Por Isabel Infanta

Al cierre de esta edición, se encuentra en proceso en Oslo, Noruega, la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del continente. El inicio de este nuevo proceso de negociaciones se ha convertido en un eje de la nueva coyuntura política en Colombia. Es también uno de los datos novedosos del actual panorama latinoamericano.
Bajo un cuidadoso hermetismo, los delegados del gobierno y de las FARC vienen manifestando una fuerte voluntad política de instalar las negociaciones, a pesar de algunos regateos sobre cuestiones tácticas que retrasaron la mesa por supuestos inconvenientes logísticos (tras la operación de próstata de Santos) y luego, según los voceros del proceso, por dificultades jurídicas y climáticas, lo que incluyó la negociación sobre la participación en el diálogo de dos miembros de la delegación de las FARC (Simón Trinidad que se encuentra preso en EEUU y la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer).

El significado del nuevo “diálogo de paz”

Las conversaciones recién comienzan, pero su objetivo es claro: poner fin al conflicto armado logrando el desarme de la guerrilla más antigua del continente. La década del uribismo, de quien Santos fue ministro de Defensa y delfín en la disputa sucesoria, mostró los límites de la estrategia exclusivamente militarista para lograrlo. Aún contando con la ayuda económica y militar de EEUU, logró varios triunfos como el asesinato o encarcelamiento de líderes históricos de las FARC y la desmovilización de algunos sectores, pero no logró darles un “golpe mortal” ni recuperar el territorio que estas controlan. Aunque se presente como “pacifista” y “democrático”, el plan de Santos se apoya en los avances militares ya obtenidos pero reconoce la necesidad de combinar la ofensiva militar con la negociación política, para lo que aprovecha la recomposición de relaciones con Chávez y Cuba para incorporarlos como facilitadores del diálogo de paz.

La “hoja de ruta”

Tras varios meses de negociaciones secretas desarrolladas en La Habana, a principio de septiembre se anuncia el “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado”, en el que ambos lados reconocen como puntos nodales de negociación la cuestión del “desarrollo agrario integral”, que incluye la formalización de la propiedad que permitirá la redefinición de la frontera agraria, así como la cuestión de la reintegración política de las FARC al régimen, el fin del conflicto con el cese del fuego y abandono de las armas, la cuestión de las drogas ilícitas y los derechos de las llamadas “víctimas”.
Estos puntos en discusión son un engaño: el “desarrollo agrario integral” implica el olvido de la demanda de reforma agraria y la legalización de la apropiación de millones de hectáreas por los latifundistas; el reconocimiento de derechos iguala a las responsabilidades del terror estatal y paraestatal con el accionar guerrillero. Una suerte de “teoría de los dos demonios” que abre la puerta a la legitimación de todo lo conquistado por la burguesía colombiana.

Los objetivos de la burguesía colombiana

Este intento responde a poderosos intereses económicos y políticos: La necesidad de “lavar la cara” de un régimen corrompido, salpicado por escándalos como los de la “narcopolítica”, los lazos con el paramilitarismo, los escándalos financieros del clan de Uribe, etc. El interés en “pacificar” las zonas en las que actúa la guerrilla facilitaría un mayor avance sobre los recursos naturales y la tierra, como parte del plan de Santos de profundizar la aplicación de los planes neoliberales heredados de Uribe. Al mismo tiempo, necesita reducir el gasto militar, ya que EEUU concentra sus esfuerzos económicos y militares en otras áreas más críticas del planeta y ha venido reduciendo su ayuda financiera a Colombia (El Espectador, 15/02/11). Desde el punto de vista de su ubicación “geopolítica” el fin del conflicto sería un éxito político para apuntalar su rol como el gran alfil pro norteamericano en Sudamérica, manteniendo las bases militares y la cooperación con el pentágono, reafirmando el Tratado de Libre Comercio con EEUU, etc.
Todo esto explica el importante consenso logrado por Santos, que se expresa internamente en el respaldo empresarial y de la mayoría de las fuerzas políticas, marginando la oposición del uribismo, y a nivel del exterior, con el apoyo expresado desde Obama y el imperialismo europeo hasta Venezuela y Cuba, mostrando el rol pérfido que juegan estos últimos en las negociaciones (ver “Un proceso con consecuencias regionales”).
Santos utiliza esto contra sus críticos por derecha (Uribe) y por izquierda (descontento social, movimiento estudiantil), renovando las apelaciones a la “unidad nacional”, esperando fortalecer las perspectivas de su reelección.
Expresión de esto es la composición de la delegación designada para la negociación, integrada por referentes de los principales factores de poder (altos jefes policiales, militares y empresariales). La popularidad de Santos subió considerablemente tras el anuncio del diálogo, y le permitió salir a la ofensiva buscando ampliar su base social.

