El año 2006 comenzó en Bolivia con un clima de “fiesta democrática” y amplias ilusiones y expectativas populares ante la asunción al gobierno de Evo Morales. Termina en medio de una larga y dura confrontación política con la derecha de resultados aún indefinidos, mientras aparecen cada vez más evidentes los estrechos límites del proyecto reformista del MAS frente al peso de la opresión imperialista y las penosas condiciones de vida de las masas del campo y la ciudad. En este artículo presentamos las líneas generales de un balance estratégico y político del proceso boliviano, y de una política obrera revolucionaria para intervenir en el mismo.

I. BOLIVIA SIGUE SIENDO UN “ESLABÓN DÉBIL” EN EL ORDEN SEMICOLONIAL REGIONAL

En un contexto de estabilización relativa en el Cono Sur, Bolivia sigue siendo un foco de inestabilidad política y agudas tensiones entre las clases.

La erosión de la hegemonía norteamericana alienta la “indisciplina” entre las semicolonias latinoamericanas, configura un cuadro de crisis en el orden regional, aunque amortiguado por la coyuntura de bonanza económica y el giro pragmático en la diplomacia de Washington en América Latina, más contemporizador incluso frente al gobierno de Chávez.

Esto crea una situación muy fluida y plagada de contradicciones entre los estados locales: sin que pueda consolidarse ni el polo proyanqui que promueven México, Colombia, Perú y Chile -afectado sobre todo por la debilidad de EE.UU.- ni el polo de regateos bajo los gobiernos “progresistas”, pese a que los recientes triunfos de Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador y la reelección de Chávez fortalecen este último polo. El discurso “integracionista” no logra articular una alternativa que vaya más allá de la retórica, en medio de constantes roces, como muestran las constantes disputas entre los socios del MERCOSUR y la resistencia a que se consolide un “liderazgo regional” de Brasil.
En este marco, la política regional hacia Bolivia puede sintetizarse en pocas palabras: contención, gas y rivalidades geopolíticas.

– Son los gobiernos de Brasilia y Buenos Aires los que juegan el rol más activo como garantes de la contención del proceso político boliviano, presionando para encuadrar en ciertos márgenes al gobierno del MAS y estabilizar al país. Este papel de los gobiernos vecinos es alentado por Washington, que mantiene una cauta actitud incluso frente a problemas irritantes como la política de erradicación de cultivos de coca. Chávez, que se ubicó como “consejero” de Evo Morales desde una retórica nacionalista, no ha dejado de colaborar en este esfuerzo como “pata izquierda” de la contención.

– Una cuestión decisiva es el gas, pues las grandes reservas que posee Bolivia son un elemento clave para los planes regionales de las transnacionales del petróleo y por tanto, un ingrediente central en las presiones de los gobiernos vecinos sobre Bolivia. Lula actúa defendiendo los intereses de Petrobras (que necesita el fluido boliviano para abastecer a la industria paulista) y Kirchner de REPSOL (que lo precisa para sostener su control del mercado gasífero del Cono Sur). Ambas, cuyo rol en los planes de integración energética regional es decisivo, son las transnacionales con mayor peso en Bolivia.

– Al mismo tiempo, las mezquinas rivalidades geopolíticas entre los distintos estados sudamericanos se manifiestan en su regateo por el gas y la influencia sobre Bolivia. Brasil tratando de afirmar su papel regional al tiempo que los intereses de Petrobrás; Argentina dispuesta siempre a molestar a su poderoso vecino a la vez que promover los acuerdos con REPSOL. Venezuela busca sumar a La Paz al “eje bolivariano” pero pese a sus estrechas relaciones con Evo, en los últimos meses ha habido cierto “entibiamiento”. Chile trata de mejorar sus históricamente difíciles relaciones con Bolivia para abrir la posibilidad de acceso al gas y promover sus propios intereses comerciales al mismo tiempo que presentarse como un aliado confiable para Estados Unidos, con algún grado de influencia regional.

Ante este juego de tensiones, Bolivia tiene una posición muy débil y a su extrema dependencia del imperialismo, hay que añadir la presión de los estados vecinos, semicolonias mucho más fuertes. Esto explica la pragmática política internacional del MAS, que combina la retórica nacionalista y antinorteamericana del brazo de Chávez y Fidel con la gestión de un nuevo acuerdo comercial con EE.UU., las oscilaciones entre Brasil, Argentina y Chile, que por diversos intereses económicos y geopolíticos, tratan de influenciar en el Altiplano, etc. El gobierno de Evo Morales, sin romper con el orden semicolonial y cediendo a la presión “moderadora”, busca regatear frente a las presiones imperialistas y mejorar las condiciones en su negociación con los países vecinos, como abastecedor de gas en “asociación estratégica” con las transnacionales, habiendo sellado con los recientes contratos petroleros un pacto que determina las líneas generales de esta inserción subordinada.

II. EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN UNA FASE TRANSITORIA

Este marco regional influye fuertemente sobre el proceso político boliviano, favoreciendo las tendencias reaccionarias, aunque sin lograr asentar categóricamente la situación.

La asunción de Evo Morales al gobierno hace un año consolidó la apertura de una situación transitoria en la lucha de clases, en el marco de la etapa revolucionaria abierta por el levantamiento insurreccional de octubre de 2003. Esta situación transitoria, de carácter indefinido, entraña agudas contradicciones económicas, sociales y políticas y está enmarcada por el intento de contener y desmontar el ascenso de masas a través del programa de reformas limitadas del MAS.

Esta situación transitoria se caracteriza por: a) el peso de las concesiones democrático-formales que incluye el “desvío”, vistas por las masas como el logro de elegir un gobierno considerado “propio” por amplios sectores populares; b) el proceso de la Asamblea Constituyente que, entre muchas contradicciones, canaliza los principales debates políticos y las ilusiones de las masas; c) un gobierno legitimado electoral y socialmente, con el que la clase dominante, aún cuando haya sectores fuertemente hostiles, no desea romper, pues es la única contención posible y espera poder moderar sus ímpetus reformistas, mientras que el gobierno, trata de estabilizarse en términos “moderados” y llegar a compromisos con la burguesía en su conjunto; d) una coyuntura económica favorable, con un record en exportaciones y una reactivación interna que permiten que toda la burguesía esté haciendo buenos negocios, además de las perspectivas de la venta de gas; e) elementos reaccionarios (como la represión a algunas luchas -“sin techo” de Oruro, cocaleros de Vandiola-, campaña masista contra el sindicalismo docente por “trotskista”, etc.) que alientan a la oposición derechista y son desfavorables a las luchas y a los sectores de vanguardia.

Es evidente que a lo largo del año, la política de conciliación de clases instrumentada por Evo Morales y García Linera ha permitido amortiguar las tendencias más revolucionarias de la lucha de clases, desmovilizando y canalizando las expectativas de las masas hacia su programa reformista a través de la Constituyente y otras medidas moderadas (coca, tierra, etc.), aunque sin clausurar el proceso revolucionario. Pero cuanto más avances logra en este camino, más alimenta la recuperación de la reacción, que desconfía de los planes reformistas y quiere reducir al mínimo los costos económicos, sociales y políticos de la estabilización. Esto repolariza todo el escenario político y social y está en las bases de la actual larga confrontación entre el gobierno y la derecha regional y política. Todo esto mantiene la indefinición de la situación -sujeta a bruscas oscilaciones y cambios imprevisibles-, dejando abierta la posibilidad de un salto en la crisis política, de posibles irrupciones de masas o intentos contrarrevolucionarios. En la evolución de la situación será decisivo tanto el grado en que logre asentarse el proyecto reformista del MAS, como los ritmos de la experiencia política que pueda hacer el movimiento de masas.

