Traición sexenal

Editorial, La Jornada

Hoy es el último día de un gobierno que arrancó con expectativas sociales sin precedente y que llega a su término en medio de una catástrofe nacional también sin parangón en la historia moderna de México. El 2 de julio de 2000 y el primero de diciembre de aquel año la sociedad mexicana logró la alternancia en la Presidencia de la República.

En los seis años transcurridos desde entonces el ciudadano que recibió el mandato de conducir el país a la normalidad democrática, Vicente Fox Quesada, dilapidó un capital político como el que no había tenido ningún presidente entrante, encabezó una tarea de destrucción sistemática de las instituciones de la República, permitió la permanencia de la corrupción administrativa, pactó con los sectores más turbios del viejo aparato priísta, pervirtió su propia investidura al ejercerla en forma matrimonial, derrochó recursos públicos con una frivolidad insultante, hizo imposible la colaboración del Legislativo con el Ejecutivo, sometió al Judicial, liquidó la política exterior del Estado mexicano, elevó la mentira y la simulación a rango de discurso oficial -Foxilandia-, manejó la procuración de justicia con sentido partidista y faccioso, se sometió a conciencia a los dictados de la Casa Blanca, consiguió un grado de indefensión nacional nunca antes visto en la relación con Estados Unidos, intervino sin ningún pudor en el proceso electoral de este año y con ello traicionó las esperanzas democráticas de millones de mexicanos y condujo al país a una crisis política alarmante y a una fractura social que habría podido evitarse. Por si fuera poco, en el tramo final de su administración echó mano, a falta de habilidades políticas, de la represión y la persecución de opositores.

El saldo social de la Presidencia foxista no es menos desastroso que el institucional. El primer gobierno panista no resolvió en seis años lo que había prometido solucionar en 15 minutos -la injusta y oprobiosa relación entre el Estado mexicano y los pueblos indios del país-; los sistemas públicos de educación y salud experimentaron un deterioro que no puede verse sino como un designio de desmantelamiento para abrir nuevos mercados a los intereses empresariales privados; la cultura -la industria editorial y el cine son casos particularmente dramáticos- ha sufrido un embate implacable desde el poder; la marginación y la pobreza, derrotadas en el discurso, llegan a este fin de régimen tan extendidas y lacerantes como a principios del sexenio; la destrucción del tejido social ha proseguido, implacable, y hoy son más numerosos que hace seis años -aunque su desamparo permanezca intacto- los mexicanos que emigran a Estados Unidos por falta de oportunidades de vida o márgenes de sobrevivencia en su propio país; con este gobierno el país cayó varios lugares en las tablas internacionales de salud, educación y calidad de vida en general; la ofensiva consigna de dar a cada ciudadano "vocho, changarro y tele" se reveló, a la postre, como un embuste vacío antes incluso de que desapareciera del mercado el modelo de automóvil económico al que hacía referencia la expresión.

El foxismo ha presentado la pretendida estabilidad económica como un logro propio y trascendente. Pero lo que la Presidencia llama estabilidad es en realidad estancamiento: una circunstancia en la que el crecimiento económico resulta insuficiente, y hasta irrelevante, para generar empleos y reactivar el mercado y la producción. Por lo demás, la ausencia de sobresaltos financieros y cambiarios se explica no por una buena gestión gubernamental sino por dos factores principales: los ingresos inesperados por las altas cotizaciones internacionales del petróleo y las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Ante la primera de esas circunstancias el gobierno que hoy llega a su término dilapidó recursos públicos incuantificables en forma por demás opaca y sin preocuparse por aliviar, así fuera parcialmente, el ruinoso estado de la industria petrolera nacional; en cuanto a la segunda, se fundamenta en el sufrimiento de millones de connacionales que se ven obligados a separarse de sus familias, a alejarse de sus lugares de origen y a enfrentar peligros mortales y atropellos innumerables sin que las autoridades de su país muevan un dedo para evitarlo. Por lo demás, se mantienen los índices de desempleo y pobreza heredados de las presidencias priístas y se ahondó de manera alarmante la desigualdad económica. En el curso de este sexenio el país perdió competitividad, rentabilidad y masa económica en general.

