A 7 años de lo que se conoció como “el escándalo del mensalào”, uno de los mayores casos de corrupción en el gobierno de Lula, se producen las sentencias de los principales acusados, entre ellos figuras históricas del PT como José Dirceu, José Genoino (presidente del partido en la época) y Delúbio Soares, tesorero del PT. Según el Supremo Tribunal Federal (STF) brasilero el esquema ilegal operó entre 2003 y 2005 e implicó pago de favores por alrededor de 76 millones de dólares.

La crisis del “mensalào” estalló en Brasil en el 2005, a tres años del primer gobierno de Lula y el PT, el acusador fue uno de los diputados del Partido de Trabajadores Brasilero (PTB) que señalaba al gobierno de Lula por el pago de mensualidades a legisladores de diversos partidos que componían su base electoral, para garantizar la aprobación de reformas económicas y de seguridad social en el Congreso. La denuncia abrió una crisis que puso en jaque al PT y al gobierno de Lula con la posibilidad de su destitución, desestabilizando al régimen de conjunto.

El PT acorralado y a Lula la impunidad

Estas denuncias de corrupción significaron en su momento un duro golpe al PT poniendo en cuestión una de sus principales banderas democráticas, la defensa de la ética y la transparencia en la gestión de gobierno, desgastando especialmente su influencia sobre las clases medias urbanas y sectores de la clase obrera. Frente al escándalo del “mensalào” ampliamente explotado por todos los partidos opositores, el PT y las organizaciones sindicales y sociales afines (CUT – MST - UNE) promovieron una campaña de apoyo al gobierno denunciando que se trataba de un ataque de la derecha y los medios golpistas contra el primer gobierno petista. La crisis del PT adquirió una dinámica que puso en peligro la gobernabilidad al tratarse no sólo del partido que gobierna Brasil en forma ininterrumpida desde el 2003 sino por ser uno de los principales partidos modernos, surgidos como parte del sistema político que se fue configurando a la salida de la dictadura militar, con amplia influencia en las masas. Mientras el DEM (entonces PFL, proveniente del régimen militar) y el PPS exigían el juicio político a Lula, Fernando Henrique Cardoso y el PSDB defendían la táctica de “sangrar a Lula”, apostando a una política de desgaste que les permitiera imponerse en las elecciones del 2006, es decir, garantizar la derrota de Lula por la vía electoral. Esta política les permitía al mismo tiempo delimitarse de la campaña organizada por la CUT, MST y la UNE de defensa del presidente contra la derecha “golpista” y asegurar la estabilidad del régimen, centrando el ataque en los principales ministros y dirigentes del PT. Uno de los principales acusados, que cumplía funciones comparables a la de un Primer ministro, fue José Dirceu quien fuera el estratega del giro a la derecha del PT, consolidado en el Congreso Nacional del Partido en el 2001 y promotor de los acuerdos con empresarios y partidos políticos burgueses - Carta a los brasileros -, que viabilizó la primer victoria de Lula da Silva y el PT en los comicios presidenciales del 2002.

Para compensar esta debilidad política Lula promovió una fuerte alianza de gobierno más estable con el PMDB - uno de los principales partidos burgueses brasileros - abriendo un nuevo momento, caracterizado por el rol prevaleciente de su figura. Aprovechando el escenario económico favorable, mantuvo los aspectos centrales de la política neoliberal de FHC pero extendiendo los planes asistenciales, creando millones de empleos precarios y generando nuevas políticas compensatorias desde el Estado que favorecieron la ampliación del consumo popular en los sectores más postergados, que junto a la clase obrera y sectores de las clases medias se constituyeron en una fuerte base de sustentación que le permitió obtener en pocos años niveles muy altos de aprobación popular. Este período que se inicia con Lula en el centro de la escena y predominio de políticas de consenso es lo que se conoce como “lulismo”.

El gobierno de Dilma es elogiado por el “combate” a la corrupción

Siete años después y en medio de las elecciones municipales la resolución del “mensalào”, el juicio político más importante del Supremo Tribunal Federal (STF) desde el impeachment de Collor en 1992, vuelve al centro de la escena brasilera pero esta vez con Dilma en el gobierno, quien aprovechando la resonancia y alcance del juicio retoma la iniciativa política para recomponer la legitimidad institucional, especialmente de la Justicia. El juicio fue trasmitido diariamente por la televisión y radios en una operación ofensiva que permitiera afianzar al STF como una institución “moralizadora” de la política, capaz de terminar con “la impunidad de los corruptos”.