III. EL GOBIERNO DEL MAS

La llegada de Evo Morales al gobierno abrió un amplio debate en la izquierda en torno a su carácter y proyecciones y qué posición adoptar frente al mismo y sus medidas.

Desde un comienzo afirmamos claramente que el gobierno de Evo Morales no era la representación directa de los “movimientos sociales” accediendo al poder por “vía democrática”, como decían las corrientes populistas y muchos autonomistas. Desde el principio, también, sostuvimos que era un gobierno frentepopulista, llamando a no darle el menor apoyo político. En caso de ataques de la reacción y el imperialismo, sostuvimos que correspondería participar en el mismo campo militar, llamando a las masas a actuar con sus propios métodos y su propio programa, sin deponer ni por un instante la tajante delimitación política frente al MAS.

Esta posición de principios nos valió ataques polémicos de otras corrientes, como el PO-CRCI, que rechazaron esta caracterización para defender otras más ambiguas que les permitieran justificar su línea oportunista de “apoyo crítico” electoral.

Creemos que un año de gobierno masista corrobora en lo esencial el acierto de nuestra caracterización como un gobierno frentepopulista que se apoya en las organizaciones sindicales, campesinas y populares para desviar y contener el ascenso de masas en los marcos de la colaboración de clases con la burguesía nacional, detrás de un proyecto de reformas limitadas, respetando los límites del orden burgués semicolonial.

Es secundario que la forma política no esté representada por partidos obreros reformistas aliados a la “sombra de la burguesía”, sino por un movimiento populista-reformista cuya base principal está en el movimiento campesino, plebeyo e indígena.

Por otra parte, también se equivocaron quienes ponían un signo igual entre Chávez y Evo, considerándolos ejemplos de gobiernos “nacionalistas revolucionarios”. Así embellecían a Evo y a Chávez y exageraban el nivel de enfrentamiento con el imperialismo, pues no han tomado ninguna medida nacionalista de importancia, ni siquiera como las adoptadas por el tipo de gobiernos que son su referencia histórica, como fueron el de Cárdenas en México, Perón en Argentina o el primer gobierno del MNR en Bolivia. Estos tuvieron choques de importancia con el imperialismo o con sectores de las clases dominantes nativas, pero sin llegar a la ruptura, desnudando los límites de todo nacionalismo burgués. Mucho menos pueden ser calificados de “revolucionarios”.

Más allá de las semejanzas entre los gobiernos de Chávez y Evo Morales en cuanto al discurso nacionalista y antiyanqui y otros rasgos, guardan diferencias de mucha importancia como tipos de gobierno.

El gobierno de Chávez en Venezuela puede ser definido como un gobierno con rasgos bonapartistas sui generis de izquierda, para recuperar la categoría elaborada por Trotsky, pues su sostén principal son las fuerzas armadas -una institución del estado burgués- recurriendo al apoyo controlado de masas para contar con mayores márgenes de maniobra frente al imperialismo y erigirse en árbitro entre las clases nacionales, y entre el conjunto de la nación oprimida y el imperialismo. En cambio, el gobierno de Evo Morales se apoya en el movimiento de masas a través del MAS -una organización de masas, no un órgano del Estado- y su relación con las clases subalternas es muy distinta, pues debe actuar ante un auge de masas que ha abierto una etapa revolucionaria.

El MAS busca mostrarse como un gobierno “normal”, “responsable”, para ganar la confianza de la burguesía, que no lo considera como “un gobierno propio”, pero al mismo tiempo, necesita retener la dirección de las masas y cultivar sus ilusiones. De hecho, el objetivo del gobierno del MAS es diluir su dependencia de las masas y apoyarse cada vez más en los órganos del Estado -y Evo en persona no cesa de llamar a las FF.AA. a “sumarse al proceso de cambio”-, para consolidar su capacidad de arbitrar entre los intereses antagónicos de las clases y frente al capital extranjero en los marcos del estado burgués. Sin embargo, está aún lejos de haber completado esta evolución y sigue primando la dependencia de las masas como principal apoyo, al mismo tiempo que necesita demostrar a la clase dominante que es capaz de contener el ascenso en los marcos de la conciliación de clases y garantizar la “paz social”.

Precisamente, la clase dominante toleró el acceso del MAS al gobierno como única carta viable para desmontar el proceso revolucionario iniciado en el 2003. El MAS en el poder, es decir, al frente del estado burgués semicolonial, está cumpliendo a rajatabla con este rol actuando en una situación donde los embates de masas han golpeado duramente un Estado y un régimen débiles y en profunda crisis. El auge de masas alcanzó en Bolivia una gran radicalidad en los métodos y en la acción, por ello el MAS desde el gobierno evita cuanto puede apelar a las masas, conciente de la posibilidad de desborde.

Pero esa tarea de contener y desmontar el proceso revolucionario está entrelazada con las contradicciones de una pequeña nación semicolonial, empobrecida y asfixiada por la secante dominación imperialista que en las dos últimas décadas impuso condiciones cuasi-coloniales: en lo político, la ingerencia directa del imperialismo en los más diversos terrenos, entre ellos, las políticas de erradicación de la hoja de coca (por muchos años bajo control de efectivos de inteligencia y militares de EE.UU.); en lo económico, la enajenación de las palancas fundamentales de la economía y en particular, de los hidrocarburos, entregando en condiciones leoninas a las transnacionales las reservas de gas y por tanto, la enorme renta potencial derivada de su futura extracción. Al mismo tiempo que los antagonismos sociales se agudizaron extraordinariamente, el Estado se convirtió cada vez más en un órgano directamente subordinado a las fracciones más fuertes del capital, es decir, en primer lugar, la nueva rosca o stablishment estrechamente ligada al capital extranjero, perdiendo así capacidad de mediación y de legitimación ante las clases subalternas.

Esto llevó a una profunda y explosiva crisis estructural (“crisis nacional general”), a una crisis orgánica de la hegemonía burguesa (manifestada en el derrumbe de la “democracia pactada” y sus partidos) y al auge de masas que alcanzó agudos niveles de lucha de clases, con estallidos intermitentes de guerra civil como el levantamiento insurreccional de octubre del 2003. Estos son los elementos centrales de la etapa revolucionaria que siguen latentes.
Para cerrarla, el MAS busca ampliar los márgenes para la acumulación capitalista dependiente negociando un alivio de esas condiciones con el capital extranjero. Al mismo tiempo, intenta construir un nuevo régimen político que le devuelva cierto grado de autonomía relativa al Estado, incorporando algunas concesiones básicamente democráticas a las masas, como alrededor de la secular opresión indígena o en la cuestión de la tierra, que reconozcan la nueva relación de fuerzas entre las clases nacionales y frente al imperialismo.