En cuanto a la vigencia de la legalidad, en estos seis años la autoridad del Estado ha cedido extensos territorios a la delincuencia organizada, la seguridad pública se ha vuelto una utopía inalcanzable, la Procuraduría General de la República se ha dedicado a la vergonzosa actividad de fabricar culpables, ha florecido la impunidad y se vive una regresión exasperante en materia de derechos humanos.

Por donde quiera que se le juzgue, el gobierno que encabezó Vicente Fox ha sido un gobierno de traiciones: a sus propias promesas, a las expectativas que generó, al mandato otorgado en 2000 por la ciudadanía, a la soberanía nacional, a las esperanzas de bienestar, democracia, justicia, seguridad y equidad, a los postulados del viejo panismo: sufragio efectivo, federalismo, austeridad, observancia de la ley, honradez administrativa, decencia política. Con estos saldos a la vista, habría que alegrarse ante el fin del sexenio. Pero, por desgracia, el foxismo deja al país en un estado de postración, descomposición, incertidumbre, bancarrota institucional y confrontación, y lo que viene no será necesariamente mejor, y ni siquiera menos malo, que lo que hoy termina.

Mano ¡firmes!

Julio Hernández López, La Jornada

Conferencia de prensa de los coordinadores parlamentarios en San Lázaro; en la foto, Gloria Lavara, Emilio Gamboa, Jorge Zermeño, Marina Arvizu, Javier González, Héctor Larios y Ricardo Cantú Foto: José Antonio López El problema de Calderón es que no tiene opciones. Usuario fanfarrón del discurso de la mano firme y el respeto a las leyes, en sus días definitorios el abogado michoacano se ha ido cerrando puertas de negociación, tanto con el nombramiento de su gabinete de exclusión y amenaza como con el manejo equívoco del porrismo pirrurris que los panistas han instalado en San Lázaro.

Acorralado por su discurso de agente del Ministerio Público (que ha sido ampliamente aplaudido por empresarios y derechistas ávidos de que la chusma alzada sea ejemplarmente contenida) y mal asesorado y peor ayudado en la ejecución por el equipo bonsai que lo acompaña -el matador hispano Mouriño, un ejemplo destacado de miniaturización del poder-, el prematuramente solitario Calderón corre el riesgo de que su mandato amplia y apasionadamente impugnado sufra la mella trascendente de que la ceremonia protocolaria de transmisión de poderes deba ser realizada en un escenario distinto al usual (tal vez el Auditorio Nacional, cuyo entorno ha sido tomado desde días atrás por militares), o en el de siempre, el salón de plenos de San Lázaro, pero en un marco de violencia institucional a cargo del Estado Mayor Presidencial. Ambas posibilidades, desde luego, constituirían un estigma perdurable que alentaría las expectativas de sus adversarios en el sentido de que fuese posible acortar el periodo felipista (del "Ya cayó, ya cayó; Ulises ya cayó", de Oaxaca, se ha pasado a la adaptación nacional, con tiempos verbales diferentes -"va a caer"- y un distinto destinatario).

El problema, desde luego, no es inmobiliario -el pleno de San Lázaro, otro lugar de esta misma cámara, el Auditorio Nacional u otro foro- ni de controversia jurídica que pudiese inhabilitar a Calderón para ejercer la Presidencia por los incidentes de un día que él imaginó "muy divertido". Pase lo que pase (para usar la displicente terminología de Santiago Creel), Calderón ejercerá en lo inmediato la Presidencia de la República, pero la manera como resuelva el sudoku de San Lázaro definirá su fuerza política, su ánimo de poder y el perfil con el que ejercerá la muy anunciada "mano firme, pasión por la PFP".

