En marzo de 2010 entraba al Palacio de La Moneda como presidente de la República, uno de los empresarios más acaudalados de Chile, Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional (RN), apoyado por la Coalición por el Cambio [1]. Era la primera vez que la derecha llegaba al gobierno tras la dictadura. La Concertación [2], que durante 20 años dominó el poder ejecutivo continuando la herencia neoliberal, era derrotada y pasaba a la oposición. Se terminaba su rol de falso amigo del pueblo, y con ello un ciclo político de casi dos décadas, que los “autocomplacientes” de la Concertación dicen ser los más “exitosos en la historia republicana”.

En 2011 emerge un nuevo ciclo con la irrupción abrupta de la lucha de clases, y centralmente la enorme lucha por la educación gratuita que golpeó fuertemente al régimen. En enero de 2011 se inició este cambio con el levantamiento popular en Magallanes contra el “gasolinazo” del gobierno, luego fueron las marchas de decenas de miles contra el proyecto HidroAysén y dio un salto con la lucha de masas abierta encabezada por el movimiento estudiantil por la educación gratuita. Seis meses de lucha, con paros, tomas, marchas de cientos de miles en todo el país, enfrentamientos con la policía, barricadas, cacerolazos y apoyo popular de millones. Si bien la lucha no logró imponer la educación gratuita –centralmente debido a la política moderada de las direcciones, de mesas de diálogo estériles y presión parlamentaria– sacudió la cabeza de millones e hizo aparecer una nueva “generación sin miedo”. A inicios de este año y apenas desviada la lucha estudiantil, en febrero, irrumpió la revuelta de Aysén en el extremo sur del país, una revuelta local con 40 días de control parcial de la región que tuvo fuerte impacto nacional, debilitando más al gobierno que aplicó la represión y luego se apoyó en las direcciones colaboradoras para desviarla.

La crisis de la Concertación y la emergencia de la derecha al gobierno para profundizar la agenda neo–pinochetista hizo que abruptamente los diversos procesos de lucha de clases impugnaran objetivamente al régimen político, que entró en crisis y, aunque todavía contenida, ha alterado el equilibrio social y político de los últimos 20 años. En las calles y en las encuestas hay amplio rechazo a las instituciones del régimen mientras ganan simpatía las luchas y sus demandas. Aunque no hay tomas y paros, se siguen realizando manifestaciones intermitentes de masas: por la educación gratuita de 150.000 personas, por la legalización de la marihuana de 50.000 y por los derechos de la diversidad sexual de 80.000. Como parte de este proceso emergió una juventud sin miedo de decenas de miles que odia al régimen y que combate a la policía. Entre los trabajadores se empiezan a desarrollar nuevas luchas de los subcontratados, los más precarizados y activos. Mientras, escala el conflicto mapuche con ocupación productiva de tierras y fundos, ataques incendiarios, enfrentamientos con la policía, mientras el gobierno llama a una “cumbre de seguridad” de La Araucanía fortaleciendo la represión, muestra del intento de endurecimiento del régimen hacia las demandas de “los de abajo”.

La dinámica de los conflictos locales y aislados lleva objetivamente a la confrontación: este régimen es incapaz de satisfacer las mínimas demandas democráticas y responde con represión y amagues gatopardistas. Es un régimen anacrónico y reaccionario.

La resolución íntegra y efectiva del conjunto de las demandas de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y el pueblo pobre, sólo podrá venir de la lucha por una República de Trabajadores basada en sus organismos de democracia directa, en el camino al socialismo. En este camino, hoy, debemos luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización en las calles, que desafíe al régimen neopinochetista. Desde el PTR venimos durante años luchando por la independencia política de los trabajadores, en un país donde existe una importante tradición del reformismo con el Partido Comunista, que tiene un peso de dirección importante en la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, buscando subordinarlos a la colaboración con partidos burgueses como la Concertación, y por una alianza revolucionaria de la clase trabajadora con el movimiento estudiantil que enfrente al régimen neopinochetista de las multinacionales, los grandes empresarios y los partidos patronales. En esta tarea, es de vital importancia la construcción de un partido revolucionario de combate para la lucha de clases que se proponga la destrucción del sistema capitalista mediante la revolución obrera y socialista. Sin un verdadero partido revolucionario, el reformismo dirigirá una nueva derrota, buscando anular la autoorganización de las masas y buscando la vía para la colaboración con partidos patronales.

El Chile neoliberal de la derecha y la Concertación

La dictadura militar arrasó con lo más avanzado del movimiento obrero, estudiantil, la izquierda, e inició un proceso de contrarreformas neoliberales. Para eso tuvo que desmantelar la organización obrera, los sindicatos, desaparecer a los dirigentes, instaurar en 1978 un Código Laboral de disciplinamiento y antiorganización sindical (que redactó el hermano del actual presidente y se mantiene con algunas modificaciones menores) y redactar la Constitución de 1980, vigente a la fecha. La dictadura revirtió las medidas de nacionalización parcial de los gobiernos anteriores y entregó nuevamente las riquezas naturales a las multinacionales. Con el orden dictatorial amplió el grado de la inversión extranjera, permitió una oleada de privatizaciones en los bancos y la industria, asegurándoles la superexplotación y abrió un clima de negocios celebrado por toda la burguesía mundial. La transición pactada a la democracia entre los militares, la derecha y la Concertación garantizó la conservación y continuidad de la obra de la dictadura [3].

Estos días ha emergido nuevamente el debate sobre la “desigualdad” a propósito de la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) con los datos del 2011. Esta encuesta, realizada con parámetros de medición de la canasta básica de 1987 ha sido el “termómetro” con el cual se han vanagloriado los partidos del régimen para agitar como triunfo la “superación de la pobreza” y las bondades del “modelo”. Sus métodos ya son una farsa, pues se considera en extrema pobreza quien vive con menos de $36.000 al mes (cerca de 72 dólares) y pobre el que vive con menos de $72.000 (cerca de 144 dólares). Según la encuesta del año 2009, que revirtió la tendencia a la baja de la superación de la pobreza, ésta se había elevado de 13,7% a 15,1%. Los resultados del 2011 muestran una disminución de la pobreza de 15,1% a 14,4%, y de la extrema pobreza de 2,7% a 1,8% (más de 2 millones de pobres, y medio millón de indigentes, considerando que viven cerca de 17 millones de habitantes). Junto a esta “disminución” de la pobreza, el otro dato que causó debate fue la disminución de la “desigualdad” entre los ingresos del 10% más rico (donde tampoco se consideran los más ricos, pues no entran los retiros de utilidades) y el 10% más pobre, de 46,2 veces a 35,6 veces. El gobierno ha utilizado con amplio despliegue mediático estos datos para mostrar las “virtudes” del “modelo” ante los cuestionamientos al sistema y lo positivo de su “gestión”: crecimiento económico elevado en plena crisis mundial (6% el 2010 y 2011), creación de empleos (700.000 con una tasa de desempleo de 6,1%) y en menor medida sus políticas sociales que recién está echando a correr llena de bonos fiscales (Ingreso Ético Familiar, bono al trabajo de la mujer, etc.), que le permita recomponer la baja aprobación y el amplio rechazo en las encuestas. La Concertación que salió a cuestionar las encuestas, sin embargo defiende los “logros” obtenidos con el modelo.

Tomemos estudios de la derecha. Según un estudio de Felipe Larraín (actual Ministro de Hacienda) del año 2007 tras los resultados de la CASEN 2006, si se actualizaba la línea de pobreza e indigencia con datos de 1997, la pobreza no era de 13,7% como decía la Concertación, sino superaría el 30%, es decir más de cuatro millones de personas. Utilizando una metodología parecida, la Fundación para la Superación de la Pobreza estimó que en 2009 esta condición no afectaba al 15,1% como reportó la encuesta oficial, sino al 24,5%. Rodrigo Castro, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (ligada a la UDI), señala que si se actualiza la canasta básica de alimentos con datos del 2007, la pobreza subiría al 25%. ¡Y considerando que estos datos no son de gente de izquierda! En realidad la pobreza alcanza a mucha más gente y el criterio de “disminución de la desigualdad” como ha aparecido en las últimas semanas es pura propaganda encubierta.

Primero, si tomamos el criterio de medición de 2006 a 2011, la economía creció 21%, y en criterios oficiales esos mismos años la pobreza aumentó de 13,7% a 14,4%.

