Por Karina Rojas, desde Uruguay

El pasado 25 de septiembre se aprobó en Diputados el proyecto frenteamplista que regula la interrupción del embarazo hasta 12 semanas de gestación. Fue aprobado por la banca oficialista, en alianza con el diputado Posadas del Partido Independiente, y con el voto en contra de los partidos de la derecha, el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Esta media sanción, que constituye un avance relativo, ha sido el resultado de muchos años de lucha del movimiento de mujeres en todo el país, que ha tenido sus máximas expresiones en las movilizaciones que se desarrollaron en 2008 en repudio al veto de Tabaré Vázquez al anterior proyecto de ley.

Sin embargo, el proyecto aprobado exige que cada mujer que desee abortar deba presentarse ante un Comité Médico que evaluará cada situación. Así, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que pasar por el control social del Estado, invadiendo la privacidad y obligándola a exponer sus motivos. También pasará que aquella que no quiera someterse a dichos controles y que prefiera abortar por fuera del sistema de salud, será penada y condenada a la cárcel.

A la interna del FA, hay voces dispares que plantean inclusive las limitaciones que tiene el proyecto aprobado: en el diario El País salió que "El frenteamplista Álvaro Vega, a favor del aborto, preguntó sobre el proyecto: ’¿Es un avance? No, no es un avance. Debimos dejar independientemente la decisión y simplemente eliminar los artículos (del Código Penal) que penalizan el aborto’" [1].

Una despenalización parcial

En realidad el proyecto sancionado no despenaliza el aborto sino que lo regula en determinados casos, siendo que la figura del aborto como delito no se ha quitado del Código Penal. Esta negativa del FA le ha valido el rechazo de varias organizaciones de mujeres, incluso frenteamplistas, que vieron estafadas sus aspiraciones.

Si bien el proyecto original daba más libertad a las mujeres, el que terminó votándose fue una versión modificada producto de varias negociaciones al interior del FA y también con el PI, quienes a cambio de su voto impusieron varias modificaciones.

Este proyecto es más restrictivo que el que aprobó el Parlamento hace 4 años y que el entonces presidente Tabaré “el católico socialista” Vázquez terminó vetando. Así, el Frente Amplio vuelve a jugar un pérfido rol ahora votando un “aborto tutelado”. Mujica ya nos había alertado que no se opondría a la aprobación de la ley, lo que no nos dijo era que la misma se convertiría en una regulación del Estado en ejercicio de un control social.

Con todo esto, la Iglesia y los sectores reaccionarios montaron, como saben hacer, una pantomima “a favor de la vida”, cuando en realidad están a favor de perpetuar las muertes por abortos realizados en la clandestinidad.

Son las mujeres más pobres, las trabajadoras, quienes terminan abortando en condiciones de ilegalidad y sin los mínimos cuidados sanitarios.

¡Aborto libre, decidido por la mujer sin intervención de nadie!

En Uruguay debemos mantener bien alto la lucha por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Frente a las ilusiones que motorizaron la llegada de Mujica a un segundo gobierno frenteamplista, hoy vemos cómo los ex tupamaros en el poder también quieren ejercer un control y supervisar nuestras decisiones. Sus políticas son, a su vez, más de derecha que el primer gobierno de Tabaré, expresadas en la connivencia de Mujica con las inversiones extranjeras, el fomento de los negocios capitalistas, el avance represivo a quienes salen a luchar y hacia la juventud, el ataque a las conquistas de los trabajadores estatales, y un largo etcétera.

Es necesario entonces que las mujeres, y en especial las mujeres trabajadoras, encabecen una lucha en las calles de forma independiente del gobierno del FA y contra la derecha reaccionaria.

¡Nadie puede controlar ni supervisar nuestras decisiones!

¡Aborto libre, legal, seguro y gratuito para todas!