Lo que hoy se puede cargar a la cuenta política de PeFe(li)Pe Calderón ya es muy preocupante. La disputa por la tribuna de San Lázaro y los nombramientos del gabinete sectario han opacado lo que sucede en Oaxaca, donde el giro calderonista ha instalado un estado de sitio y ha violentado derechos constitucionales y humanos, luego de la taimada tardanza del omiso Fox en tomar decisiones que en realidad siempre quiso endosar al sucesor (el de las manos ¿impías?). Si Oaxaca puede servir de antecedente para prever lo que será el gobierno felipense, y si ese pronóstico es confirmado en el manejo de la crisis de San Lázaro, entonces estaremos en presencia de un equipo de choque decidido a castigar disidencias, vengar agravios e imponer una política de terror.

Sabido que es "de mecha corta" el esposo de la señora Margarita (chaparrito, pelón y de lentes, según histórica descripción del dirigente del PAN, Manuel Espino), peor resulta el saber que durante largos meses ha ido conteniendo su tendencia natural a la explosión con tal de sobrellevar el espinoso camino rumbo a la silla despostillada, pues pareciera -como lo ha demostrado con sus primeros nombramientos, pensados más para un escenario de confrontación que de concordia- que sólo espera tomar el poder para comenzar entonces una ¿larga? temporada de desahogos.

Por otra parte, hoy llega a su fin el experimento Fox. Los resultados son lamentables en general pero, en particular, el saldo es perdurablemente negativo en el terreno de la división y el odio sociales que el PAN-gobierno instaló entre los mexicanos con tal de hacer ganar al candidato del continuismo y de aplastar la denuncia y la resistencia contra el poliédrico fraude electoral cometido.

Seis años atrás, el hombre que entonces calzaba botas -ahora, ni eso- generaba entre un gran segmento de la población una esperanza fantasiosa sobre cambios y mejorías. Hoy, no sólo hay desánimo y frustración, sino un escenario institucional de desastre que tiene como puntos más llamativos San Lázaro y Oaxaca pero que se extiende a muchos otros lugares y muchas otras instancias de la vida pública. Ausente, manipulable y frívolo, el ex gobernador de Guanajuato ha llevado a los niveles más bajos la figura presidencial y en esa desidia, aprovechada por otros (sobre todo por su dominante y ambiciosa esposa actual), con el fraude electoral abrió las puertas a la gran división nacional.

Astillas

En el primer día del sexenio que termina este tecleador escribió: "A partir de hoy y durante seis años, Vicente Fox será el presidente de todos los mexicanos. Quienes no votamos por él, y quienes hemos criticado ácidamente lo que consideramos son sus errores personales e institucionales, debemos seguirlo haciendo en los mismos términos, para de esa manera alertar y combatir, acaso ayudar a corregir. Por lo pronto, y por hoy, hoy, hoy, el día de su toma de posesión, esta columna ha deseado dar paso al deseo de que el gran ánimo popular, esperanzado con un cambio positivo, pueda encontrar, a lo largo de seis años, la satisfacción deseada."
La columna cerraba así: "Marta Christmas y Happy New Fox"... La Alianza Braceroproa, dirigida por Ventura Gutiérrez, organizó una peregrinación de Guanajuato a la Basílica de Guadalupe para manifestarse contra la pretensión de V. F. (el tecleador ya casi ni se acuerda qué significan esas iniciales) de ir a dar gracias a esa Virgen porque supuestamente le habría ayudado a realizar un buen gobierno. Anoche, al llegar a esa Basílica, la peregrinación vio que las puertas fueron cerradas para que no pudieran pasar.
Y la pregunta es, ¿irá V. F. a dar las anunciadas gracias, o tendrá otro oportuno desmayo?.. ¡Uy, qué mello: que ai viene Marcos!.. Y, mientras el gobierno que dio atole con el dedo en materia de castigo a responsables de la guerra sucia cree lavarse las manos con una sentencia de última hora contra Luis Echeverría, ¡hasta mañana, en esta columna que ve a panistas tomando tribunas legislativas por doquier, tanto en San Lázaro como en Tamaulipas!