La situación de las FARC

Las FARC van a esta negociación en una situación de debilidad por los golpes sufridos durante el último período. De hecho, los jefes de las FARC han aceptado condiciones mucho más adversas que hace 10 años en los diálogos del Caguán. Santos no ha concedido, al menos hasta ahora, un alto al fuego ni antes ni durante las negociaciones y tampoco ha desmilitarizado zonas para la negociación.

Las FARC han fracasado en su estrategia de “guerra popular prolongada” que apostaba a construir un aparato militar en condiciones de enfrentar y batir a las fuerzas del Estado burgués y sus métodos (que muchas veces afectan a la población campesina e indígena han contribuido a su desprestigio ante un sector importante de la población) y sus concepciones militaristas divergen cada vez más de las condiciones generales del país (crecientemente urbanizado, etc.), profundizando su aislamiento social y su decadencia. Desde hace años han renunciado a la “toma del poder” y buscan algún tipo de salida que les permita una integración al régimen, basados en un programa de reformas dentro del capitalismo.
Las FARC parecen haber asumido que su situación militar no va a mejorar en lo táctico ni estratégico, y por el contrario, podrían perder aún más terreno si no aceptan las condiciones acordadas con Santos, y se prestan a crear ilusiones sobre la trampa del diálogo que tiende el gobierno.

Los revolucionarios y la política de las FARC

La política de la burguesía y el imperialismo, de la que se hacen voceros los medios de comunicación, es sumamente hipócrita. Atribuyen la causa de la “violencia” casi exclusivamente a la guerrilla, cuando los verdaderos generadores de la violencia hacia los trabajadores y campesinos son la represión militar, el apañamiento a los grupos paramilitares, al narcotráfico ligado a importantes sectores de terratenientes y burgueses y la injerencia imperialista.

En diversas oportunidades hemos expresado nuestras diferencias estratégicas y programáticas con las FARC, cuyos métodos están alejados de las necesidades de movilización de las masas urbanas y campesinas, y que políticamente apuestan a la colaboración con sectores de la burguesía. Su “reformismo armado” no es alternativa al reformismo “tradicional” de sectores como el Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, y la burocracia sindical de la CUT, así como de fenómenos más nuevos como Marcha Patriótica. Sin embargo las hemos defendido siempre ante los ataques del estado burgués, así como el derecho a que sean reconocidas como fuerza beligerante en el conflicto colombiano.

Pero esta defensa ante los ataques del estado burgués no nos impide ser absolutamente claros en denunciar que sembrar ilusiones en que se pueda lograr algo favorable a los trabajadores y el pueblo colombianos acordando en un “diálogo de paz” con este régimen "democrático" en sus formas pero profundamente bonapartista, apoyado en las fuerzas armadas y agente del imperialismo, que no ha vacilado en apañar a los paramilitares y el sicariato y que hoy los protege, es un vergonzoso engaño. Cualquier pequeña concesión estará puesta en función de garantizar la gran propiedad para las oligarquías y transnacionales. Eventuales límites al paramilitarismo estarán puestos en función de asegurar la impunidad y legitimar la violencia represiva del Estado colombiano. Y están los antecedentes de la masacre de la Unidad Popular y luego de la desmovilización e integración al régimen del M19 y otros grupos guerrilleros en anteriores “procesos de paz” en Colombia para demostrar adonde lleva este camino.

Por eso, si bien las perspectivas aún son inciertas y no pueden descartarse variantes (desde un posible acuerdo a su fracaso, un “congelamiento” del conflicto armado o una división de las mismas) y hay muchos elementos imprevisibles (que sectores paramilitares intenten vengarse de los guerrilleros que se desmovilicen, por ejemplo o una división de las FARC en torno a aceptar o no el desarme) estamos convencidos de que nada bueno puede salir de estas “conversaciones de paz” para los trabajadores, el pueblo y los campesinos colombianos.