Este carácter frentepopulista se expresa en el discurso político nacionalista, populista e indigenista de Evo, apelando al pueblo pobre e indígena (aunque evitando incitar la movilización); en la relación directa que mantiene con algunos de los “movimientos sociales” más combativos en la última etapa, como los cocaleros, en los gestos simbólicos de la “revolución democrática y cultural” y las promesas de cara a la Constituyente.

Este carácter se expresa también en la composición del gabinete ministerial, donde junto a sólidos elementos burgueses (como el ministro de Obras Públicas, Salvador Ric, que posee una fortuna de 30 millones de dólares o el de Defensa, Walker San Miguel) revistan figuras de extracción indígena y popular, cuya tarea es reafirmar la imagen de “participación popular” como el ex burócrata fabril Alex Gálvez (Ministro de Trabajo); o la Ministra Rodríguez, ex dirigenta de las trabajadoras del hogar integrada a la burocracia dorada de las ONG.
El papel de “sombra de la burguesía” en el gobierno lo cumplen no sólo esas figuras burguesas o las ligadas al stablishment (como el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas o el de Planeamiento, Hernando Larrazábal) sino también sus aliados progresistas como el alcalde de La Paz, Juan del Granado y su partido, el MSM, que desde hace largos años gobierna conviviendo con el MNR y aplicando los planes urbanos que promueve y financia el BID.
Además, han cobrado peso creciente en el MAS y en los ministerios sectores de la intelligentsia progresista de las ONG financiadas por la “cooperación internacional” (léase socialdemocracia y otras agencias imperialistas) o ligadas a la iglesia, así como sectores “clasemedieros”, es decir, de la pequeña burguesía urbana, reduciendo considerablemente el peso de los dirigentes campesinos y plebeyos.

Así, desde el punto de vista social, los estratos dirigentes del MAS representan la alianza entre un sector de la burocracia sindical campesina y obrera, remanentes de la vieja izquierda reformista (ex stalinistas y maoístas), y un ala intelectual pequeñoburguesa ligada a las ONG y la Iglesia, apoyándose en los “movimientos sociales” de base campesina y popular. El programa tibiamente reformista de “revolución democrática y cultural” y “capitalismo andino”, sin afectar la gran propiedad privada ni romper con el imperialismo, refleja los intereses de la pequeña burguesía de origen plebeyo y de la baja burguesía que después de haberse expandido en los años ’90 a la sombra del programa neoliberal, se ve arrinconada y asfixiada por el gran capital y necesita el auxilio del Estado para seguir prosperando.

Para esa capa, se trata en última instancia de consolidarse como una “nueva élite” de origen plebeyo, en la administración reformista del Estado semicolonial, en alianza con sectores de la tecnocracia estatal formada en el neoliberalismo de los últimos años, que conservan sus puestos y buena parte de su influencia.

El MAS y su relación con el movimiento de masas

El rumbo “moderado” del gobierno y su necesidad de organizar la conciliación de clases en los marcos de la democracia burguesa se refleja también en la evolución del MAS como organización política de masas. La cúpula dirigente busca mayor autonomía respecto a los “movimientos sociales” y un funcionamiento más adecuado a su rol en la gestión del Estado semicolonial. Pretende “disciplinar y organizar al partido” para contar con un instrumento dócil como mecanismo de transmisión de la política gubernamental y organizador sólido de la contención.

El MAS está cada vez más lejos de la “mezcla explosiva de partido y sindicato” que a pesar de su carácter reformista preocupaba a la burguesía en el 2002. A pesar de su heterogeneidad y el carácter de movimiento laxo, es hoy el principal partido nacional, con miles de cuadros en las municipalidades, el parlamento y la administración estatal, dirigidos por una cúpula que ha demostrado habilidad política a pesar de su inconsistencia y oscilaciones. Por otra parte, la heterogeneidad del MAS se refleja en la no siempre fácil convivencia entre el bloque que encabeza Evo, socialmente más plebeyo y ligado a las organizaciones de masas y políticamente más populista y nacionalista; con sus principales socios, como el representado por García Linera, con un sesgo político más “pactista” con la burguesía.
Un “mapeo” del MAS muestra una heterogeneidad mayor que la división entre “clasemedieros” e “indígenas” que hacen los propios masistas:

– La mayoritaria corriente histórica de Evo, nucleada en torno al “equipo cocalero”, clave del movimiento como mediación de masas y del proyecto de conciliación de clases con una retórica indigenista, populista y nacionalista;

– La influyente tendencia dirigida por García Linera, pequeñoburguesa y sin lazos orgánicos con las masas pero con apoyo en las ONG y la intelectualidad “progresista” y acuerdos con ministros como De la Quintana, Villegas, Larrazábal, etc., importante por su peso en el gobierno, tendencia que más presiona por acuerdos y pactos con la clase dominante y el imperialismo.

– Elementos provenientes del reformismo más clásico (de origen ideológico stalinista, maoísta o guevarista) reciclados en el MAS en puestos parlamentarios y gubernamentales, que hacen hincapié en “organizar el partido” para consolidar su influencia aunque siguen la línea general de Evo Morales;

– Un ala izquierda burocrática subordinada a Evo, con figuras como Román Loayza, basada en los “movimientos sociales” campesinos y plebeyos, con gestos más radicales pero sin diferencias programáticas profundas;

– El núcleo de intelectuales indigenistas, con figuras como Patzi o el canciller Choquehuanca, sin lazos orgánicos con las masas, que aunque tiene posiciones muy moderadas, con sus gestos indigenistas y sus pretensiones de poder es un factor de fricción con la burguesía y los aliados del MAS;

– El debilitado grupo de extracción nacionalista alrededor de Solís Rada;

– Otros sectores pequeñoburgueses de derecha como los aliados del MSM, los constituyentes “clasemedieros”, etc., sin peso de masas pero que juegan un rol importante como contrapeso moderador y puente con la burguesía.

Esta heterogeneidad da pie a frecuentes roces y peleas de camarillas como la protagonizada entre Salvador Ric y el diputado Gonzalo Torrico por el control de una parte del presupuesto (vivienda, ex FONVIS, etc.), las pugnas en varias municipalidades de Cochabamba, la toma de distancia de dirigentes cruceños frente a la política del MAS frente a las autonomías y los “2/3”, etc. O la actual división entre los constituyentes masistas, con un ala “indígena” que se resiste a hacer mayores concesiones a la derecha.
En este marco, el reciente VI° Congreso parece haber sido un punto de inflexión, con Evo en persona frenando a los dirigentes campesinos y plebeyos que pedían “más participación de los movimientos sociales en el Estado” (acusándolos de “buscapegas”). Evo busca reafirmar su propia hegemonía y rol de árbitro en el seno del MAS, así como poner coto a las crecientes pugnas internas, en particular en la Constituyente.