Lo que viene

Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada

La decisión de reprimir violentamente a los miembros de la APPO no se puede considerar el resultado indeseable pero directo de los hechos del último sábado. Más bien, según las evidencias de testigos recogidas in situ por los medios, estamos ante la consumación de una estrategia calculada para liquidar de un tajo la resistencia civil en Oaxaca antes del cambio de gobierno federal, impulsada para mostrar cuál será de aquí en adelante la "filosofía" del nuevo Ejecutivo, una vez superados los escollos del anunciado Viernes Negro que hoy concentra todas las miradas de la opinión pública nacional e internacional, así como las peores dudas acerca del funcionamiento real de nuestra inmadura democracia.

Las declaraciones previas del gobernador Ulises Ruiz afirmando que las cosas estaban a punto de solucionarse en Oaxaca, la graciosa huida del presidente Fox y del secretario Abascal para negar la responsabilidad federal en la crisis, así como el anunciado nombramiento del ex gobernador de Jalisco como próximo secretario de Gobernación, ya presagiaban el anuncio de la política de cero tolerancia impuesta con toda la fuerza del Estado, eufemismo que describe el uso indiscriminado del tolete y el fusil lanzagases y la más amplia connivencia entre las incontroladas fuerzas policiales locales y el gran aparato de contención federal llegado a Oaxaca para garantizar el "orden" en la ciudad.

Para el gobierno foxista, cuya salida anticipada nadie llora, el fracaso oaxaqueño es otro de los muchos acumulados en su largo expediente de errores, desatinos y extravíos, la prueba última de que, en cierto sentido, los años de la alternancia, en lugar de consolidar la democracia, han servido para agravar la crisis nacional, profundizando las divisiones surgidas de la no reconocida descomposición de las viejas instituciones del régimen, así como de la manifiesta insensibilidad de gran parte de las elites para comprender el estado de ánimo de amplias capas de la población las cuales, por diversas circunstancias, han quedado al margen de la modernización o han sido excluidas del juego democrático electoral, mientras sus necesidades y demandas, de mera sobrevivencia o de espacios políticos reconocidos, crecen en proporción geométrica a las carencias irrespirables de su entorno social, pese al recurso de la emigración o a la aplicación de programas de asistencia que, en definitiva, no tocan las causas de la desigualdad ni tampoco modifican el autoritarismo local.

Mientras los legisladores disputan por la posesión de la tribuna del Congreso como espacio simbólico de la confrontación política, en Oaxaca el estado de derecho se transfigura en lo que realmente es: una fantasía cuyo destino final parece ser el de justificar la actuación ilegal de un poder ejercido desde la mayor impunidad, capaz de extraer de las cárceles locales a detenidos cuyas identidades se ocultan, de hacer arbitrarias redadas, cateos para "levantar" a los sospechosos de alguna clase de participación en las batallas callejeras del centro histórico de la ciudad.

Las imágenes de los detenidos formando "cuerdas" para ser trasladados a penales son estremecedoras. Un familiar describió así la escena: "los hombres (iban) golpeados brutalmente y todos, hasta las mujeres esposadas y agachadas, en la fila para subir al helicóptero". Una vez más, la solución impuesta por la autoridad revela el desprecio que a los cuerpos de seguridad del Estado (y al Ministerio Público) les merecen dichos ciudadanos y la ley que no se cansan de invocar. En definitiva, en casos como éstos no hay presunción de inocencia que valga, pues ya han sido clasificados previamente como "altamente peligrosos", ante la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La única información disponible es que, entre los deportados, están 107 hombres y 34 mujeres. El objetivo, sin embargo, salta a la vista: se busca descabezar el movimiento metiendo a la cárcel a los líderes y activistas de la APPO, sembrar el miedo entre la población y, paradójicamente, salvar la cabeza de Ulises Ruiz mientras ésta sirva para fortalecer el compromiso no muy terso, pero a todas luces ya suscrito entre el presidente electo y la plana mayor del priísmo. Habrá quien en el análisis de los últimos acontecimientos, al menos desde el regreso de los maestros a clases y las explosiones ocurridas en el Distrito Federal, ponga sobre el tapete la oportunidad de las tácticas del movimiento popular, en particular la idea de cercar pacíficamente a las fuerzas del orden, y excesos comprobables que no deberían pasar desapercibidos, pero en el balance final hay cuestiones que no se pueden eludir. La mayor responsabilidad política por lo ocurrido en Oaxaca corresponde al gobierno local y al gobierno federal que hizo todo lo posible para que el problema se pudriera antes de buscar una solución justa. Lo mismo puede decirse de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en el Senado, los cuales, por razones diferentes, sabotearon la posibilidad de la salida de Ulises Ruiz, quien se quedó en el cargo gracias a ese contubernio enmascarado en la defensa del estado de derecho, Creel dixit. La vía legal, política y pacífica fue desechada a favor de la negociación mafiosa entre los capos de ambos partidos. La transparencia democrática se hundió junto con la credibilidad de los jefes de ambos grupos parlamentarios.