Segundo, estos datos encubren la realidad de la precarización del régimen de la Concertación y la derecha: la mayoría de los trabajadores son pobres. “Mirando el mundo del trabajo, se tiene que el 76% de los trabajadores en Chile ganan menos de 350 mil pesos líquido y que el salario no alcanza para vivir: a nivel de hogares el endeudamiento llega al 60% del ingreso disponible y es cercano al 100% de la masa de salarios entrantes, según el propio Banco Central. Abundan nuevas formas de pobreza y de trabajadores pobres, que se ven simbólicamente integrados por el crédito y que a la menor eventualidad –problema de salud, educación de un hijo– son puestos en la línea del tren” [4]. Por tanto, casi el 100% de los trabajadores están endeudados, y el nivel de endeudamiento llega al 60% sobre el ingreso disponible. “Es decir, para gran parte de los hogares la totalidad de sus salarios se va en deuda, sea esta bancaria, automotriz, hipotecaria o comercial” [5]. Otra cuestión a considerar es la creación de empleos durante los últimos dos años. Es cierto que se crearon casi 700.000 nuevos trabajos, pero el 85% de estos trabajos son a cuenta propia y tercerizados (subcontratación), inestables, con salarios de hambre y sin posibilidad de organización sindical.

Estos datos no son solo de los trabajadores más pobres sino también de aquellos sectores considerados de “clase media”, principalmente la endeudada. La lucha por la educación gratuita lo graficó muy bien: para poder estudiar hay que endeudarse de por vida con los bancos privados, a altas tasas de interés. Eso fue lo que detonó la explosión social del año pasado.

La educación básica, media, universitaria y técnico-profesional en su gran mayoría está privatizada, y el Estado entrega millonarios subsidios a los empresarios de la educación. La salud lo mismo, y la privatizan aun más con la nueva reforma de Isapres (instituciones privadas de salud previsional).

Además, los datos mostrados por el gobierno se deben centralmente a estos dos años de una importante recuperación económica luego de la recesión de 2009. Este ciclo corto de recuperación puede estar llegando a su fin. Para El Mercurio, tradicional e histórico diario de la reacción, “los buenos resultados reportados por la Casen 2011, en parte, reflejan una recuperación cíclica de la economía chilena que ya parece haber concluido. El panorama mundial hacia adelante nuevamente se ha vuelto sombrío. Aunque resulta justificado el contento oficial, no es tiempo aun de cantar victoria en la batalla contra la pobreza” [6]. El ciclo de recuperación económica al 6%, altos precios del cobre (casi 4 dólares la libra, precio histórico), creación de empleo (precario) y aumento del consumo tras la recesión del 2009 ha sido un marco muy importante para el gobierno y el régimen, que les han permitido contrarrestar la crisis política, ya sea haciendo uso de los mayores fondos para la entrega de becas y créditos de estudio así como para acometer una serie de políticas “sociales” con bonos y subsidios a la población.

El rechazo a “los de arriba” y la crisis contenida de la “democracia protegida”

El poder político de los empresarios está reglado por la Constitución de Pinochet de 1980, con su parlamento binominal de Concertación y derecha que se suben los sueldos y asignaciones (este año de 10.000 a 14.000 dólares) mientras acaban de votar un mísero reajuste del salario mínimo de 6%, con sus senadores designados y sus alcaldes atornillados, con su gobierno centralista y autoritario, con su justicia patronal de impunidad a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, con sus leyes antiterroristas, con su aparato represivo de la policía que reprime abiertamente toda movilización y protesta [7].

Este régimen se encuentra cuestionado. La mayoría de los cientistas políticos lo llama una “crisis de representación”. Se expresa en el rechazo a las instituciones en todas las encuestas [8] y se expresa en la calle en la cada vez mayor y diversa lucha de clases.

Por otra parte, la debilidad de los partidos del régimen en cuanto rechazo de la población, se expresa en sus mayores roces, tensiones y quiebres internos, que debilita aun más a ambas coaliciones y al régimen de conjunto, y eso favorece la emergencia de los explotados y oprimidos, al ser más débil la fuerza enemiga para contenerla, canalizarla, desviarla o derrotarla. La “crisis de los arriba” abre mejores oportunidades para la emergencia de “los de abajo”.

El rol de la Concertación, que actuó durante 20 años como “partido de contención” (que canalizaba la lucha en las calles de trabajadores, pobladores, estudiantes, pueblo mapuche, hacia las “mesas de diálogo”, ”consejos asesores” o al Parlamento), se agotó, y son cada vez mayores las disputas, quiebres en su interior y deserciones. En su eje histórico (PS-DC), en el PS primero fue Navarro, vicepresidente de la Cámara de Diputados, fundando su propio partido (Movimiento Amplio Social, MAS); luego Marco Enríquez Ominami que obtuvo 20% en la última elección presidencial como independiente y luego formó su propio partido (Partido Progresista, PRO); luego fue Jorge Arrate (que fue candidato presidencial del pacto Juntos Podemos liderado por el Partido Comunista). Y siguen las disputas de parlamentarios “díscolos” renunciando a la directiva, amenazando con renunciar al partido, etc. La DC no solo ha perdido enorme base social, sino que años atrás perdieron varios militantes, muchos de los cuales formaron luego el partido Chile Primero. Actualmente el factor que los mantiene unidos es el régimen binominal (que sólo permite que las dos grandes mayorías a nivel nacional entren al parlamento) y la posibilidad de vuelta de Bachelet.

Para las elecciones municipales del 28 de Octubre, van unidos en los candidatos a alcaldes (que administran las comunas) en un “pacto por omisión” con el Partido Comunista (PC), pero van en dos listas divididas: una lista, “Concertación Democrática” del PS y la DC. Otra lista “Por un Chile Justo” el PRSD, el PPD, el PC e “Izquierda Ciudadana”. Son cada vez mayores las tensiones, roces y polémicas acerca de si dar por muerta a la Concertación, revitalizar una nueva coalición con nuevos partidos pero manteniendo el eje DC-PS, izquierdizarla, o hacer un “Frente de Izquierda”, como ha dicho tímidamente el PPD.

La crisis de los partidos del régimen también abonan el terreno para el surgimiento de “nuevos fenómenos políticos” burgueses o pequeñoburgueses: ya vemos intentos de eso (Partido Progresista PRO, “Izquierda Ciudadana”, etc.).

En la derecha pasa lo mismo. No solo los históricos roces y trifulcas entre la UDI y RN, sino al interior de estos y con el gobierno. En la UDI se expresó en un primer momento en los “golpes la mesa” para tener mayor “representatividad” en el gobierno. En Renovación Nacional es donde más se expresa, con un ala de diputados “disidentes” a la directiva, la llamada “bancada liberal”; hace dos semanas renunció otro diputado a RN, Gaspar Rivas; y donde es peor, en la relación entre RN y el gobierno, con tensas disputas, maniobras y quiebres (“guerras civiles” como las llama la prensa), llegando la directiva a “sublevarse” en algunas votaciones.
Esto debilita sobremanera al gobierno: lo vimos con la discusión de salario mínimo, rechazada dos veces en el Parlamento, no solo por la “oposición”, sino por la crisis con la propia coalición de gobierno. Las refriegas de “palacio” en su propio conglomerado son cada vez mayores. Los llamados de Piñera al “orden y unidad” en las filas oficialistas tienen un efecto poco duradero.

El “ciclo electoral” abierto hacia las municipales del 28 de octubre primero y luego hacia las presidenciales y parlamentarias de 2013, donde cada sector querrá imponer su candidato y su programa, no estará exento de estas fisuras, tensiones, polémicas y roces entre y dentro de los partidos del régimen. Y menos aun servirá para canalizar los procesos de lucha de clases, sino que puede aumentar el nivel de abstención que refleje electoralmente el rechazo al régimen (con la ley de inscripción automática y voto voluntario que suman 4,8 millones de nuevos electores, centralmente jóvenes).

La crisis del régimen no es aun crisis estatal y del dominio político de la burguesía. No es “crisis orgánica” que desnude una profunda crisis social y sacuda los cimientos mismos de la sociedad capitalista. Hoy, es el rechazo y descontento hacia la democracia de los acuerdos de los ricos fraguada en la transición e implantada en los últimos 20 años.

¿Puede avanzar a hacer peligrar el dominio de la burguesía como clase? Uno de los factores claves para ello es la irrupción de la lucha de clases.

2011: la irrupción abrupta de la lucha de masas y una nueva situación política

Durante el año 2011 se vio una irrupción abrupta de la lucha de masas, que expresó un salto en cantidad y calidad de los diversos procesos de lucha de clases previos. En todo el año 2011 hubo 5.942 actividades de expresión pública vinculadas a manifestaciones, marchas, caravanas, velatones, etc., lo que corresponde a un incremento de 153% respecto de 2010 y de 278% respecto de 2009. Hubo más de 15.000 detenidos; millonarios daños al patrimonio público y privado; 1.100 carabineros y más de 600 civiles heridos. Un enorme salto respecto a los procesos previos de lucha de clases. Según la Encuesta Nacional 2011 de la Universidad Diego Portales, el 80,4% de la gente cree que las manifestaciones reflejan un descontento social profundo contra las desigualdades.

