El PRD en el DF: un gobierno patronal y represivo

Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo saludamos el excarcelamiento de los 14 presos y presas del Reclusorio norte y de Santa Marta, como un primer paso en la lucha por su libertad absoluta. Esto es producto de la movilización nacional e internacional de organizaciones sociales, colectivos, organizaciones de derechos humanos, estudiantes, trabajadores, padres de familia, así como de las acciones llevadas a cabo por los propios presos y la asistencia legal de los abogados de la Liga 1 de diciembre.

La brutal represión del 1 de diciembre contra los que protestaban por la imposición de Peña Nieto en la presidencia del país, mostró abiertamente el carácter burgués del PRD y su política represiva para salvaguardar los intereses de la clase dominante en el DF. Esta es la profundización de la política impulsada por Marcelo Ebrard basada en los consejos de Rudolph Giuliani, el reaccionario alcalde de New York que, de 1994 a 2002, impuso la política de “tolerancia cero” en el corazón del imperialismo, y con la que el perredismo capitalino se preparaba para gobernar con mano dura a los habitantes de la ciudad, fundamentalmente contra los movimientos activistas opositores, al mismo tiempo que mostraba al Consejo Coordinador Empresarial y la clase dominante en general, que el PRD defendería la propiedad capitalista seriamente.

Por ello Marcelo Ebrard fue el candidato favorito de los empresarios y la Iglesia en las pasadas elecciones capitalinas. La política represiva del PRD es parte de la derechización del régimen que, con la vuelta del PRI al gobierno, intenta un posicionamiento estratégico que modifique cualitativamente la relación de fuerzas entre las clases (como con la nueva ley laboral) abriendo una nueva etapa de duros planes antipopulares contra la población trabajadora. Para ello, la alternancia busca endurecer la contención del descontento social que no puede controlar mediante las instituciones “democráticas” de esta democracia para ricos. Por lo que cada vez veremos menos diferencias en la política de “seguridad” de los tres principales partidos del Congreso, pese a los matices programáticos que existan entre ellos. Unos desde la derecha y otros desde la “centroizquierda”, comparten los planes capitalistas exigidos por los Estados Unidos y las transnacionales. Las leyes que penalizan la protesta social bajo los delitos de “terrorismo”, “incitación a la violencia” y ataques a la “paz social”, son el sello del autoritarismo que quiere imponer el PRI con su vuelta al poder. Por eso el gasto presupuestal para el ejército y los cuerpos policiacos y de inteligencia son prioritarios para el gobierno (como el de la Gendarmería Nacional que es de mil 500 millones de pesos y que el PRD no objetó en el Congreso. Y es que todos ellos acuerdan en reforzar las leyes y las policías contra la población trabajadora para darle seguridades al capital. Esta es la “izquierda moderna y propositiva” -que reivindican los “chuchos”- que EPN necesita como garante de estabilidad de los negocios de los ricos y, que hace meses venían acordando para concretarla en el reaccionario y anti-obrero “Acuerdo por México”. Esto, contra las ilusiones de los miles que recientemente votaron por esta “izquierda” cada vez más derechizada. Por eso en la toma de posesión de Peña Nieto, el PRI acordó con el PRD una división de tareas para lograr una transición de gobierno blindada, donde las fuerzas represivas de la capital mostraran la dureza que ejercerán en este sexenio contra quienes cuestionen la política autoritaria y hambreadora del régimen de la alternancia.

Los primeros presos políticos del gobierno-PRD capitalino

Casi un mes mantuvo el gobierno del DF a los presos políticos que fueron duramente reprimidos sin importar su inocencia y el gran descontento popular que provocó esta medida de fuerza. Una acción que desgastó la imagen del PRD capitalino (medida a la cual no es ajena la dirección nacional de este partido) y del nuevo jefe de gobierno de esta entidad, que muestra así su subordinación a la línea política de su ex jefe Marcelo Ebrard. En medio de la crisis abierta en el PRD por la negociación de su dirección con el PRI y Peña Nieto para acordar un plan de gobernabilidad en el país que evite situaciones de inestabilidad (a través del “Acuerdo por México”), esta represión profundizó los roces entre las corrientes del PRD opositoras a la dirección nacional y a Ebrard-Mancera, dejando muy cuestionada la función del gobierno democrático” del PRD en la capital. Hay que remarcar que la política represiva del PRD, aunque mas derechizada que antes, no es nueva; y que durante los años previos avalaron todas las corrientes internas, incluido AMLO, que fue el principal referente durante muchos años. Si bien, estos elementos se sumaron a la decisión política de mantener a los presos del 1-D como rehenes del PRD y del PRI en la cárcel para inhibir el descontento social haciendo insostenible y muy costosa dicha decisiòn, fue la movilización popular de rechazo a la represión y provocación del gobierno federal y del gobierno local, la principal fuerza que determinó la liberación de todos los encarcelados. De tal forma que hasta los mismos diputados del PRD optaron por pagar las fianzas de los detenidos para posar de “democráticos”. Es decir, la liberación de los presos políticos (una exigencia que crecía día con día) no fue una graciosa concesión o el perdón de un gobierno “sensible” o “democrático”. Fue el resultado de la presión en las calles que tendía a transformarse en un movimiento nacional democrático por la liberación de los presos políticos (¡Presos Políticos libertad! fue la consigna que levantó en movimiento estudiantil del ’68), lo cual hizo muy costoso mantener presos a los compañero/as, ante lo cual el gobierno del DF optó una medida que le permitiese recomponer su imagen y recuperar credibilidad ante los votantes, pensando en las elecciones del 2013.