La renuncia obligada de una decena ministros [1] de su gobierno, la publicación de investigaciones periodísticas de medios opositores sobre la corrupción oficial y ahora la condena de los principales dirigentes del PT son utilizados por Dilma Rousseff para construir su propio capital político [2] y una maniobra para generar ilusiones entre los trabajadores y el pueblo en que es posible gestionar de forma transparente y ética la democracia para ricos. Como ella afirma: “Estoy radicalmente a favor de combatir la corrupción, no solo por una cuestión ética, sino por un criterio político (…). Un Gobierno es 10.000 veces más eficiente cuanto más controla, más fiscaliza y más impide. No hay términos medios en este aspecto” [3]. En el mismo sentido algunos analistas señalan que: “El escándalo excede hoy el detalle de los expedientes y se lo debe medir por la importancia de los acusados y el significado simbólico de una justicia que, más allá de la política, actuó en absoluta libertad” [4] . O bien, sobre la presidenta: “Rousseff ha llevado a Brasilia intenciones muy claras de atacar a la corrupción. En esto se diferencia sustancialmente de su antecesor. No se trata necesariamente de que en Brasil haya más corrupción ahora que en presidencias pasadas (algo, por cierto, difícil de demostrar); lo fundamental es la decisión de la presidente de atacarla frontalmente” [5].

Con el afán de elogiar la firmeza de la presidenta se olvidan de citar que mientras se desarrollaba el juicio del “mensalào” culminaban las elecciones municipales de la capital de San Pablo que daban por ganador a Fernando Haddad, el candidato del PT en alianza con Maluf (PP), quien fuera gobernador de San Pablo durante la dictadura, condenado en diversos países e imposibilitado de salir de Brasil bajo riesgo de quedar en prisión por robo, lavado de dinero y evasión fiscal [6].

Rescatan como progresista la actuación de “una justicia que, más allá de la política, actuó en absoluta libertad” sin mencionar que el propio juicio fue el principal recurso para garantizar la impunidad presidencial y como en su momento el impeachment de Collor, comisiones parlamentarias (CPI), la renuncia anticipada de gobernadores y ministros, los juicios políticos que incluyen penas efectivas a sus propios representantes políticos o incluso la destitución de presidentes son mecanismos “excepcionales” que sectores burgueses pueden utilizar en función de asegurar su interés estratégico, mantener la explotación de la clase obrera y su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad.

Estos mecanismos “excepcionales” son utilizados por la burguesía en la medida que no cuestionan su poder económico y permiten perfeccionar su dominio político. Frente al desgaste de las instituciones brasileras que estallan en permanentes escándalos de corrupción y tráficos de influencias, que involucran las relaciones entre el Ejecutivo, el Congreso y los partidos, la alta popularidad de Dilma sostenida en el crecimiento de la economía y la políticas asistenciales son claves para evitar que la crisis de legitimidad del régimen democrático burgués brasilero provoque situaciones de inestabilidad política que favorezca la lucha de clases, que pongan en peligro los intereses de la burguesía.

Como si el Estado fuese un espacio neutral, no se cuestiona el verdadero contenido de esta democracia y sus instituciones que ocultan el poder social y de dominación de clase de la burguesía. Ocultan la realidad de las relaciones sociales y la enorme desigualdad social y opresión racial que sigue predominando en el Brasil de Lula, Dilma y los progresistas.

Como señalan los compañeros de la LER-QI “si es verdad que la tasa de desempleo en nuestro país sigue baja, lo que ayuda a mantener la estabilidad política y la alta popularidad de Dilma, también es cierto que nuestro país es una “potencia” en precarización y rotatividad del trabajo. Analicemos la fragilidad de estos puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por jóvenes, negros y mujeres. Dos millones de empleos creados entre el 2003 y 2010, pero más del 90% reciben hasta un salario mínimo y medio [7] (…) La ciudad de San Pablo está sitiada en una “guerra silenciosa” al llegar la noche entre los grupos de exterminio y la PM contra el tráfico, y quien está pagando por ella son los trabajadores de la periferia y la juventud negra y pobre de San Remo, Paraisópolis y tantas otras favelas y barrios pobres (…) En lo que respecta a viviendas e infraestructura, las ciudades dejan claro el carácter profundo de la desigualdad de la renta nacional. La década petista no logró resolver el profundo problema habitacional brasilero. Sólo en San Pablo hay más de dos millones de personas viviendo en áreas de riesgo inadecuadas (…) en Río de Janeiro ese problema se materializa en tres millones de habitantes concentrados en 2.500 favelas. En el país, 40% de las casas no poseen cloacas y las que poseen desagües y cloacas, el 70% de estos desperdicios desemboca en ríos sin tratamiento” [8] . Es en la estructura social capitalista, la precarización laboral y la pobreza generalizada, el déficit habitacional, los negocios entre el Estado y sus fuerzas de seguridad con las bandas del narcotráfico donde anida la verdadera "corrupción".

Los mecanismos de cooptación a las organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles a través de prebendas y desvíos de fondos públicos desde el Estado alcanzan, también bajo este gobierno, niveles millonarios [9]. La utilización de recursos públicos y favores políticos a fin de maximizar el lucro del capital privado es una práctica generalizada bajo el capitalismo. Contra los discursos demagógicos de combate institucional a la corrupción, la única opción realista para acabar con el despilfarro, el favoritismo y la desigualdad social es poner fin a la sociedad burguesa que los genera.

21-11-2012