La explosión estudiantil de mediados de año por la educación gratuita y contra el negocio de la educación –cientos de empresarios e instituciones privadas son subsidiados por el Estado, y se amansan millonarios recursos con el masivo endeudamiento con bancos– de cientos de miles en las calles y apoyada por millones, cambió profundamente la situación nacional y alteró de conjunto la relación de fuerzas: marcaba el inicio de una nueva etapa o ciclo en el país, un ciclo que estará atravesado por mayores eventos de la lucha de clases y la posibilidad de que emerjan enormes enfrentamientos y batallas con un régimen caduco heredado de la dictadura, sostenido y profundizado por la Concertación y la derecha. Además, por la radicalización política de amplios sectores de la juventud secundaria y universitaria, sobre todo en los liceos (y miles de ellos entrarán a las fábricas, los estudiantes secundarios de la juventud técnico-industrial que se han plegado activamente en 2006 y en 2011).

La lucha por la educación gratuita marcó un antes y un después en el país. No solo porque cuestionó abiertamente la educación de mercado, cuestión que ya había hecho también la rebelión “pingüina” de 2006, sino porque se enfrentó al conjunto del régimen neopinochetista, que las direcciones intentaban moderar para no llegar a una confrontación abierta. En agosto, tras 3 meses de iniciada la lucha, con movilizaciones de masas, tomas y paros de liceos y universidades, y con el movimiento estudiantil en una situación de relación de fuerzas favorable por el enorme apoyo popular (80% de la población decían las encuestas), el Gobierno, debilitado, buscó derrotar la lucha con la represión abierta. El 4 de agosto, prohibía la marcha por la Alameda (principal avenida de la capital) y reprimía violentamente todo intento de agrupamiento con miles de policías en las calles, con amplia utilización de bombas lacrimógenas y gases tóxicos, e imponiendo un estado de sitio de hecho en la comuna central de Santiago. Toda esa generación sin miedo desacató a la autoridad y salió a enfrentarla, armando decenas de barricadas, con fuertes enfrentamientos con la policía, mientras ésta embestía con mayor represión. En la noche, junto a las barricadas, en todo el país se empezaron a escuchar los cacerolazos de la población apoyando la lucha, cuestión que se extendió hasta el posterior Paro Nacional del 24-25 de agosto. Por primera vez una masiva lucha estudiantil se transformaba en una lucha política de masas contra el gobierno y el régimen. Ese día la lucha dio un salto e impactó profundamente en la estructura del país. Las direcciones del proceso, las Juventudes Comunistas, con hegemonía junto a dirigentes pro-Concertación, y la llamada “ultraizquierda” –que aunque discrepaba en ciertas tácticas, se subordinó a la política de los “moderados” limitándola a demandas “concretas” como el “fin al lucro” fijando la educación gratuita como un objetivo a largo plazo, y que llamaba a la presión parlamentaria, es decir, que contenían la lucha en los marcos del régimen–, con un gobierno y una “oposición” totalmente desprestigiadas según las encuestas, se transformaron en el principal factor de contención de la lucha. No buscaron activamente llamar al movimiento obrero a la lucha, lo que sus direcciones (el cogobierno PS-PC en la CUT, la principal central de trabajadores del país) no querían llevar adelante, mientras iniciaban buenos tratos con el gobierno y centralmente con los empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), expresado luego en el acuerdo CUT-CPC ante una futura crisis económica.
Esta lucha de masas alteró profundamente la relación de fuerzas. Si bien no se obtuvo un triunfo, el movimiento tampoco fue derrotado por un gobierno que estaba muy debilitado y que se intenta recomponer. Esto es lo que explica que las fuerzas del movimiento estudiantil, aunque ya no están en ascenso, se han venido manteniendo durante este año con movilizaciones masivas de hasta 150.000 personas, como las que vimos el pasado mes de junio.

¿Cómo se inicia esta lucha? El levantamiento en Magallanes, XII Región de Punta Arenas: un primer enfrentamiento local con el gobierno

En diciembre de 2010, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) firma un acuerdo con la distribuidora de gas GASCO para subir el precio del gas a la población de la región en 16,8% a partir del mes de febrero. Este acuerdo era parte de la política del gobierno de intentar aumentar la comercialización de gas a la empresa multinacional Methanex y disminuir el subsidio al combustible en la región. Un ataque hacia la población trabajadora. El 31 de diciembre, 22 organizaciones forman la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) para realizar acciones comunes contra el aumento del precio del combustible. Esta organización agrupaba conjuntamente organizaciones de la clase trabajadora (la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el sindicato de ENAP), juntas de vecinos, así como organizaciones patronales pequeñas, medianas y grandes (empresarios artesanales, del turismo, sindicato de dueños de camiones, Cámara de Comercio de la región, Corporación de la Producción y el Comercio). Además, se sumaron alcaldes, concejales y parlamentarios de la zona. Es decir, un organismo policlasista y que tenía la dirección del conflicto centralmente en manos de agrupaciones patronales.

Ante la afirmación del gobierno de continuar con el aumento y la negativa de negociar con la ACM, desde el 5 de enero se inicia el levantamiento en Magallanes. Ese día, más de 7.000 personas marcharon por el centro de Punta Arenas exigiendo el fin de la medida. El 9 de enero, una importante movilización vuelve a las calles. El gobierno anuncia que mantiene el aumento y que no va a negociar con la ACM, desconociéndola como interlocutor válido.

Tras estos anuncios, la lucha defensiva adquiere un carácter político contra el gobierno. Comienzan los bloqueos de caminos, se cortan los accesos a la región y en toda la ciudad de Magallanes, los camioneros y taxis colectivos bloquean puntos estratégicos, se levantan barricadas, y se pone en jaque a la autoridad regional. Ante la negativa del gobierno se radicaliza el conflicto, la Asamblea Ciudadana de Magallanes adquiere autoridad práctica en la población y las medidas que discute se llevan a cabo controlando parcialmente la ciudad paralizada. La radicalización del conflicto tuvo un importante impacto nacional: se desata la primera crisis política del gobierno, debilitándolo y desconociendo a la autoridad regional. Esto termina por provocar el primer cambio de gabinete del gobierno: sale el Ministro de Energía (además de otros cambios por los cuestionamientos de los partidos de gobierno ante su representación en el Gabinete, que venía tensando la relación entre el gobierno y sus partidos), el gobierno retrocede en la medida y rebaja el alza al 3% transitoriamente, reconoce como interlocutor a la ACM y establecen mecanismos para terminar de definir la política de subsidios en la región. Esto abre una división en la ACM, con las agrupaciones patronales aceptando las medidas y bajándose del conflicto por las pérdidas en turismo y económicas en la zona, mientras los trabajadores como el sindicato de ENAP o la Confederación minera energética amenazan con paros obreros, que finalmente no se realizan.

Esta lucha fue la primera batalla contra el gobierno de la derecha y contra sus políticas neoliberales. La lucha logró frenar el alza, aunque no triunfar hasta el final, pero mostró una importante radicalización de la población enfrentando al gobierno, con los métodos de la lucha de clases, debilitándolo y obligándolo a ceder. También mostró sus límites: la ACM también representaba a organizaciones patronales, que pensaban en sus intereses y no en los de la clase trabajadora, y cuando vieron el riesgo de la lucha por afectar sus ganancias se bajaron de ella llamando a la población a abandonar la pelea. La política de las direcciones sindicales de colaboración de clases permitió que estas organizaciones junto a políticos patronales de la zona tuvieran influencia en la lucha, sin llamar a fortalecerla mediante una Asamblea Obrera y Popular, basada en los delegados de sindicatos, juntas de vecinos y poblaciones, sin agrupaciones de empresarios ni sus políticos, y que pudiera llevar hasta el final la pelea y emerger como un organismo de autoorganización que dé mayor confianza a los trabajadores en sus propios fuerzas en alianza con el pueblo pobre, con independencia política de los empresarios y sus partidos. Esto estaba planteado para elevar la pelea y ser un ejemplo para el conjunto de los trabajadores. Además, la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, la más importante del país, que agrupa a 600.000 trabajadores, se negó, como luego lo haría durante casi toda la lucha por la educación gratuita y en la revuelta de Aysén, a impulsar acciones de solidaridad con los trabajadores y el pueblo pobre, estando ausente de los grandes conflictos de lucha de clases mientras se mostraba abierta al diálogo con el gobierno y los grandes empresarios.

El estallido por la educación gratuita y la confrontación contra la herencia de Pinochet

Tras el levantamiento de Magallanes empezó a cambiar el clima social. Desde abril se iniciaron protestas en distintas ciudades contra el más grande proyecto hidroeléctrico en Chile por parte de la multinacional Endesa y la empresa nacional Colbún: HidroAysén. La movilización la convocaban organizaciones medioambientales del país, centralmente Patagonia sin Represas, dirigida por independientes y militantes del Partido Por la Democracia, y el sector social que acude son centralmente las capas medias y la juventud. En mayo se intensifican las movilizaciones en la capital y el gobierno responde con fuerte represión: uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, carros lanza-aguas y detenciones.