Siendo el MAS un movimiento heterogéneo de carácter pequeñoburgués y base social plebeyo-campesina, está en marcha una importante diferenciación interna: la capa dirigente asciende como parte de la nueva élite plebeya inserta en funciones estatales, comienza cierto distanciamiento de los “movimientos sociales”. Salvo con los cocaleros, que son base constitutiva, orgánica, del MAS, la relación con otras organizaciones de masas es más laxa, más débil y basada en acuerdos. El MAS no ha desarrollado una amplia militancia política de base y organizada como partido. Por todo ello, por ahora parece más probable que los procesos de diferenciación política tiendan a expresarse en un distanciamiento de las organizaciones sindicales y, dentro de ellas, en la caída de los dirigentes más ligados al gobierno, antes que en la formación de corrientes progresivas al interior del MAS (aunque no podemos descartar de antemano que si hay radicalización de masas, no puedan surgir tendencias políticas que evolucionen a izquierda). Anotamos esto que contra los que esperaban el pronto desarrollo de una “izquierda revolucionaria” en el MAS como justificativo de su “apoyo crítico”, de la búsqueda de un “frente único antiimperialista” o hasta del “entrismo”.

IV. UN AÑO DE CONCILIACIÓN Y EL PACTO CON LAS PETROLERAS

A lo largo del año, el gobierno de Evo Morales-García Linera ha mostrado un rumbo consistente hacia el centro, por debajo de las oscilaciones a izquierda y de los gestos y discursos nacionalistas e indigenistas. Bajo la táctica de “amagar pegar para terminar negociando” no ha cesado de buscar la concertación con empresarios, terratenientes y transnacionales. Como gobierno esencialmente pequeñoburgués oscila entre presiones, pero si sus virajes a derecha son claramente más consistentes y profundos, los gestos y oscilaciones a izquierda (como las concesiones a Huanuni) son limitados, circunstanciales, subproducto de grandes luchas de masas y no alteran la curva fundamental. La clave es que el gobierno, incómodo con su dependencia relativa de las masas y ante la desconfianza de la clase dominante, quiere evolucionar hacia un gobierno burgués más “normal”, aunque es importante clarificar que esto no significa, al menos por ahora, la liquidación del carácter frentepopulista.

Toda la política aplicada durante el primer año de gobierno ilustra la voluntad sin fisuras de concertación con la burguesía y el capital extranjero, respetando los lineamientos generales de la racionalidad económica y financiera heredados del neoliberalismo. Tomemos unos pocos ejemplos centrales: la política hidrocarburífera, la política agraria y la minera.

El MAS presentó la firma de los nuevos contratos con las petroleras, entre el 27 y 28 de octubre, como la ratificación de la “nacionalización inteligente, consensuada” anunciada con el Decreto Supremo 28.701, que permitía “recuperar el gas para la Nación”. Nada mejor para desmentir su retórica nacionalista, que la satisfacción de los voceros de las transnacionales y del conjunto de la burguesía.

“Bien hecho!” se tituló el editorial de la revista especializada Energy Press n° 318, saludando que el convenio de exportación de gas a Argentina “y la firma de los contratos devuelven la certidumbre al país y a los inversionistas (...) se crean las condiciones para viabilizar las importantes inversiones que se requieren para el desarrollo del sector”.

“La buena noticia de la firma de los contratos (...) ha sido bien recibida por toda la población, la mayoría de los analistas e inclusive por los partidos de la oposición”, se congratuló en la misma publicación Francesco Zaratti, especialista en hidrocarburos y figura clave en el gobierno de Carlos Mesa, subrayando que “el gobierno recapacitó y asumió una postura realista y pragmática en bien del país, dejando de lado la ideología híbrida del DS 28.701”.
Son innumerables las declaraciones de similar tono, pero una que sintetiza bien la visión de la industria la proporcionó el secretario de Estado español de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, quien consideró el acuerdo entre Repsol YPF y el gobierno «muy positivo y una noticia muy buena», «beneficioso para Bolivia, para la empresa y para España» y Repsol mostró su satisfacción con el nuevo contrato ya que «garantiza la rentabilidad de las inversiones realizadas hasta ahora» y «está en línea con el compromiso público del presidente de Bolivia para garantizar un marco de seguridad jurídica para sus inversiones, un principio que Repsol considera indispensable para el desarrollo de la actividad en el país». Petrobras, Total, y demás empresas se ubicaron en la misma línea de complacencia y todas firmaron los nuevos contratos.

Es cierto que faltan numerosos detalles en la “letra chica” que acompaña a los contratos (reglamentos, resoluciones ministeriales y normas de producción, comercialización, etc.) y que las petroleras, pese a los pedidos del gobierno, siguen tomándose su tiempo para definir las nuevas inversiones, por lo que no pueden descartarse nuevas fricciones. Sin embargo, el marco general está dado y favorece claramente a las petroleras.

En suma, el Estado boliviano renuncia a la nacionalización, se limita a establecer nuevos contratos que permiten un cierto grado de control y participación estatal (a través de la refundación de YPFB) y un aumento de regalías e impuestos, pretendiendo que la “asociación estratégica” con las transnacionales que seguirán controlando el núcleo de la producción y exportación gasífera y haciendo enormes ganancias a costa del país, será beneficiosa para Bolivia. En realidad, se consolida la relación de dependencia y expoliación aunque en términos más moderados. Bolivia sólo será un abastecedor subordinado de gas a precio moderado, a largo plazo y en grandes volúmenes para las transnacionales y sus esquemas de negocios en los mercados de Brasil, Argentina y el Cono Sur.

En cuanto a la nueva ley de tierras votada en el Congreso, aunque Evo habló una y otra vez de “revolución agraria”, la misma se limita a modificar la reaccionaria Ley INRA -una ley de contrarreforma agraria- garantizando la gran propiedad privada de la tierra siempre que sea “productiva” y cumpla la “función social”, sin establecer siquiera límites a la extensión, con lo cual la gran mayoría de los latifundios queda a salvo de cualquier expropiación. Además, el MAS pactó prolongar por otros siete años el proceso de “saneamiento de tierras” dándole un tiempo suplementario a los terratenientes para asegurarse la propiedad jurídica de vastas extensiones de tierra malhabidas bajo las dictaduras o simplemente expropiadas de hecho a los pueblos originarios de Oriente.

La política minera del gobierno es tan privatista que no sólo entregó el estratégico yacimiento de hierro y manganeso de El Mutún a la transnacional india Jindal Steel, sino que sólo la heroica acción obrera de los mineros asalariados de Huanuni frenó el intento de privatizar ese rico yacimiento de estaño -derrotando a punta de dinamita el asalto montado entre los dirigentes cooperativistas liados al MAS y el ministro Villarroel-. Al fracasar este intento el gobierno cambió a su ministro y debió reconocer la nacionalización de Huanuni, así como un plan de reclutamiento como asalariados de los cooperativistas pobres que es una importante concesión a la lucha obrera aunque no cambia la política minera de conjunto, como muestra la “seguridad jurídica” reiterada a las inversiones extranjeras en marcha en el sector minero.

V. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LA APUESTA ESTRATÉGICA POR EL GAS

Estos son dos importantes puntos de apoyo para amortiguar las contradicciones económico-sociales y “aceitar” el intento de estabilización reformista.

Después de la larga recesión de 1998-2002, la economía boliviana se encuentra en el cenit de una fase de crecimiento. En 2006 el PBI creció más del 4,5%. Las exportaciones llegaron a un récord histórico de más de 3.500 millones de dólares. Las reservas internacionales acumulan 3.000 millones de dólares. Por primera vez en 34 años las cuentas fiscales arrojan superávit. Aunque el endeudamiento interno es alto -unos 2.500 millones de dólares-, el peso de la deuda externa tiende a reducirse (incluso con concesiones del FMI y el BM), mientras que la capacidad de pago del Estado crece gracias a los mayores ingresos por impuestos y regalías hidrocarburíferas.