Si las negociaciones que acaban de empezar tienen como resultado la integración política de las FARC al régimen burgués colombiano, posiblemente surgirá una nueva mediación reformista. Los trabajadores, campesinos y el pueblo colombiano no pueden tener confianza más que en sus propias fuerzas. El gobierno del “ex guerrillero devenido en presidente”, Daniel Ortega, en Nicaragua, como el del gobierno de Funes y el FMLN en El Salvador, integrados plenamente al régimen burgués muestran la impotencia del reformismo “(des)armado”. Es por esto que solo la movilización revolucionaria de las masas obreras y populares podrá imponer las demandas de tierra, trabajo y vida digna, acabar con la impunidad y la sumisión al imperialismo, y para esto, es preciso desplegar una estrategia de autoorganización de masas que apunte a la instauración de un gobierno obrero, campesino y popular.

Un proceso con consecuencias regionales

La apertura de negociaciones se inscribe en una situación regional donde todos los gobiernos, ante la crisis internacional, buscan "distender" conflictos y mantener cierto equilibrio, a lo que contribuiría una eventual suspensión del conflicto armado en Colombia y el abandono de las acciones armadas por las FARC.

El diálogo cuenta con el implícito visto bueno de Obama, que lo deja correr sin asumir ningún compromiso que lo perjudique en su actual campaña electoral, y de la Unión Europea, que a través de Noruega actúa como facilitadora. Es significativo el rol garante de los gobiernos de Chávez y Piñera. Chávez, recientemente relegitimado en las urnas, como parte de su giro político conciliador, reconoce su amistad política con Santos en función de abonar los buenos negocios de sus burguesías, con hechos como la extradición de militantes y narcotraficantes colombianos y la exhortación a las FARC de que dejen las armas. El gobierno cubano juega un rol central como "facilitador" buscando que su contribución como "factor de estabilidad" en la región sea reconocida en la "comunidad internacional". Piñera, a su vez, actúa como contrapeso desde una ubicación mucho más pro norteamericana. Por otra parte, Brasil también expresó su apoyo al proceso (aunque no ocupa un rol protagónico en estas negociaciones).

CLAVES

FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgen a mediados de los años ’60 como expresión deformada de la resistencia campesina durante la "Violencia" (la ofensiva reaccionaria lanzada por los Conservadores luego del “Bogotazo” de 1948). Estructuradas como un partido-ejército de matriz stalinista, tienen una estrategia reformista de colaboración "patriótica" de clases al servicio de la que despliegan sus métodos militaristas como forma de presión sobre el régimen burgués. Desde una política de “nueva Colombia” de reformas puramente democráticas buscan la negociación con el régimen.
Plan Colombia
Acuerdo entre Colombia y EE.UU. concebido entre 1998 y 2000 durante los gobiernos de Pastrana y Clinton, que bajo el argumento de luchar contra "el narcotráfico y el terrorismo" profundiza el sometimiento de Colombia a los planes norteamericanos en la región, fortaleciendo su aparato militar, logístico y de inteligencia (Colombia pasó a ser el tercer país del mundo en el monto de ayuda militar yanqui).

Bases militares norteamericanas

Son centros de operaciones desde donde Estados Unidos lleva adelante su política de control en la región. En el marco del Plan Colombia-Patriota, EE.UU. contaba ya con 2 bases militares en Colombia. A fines de su mandato Uribe anunció la instalación de 7 nuevas bases, lo que causó quejas en los gobiernos “progresistas” latinoamericanos y la ruptura diplomática entre Chávez y Uribe, pero finalmente su instalación ha sido aceptada de hecho y tras el recambio presidencial, Santos y Chávez retomaron las relaciones.

Paramilitarismo

Son grupos paramilitares financiados por terratenientes y empresarios, están apadrinados por el Estado y son responsables de persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que les garantizó una amnistía generalizada y no logró desmovilizar estas bandas fascistas.

Parapolítica

Los paramilitares y el régimen político colombiano tienen nexos muy profundos. La crisis de la “parapolítica” provocó la renuncia de altos funcionarios, el encarcelamiento de 20 parlamentarios y compromete al propio Uribe. Estos escándalos han deslegitimado profundamente al régimen y han obligado a Santos a desmarcarse crecientemente del uribismo y sus métodos.

17-10-2012