En mayo se inician las movilizaciones estudiantiles. El 14, unos 20.000 estudiantes acuden a la convocatoria lanzada por los secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que también se solidariza con la huelga de los mineros subcontratistas de El Teniente de Rancagua. El día 15 una movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech, que agrupa a las 25 universidades del Consejo de Rectores o Universidades tradicionales, más algunas privadas y la Federación Mapuche de Estudiantes) convoca a más de 100.000 estudiantes en las calles de Santiago y decenas de miles en regiones.
En junio las acciones toman un nuevo impulso con las tomas de establecimientos educacionales de liceos, colegios y universidades, y paros con movilización. A finales de junio e inicios de julio había casi 600 establecimientos tomados por estudiantes y otros más en paro. Las movilizaciones se hacen masivas, cientos de miles en las calles y millones de personas apoyando la lucha. La movilización empezó por la regulación al mercado educativo, pase escolar gratuito y demandas mínimas. Las direcciones del movimiento, las Juventudes Comunistas (JJCC), la centroizquierda y algunos colectivos, agrupadas en la Confech, intentan limitar la lucha a movilizaciones discontinuas de presión al gobierno con un programa que no tocaba los intereses de los empresarios de la educación, restringidos a la regulación del lucro y a mayor aporte del Estado a las universidades públicas. En el movimiento secundario nacen distintas organizaciones: por una parte la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que agrupaba a los liceos periféricos de Santiago, y por otra parte la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) que agrupa a los liceos “emblemáticos” que tiene más estudiantes y más peso político.

La respuesta del gobierno es una fuerte represión: desalojando las tomas, reprimiendo las movilizaciones en las calles, limitando el derecho a manifestación en la vía pública, restringiendo las protestas por la Alameda (avenida principal de Santiago) y utilizando indiscriminadamente bombas lacrimógenas y carros lanza-aguas contra los manifestantes. Esto hace que el conflicto vaya escalando y se dinamice la confrontación con el Gobierno.

En agosto la movilización pega un salto. El 1° de ese mes el gobierno anuncia su plan de educación superior (GANE: Gran Acuerdo Nacional de Educación) que se limita a entregar algunas becas y créditos y anuncia la creación de nuevos organismos de fiscalización. Un plan que profundiza el negocio educativo. En el movimiento, en paralelo, mientras las direcciones conciliadoras intentan mantener el control del conflicto burocráticamente a través de la Confech (donde sólo participan algunas decenas de representantes de las 25 federaciones universitarias, sin delegados de base ni asambleas masivas), por la base miles de activistas empiezan a plantear la superación del programa de la Confech y se debate en liceos y universidades la lucha por la educación 100% gratuita y financiada por el Estado, para terminar con la educación de mercado. Esta lucha y consigna, de la cual fuimos parte y activos impulsores contra el programa de las direcciones moderadas y burocráticas, que tachaban esa consigna de la educación gratuita como algo imposible, se hace de masas y rebasa el programa de la Confech. Las direcciones empiezan a hablar de ello pero como algo “gradual” e imposible de conquistar en la propia lucha. Algunos colectivos como el Frente de Estudiantes Libertarios hablan de “ganadas concretas” y de la educación gratuita como “algo futuro”.

El 4 de agosto la lucha pega un salto, se radicaliza, enfrenta al régimen político y desata activamente un amplio apoyo popular y el abierto rechazo a las instituciones. El gobierno toma la decisión de no autorizar las movilizaciones que estaban llamadas para ese día (utilizando un decreto de la dictadura que permite las movilizaciones sólo si están autorizadas por la Intendencia; en caso contrario, la policía tiene autorización para disolverla), las reprime desde el primer momento e instala un estado de sitio de hecho con la Policía custodiando las calles de Santiago. Ese día, la lucha cobra un carácter directamente político contra el régimen desafiando a la autoridad: por primera vez en democracia miles de estudiantes secundarios y universitarios durante todo el día responden a los intentos de disolver la lucha y la aguda represión (parecida a la represión de la dictadura en los años ochenta), se insubordinan y desafían a la Policía y la autoridad. Se organizan en facultades y liceos con barricadas durante todo el día, la policía las disuelve y los estudiantes se vuelven a juntar. La Policía y el Gobierno no pudieron llevar a cabo su intento de sitiar el centro de la ciudad: el desafío a la autoridad por parte de la “generación sin miedo” (como decían las pancartas en las tomas) da un nuevo impulso a la lucha. En la noche, se extiende: se inician los “cacerolazos” en diversas comunas del país, agrupando a cientos o miles de padres y apoderados protestando contra el gobierno, las viejas generaciones que habían luchado contra la dictadura. El apoyo popular en las encuestas se activa en los cacerolazos contra el gobierno, y cada semana hay cacerolazos y apoyo a las tomas, paros y movilizaciones y se hace activo el rechazo al gobierno.

Luego de ese día la CUT, ausente hasta el momento, junto a la Confech y secundarios, hacen un llamado al Paro Nacional para el 24 y 25 de agosto, como forma de presión para que el gobierno acceda a algunas demandas.
El gobierno sigue anunciando la aplicación de su GANE, mientras reprime las tomas y movilizaciones.

El 15 de agosto es la famosa “marcha de los paraguas”: bajo una fuerte lluvia más de 500.000 personas se movilizan sólo en Santiago, y casi un millón en todo el país.

Comienzan los preparativos para el 24-25. El 24 a las 6 de la mañana hay 25 cortes de calle, barricadas y enfrentamientos sólo en Santiago. Ese día se suceden enfrentamientos toda la mañana con la policía en universidades y liceos. Se organizan asambleas discutiendo los planes de acción. El 24 en la noche se extiende la lucha: en decenas de poblaciones pobres y periféricas se encienden barricadas, se cortan las calles y se suceden enfrentamientos apoyando la lucha estudiantil. El 25 de agosto empieza con diversos cortes y barricadas. Al mediodía las columnas estudiantiles y de trabajadores empiezan a marchar. Aunque no se paralizó el sector privado (producto de las direcciones de la CUT de no realizar ningún plan de lucha ni paralización en la minería, forestales, industrias y comercio), el 25 de agosto se da una masiva movilización de trabajadores y estudiantes: más de 500.000 personas solo en Santiago, entre trabajadores del sector público y estudiantes, y el centro de la ciudad se paraliza en los hechos. Cuando las direcciones dan por finalizada la marcha, unos 30.000 jóvenes secundarios y universitarios se quedan armando barricadas, cortes de calle y durante 5 horas se enfrentan a la policía con el rostro encapuchado pese a los intentos del Partido Comunista de intentar terminar con las barricadas. Aquí claramente surge un sector de vanguardia que mientras en la Conferencia de Prensa de la CUT y la Confech el dirigente sindical del PS, Arturo Martínez, denuncia a los encapuchados y a la “ultraizquierda” por “hacerle el juego a la derecha” y habla de la necesidad de iniciar una “segunda transición” democrática, miles de jóvenes con odio al régimen en las calles enfrentan al gobierno.

Ese día en la noche se preparan cortes de calle y barricadas, y carabineros asesina en Santiago al joven secundario de 16 años Manuel Gutiérrez. Ese día, inicia un curso a la baja del movimiento. Las direcciones de la Confech que dirigían el conflicto se callan la boca con el asesinato de Manuel Gutiérrez y no convocan a ninguna acción de solidaridad, lo que la Policía y el Gobierno aprovechan para desalojar tomas.

Durante septiembre y octubre el gobierno convoca sus “mesas de diálogo” en La Moneda atrayendo a los dirigentes estudiantiles quienes buscan la presión en las calles para tener mejor posición para negociar. Ante la negativa del gobierno, las direcciones buscan la colaboración con los parlamentarios. Una y otra vez buscan las formas de terminar con la lucha de masas, cerrando el semestre universitario colaborando con los rectores, llamando a marchas discontinuas y sin preparación de la base, en reuniones con parlamentarios oficialistas y de la Concertación, etc. Luego de fallidas mesas de diálogo estériles a las que los dirigentes burocráticos confían la suerte de la lucha, la presión parlamentaria se transforma en la principal vía para conseguir las demandas, pasando a la política de “propuestas” durante todo el primer semestre del 2012 [9].

