolutamente relativo dado que quedan distribuidas sus facultades en los poderes Judicial y Legislativo, que cuestionarían de origen el mandato presidencial. Hoy al presidente únicamente le queda la PFP y ésta sólo puede intervenir con el permiso de los gobernadores.

El sistema mexicano, al igual que toda superestructura política e ideológica, contiene elementos nuevos y arrastra vestigios del viejo régimen. El país no navega a la deriva sobre lo que sería un pacto social de fondo, sino entre acuerdos de grupos con intereses facciosos y por ello va al naufragio, aun cuando renovará sus poderes este primero de diciembre.

Los tres desafíos que siguen

Alberto Begné Guerra [2], El Universal

El 1 de diciembre concluye el proceso constitucional de renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y con ello inicia una etapa en la vida pública de nuestro país que, para bien o para mal, será decisiva en la configuración del México del siglo XXI. No sólo enfrentamos un momento crítico en el proceso de cambio democrático, cuyo desenlace determinará la posibilidad de consolidar la democracia o, por el contrario, la agudización del deterioro de la política, con todos los riesgos de sufrir una grave regresión autoritaria de uno u otro signo.

En efecto, además del desafío que supone dotar a las instituciones y los procesos democráticos de la sustancia, las reglas y los instrumentos necesarios para incentivar la generación de acuerdos, disminuir y transparentar los recursos involucrados en la política y las campañas electorales, y poner límites y controlar a los poderes e intereses fácticos que hoy dominan buena parte de la esfera pública, hay por lo menos otros dos desafíos cruciales para la viabilidad del país en las siguientes décadas.

El primero tiene que ver con la exigencia de universalizar derechos y libertades; es decir, con la construcción de una ciudadanía real, sin privilegios y discriminación en las relaciones con los poderes públicos y, desde luego, entre los particulares.

El segundo supone asumir el rotundo fracaso social (pobreza y exclusión) de la política económica y, en consecuencia, generar un nuevo pacto para el crecimiento y el bienestar, donde la política social deje de ser la expresión de una concepción asistencial (dinero para la supervivencia de los más pobres) y, en cambio, se articule en un modelo integral de desarrollo que garantice las condiciones y las oportunidades efectivas para la inserción digna y sostenida de los más pobres al mundo del empleo, la seguridad social y la productividad, con todos los bienes y derechos culturales, ambientales y materiales inherentes al estado de bienestar.

Estas exigencias nunca han sido asumidas como premisas en la agenda de la derecha. Lejos de eso, han sido vistas como un efecto natural de la generación de riqueza en el marco del libre mercado. Pero está claro que eso no basta. Si el nuevo gobierno no asume el mandato plural de las pasadas elecciones y, por tanto, no coloca en el centro de su programa la necesidad de construir un nuevo pacto que atienda estas exigencias, la debilidad democrática, la fragilidad de los derechos y la fragmentación social seguirán agravándose, hasta el punto de poner en entredicho la viabilidad del país.