El presidente electo Felipe Calderón quisiera aparecer todavía al margen de estas acciones, pero la lógica indica que Fox no habría tomado la decisión de reprimir sin el acuerdo de su sucesor. El estupor con que fue recibido el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación no es casual, como no lo es, tampoco, el mensaje que pese a todas las opiniones asépticas quiso enviar Calderón, en el sentido de que de ahora en adelante habrá orden en la República y fuerza en la aplicación de la ley. A su vez, en una declaración radiofónica, el recién nombrado secretario de Gobernación se espantaba las moscas del autoritarismo diciendo que durante su gestión "habrá mano firme mas no mano dura" y "que con trabajo serio y responsable se pueda restituir la paz en el país." Bonita declaración para comenzar un gobierno que debe enfrentar la polarización política; la guerra directa del crimen organizado, la recesión anunciada por el secretario Carstens, la crisis institucional y el desbarajuste administrativo del gobierno, el malestar creciente de los millones que emigran al norte y se topan con muros, desiertos y armas especiales, en fin, cuando más falta haría en la casa presidencial (y en los partidos) una visión de Estado nos topamos con el forcejeo por la tribuna del Congreso y el deseo de satisfacer a toda costa los clamores de quienes piden que la actuaciones de Ramírez Acuña en contra de los altermundistas torturados sean la nueva divisa del gobierno. Naturalmente, la oposición de izquierda está obligada a poner otras pautas, sin concesiones, pero sin caer en el garlito al que quieren llevarla sus adversarios para convertirla en el chivo expiatorio de sus propias miserias.

República de las intransigencias

Editorial, El Universal

El país aguarda en vilo a que la Cámara de Diputados desatasque la negociación para buscar una salida a la ceremonia de protesta del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, la cual constitucionalmente deberá celebrarse mañana. Abandonar las posiciones extremas debe ser el objetivo en estas últimas 24 horas, para no empantanarnos en la república de las intransigencias.

Con una tribuna del Congreso de la Unión disputada por centímetro cuadrado se decantaron, entre otras, dos posibilidades: una sede alterna, dentro de San Lázaro o como el Auditorio Nacional, y la no participación del presidente saliente Vicente Fox, a quienes los perredistas señalan como el que los ha agraviado una y otra vez con su conducta electoral.

En cualquier caso, nos encontramos ya en una disyuntiva altamente desagradable porque los argumentos torales parecieran de forma, no de fondo, pero las consecuencias de cualquiera de esas dos vías tienen el potencial de repercutir desfavorablemente en la confianza ciudadana en nuestras instituciones políticas.

Calderón será automáticamente presidente mañana, desde el primer segundo del día, pero la Constitución impone una protesta ante el Congreso.

Trecientos treinta y dos diputados de las fracciones del PAN y del PRD están trenzados en una lucha libre donde parece que sólo hay rudos y los técnicos brillan por su ausencia.

El resto de los legisladores, priístas en su mayoría, observan el conflicto como si no fuera suyo, como si estuvieran ajenos al daño que se le causa al país y ofrecen tímidos oficios negociadores cuando no sermones.