Algunas lecciones del proceso

a) La lucha del 2011 es un producto superior de diversas luchas previas.
Desde fines de los años ’90 venían sucediéndose distintas luchas, tanto en el movimiento secundario como en la universidad. Las mayores de ellas fueron la “revolución pingüina” del movimiento secundario de 2006 contra el gobierno de Bachelet. A esta lucha, que habían logrado sacarla de las calles con la represión y con la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, había encontrado en las tomas su forma de organización central, con tomas masivas, asambleas y delegados. En la Universidad, la lucha del año 2005 con tomas, paros y movilizaciones contra los créditos usurarios, termina en una derrota del acuerdo Confech-Mineduc, donde se permite la entrada de la banca privada a la entrega de créditos para la educación superior. La lucha de 2011 fue superior: una lucha de carácter político por la educación gratuita, con amplio apoyo popular, no solo en las encuestas sino en la calle con cacerolazos; impugnó al conjunto del régimen pinochetista cuestionando la herencia de la dictadura. El régimen quedó desacreditado con amplio rechazo a las instituciones, y el movimiento estudiantil se configuró como la principal oposición política al régimen.

b) El movimiento logró recuperar las calles y el derecho a manifestarse.
Aunque la policía reprima las movilizaciones, la política llegó a las calles, y en cada lucha la movilización callejera es un elemento central para hacer sentir e instalar las demandas y buscar el apoyo de la población. Además, instaló una subjetividad de que con lucha se consiguen las demandas.

c) La contradicción entre un régimen totalmente anacrónico, heredero de la dictadura que no va a entregar ninguna posición conquistada, y las demandas en las calles, lleva objetivamente a la dinámica de la confrontación contra la herencia pinochetista.

d) Emergió una “generación sin miedo”: una vanguardia combativa de decenas de miles en el país que odia al régimen y sus partidos, enfrenta a la policía, con avidez política-ideológica, y que empieza a enfrentar los intentos de las direcciones de colaboración de clases de negociar en el parlamento binominal de la Concertación y la derecha nuestras demandas.

e) Aunque la lucha sobrepasó la demanda educativa hacia la impugnación al régimen, hubo enormes límites para llevarla hasta el final: las direcciones burocráticas de conciliación de clases. No surgió un organismo de autoorganización de masas como hubiera sido una Asamblea General de Lucha de miles de delegados que llevaran la voz de las asambleas y que prepararan la lucha, que además sea el espacio para disputar la política a las direcciones y superarlas en la acción. La Confech fue el organismo que dirigió la lucha burocráticamente, sin democracia de las bases. Esto permitió que las direcciones mantuvieran el control burocrático del movimiento, y aunque éste sobrepasó el programa inicial de las direcciones, no pudo imponer su curso a la lucha. Eso permitió que se mantuviera durante todo el conflicto una separación de la vanguardia o activismo y las masas: mientras eran cientos de miles en las calles, las tomas eran reducidas, sin transformarse en espacios de organización del movimiento en su conjunto. En este sentido, fue menor a 2006 cuando los secundarios basados en asambleas formaron la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES) que basada en asambleas representó a los cientos de miles de estudiantes.

f) La necesidad de la unidad obrero-estudiantil.
No entraron en escena los batallones estratégicos y centrales de la clase trabajadora. Las direcciones buscaron la unidad “testimonial” de la lucha, sin llamar abiertamente a la clase trabajadora a plegarse a su batalla, y manteniendo la alianza con la burocracia sindical para contener la entrada del movimiento obrero. Con su entrada, hubiera puesto en primer plano la lucha por derribar al régimen neopinochetista.

g) Aunque en la prensa se mostró una “división táctica” en la Confech llamando “ultra” a un sector diferenciado de la JJCC y la centro-izquierda, la verdad es que este sector no tuvo ninguna diferencia estratégica en todo el curso de la lucha con las direcciones reformistas, y se subordinó a sus políticas.

h) Era necesario un combate y lucha política contra las direcciones conciliadoras que actuaron como un “factor moderador” en los conflictos contra el régimen. Sólo en la Usach (Universidad de Santiago de Chile) y en algunas asambleas secundarias se pudo organizar un sector combativo que intentó sacar a las direcciones burocráticas.

i) La necesidad de que emerja una corriente nacional combativa y revolucionaria que agrupe a lo mejor de la vanguardia juvenil para dar la pelea por llevar hasta el final no solo la lucha por la educación gratuita sino para terminar con el conjunto de la herencia pinochetista y que dé un combate contra las direcciones reformistas que intentan llevar las batallas al terreno de la alianza con la Concertación.
Esta lucha cambió el conjunto de la situación y, aunque lograra ser desviada al parlamento sin haber triunfado pero sin ser derrotada ante un gobierno muy debilitado, alteró profundamente la relación de fuerzas entre las clases, golpeó al régimen, debilitó a sus partidos y al gobierno, y abrió una nueva etapa marcada por el ascenso de lucha de clases y la emergencia de la generación combativa que desafía en las calles al régimen y sus partidos.

La revuelta local de Aysén en una nueva situación marcada por la lucha de clases de 2011

El 2012, apenas desviada la lucha por la educación gratuita y en plenas vacaciones del gobierno, se produce la revuelta de Aysén, confirmando la apertura de una nueva etapa de lucha de clases y la tendencia al enfrentamiento con el régimen y el gobierno. El 7 de febrero los pescadores artesanales de Aysén se tomaron el Puente Ibañez y se enfrentaron a la policía protestando contra la nueva ley de pesca, la llamada “Ley Longueira” (que le entrega la propiedad por tiempo indefinido a 4 grandes grupos económicos de pesca industrial, en detrimento de los pequeños pescadores artesanales a quienes se entrega sólo el 5% de desembarque y solo 1 milla de mar para pescar, siendo que son el 90% de los pescadores del país).

Anteriormente se habían reunido con diversas agrupaciones sociales, creando el Movimiento Social por la Región de Aysén, con el lema central: “Tu problema es mi problema” [10].

Era un organismo social policlasista, parecido a la Asamblea Ciudadana de Magallanes. La dirección y vocería la tenía un representantes de los pescadores (Iván Fuentes, cercano a la Concertación), el programa-petitorio [11] era progresivo por cuanto contenía demandas propias de los diversos sectores, aunque su redacción había sido apoyada por asesores de los empresarios locales y su lugar de reunión era la Cámara de Comercio de Aysén.

La protesta iniciada con los pescadores y la posterior articulación en una amplia alianza social (policlasista) en la región se transformó rápidamente en una revuelta local por necesidades básicas, centralmente debido a la respuesta altamente represiva del gobierno contra los habitantes. De la toma del Puente Ibañez se pasó rápidamente a la extensión regional de la lucha (todas las localidades se plegaron activamente al combate), a la multiplicación de cortes de calle, bloqueo de caminos, tomas de puentes y aeródromos, tomas de instituciones públicas y privadas, marchas multitudinarias, la solidaridad nacional y los combates y enfrentamientos con la policía (el más importante fue la prolongada “batalla del Puente Ibañez” del 24 de febrero donde la policía se tuvo que replegar). La respuesta del gobierno fue una dura represión: llevando Fuerzas Especiales a la región desde otras ciudades, que trataban en forma humillante a los pobladores, quienes trataban a la policía como “invasores”; con hostigamiento permanente con bombas lacrimógenas y gases de todo tipo a los que se enfrentó la población. Pese a la hegemonía de la burguesía en la política y estrategia del conflicto (a través de sus asesores, mesas de diálogo, etc.) en la calle se mostró activamente el carácter popular de la lucha, que pese a todo, tampoco pudo superar a la dirección del conflicto que intentaba moderar la batalla.

La lucha duró 40 días, con la autoridad regional sin poder de control y con la Mesa Social ejerciendo la autoridad durante esos días. Nuevamente el gobierno (debilitado con la amplia lucha de 2011) tuvo que ceder, pasando de la represión a la convocatoria de mesas de diálogo. La revuelta tuvo un fuerte impacto nacional, con un 92% de la población (según una encuesta del diario La Tercera) apoyando las demandas. Finalmente, y centralmente debido a la política de las direcciones (asesorada por los empresarios y dirigentes políticos de la Concertación), el gobierno tras 40 días de crisis política logró desactivar el proceso, aunque con enormes costos (mayor baja en la popularidad, mayor rechazo al gobierno, incluso en una región que años antes le había dado un gran apoyo electoral a Piñera, donde más votos sacó).

Aquí nuevamente se mostró una dinámica que escalaba a la confrontación con el gobierno, y la debilidad de éste para canalizar o contener los procesos de lucha de clases, transformándose ésta de una protesta de pescadores a una revuelta local que impactó a nivel nacional y debilitó más al gobierno. Su gran límite fue nuevamente el carácter policlasista de la lucha, hegemonizada por sectores de la burguesía influyendo sobre direcciones conciliadoras que intentan moderar el conflicto y buscando el diálogo social estéril. El gobierno intentó desactivarlo con la instalación de “mesas de trabajo” y el arreglo rápido para instalar una Zona Franca (libre de impuestos) en la región.

Las respuestas de la burguesía: fortalecer el aparato represivo y la preparación de políticas de “autorreforma”

Mientras que durante el año 2011, asediados por la lucha estudiantil, los partidos del régimen hablaban del “agotamiento del modelo”, de iniciar rápidamente un curso de reformas del sistema político, de abrir un “nuevo ciclo” en la política para terminar con la “crisis de representación”, es decir, mientras buscaban rápidamente mostrar cambios cediendo algo para no terminar sobre las cuerdas, este año esos amagues tácticos quedaron en palabras.

