Por Isabel Infanta

La noticia de un horrendo femicidio ocurrido en Nueva Delhi, capital de la India, ensombreció el final del 2012. El dolor de una joven estudiante de 23 años, que el 16 de diciembre fue violada por mas de una hora y destripada con una vara de hierro por seis hombres, arriba de un autobús, y que tras ser arrojada del mismo aún en movimiento permaneció en la calle junto a su acompañante, también desnudo y malherido, durante decenas de eternos minutos de desidia policial, terminó con su muerte en un hospital de Singapur el 29 de diciembre pasado.

La brutalidad del hecho estremeció a mujeres y hombres a lo largo de la India y del mundo. La reacción de la población no se hizo esperar, salieron por miles a las calles en Nueva Delhi y en otras ciudades como Imphal, harta de la situación de opresión y violencia hacia las mujeres que aumenta día a día bajo la complicidad por acción y/u omisión de las instituciones del Estado.

Mujeres y hombres han protagonizado marchas y concentraciones frente a distintos organismos de gobierno, así como en el Jantar Mantar (observatorio astronómico donde se suelen concentrar las protestas en Nueva Delhi) e incluso algunos manifestantes llevan varios días en huelga de hambre. Organizaciones estudiantiles también se han sumado a lo que se transformó en una ola de indignación sin precedentes en el país.

La primera respuesta del gobierno fue la brutal represión. Decenas de heridos y presos y al menos un muerto fue el saldo de la carga con palos, gases y balas de la Policía. A pesar de la justeza de las demandas de los manifestantes, no era esperable otra respuesta de un régimen erigido sobre la base de la más ominosa opresión de las grandes masas laboriosas.

En la llamada “mayor democracia” del planeta, el dominio de la burguesía se apoya en las supervivencias del antiguo régimen de castas de origen precapitalista, ligado al hinduismo (religión predominante), donde la posición social de las familias y los sexos están predeterminados por nacimiento y es prácticamente inamovible. Así, en las castas privilegiadas, se encuentran las dinastías dirigentes del país donde las mujeres gozan de derechos y ocupan algunas posiciones políticas y empresariales importantes, mientras que en las castas inferiores se encuentran las grandes masas laboriosas y las mujeres ocupan el peldaño más bajo, transformándose en objeto de cambio frente a la pobreza extrema de las familias.

La agresión sexual es una dimensión velada de la realidad de la mujer india, ya que la denuncia de una violación suele significar aún más castigo para la víctima, que muchas veces es obligada a casarse con su violador como forma de “reparación” social, cargando con la vergüenza familiar, la indiferencia de las autoridades y la impunidad generalizada. Pero esa realidad incluye también otras dimensiones horrendas como el femicidio infantil (en ciertos estados de India nacen menos de 850 mujeres por cada 1000 hombres debido a esta práctica misógina), el casamiento infantil, la falta de educación, el trabajo no pago o mal pago en relación al hombre, la violación intrafamiliar y marital, la trata y tantos otros flagelos muchos de los cuales no son ajenos a las trabajadoras de nuestras latitudes.

La respuesta de las autoridades indias muestra la institucionalización de la violencia contra la mujer. La persistencia de las manifestaciones a pesar de las medidas del gobierno, que cerró los accesos del metro en la zona de protesta, prohibió concentraciones y reprimió directamente, obligó al primer ministro Manmohan Singh a tomar algunas medidas simbólicas, como recibir el cuerpo de la chica al ser repatriado y participar de las exequias, y prometer cambios legales todavía poco claros, con el fin de sacar a la gente de la calle. El único anuncio concreto fue el aumento de personal policial femenino en las comisarías, “para que las víctimas se sientan más cómodas para hacer las denuncias”. Sólo con ver las fotos de la represión a los manifestantes, en las que se observa personal policial femenino en acción, resulta evidente el carácter reaccionario de esta medida.

El juicio a los violadores asesinos se realiza ahora a puertas cerradas y bajo gran hermetismo, medidas dispuestas por la jueza para sacar el caso del ámbito público. Recién tras la denuncia realizada por el amigo de la víctima sobre la desidia de la Policía en la asistencia a la pareja, se anunció que se investigará la dudosa actuación policial durante el hecho. Sin embargo, la masividad, fuerza y persistencia de las movilizaciones expresan el quiebre de un largo silencio que se extendió como reguero de pólvora entre oprimidos y oprimidas y cuyo desarrollo podría poner en cuestión una de las manifestaciones más aberrantes de la opresión social en la región.