La incertidumbre ya ha tenido consecuencias. El presidente de Perú, Alan García, canceló su asistencia a la ceremonia y se teme que otros invitados de honor hagan lo mismo. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo que salir a expresar su confianza en que México superará el problema.

En la estridencia de posiciones irreductibles ante un acto y una ceremonia, problemas agravados durante el sexenio se desatienden, por ejemplo, mientras en San Lázaro se abofetean y se escupen y se empujan, los asesinatos relacionados con el crimen organizado rebasaron esta semana la cifra de 2 mil, un promedio de seis diarios, uno cada cuatro horas, y México fue señalado ayer como país "permisible" con el narco por César Gaviria, ex presidente de Colombia y ex secretario general de la OEA.

El deterioro y la crispación derivados de los resultados electorales del 2 de julio, no puede condenarnos indefinidamente a la falta de acuerdos cuando hay tanto que hacer por México.

El proceso de reconciliación pasa por tener empatía y confianza en el otro, apuntan los teóricos de la resolución de conflictos. Esto suena idealista, si no es que estúpido, ante lo que se está viviendo en San Lázaro. No lo es. Ha sido inclusive punto de partida para solucionar problemas tan serios como el del apartheid en Sudáfrica.

Alguien en nuestro país tiene que dar, por favor, el primer paso. Negociar implica no ganar el ciento por ciento. Cuando se ve a los diputados pelear, como lo han hecho estos días, no queda más que insistirles en que es necesario reconciliar el poder inmoral y la moral sin poder.

Los retos de Calderón

Guillermo Valdés, Milenio

Al parecer, los inicios de sexenio son bastante complejos y el que presenciaremos a partir de mañana no es la excepción. La peculiaridad de los retos que enfrenta Felipe Calderón es la combinación de tres circunstancias adversas que ya se habían presentado en otros cambios de gobierno, pero no juntas. Cuando Carlos Salinas tomó posesión había un cuestionamiento a su legitimidad, igual que ahora, pero entonces hubo dos hechos que facilitaron la gobernabilidad y que ahora no están presentes: primero, el movimiento opositor optó por actuar dentro de los cauces institucionales (de ahí nació el PRD) y, segundo, Salinas y el PRI se las arreglaron para tener mayoría (no calificada) en ambas cámaras.

Felipe Calderón, aunque tiene una abolladura en su legitimidad (de calidad y cantidad mucho menor que la de Salinas, pues en este caso autoridades electorales ciudadanas ratificaron su triunfo y su apego a la legalidad, mientras que las diferentes versiones del fraude naufragaron una por una), enfrentará a un movimiento político dispuesto a violentar el Estado de Derecho (impedir la toma de protesta para de ahí alegar el nombramiento de un Presidente interino, equivale a una intentona golpista) y a mandar al diablo a las instituciones. Para completar el adverso cuadro político, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y dos fracciones opositoras instaladas en la irresponsabilidad y/o en la miopía.

Vicente Fox tampoco tenía mayoría en el Congreso, pero no enfrentó el ambiente de polarización y enojo, ni un López Obrador enardecido. La única ventaja de la actual coyuntura es la situación favorable de la economía, que por estar creciendo (4.5% y 950 mil empleos formales nuevos este año) sin inflación constituye un piso sólido contra la inestabilidad política y un límite a la expansión del descontento.

El descontento electoral tiene como trasfondo real la sociedad desigual y excluyente que ha sido México desde hace siglos, cuya otra cara es el mundo de privilegios que debieran ser intolerables; desde el monopolio de Teléfonos de México hasta la impunidad de políticos corruptos, pasando por la privatización de facto que han realizado las burocracias sindicales de empresas y entidades paraestatales.

En otras palabras, una situación peligrosa: agravios ancestrales y nuevos montados sobre una lógica política primitiva, que tiene como objetivo dinamitar la capacidad de respuesta de las instituciones a los problemas de fondo. No se trata de aprovechar la fuerza ganada para forzar los cambios hacia el rumbo de la izquierda. No, la extraña lógica de un movimiento que dice defender la “democracia verdadera del pueblo”, tiene como premisa fundamental la eliminación del adversario. Ya perdí yo, que pierdan todos. Construyo, pero sobre las cenizas de mi contrario.