Todas las fracciones de la burguesía están haciendo buenos negocios y acumulando ganancias. La posible prolongación del “acuerdo de preferencias arancelarias” (APTDEA), que facilita importantes exportaciones manufactureras a EE.UU. disminuye en lo inmediato el riesgo de una crisis inminente en el sector. Si bien hay una aguda polarización del crecimiento y no hay redistribución desde el punto de vista del salario ni una mejora substancial en la economía popular, esta bonanza amortigua levemente la angustiosa situación de las masas, y facilita la actuación del gobierno que no necesita aplicar medidas antipopulares (como un aumento de los combustibles) y puede incrementar el gasto social y las obras públicas, como anticipa el modesto pero bien publicitado bono escolar “Juancito Pinto”.

El pacto con las transnacionales petroleras y la perspectiva de expansión a largo plazo de las ventas de gas a Brasil y Argentina tienen grandes efectos:

– Son un importante aval al gobierno del MAS, a su moderación, pragmatismo y realismo, ante los ojos del imperialismo y de la clase dominante en su conjunto.

– Prácticamente todas las expresiones de la clase dominante saludaron la firma de los nuevos contratos. Casi toda la burguesía ve con buenos ojos los acuerdos que dejan en manos del Estado una cuota adicional de la cuantiosa renta gasífera, lo que además de aliviar los crónicos problemas fiscales y engrosar el fondo disponible para la inversión, será en buena parte rápidamente canalizado a través de los complejos sistemas de regalías e impuestos, hacia los diversos sectores y regiones.

– Al destrabarse el gran negocio de la exportación gasífera a Brasil y el Cono Sur, lo que implica la perspectiva de movilización de grandes inversiones y un enorme movimiento económico en las próximas décadas, el conjunto de la clase dominante boliviana se frota las manos. Tiene ante sí la posibilidad de un “ciclo del gas” que imagina comparable al del estaño, es decir, base para una reinserción favorable en el mercado internacional (ahora regional) y un nuevo ciclo de acumulación ampliada.

VI. LA CRISIS POlà TICA Y LA PRUEBA DE FUERZAS CON LA DERECHA

Pero ¿por qué, si la política del MAS es tan moderada y la coyuntura económica tan favorable, el clima político se ha enrarecido al extremo y la oposición regional y política se ha lanzado a una cruzada tan dura en torno a los “2/3” y la exigencia de autonomías departamentales?
La espiral de confrontación con la oposición reaccionaria detonó a fines de agosto, con el empantanamiento en la Constituyente. Lo que está en discusión son los marcos en que el gobierno arbitrará el pacto constituyente que regirá los destinos del país por años, los límites y condiciones en que el MAS dirigirá el rediseño estatal e impulsará su programa de reformas, la política agraria, etc.

El MAS reclama “manos libres” para hacer valer su peso social y su enrome legitimación electoral. La derecha regional y política ve este intento con gran desconfianza y exige el mayor grado de concesiones y garantías previas, sintetizadas en los “2/3” y el reconocimiento previo de las autonomías departamentales, con lo que al mismo tiempo busca preservar sus espacios políticos e impulsar su propio programa conservador. El gobierno lee esta exigencia como una maniobra para bloquear la Constituyente o condenarla a la intrascendencia y como dice García Linera, les pide que “reconozcan que son una minoría política, que han sido derrotados y que por años habrá otra mayoría”.

En una primer fase, agosto-septiembre, la derecha lanzó una fuerte ofensiva, con paros cívicos en el Oriente, recuperando terreno y base social entre la pequeña burguesía urbana, (incluso entre sectores que habían votado por el MAS), con un duro discurso contra el supuesto “totalitarismo” oficial, exigiendo “respeto a la ley” y al reclamo autonomista de los departamentos de la “media luna”. En medio de la creciente polarización social y política y una serie de hechos que expresaban su debilitamiento y dificultades, el gobierno viró a la derecha, retrocediendo incluso de sus modestos planteos seminacionalistas iniciales, con importantes concesiones como en la propuesta de reforma educativa (cediendo a las presiones de la Iglesia y los empresarios privados), o dejando caer al ministro de Hidrocarburos -Solís Rada- para ir a una negociación más blanda con las petroleras.
La crisis política evolucionó hasta llegar a su pico más agudo con el estallido de Huanuni -5 y 6 de Octubre-, tras lo cual se dieron importantes movilizaciones de solidaridad de la COB y COD-Oruro [1], insinuando un comienzo de intervención de los trabajadores; mientras por derecha se sucedían paros reaccionarios del transporte. Todo esto en medio de un enrarecido clima político donde no pocos analistas señalaron la tendencia a la “udepización”  [2] del MAS (o sea, a un agotamiento acelerado, jaqueado entre la derecha y el descontento popular). La acción de los mineros asalariados puso un límite al giro reaccionario de la coyuntura y el obligado cambio de política hacia Huanuni le permitió al MAS, gracias al apoyo de la dirección sindical, reverdecer expectativas entre los mineros y otros sectores críticos, mientras la derecha amainó en su ofensiva.
El pacto entre las petroleras y el gobierno, anticipado por el acuerdo Evo-Kirchner y sellado con la firma de los contratos el 27 y 28 de octubre marcó un punto de inflexión de suma importancia en el proceso político, cerró la primer fase de la larga crisis política de dos meses y planteó un realineamiento en las relaciones entre el gobierno y el conjunto de la clase dominante, más satisfecha con el pragmatismo masista que destraba un negocio estratégico como es el del gas.

Por eso, después de la firma de los nuevos contratos petroleros, el gobierno se sintió fortalecido para avanzar en el frente político, lanzando iniciativas que siendo moderadas en extremo, buscan avanzar en la Constituyente y poner límites a las élites regionales y sus pretensiones autonomistas.

Así hizo votar en Sucre el crítico Art. 71 del reglamento de debates, que permite aprobar los artículos de la futura Constitución Política del Estado (CPE) por mayoría absoluta (50 % más 1 de los votos), aunque reafirmando que se aprobarán por dos tercios de votos de los miembros presentes el texto -de hecho el MAS renunció a su posición original de “mayoría absoluta” para proponer una “fórmula mixta”-. Con esto buscaba recuperar libertad de movimiento, aflojando el cerrojo que el mismo MAS había aceptado al pactar con la derecha la ley de Convocatoria. También sancionó en la Cámara de diputados la modificación de la ley INRA sin “consensuar” con la oposición su paso al Senado (donde poco después impuso su aprobación pese al boicot de la derecha). Además anunció un proyecto para darle al Congreso la potestad de fiscalizar a los prefectos.