En lo concreto, el gobierno ha fortalecido los mecanismos de represión. Esto se ve en:

a) La “Ley Hinzpeter”. Así llamada popularmente, la Ley de Resguardo del Orden Público fue ingresada al parlamento a fines del 2011 con el fin de profundizar la penalización de la protesta mediante el aumento de las penas a los delitos cometidos por encapuchados [12], la sanción de nuevos delitos de “orden público” tipificando nuevos tipos penales [13], el encarcelamiento a quienes llamen a movilizaciones que terminen en “desórdenes públicos” y la autorización a la Policía para quitar cámaras fotográficas y cintas de videos (en las mismas marchas) a periodistas para utilizarlo como medio de prueba en los juicios.

Esta ley no solo sanciona con cárcel todo tipo de métodos de lucha (cortes de calle, tomas de liceos, colegios y universidades, paros de trabajadores en sector público y empresas, tomas de empresas, bloqueo de caminos, etc.), sino que se suma a la utilización de leyes de la dictadura militar como la Ley Antiterrorista (ampliamente utilizada contra los procesados mapuche, con penas de cárcel y que permite la utilización de medios fraudulentos como “testigos encubiertos”) o la Ley de Seguridad Interior del Estado que tiene por objetivo fortalecer los medios estatales de represión.

b) La instalación de una base de entrenamiento militar a la policía, financiada por el imperialismo norteamericano en Concón, V Región, que se empezó a utilizar desde inicios de 2012, y cuyos entrenamientos militares son para resguardarse de la “protestas urbanas”.

c) “Caso bombas”: 3 años de investigación por la detonación de artefactos explosivos con 6 meses de cárcel a 8 imputados jóvenes anarquistas por la supuesta colocación de bombas. Este caso intentaba ser un castigo “ejemplar”, con obtención de pruebas fraudulentas y violación de derechos fundamentales (un testigo acusó torturas en una “confesión voluntaria”). Resultó un fracaso y una derrota para el gobierno (un verdadero montaje), con fallo absolutorio que ahora intenta anular en la Corte Suprema [14].

d) La “Cumbre de Seguridad” de La Araucanía, convocada por el Gobierno ante la escalada en el conflicto mapuche y la amenaza de empresarios y agricultores de tomar las armas para enfrentar a los mapuche, resolvió entre otras medidas el aumento de la dotación policial y de Fuerzas Especiales en la zona, la apertura de retenes de carabineros en Ercilla, la dotación de recursos especializados, tecnologías y otros medios de represión; aumento de Policía de Investigaciones, una Unidad Especializada de abogados [15] para seguir las querellas contra luchadores mapuche, además de medidas.de seguridad para las “víctimas” de tomas de fundo o ataques incendiarios.

Por otra parte, mientras fortalecen el aparato represivo estatal, preparan estratégica y preventivamente planes de “autorreforma” parcial desde arriba, que eventualmente les permita combinar el salto en la represión y bonapartización del régimen con algunas concesiones para no perder todo. Señalemos algunas de estas tentativas:

a) Acuerdo Renovación Nacional / Democracia Cristiana: Es un acuerdo de dos partidos importantes de las principales coaliciones de la burguesía. Señalan que es para “fortalecer el centro político” en momentos donde se puede avanzar a una polarización política en el país, ante el debilitamiento del poder presidencial: “La centralidad de ese poder presidencial, cuando se debilita, repercute en todo el sistema. Por eso se requiere descentralizar y democratizar más el poder” que permita en momentos de “desafección ciudadana con el sistema”, “asegurar la gobernabilidad del país” y la “estabilidad democrática”. Es decir, intentan un cambio de la estructura política que le permita tener una mejor forma de mantener su dominio político.

Por eso, ante el “agotamiento” del régimen, señalan la necesidad de un “Cambio de Régimen Político” semipresidencial que separe la institución de Jefe de Estado (Presidencia) con la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro), con un sistema electoral proporcional corregido que sustituya al actual régimen binominal, la elección directa de un “presidente” de gobierno regional con consejeros regionales electos popularmente y la creación de gobiernos metropolitanos.

b) La propuesta del expresidente Ricardo Lagos: “Avanzar hacia la primavera chilena”. Señala que “El andamiaje político que emerge a principios de los 90 está obsoleto, desgastado, y ahora tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema institucional, que responda a las exigencias de nuestros tiempos” [16]. En este sentido propone como clave el cambio del sistema electoral binominal por un “sistema proporcional”, además de reformas a la Constitución Política y una nueva reforma tributaria contra las “desigualdades”.

c) “De cara al futuro” (propuesta del sector llamado “autocomplacientes”, en contraposición con los “autoflagelantes”, de la Concertación). En su documento señalan: “Seguimos siendo la apuesta de un contingente de ciudadanos de centro y de izquierda, que recogen la mejor tradición comunitaria y libertaria de nuestro pueblo. El socialcristianismo, la socialdemocracia y el liberal-progresismo confluyen en un proyecto republicano que hoy debemos saber retomar. Ahí radicó el éxito de la Concertación” [17]. En este sentido proponen terminar con el “centralismo excesivo” dando mayor poder regional, un programa basado en la “lucha contra la desigualdad” para terminar con el “sentimiento difuso de precariedad y desamparo frente a los abusos de poder”, un mecanismo institucional para la resolución de los conflictos sociales, una reforma a la Constitución, un nuevo pacto fiscal (nueva reforma tributaria), un desafío productivo y de capacidad laboral, y sobre la política de alianzas futuras, la mantención de una Concertación “remozada”: “La tesis de una Concertación que se abre a un pacto electoral con otras fuerzas opositoras, como el PC, el MAS u otras colectividades, no es conciliable con la tesis de un ‘frente de izquierda’ excluyente que posteriormente buscaría concordar con la DC. La fuerza matriz del cambio en Chile, como lo ha demostrado la historia, es la alianza del centro y la izquierda, con un solo programa y un accionar unido desde el inicio, bajo la impronta de un proyecto político compartido de transformaciones viables” [18].

Además de estos proyectos, han aparecido otras propuestas que, sobre la base del modelo neoliberal, apuestan a modificar los aspectos más irritantes de la herencia pinochetista y avanzar a un cambio de régimen político para no verse sobrepasados por la lucha de clases.

Las posibilidades de emergencia del trotskismo y la lucha por una alternativa clasista, combativa, obrera y socialista

El estallido social de 2011 abrió una nueva situación nacional, configurada por la crisis contenida del régimen político heredado de la dictadura y la irrupción abrupta de fenómenos de lucha de clases. Estos dos factores están integrados: el desgaste lento y controlado de los partidos del régimen (centralmente la Concertación como “partido de contención”) abrió paso a diversos procesos de lucha centralmente a partir de la segunda mitad de la década pasada, del movimiento obrero (las luchas de los mineros subcontratistas en 2006, 2007 y 2008; las luchas de los trabajadores subcontratistas forestales de 2007 donde terminó asesinado el obrero de 27 años Rodrigo Cisternas; las luchas de los subcontratistas salmoneros de 2008; las luchas mineras de los trabajadores de planta del cobre, Codelco y de mineras privadas como La Escondida, etc.); del movimiento estudiantil (la “revolución pingüina” y otras); de pobladores (por el problema de las viviendas y los deudores habitacionales); las luchas del pueblo mapuche (con asesinados a manos de la Concertación). Las luchas de 2011 aceleraron y profundizaron ese proceso de desgaste, golpeando al régimen, sacudiendo a sus partidos y al Gobierno, que parecía estar “suspendido” en el aire, sin apoyo popular.

De conjunto, abrieron una nueva situación, fluída, que plantea la posibilidad de giros abruptos y cambios bruscos de la lucha de clases para los cuales debemos estar preparados. El ascenso lento y controlado de la lucha de clases interrumpido abruptamente por el salto de 2011 replantea la posibilidad de que pequeñas luchas por cuestionas mínimas, por demandas democráticas, o por demandas esenciales se puedan transformar en grandes conflictos de clases, agudos; que luchas defensivas se transformen en ofensivas; que luchas locales se conviertan en revueltas; que las revueltas abran paso a rebeliones populares, etc. Es decir, que la dinámica de la situación abre, objetivamente, condiciones para procesos más “explosivos” de lucha de clases. Así ocurrió luego en la lucha de Freirina (una comuna ubicada en la III Región, del Valle Huasco), donde el mal olor de la planta procesadora de cerdos abrió una especie de pequeña revuelta local contra el gobierno hace pocos meses. No solo para eso debemos estar preparados los marxistas revolucionarios, trotskistas, sino para transformar esas luchas locales en grandes conflictos de clase contra los empresarios y la herencia de la dictadura.