Por tanto, lo complejo del reto de Felipe Calderón está no sólo en ofrecer respuestas más eficaces a las causas profundas del descontento (una economía enana que además genera desigualdad a borbotones, un sistema político que no acaba de madurar como sistema de representación real de la diversidad de intereses) dentro de y con las instituciones que, al mismo tiempo, necesitan reparaciones profundas. Pisar el acelerador, al mismo tiempo que se le cambian los pistones al motor. Además, tiene que asegurarse que esas instituciones no sean dinamitadas en nombre de una rabia en parte justa, pero absurda y contraproducente para el país.

Decir, por tanto, que el nuevo Presidente tiene que atender los reclamos que están a flor de piel (desempleo, inseguridad, pobreza, por citar las tres prioridades establecidas por Calderón) es ya un lugar común y un reto descomunal pues cada uno es urgente y condición para solucionar los otros. El verdadero salto mortal de los primeros meses consistirá en fortalecer la precaria institucionalidad, comenzando por la Presidencia de la República, debilitada por el ejercicio frívolo e irresponsable de la pareja presidencial; y amenazada por la locura y la mitomanía de López Obrador.

¡Qué decir del Poder Legislativo! Tres meses sesionando y ninguna iniciativa legal discutida en el pleno. ¿Cuántos legisladores se han dado cuenta de que el problema de mañana no es un pleito entre PAN y PRD, como lo plantea el PRI, sino de la capacidad del Poder Legislativo -el que hace las leyes- de hacer cumplir un mandato constitucional? Otra vez, conductas que en nombre de la democracia, la destruyen poco a poco. Y lo más grave, sin pagar ningún costo. Vaya transición, vaya retos. Una vez que la carta del gabinete no tuvo el impacto esperado, queda la realmente decisiva. El ejercicio responsable y eficaz de la tarea de gobierno.

Que estoy más bravo que un león

Félix Cortés Camarillo, Milenio

Las recientes charlotadas en el palacio legislativo de San Lázaro, no por previsibles y esperadas son menos lamentables y -sobre todo- peligrosas. Las provocaciones tienen el doble riesgo de ser inoperantes y de desatar violencias. El empecinamiento de las huestes del señor Noroña de impedir la ceremonia de mañana por la mañana no puede tener otro desenlace que una confrontación lamentable y violenta.

Las posturas del presidente electo de los mexicanos están ciertamente mesuradas, pero mesuradas hacia la medida mayor. El hijo desobediente, que fue el nombre que Felipe Calderón dio a su camión de campaña, está más bravo que un león y su disposición a la mano firme, que se adivina dura, está más que ratificada con la selección del secretario de Gobernación.

La ingobernabilidad propiciada por la incapacidad senil de Vicente Fox solamente ha creado vacíos de poder; los vacíos de poder, ya se sabe, siempre reciben ocupantes inmediatos. En este caso, el vacío de autoridad está clamando por un autoritarismo que, en muchos sectores del país, habrá de ser aplaudido. La sociedad está cansada de la insolencia y del desorden. No se requiere ser un derechista decidido para sentir la necesidad de algún orden, el que sea.

Lo peor de todo es que los mínimos avances de la democracia mexicana, que tantos esfuerzos, sacrificios e incluso vidas costaron, que tanta movilización social despertaron a partir de 1985 va a sufrir a partir de este fin de semana un retroceso que difícilmente habrá de recuperarse. El norte del país va a celebrar, meloso, la nueva brecha que se está generando ya entre los mexicanos. La existencia de dos Méxicos es algo que los mexicanos no nos merecemos.

No hay marcha atrás. Los manifestantes dentro del recinto legislativo ya no se pueden rajar ni pueden obedecer -aunque quisieran, que no quieren- el llamado de quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león, no sea que saque la espada y le atraviese el corazón. Felipe Calderón está obligado por la circunstancia a mostrar el lado más negativo de la extrema derecha mexicana, a la que pertenece sin duda alguna.