De esta forma, desde mediados de noviembre, se abrió una segunda fase en la crisis política. El MAS se apoyó en la fisura entre la actitud más “comprensiva” del imperialismo y los gobiernos vecinos, las transnacionales y sectores importantes de la clase dominante; y la beligerante hostilidad de la derecha política y regional, expresión de los sectores más conservadores de la burguesía. El gobierno logró un éxito político táctico inicial, perforando el boicot de los representantes de PODEMOS, UN y MNR en el senado para aprobar la nueva ley agraria, un paquete de 44 contratos petroleros y otras importantes decisiones.
Sin embargo, la derecha política y el bloque autonomista mantuvieron una feroz resistencia a esta ofensiva política, llevando al extremo las tensiones, como mostraron los masivos paros cívicos del 15 de diciembre en cuatro departamentos en medio de un clima racista y en el caso de Santa Cruz, con un ala ultra que levantó la consigna de “independencia”. El nivel de aguda polarización social y política se expresó en los incidentes en San Julián (intento campesino de impedir el paso de manifestantes autonomistas hacia la ciudad de Santa Cruz) y en San Miguel de Velasco y otras localidades chiquitanas (represalias contra dirigentes sindicales y del MAS, quema de puestos de mercado por ser “collas”.).

El bloque de los prefectos y cívicos logró “rayar la cancha” desplegando su programa y sus exigencias fundamentales: autonomía administrativa, manejo de los recursos naturales y de su propia política de tierras, etc. y poniendo en marcha una política para imponer “autonomías de hecho” bajo la amenaza de desconocer la Constituyente si ésta “se excede” y no contempla sus demandas o va más allá de lo que consideren aceptable. Pero no logró torcerle el brazo al gobierno ni amplificar su influencia a nivel nacional.

El año termina sin una clara definición en esta larga crisis política, pero el gobierno se afirma a nivel nacional, obtiene una relativa victoria política y mantiene su política de no atarse formalmente a las exigencias de la oposición aunque cediéndole nuevas concesiones.
De conjunto, la derecha, a pesar de su recuperación, muestra limitaciones y divisiones importantes:

– El bloque autonomista mostró su relativa fortaleza y articulación en torno a los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y los comités cívicos de esos mismos departamentos, cuenta con una amplia base de masas y hegemonía en sus respectivas regiones y despliega un programa propio, con una política para ir afianzando de hecho el planteo autonomista, como muestran la constitución de una “junta autonómica” integrada por los prefectos y el anuncio de redactar su propio “estatuto autonómico”, esto, a riesgo de pasarse de la relación de fuerzas, como es evidente con la amenaza de algunos sectores cruceñistas de marchar a la “independencia”. Santa Cruz y la “media luna” se postulan como la reserva de la reacción. Pero su fuerza regional contrasta con las dificultades para erigir al autonomismo en bandera del reagrupamiento de la derecha a nivel nacional, pues es claramente resistido por las élites burguesas de La Paz y el Occidente (contrarias al autonomismo oriental que afectarías su actuales posiciones en el aparato estatal y el reparto del presupuesto), y no termina de ser “digerible” para la burguesía cochabambina que se postula como “pilar de la unidad nacional, la paz y la democracia”.

– Las representaciones políticas de derecha -PODEMOS, principal reagrupamiento neoliberal-, UN y MNR salen derrotadas de la prueba de fuerzas con el gobierno, y exhiben una gran debilidad, denotando que no han logrado superar el hundimiento del viejo sistema de partidos y la pérdida de base social, pese a la recuperación de apoyo entre la clase media urbana. Si el MAS les hace mayores concesiones en la Constituyente o el Parlamento, serán más bien subproducto de la fuerza del bloque autonomista. La huelga de hambre en La Paz no pasó de ser la acción histérica y mediáticamente amplificada de un sector de la pequeña burguesía urbana que ve peligrar sus prerrogativas sociales, sus espacios políticos y su protagonismo cultural, pero que no tiene ni respaldo de masas ni el apoyo de sectores burgueses de peso.

– Esto refleja que importantes sectores de la clase dominante buscan estabilidad y consideran peligroso e innecesario arriesgarse a una mayor polarización social y política. Sin dejar de criticar al gobierno y sus rasgos populistas, sin renunciar a obtener mayores concesiones y garantías, sin dejar de aguijonearlo para “domesticarlo” y lograr que vaya hasta el fin por el camino de la “moderación y pragmatismo”; connotadas voces burguesas, como el diario La Razón, órgano neoliberal que en estas semanas de tensa crisis política, editorial tras editorial llamó por igual a oficialistas y opositores a conciliar, criticando a la derecha por sus excesos tanto como pidiendo moderación al MAS, así como importantes dirigentes empresariales como Roberto Mustafá (presidente de la Confederación de Empresarios Privados), Bern Habendroth (presidente de los empresarios privados de La Paz), Eduardo Bracamonte (Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores) y otros que han dado muestras de contemporización y hasta apoyado iniciativas oficiales y han tomado claramente distancia del discurso beligerante de la burguesía cruceña, tanto como de PODEMOS.

Las Fuerzas Armadas, si bien no se alinearon abiertamente con el gobierno, manteniendo una actitud “profesional” para preservarse como institución, también mantuvieron distancia de la oposición y desconfían del autonomismo. Y lo que resulta decisivo, el imperialismo y los gobiernos vecinos han sido extremadamente cautos ante la crisis política y se han cuidado de apoyar a la derecha, marcando una importante diferencia con la situación venezolana durante el derrotado golpe de abril de 2002 (cuando Washington y Madrid alentaron abiertamente a la oposición y llegaron a avalar el intento de Cardona).

En síntesis, la crisis continúa abierta sobre una tensa polarización social y política y la prueba de fuerzas no se ha resuelto. El gobierno avanzó en reafirmar sus condiciones, en lo que de hecho es un triunfo táctico sobre una derecha dividida y que no tiene el consenso de toda la clase dominante. Pero el bloque autonomista ha mostrado sus fuerzas como puntal de la reacción. Por eso, desde el punto de vista de las necesidades de conjunto del régimen, se impone la búsqueda de un compromiso para impedir un descontrol en la polarización social y una ruptura política de resultados imprevisibles.

La oferta de Evo Morales de un diálogo con las oligarquías sobre la base de reconocer -en principio- las autonomías departamentales (pero discutiendo también las autonomías subregionales, de los pueblos originarios, etc., que no son bien vistas por las élites de la “media luna”), así como la formación de una “gran comisión” en la Constituyente para modificar el art. 71 del reglamento de debates, adelantando Román Loayza la ampliación de la fórmula mixta con hasta la mitad de artículos a aprobarse por “2/3”, abre una instancia de negociación que puede arribar a un compromiso parcial.

VII. LA CONSTITUYENTE EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

En el escenario político, todas las contradicciones convergen sobre la Constituyente. Esta es una pieza maestra en el proyecto político del MAS, percibida como una conquista por amplios sectores de masas que albergan ilusiones en la prometida “refundación del país” por su intermedio, y aceptada con mayor o menor resignación por la mayor parte de la clase dominante como mecanismo inevitable para definir y legitimar la reforma estatal y del régimen.
Pero el proyecto del MAS de una Constituyente más reformista, como vía para estabilizar duraderamente el país y desactivar el auge de masas, reclamando las “manos libres” en la toma de decisiones; choca con la exigencia de la derecha de una asamblea pactada “por arriba” mediante el cerrojo de los “2/3” y reduciendo a un mínimo inocuo las concesiones.