Esa situación fluída también tiene límites: 1) el ciclo de recuperación económica posrecesión 2009 aun mantiene un impulso fuerte (este año el país puede crecer sobre el 5%, se mantiene alto el precio del cobre y es fuerte la creación de empleo que impulsa la demanda interna), aunque profundamente inestable dado el carácter agudo de la crisis en Europa, el crecimiento anémico en EE.UU. y la desaceleración en China 2) Aun no entra la clase trabajadora, sus batallones estratégicos, imponiendo un carácter obrero al ascenso de la lucha de clases. Aunque hay luchas, estas son parciales, aisladas y aun defensivas, aunque sí son más combativas y hay mayor disposición al combate, que puede estar anunciando los inicios de un activismo obrero que pueda abrir fenómenos reales de militancia. Pero dado el carácter de la situación, no se puede descartar, y nos tenemos que preparar, para la irrupción de la clase trabajadora como sujeto social diferenciado, liderando al conjunto de los sectores oprimidos en la lucha contra la herencia de la dictadura. 3) Las direcciones de colaboración de clases (PC) aun tienen peso sobre el movimiento obrero y estudiantil, y eso les permite mantener controlados burocráticamente los procesos (sin surgimiento de organismos de autoorganización de masas) y actuar como “contención”, canalizándolos a los acuerdos con el régimen y las alianzas con partidos patronales como la Concertación.

Por supuesto, no se trata de esperar que esos límites sean “superados” automáticamente: somos fervientes luchadores para esa superación, pero son límites objetivos que consideramos para la preparación de los próximos combates.

En la izquierda en Chile, hay dos importantes tradiciones: una tradición reformista, encabezada centralmente por el Partido Comunista y anteriormente el Partido Socialista (que se transformó en un partido de empresarios), que tiene una tradición con mucha peso en la historia del movimiento obrero, estudiantil y popular. Por otra parte, a la izquierda del PC, surgió una importante tradición más populista de izquierda (en los ’70 la encarnó el MIR) y que tiene, culturalmente, un peso importante en la vanguardia juvenil. El trotskismo, salvo en los años ’30, no tuvo un peso importante (primero por la disolución en el PS durante la década de 1930, y luego porque un sector se quedó en el interior del MIR, organización que fue impotente para enfrentar al reformismo, por su relación con el gobierno de la UP).

El Partido Comunista es la principal dirección histórica de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil (fue fundado por el principal dirigente del proletariado de inicios del siglo pasado, Luis Emilio Recabarren). Es un partido obrero reformista con mucha tradición y peso en la “cultura política nacional”, que ha podido, sobre esa base, desviar y traicionar los procesos de lucha de clases. Aunque no tenga el peso que históricamente tuvo en momentos de ascenso y radicalización, aun mantiene un peso importante en sectores estratégicos de la clase obrera (codirige la CUT, y dirige uno de los sectores principales del movimiento obrero, los mineros subcontratistas) y aunque ha perdido federaciones universitarias, mantiene un peso de masas, además de tener figuras políticas reconocidas mundialmente como Camila Vallejo. Desde la transición pactada a la democracia, y fundamentalmente los últimos años tras el desgaste de la Concertación, el PC viene con un giro pronunciado a una mayor integración al régimen neopinochetista: primero con sus votos a los distintos presidentes de la Concertación (Aylwin, Lagos y Bachelet); con alianzas electorales con la Concertación (el pacto parlamentario de 2009 que le permitió meter 3 diputados al parlamento; el “pacto por omisión” en las municipales que le permitió ganar algunos municipios, y hoy lo vuelve a repetir para las elecciones de fines de este año, y el actual “pacto” para elecciones de concejales con el PPD y el PRSD), siendo parte de la “oposición” junto a la Concertación en el parlamento.

Ahora su proyecto político lo han definido como la conquista de “un gobierno de nuevo tipo”: estar abiertos a una plataforma común de la “oposición” (junto a la Concertación) y quizá ser parte de un próximo gobierno de centroizquierda.

Es parte de su estrategia histórica de colaboración de clases: de formar parte de gobiernos burgueses con algunos ministros, y su estrategia de “Frente Popular”, alianzas orgánicas con partidos burgueses “progresistas”.
El reformismo impulsa luchas, pero las impulsa para llevarlas a la alianza con partidos patronales, para desde ahí ganar peso en su negociación con el régimen, para aspirar a reformas graduales del sistema.

Y como es un partido con tradición, su giro a derecha de integración al régimen, lo intentan encubrir con discursos hacia la izquierda. ¿Utilizarán un discurso más radical hacia la izquierda en los próximos tiempos? Eso no está descartado para nada: si aumentan los grados de lucha de clases, si entran los batallones del movimiento obrero y hay mayor radicalización, no estarán descartados estos “giros tácticos” del Partido Comunista, con un lenguaje más radical de izquierda y acometiendo mayores luchas de presión para legitimarse a los ojos de las masas. Pero eso no variará su estrategia de colaboración de clases para reformar el sistema: su objetivo no es la destrucción del sistema, sino la reforma en base a la conciliación de clases, y utilizarán sus tribunas, sus “fortalezas”, para aislar a la vanguardia de las masas, para aislar a los revolucionarios del movimiento de masas.

Por eso, la lucha estratégica e histórica contra el reformismo de colaboración de clases como obstáculo para abrir la lucha revolucionaria, es una tarea central de todos los revolucionarios. Ya durante el 2011 mostraron abiertamente su política de colaboración: criminalizando y denunciando a los “encapuchados”, llamando a las alianzas con los parlamentarios, utilizando las movilizaciones como métodos de presión al gobierno en sus mesas de diálogo, ahogando cualquier iniciativa de autoorganización y organismos de combate que superen los estrechos organismos tradicionales, manteniendo el control burocrático de la lucha para imponer su programa.

Por eso justamente durante el año 2011, al surgir un sector combativo de la juventud, centralmente estudiantil, con métodos de violencia callejera, con tomas, paros y barricadas, el PC intentó aislar a estos sectores del movimiento de masas. Sin eso no pueden desarrollar fácilmente su estrategia.

Pero la irrupción de una vanguardia juvenil, que odia al régimen, que combate a la policía, una “generación sin miedo” es una base objetiva para proponerse la superación de las direcciones de colaboración de clases y la lucha por forjar un movimiento estudiantil anticapitalista, combativo y antiburocrático, y la base para desarrollar la lucha para que emerja un movimiento obrero clasista y combativo, antipatronal y anticapitalista, que sea un real desafío a los intereses de los empresarios y el régimen. Esa vanguardia juvenil odia también la burocracia del Partido Comunista, lucha contra sus intentos de criminalizar sus combates, y está cada vez más abierta a la confrontación con el régimen neopinochetista.

Eso abre un nuevo terreno objetivo para que los revolucionarios trabajemos en una “nueva escala”: si durante los años del ciclo concertacionista y los procesos lentos de lucha de clases los revolucionarios luchábamos por políticas y un programa donde éramos considerados “utópicos”, hoy se está revirtiendo esa situación, y se abren mejores condiciones para influir con las ideas del trotskismo revolucionario a cientos y miles de jóvenes forjados al calor de los combates de 2011, y en perspectiva, a sectores de vanguardia que surjan en el movimiento obrero.

Marx indicaba que las ideas revolucionarias por sí solas son incapaces de llevar adelante una tarea histórica de liberación de los explotados y oprimidos, pero que esas ideas, si son llevadas a cabo por millones de trabajadores, estudiantes y pobladores son perfectamente realizables. El surgimiento de una vanguardia de lucha, combativa y abierta al debate de las ideas permite una primera aproximación a esa tarea histórica de fusionar al marxismo militante con cientos y miles de luchadores, en el camino de la construcción de un partido revolucionario de combate que se proponga la tarea de derribar al sistema capitalista e iniciar la transformación socialista de la sociedad.

Ello también abona el terreno para el surgimiento de nuevos fenómenos políticos por izquierda del PC, que ha sido un sector objetivo en la tradición de la lucha de clases en el país. Hoy surgen nuevas agrupaciones y organizaciones del movimiento estudiantil, influídas por distintas estrategias y programas. Han surgido corrientes como la Unión Nacional Estudiantil (UNE) que con discursos más de izquierda, del pueblo, que hablan de la “unidad” de las luchas, etc. se subordinan a la estrategia de colaboración de clases del reformismo; mantienen sus métodos burocráticos e impiden la autoorganización de masas. También el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), que son en realidad liberales pequeñoburgueses que mientras hablan de anarquismo se someten a las estructuras burocráticas del reformismo y salvaguardan la “unidad del movimiento” en base a la colaboración con los partidos reformistas. Grupos como estos, con discursos a la izquierda del reformismo pero igual de moderados, han adquirido un cierto peso el último tiempo en la Confech, sin que por ello cambie la política de diálogo social de ésta y de alianza con los parlamentarios de la Concertación, como ha sido todo este primer semestre que bautizaron como el “mes de las propuestas”. Son la nueva “burocracia de izquierda”.