Esto fue lo que llevó al aparato jurídico y político del PRD capitalino a buscar una salida intermedia que, al modificar el artículo 362 que penaliza la protesta como terrorismo (eufemísticamente llamado “ataques a la paz pública”), permitiera liberar a los presos, dejando en la ambigüedad la nueva definición de delito de dicha ley, cambiándolo tramposamente por el de violencia a secas (generalizando así el delito). Pero además, en su interés por aminorar el descontento en las calles, las condenas de organismos internacionales de derechos humanos y el crecimiento de la movilización popular, el gobierno de Mancera prometió a la Liga de Abogados 1-D (formada expresamente para demandar la excarcelación de los detenidos) sobreseer las denuncias contra los detenidos. Sin embargo, una vez anunciada la liberación de los presos políticos, el gobierno del DF se “olvidó” de su promesa y los detenidos tendrán que seguir las diligencias correspondientes del caso. Es decir, fue una maniobra de Mancera para mantener el carácter intimidatorio y criminalizador del descontento del artículo 362, al mismo tiempo que busca aparecer como un gobierno justo. Sin embargo, a pesar de la propaganda de Mancera queriendo convencer que su gobierno no es represivo, es evidente que su policía, sus jueces y tribunales actuaron (a pedido del Gobierno Federal) contra los detenidos violando las leyes y los derechos humanos de los mismos, como Peña Nieto lo hizo en Atenco en el 2006. La condena en la Ibero (que dio origen al “#yosoy132”), alertaba contra este autoritarismo que Peña Nieto amenazaba imponer al justificar la represión en Atenco.

El costo político que este gobierno patronal y represivo tuvo que pagar como parte del acuerdo político firmado hace meses por la dirección del PRD con el equipo de “transición” de Peña Nieto, es demasiado para un partido de centroizquierda (cada vez más derechizado) que busca diferenciarse del PRI y el Pan en el camino a la presidencia del 2018. Tanto se subordinó al nuevo gobierno del PRI (con el que busca establecer relaciones institucionales), que la crítica mayor de la población es menos al PRI del represor Peña Nieto, que a las autoridades del DF que, utilizando los métodos del PRI, sacó a la calle grupos de choque que hicieron recordar a los halcones del 10 de junio de 1971 del “viejo régimen”. Esto es resultado del acuerdo con Peña Nieto, que al PRD le permitirá ser integrado al régimen como aliado (una “oposición responsable”) y cada vez menos como el “adversario” (institucional) de centroizquierda que fue durante varios años.

Una política independiente para lograr la libertad efectiva

Una vez liberados los presos políticos del 1-D, es necesario movilizarse hasta lograr la derogación del artículo 362 (cuya esencia recuerda a los artículos 145 y 145-bis bajo Díaz Ordaz), y el sobreseimiento de los delitos imputados a los compañeros recién liberados. La movilizacion en las calles fue lo que logró la liberación de todos los presos, combinado con la acción de la defensa legal, y es por ese camino como se impondrá la libertad absoluta de los mismos. Para ello hay que impulsar un gran movimiento nacional contra la represiòn, encabezado por las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, junto a las organizaciones juveniles, estudiantiles y populares. Evidentemente, el gobierno del DF y los asambleístas perredistas de la capital, tratarán de negociar o de influir a la Liga de Abogados 1-D para frenar la movilización en base a maniobras políticas, para recomponer el prestigio de Mancera y el desgaste del PRD. La Liga de Abogados tiene ante si el reto delimitarse de una política de agradecimiento al represor GDF, a la Asamblea Legislativa y los diputados del PRD por la salida de los presos, y actuar con una línea independiente alternativa a quienes presionen para que sea funcional a los planes de Mancera y el reposicionamiento electoral del PRD. La lucha contra la represión del régimen en su conjunto, y del gobierno perredista del DF que viene dando saltos de su derechización, requiere actuar con la más absoluta independencia política, y ajena a todo interés electoralista.

Desde la LTS-CC (cuyos militantes juveniles integran la Juventud Anticapitalista Socialista y Revolucionaria, y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas) participamos y apoyamos desde el primer momento de la lucha por la liberación de los presos. Junto a miles de activistas y organizaciones participamos de las movilizaciones, acciones de denuncia, los boteos, impulsando los campamentos en los reclusorios, y aportamos nuestra colaboración a la defensa legal, sumando a nuestros compañeros abogados a la Liga de Abogados 1 de Diciembre.

México, DF a 30 de diciembre del 2012