La diferencia entre las posiciones no es tan radical, pues mientras la oposición exige “2/3 para todo” (reaccionario principio del “consenso por arriba” a despecho de la verdadera relación de fuerzas sociales y políticas) el MAS ofrece una “fórmula mixta” -tratamiento por mayoría absoluta (50 % más 1)- en el tratamiento de los artículos comunes y de “2/3” en los temas cruciales y en la aprobación del nuevo texto constitucional. Ahora, por boca de Román Loayza, llegó a proponer discutir que hasta la mitad de los artículos sea por “2/3”, buscando un acuerdo.
Si éste es tan difícil es porque tras la disputa por el reglamento se esconden problemas políticos de fondo. A pesar de la voluntad conciliadora de Morales-García Linera y de algunos acuerdos circunstanciales -como los que habilitaron la elección directa de los prefectos en diciembre de 2005 [3] o la Ley de Convocatoria a la Constituyente, no están resueltos los marcos de un gran acuerdo nacional o gran pacto social y político -el equivalente de un “pacto de la Moncloa” [4] - que permita encuadrar la discusión de los temas fundamentales y ordenar la transición a un nuevo régimen.

De hecho, en estas contradicciones políticas se expresa el choque entre dos “proyectos de país” divergentes que giran en torno a:

– Modificaciones en el régimen de acumulación. El programa económico del MAS se enmarca en el patrón de acumulación dependiente, estructurado por la relación semicolonial con el imperialismo y modelado por dos décadas de neoliberalismo, pero impulsa un rumbo “neodesarrollista” basado en la “articulación” con las transnacionales y el empresariado nacional y una mayor participación estatal, para ampliar las bases de la acumulación dependiente. Para ello impulsa modificaciones en el régimen de acumulación, esto es, en el tramado institucional, el juego de regulaciones, etc., impuestos en los ’90 que alientan la acumulación en beneficio excluyente de las fracciones más poderosas y concentradas del capital: las transnacionales, las “capitalizadas”, los sectores más financierizados, etc. El programa del gobierno se propone renegociar el grado de “extranjerización del excedente” recuperando una parte de la renta hidrocarburífera mediante un mayor control estatal, y a través del Estado, derivar mayores recursos hacia la acumulación nacional. Esto no afecta tanto al gran capital extranjero (que sigue ocupando un lugar dominante y haciendo enormes ganancias) y nacional, sino a las camarillas neoliberales que disfrutaron hasta ahora de una jugosa participación por su gestión de los asuntos del gran capital y la entrega, y ahora ven reducirse las posibilidades de enriquecimiento, por ello determinados sectores de la clase dominante -como las élites de Santa Cruz y Tarija ligadas a la penetración imperialista de los ’90, se resisten a aceptar la menor modificación en las reglas del juego.

– Modificaciones en la organización estatal: la crisis estructural del Estado boliviano, acentuada por la penetración del capital extranjero y la ingerencia directa del imperialismo, también plantea un reajuste en la organización del estado que de cuenta del creciente peso económico, social y político de la burguesía cruceña. El paso de un estado fuertemente unitario, con el poder político y militar y el manejo del presupuesto concentrado en La Paz, a lo que tienen acceso privilegiado los grupos financieros, industriales, mineros, comerciales y exportadores del Occidente y las élites políticas y tecnocráticas que les sirven; a un Estado con “autonomías departamentales” implica una fuerte disputa interburguesa por las nuevas relaciones de poder y el diseño de los nuevos mecanismos institucionales, económicos y políticos. El MAS busca fortalecer el Estado central y dentro del mismo, mantener un Ejecutivo fuerte con instrumentos para la intervención y regulación económica y política, además de intentar socavar a los departamentos con iniciativas de “regionalización”. Las élites de Santa Cruz, Tarija y la media luna” le contraponen la autonomía departamental con un prefecto -elemento bonapartista heredado de la vieja estructura estatal- con amplias atribuciones económicas, políticas y hasta en “seguridad”, retener con la “descentralización” el manejo discrecional de los recursos naturales y la tierra y hasta la potestad de negociar por su cuenta con las transnacionales y países vecinos, y utilizar esta autonomía como contrapeso a las veleidades reformistas del poder central.

– Un nuevo régimen político: El régimen de dominio trabajosamente construido desde 1985 bajo la forma de una democracia degradada, apoyándose en las condiciones excepcionales de la derrota del proletariado, la penetración imperialista y la ofensiva neoliberal, se tradujo en el régimen político de la “democracia pactada”, sus instituciones con fuertes rasgos bonapartistas (condensados en el presidencialismo) y sus partidos. Pero cuanto más directamente funcional a las necesidades del gran capital era el Estado, menos capaz de ejercer sus funciones de mediación y legitimación se mostraba, abriéndose así una aguda “crisis orgánica de la dominación burguesa”. La nueva relación de fuerzas impuesta por el proceso de irrupción de las masas desde el año 2000 demolió las bases de ese régimen. Aunque el adelantamiento de elecciones y la subida al gobierno del MAS mantuvieron la “continuidad institucional”, no ha cristalizado aún un nuevo régimen político y no hay consenso en cómo diseñarlo y consagrarlo en la Constituyente. Mientras el MAS, bajo el pomposo nombre de “revolución democrática y cultural” busca instituir una “democracia reformada” en los marcos del régimen representativo, con la “inclusión” de los pueblos originarios y otras reformas formales parciales, en torno a un ejecutivo nacional fuerte, el polo conservador trata de defender la racionalidad institucional neoliberal y recortar las atribuciones del poder central, utilizando las autonomías departamentales como contrapeso.

– Grado de concesiones al movimiento de masas: mientras el programa del MAS impulsa algunas concesiones parciales al movimiento de masas, en particular en la cuestión étnica y cultural y el problema agrario, y trata de convencer a la burguesía de que ésta es la única manera de lograr una estabilización a largo plazo del país y contener al combativo movimiento de masas, la derecha se resiste a cualquier concesión o procura reducirlas a un mínimo intrascendente.

Así, pueden esperarse nuevos forcejeos y “cortocircuitos” en una Asamblea que no resolverá los problemas nacionales ni responderá a las expectativas populares, cada vez más deslucida y entrampada entre dos posibilidades: estallar, si el MAS intenta introducir reformas que por tímidas que sean, la oposición rechace; o condenarse a la mayor intrascendencia en los marcos de un pacto con la derecha.

VIII. PERSPECTIVAS

Cuanto más conciliador y moderado se muestra el MAS, más altanero y exigente es el tono de la reacción, más fortalecida y envalentonada se siente para imponer sus condiciones. Por todo ello, lo más probable es que aunque se arribe a un acuerdo para abrir el diálogo sobre las autonomías y ampliar la aplicación de los “2/3” en la Constituyente, y esto permita una distensión temporal ante la proximidad del fin de año, sigamos asistiendo en las próximas semanas y meses a forcejeos y duras pugnas políticas en torno a la Constituyente. Pero si cabe esperar continuas presiones de una derecha envalentonada y que buscará más concesiones del gobierno, tampoco puede descartarse que las disputas entre el MAS y la oposición abran brechas por las que el movimiento de masas, aún guiado por ilusiones y expectativas, ingrese en escena.