Por otro lado, surgen nuevos colectivos populares, que están en las barricadas, que intentan desafiar al régimen y dar una batalla contra la colaboración de clases y contra los partidos burgueses. Estos colectivos surgen en estas luchas y juegan un rol en los sectores más de vanguardia. Son distintos a los antes mencionados como la UNE y el FEL. Pero son incapaces de surgir como una alternativa real de dirección frente al reformismo: no dan lucha política férrea para educar a la vanguardia en la denuncia sistemática de la colaboración de clases con los enemigos, y por eso se terminan subordinando a los métodos del reformismo. Al carecer de una estrategia revolucionaria, son incapaces de ser una alternativa real de disputa a las direcciones reformistas y de la “burocracia de izquierda”. Su estrategia de “poder popular” sin la clase obrera como sujeto social de la revolución (sino que diluída en el pueblo), de paralelismo a las direcciones burocráticas, o su concepción de “unidad de los revolucionarios” sin estrategia revolucionaria basada en la lucha por organismos de autoorganización de las masas que se eleven como un poder contrapuesto al poder burgués para la lucha por el poder de los explotados y oprimidos, termina siendo impotente para enfrentar las maniobras de la burguesía y su “correa de transmisión”: el reformismo.

Las batallas del PTR por la emergencia del trotskismo

Desde el PTR buscamos contribuir al desarrollo de la lucha de clases interviniendo activamente con un programa y una estrategia revolucionaria, trotskista. Estamos lejos aun de ser un verdadero partido revolucionario que tenga en su seno a miles de militantes y dirigentes obreros revolucionarios probados en combates importantes, cientos de estudiantes e intelectuales, que gane peso e influencia en el movimiento obrero y de masas y que surja de la fusión del marxismo militante con lo mejor de la vanguardia obrera y juvenil bajo la experiencia y lecciones comunes de la lucha de clases. Tanto la lucha por una estrategia de la clase trabajadora con una política de independencia de clase contra los intentos de subordinar a la clase trabajadora a la colaboración con partido patronales, como por la lucha por la auto-organización de los explotados y oprimidos en organismos de combate, bases de un nuevo Estado, creemos que es imprescindible forjar, en estos combates, una potente herramienta de hierro de la clase trabajadora, un partido revolucionario. Sin ese partido no podremos vencer a la burguesía, que además de sus recursos económicos, políticos y militares, cuentan con partidos y organizaciones reformistas (como el Partido Comunista) que militan en el movimiento obrero y estudiantil llevando sus luchas hacia una alianza con partidos patronales para hacer reformas al régimen y no para que esas batallas se transformen en combates de clase y en educación revolucionaria de los trabajadores y estudiantes.

Estamos conscientes de la enorme tarea por delante. Somos una pequeña fuerza con la ambición de ligarnos a miles de jóvenes de vanguardia para pelear en común en la lucha por enfrentar y derrocar la herencia de la dictadura y luchar por la revolución socialista. Hemos dado pasos hacia eso: en nuestra lucha el año pasado, siendo parte de esos miles de jóvenes, buscando organizarlos para ser una alternativa a la burocracia estudiantil reformista, en la Asamblea por la Educación Gratuita (donde se organizaron cientos de estudiantes con un programa alternativo a la burocracia estudiantil), en la lucha por impulsar una Asamblea General de Lucha con delegados mandatados y revocables que pueda superar los organismos burocráticos de decenas de estudiantes mientras éramos cientos de miles en las calles. Estuvimos en la primera línea defendiendo las barricadas, siendo parte de ellas, buscando organizarlas masivamente en asambleas. Fuimos parte de la toma de los liceos, y en uno de ellos, el liceo A90 de San Miguel, fuimos activos impulsores de la lucha por la autogestión que cuestionaba los mecanismos de autoritarismo del régimen en los liceos y que permitiera coordinar la lucha por el cogobierno.

En la Usach, siendo un grupo muy reducido, fuimos parte activa de la emergencia de una vanguardia que se enfrentó a la burocracia estudiantil del Partido Comunista y la Concertación, que tenía como presidente de la Federación a Camilo Ballesteros de las Juventudes Comunistas, que buscaba el vínculo directo con el ministro de Educación para desviar la lucha. La lucha contra la burocracia en la Usach fue la más avanzada del país en este cuestionamiento. Ya en secundarios se venía cuestionamiento el rol de las Juventudes Comunistas, su política de “plebiscito” y sus intentos de desviar la lucha y darla por terminada. Por eso les costó, porque también surgió un fuerte cuestionamiento a la conducción. También en algunas universidades. Pero en la Usach se dio una batalla de frente contra la burocracia, incluso en términos físicos donde las Juventudes Comunistas llevaron inmediatamente a sus matones para defender el “ampliado” de Federación (donde sólo decidían los presidentes de Centros de Estudiantes) cuando se desarrolló la confrontación con la base. Esas direcciones eran un obstáculo para conquistar la educación gratuita, para construir una amplia alianza con el movimiento secundario y organizar la lucha. Esa batalla en la Usach, cuando las direcciones intentaban con todo bajar la lucha, abrió un enorme cuestionamiento a la burocracia y estuvo a pocos pasos de derribar la mesa ejecutiva e imponer un organismo combativo de delegados, con un programa alternativo. Bajo diversas formas se había dado esa batalla: primero con formas de organización intercarrera desde la base para luchar por un programa donde encabece la educación gratuita ahora; luego, la “asamblea de la disidencia” de cientos de estudiantes; en las elecciones de fin de año, donde se elegía una nueva conducción de Federación en base al voto universal de estudiantil, encabezamos la lista “Seguimos en Pie”, y obtuvimos la segunda mayoría con más de 2.000 votos, en una importante votación (casi 7.000 estudiantes; el año anterior la participación fue de 2.000, en una universidad concentrada que tiene más de 18.000 estudiantes). Superamos ampliamente la lista de la JJCC que tenía la presidencia en una alianza con la Concertación. Aunque ganó esta última movilizando los votos de las carreras “antimovilización” y con votos de la lista de la JJCC, que una lista de “extrema izquierda” llegara segunda, con una importante votación, muestra el cambio de situación y las nuevas oportunidades para la intervención en la lucha de clases y la pelea por la construcción de un partido revolucionario.

En Filosofía de la U. de Chile intentamos activamente ligarnos a los liceos tomados de la comuna, a ser parte de las asambleas que organizaran la lucha callejera. También en diversos sectores: en Antofagasta en la UCN, y ahora jugando un rol central en movimiento secundario. En Temuco, en la UCT, siendo parte activa de la organización de la universidad y la lucha, ligada a estudiantes mapuche y con relaciones con el pueblo mapuche, una cuestión estratégica no solo en la zona, sino en el país.

Los próximos combates, mientras las direcciones buscan moderar las batallas y el gobierno intenta recomponerse y golpear de nuevo, pueden abrir nuevas formas de organización con sectores que se enfrenten a la burocracia. La Usach, junto a la experiencia del liceo A90 en la comuna de San Miguel (conocido por amplios sectores de la vanguardia secundaria), son experiencias para esos próximos combates, y pueden anunciar una tendencia que permita enfrentar a la burocracia en la lucha por la emergencia de organismos de autoorganización y de combate.

En Chile ha habido poderosas e importantes experiencias de autoorganización de masas. El principal fenómeno fueron los Cordones Industriales de los ’70, que se transformaron en un incipiente doble poder en la capital del país, ligando por la base las industrias, al obrero y al poblador. La burocracia sindical intentó no ya contener ese proceso, sino cercenarlo, a través de la CUT (que dirigía el PC y donde también tenía peso la DC). La inexistencia de un partido revolucionario que amplificara esos organismos, buscara extenderlos y coordinarlos, y luchara contra la política de la colaboración de clases de los partidos reformistas para cercenar esos organismos, y buscar transformarlos en verdaderos organismos de la lucha por el poder, fue una debilidad estratégica clave.

Hoy buscamos tender un puente hacia esos cientos y miles de jóvenes que buscan organizarse para enfrentar al régimen. Por ello en nuestro reciente II Congreso hemos discutido y votado reimpulsar la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR) nacida en Noviembre de 2011 como una corriente nacional que intente agrupar a miles de jóvenes para emerger como una corriente alternativa de peso, con un programa revolucionario, y que busque fusionar a la militancia trotskista juvenil en una experiencia en común con cientos de los mejores luchadores en cada lugar donde estamos. Una juventud que luche para reanudar la batalla por la educación 100% pública, gratuita, laica e intercultural que termine con el negocio de los empresarios de la educación, para unirse a la clase trabajadora y ser parte de sus batallas, que organice a la juventud trabajadora en sus lugares de trabajo y estudio; que luche contra la represión y criminalización de la protesta; que enfrente a la burocracia estudiantil y sindical luchando por organizaciones desde las bases; que luche por los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, contra el conservadurismo impuesto de la Iglesia y la derecha, una juventud que sea parte de la lucha internacional de los explotados y oprimidos que empieza a emerger, con una clara perspectiva internacionalista y anticapitalista y que se ponga en pie de guerra contra toda la herencia pinochetista. Esto, para dar los primeros pasos hacia la fusión del marxismo revolucionario, el trotskismo, con una nueva juventud sin miedo, en la lucha por construir un partido revolucionario de combate que se proponga terminar con el capitalismo.

1° de agosto de 2012