En perspectiva, podemos plantearnos tres hipótesis esquemáticas: a) que tras choques y presiones “in extremis”, el MAS y la derecha vayan arribando a acuerdos en los términos del “pacto estratégico” y la “reforma moderada” (a lo que apunta la actual búsqueda de compromisos que proponen Evo Morales y García Linera); b) que la situación se empantane nuevamente, lo que puede llevar a la derecha a endurecerse y romper con la asamblea si no logra imponer sus condiciones o teme que la misma escape de control, o bien, a que el MAS intente forzar el paso a su política; c) que en un escenario de crisis, mayores “cortocircuitos” u ofensiva de la reacción, intervengan las masas.

En líneas generales puede decirse que es difícil una estabilización a largo plazo en los términos reformistas que el MAS plantea, ante la magnitud de las contradicciones económicas, sociales y políticas que laten bajo la superficie del proceso boliviano y mantienen abierta (aunque amortiguada) la etapa revolucionaria, las dificultades para pactar un nuevo régimen y en contener a un movimiento de masas activo y que viene de grandes experiencias de lucha. La perspectiva de grandes enfrentamientos de clase, entre la revolución y la contrarrevolución no se ha disipado y más bien, esta latente bajo la superficie la posibilidad de la guerra civil sobre bases territoriales. Las tendencias abiertamente revolucionarias pueden resurgir violentamente en los giros bruscos de una situación indefinida. Es para esta perspectiva estratégica que tienen que prepararse los revolucionarios.

IX. EL MOVIMIENTO DE MASAS Y LA RECOMPOSICIÓN DEL PROLETARIADO

Son las masas las que tendrán la palabra decisiva. Una resuelta movilización obrera y campesina podría “poner orden” y desbaratar el frente de la derecha. Pero hasta ahora, el MAS contuvo al movimiento de masas, manteniendo una relativa “calma social” en el país -pese a algunas oleadas de luchas parciales y a la gran acción obrera de Huanuni- y sobre todo, impidió cualquier intervención de masas en cuatro meses de confrontación política con la derecha.

Hay una situación de crisis relativa en el movimiento campesino e indígena, debido en parte a las concesiones parciales (como la mayor permisividad hacia los cultivos de coca) y el peso de las ilusiones (en la Constituyente o en la nueva ley agraria), a la política desmovilizadora del gobierno, y la cooptación de los estratos dirigentes para funciones políticas y estatales. Similar proceso viven otros sectores populares, como las juntas vecinales de El Alto, dirigidas por sectores masistas y que guardan expectativa en algunas concesiones como el proceso de salida negociada de la transnacional Aguas del Illimani.
Por otra parte es un serio elemento negativo la desigualdad entre el nivel de organización, experiencia de lucha y politización alcanzado por el movimiento de masas en Occidente, con sus combativos bastiones en El Alto, el Altiplano aymara, los mineros de Huanuni, etc., y el retraso de las masas de Oriente, que parten de muy atrás y que a pesar de numerosas luchas parciales en los últimos años, no alcanzaron una participación decisiva en el proceso de lucha de clases abierto en el año 2000. La política del MAS, de negociar permanentemente con la oligarquía, es contraria a la necesidad de quebrar el control social de los Costa, Antelo, etc. sobre amplios sectores de las masas pobres cruceñas. Para ello harían falta medidas revolucionarias que la COB y los sindicatos deben impulsar como parte de un programa de acción obrero y campesino.

Sin embargo, las fuerzas de las masas están intactas, no han sufrido derrotas serias y la relación general de fuerzas les sigue siendo favorable, mientras que sectores avanzados comienzan a hacer una experiencia política con el gobierno del MAS.

La clase obrera

Además, en este marco, un fenómeno de enorme importancia estratégica es el avance en la recomposición de la clase obrera, que tuvo su más dramática manifestación en Huanuni, pero que es un proceso profundo y extendido que abarca tanto a sectores centrales del proletariado, como a sus capas más sumergidas y precarizadas.

Este proceso se ha visto alentado objetivamente por la fase de prosperidad económica. Después de que la recesión de fines de los ’90 implicara el cierre de un centenar de grandes y medianas empresas [5] , hoy se están incorporando nuevos trabajadores en la industria -en particular, exportadora-, la minería y los servicios. Aunque el tamaño promedio de las plantas fabriles es reducido, los principales grupos capitalistas en textiles, orfebrería para exportación, etc. emplean a miles de trabajadores cada uno ( a veces dispersos en varias plantas y talleres satélites) como es en AMETEX, ORBOL, EXBOL, etc. Hay cerca de un millón de asalariados en esa nueva clase obrera, precarizada y fragmentada, donde pesan los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes rurales, todavía desorganizada y casi sin experiencia de lucha, organización ni vida política, salvo sectores sobrevivientes del viejo proletariado como los combativos y experimentados mineros de Huanuni.

La situación de expansión económica más las expectativas de cambio alentadas por el MAS -que sin embargo se cuida mucho de afectar los intereses y ganancias empresariales- alientan la recomposición a través de luchas reivindicativas, organización sindical y en algunos casos, como en Huanuni, luchas más directamente explosivas y políticas, síntomas que pueden estar anunciando un ascenso obrero como hace años no se registra. En la fase anterior del ascenso, los trabajadores fueron un componente importante pero no pudieron imponer su impronta de clase como un sujeto social y políticamente diferenciado. Las nuevas condiciones pueden favorecer que la clase obrera comience a unir sus filas y recuperar protagonismo en el seno del movimiento de masas.

X. UNA VEZ MÁS ¿ESTRATEGIA OBRERA INDEPENDIENTE O PRESIÓN SOBRE EL “GOBIERNO POPULAR”?

La cuestión política central es ¿qué actitud tomar frente al gobierno del MAS y sus medidas?
La izquierda reformista se ha sumado con entusiasmo al proyecto masista, aunque ahora trata de conservar cierta autonomía o posicionarse con proyectos propios, sin romper con el gobierno, como hacen los restos del stalinismo (PCB) y el maoísmo, alentando el bloque “Pueblo Unido” junto al ex ministro Solís Rada, insinuando banderas más típicamente nacionalistas.

Las direcciones “críticas” al MAS jugaron un papel nefasto, alineándose detrás de éste para mantener a las masas desmovilizadas, sin proponer ninguna alternativa política ni ningún curso de movilización. Así ha actuado la dirección conciliadora de la COB y de manera similar actúan las tendencias populistas e indianistas [6] radicales en El Alto. El “apoyo crítico” de la COB al gobierno, a pesar de sus eventuales roces o gestos de independencia formal es un crimen político, al no mover un dedo para alentar la intervención de las masas ni llamar a un Encuentro obrero, campesino y popular para discutir una posición de clase frente a la crisis y un plan de acción, ni siquiera ha convocado a ampliados generales o medidas de lucha, ayudando a mantener a las masas fuera de escena.

La respuesta conciliadora del MAS a los ataques de la derecha reaccionaria no hacen sino resaltar la importancia de mantener una política obrera independiente, sin ceder a una “lógica campista” de apoyar políticamente al MAS y sus medidas como “mal menor”, cuando toda su política contribuye a alimentar y preservar a la reacción y evitar una intervención decisiva de las masas.

Por ello, insistimos en no brindar ningún apoyo político al gobierno, defender la plena independencia política de las organizaciones sindicales, llamando a confiar sólo en las propias fuerzas, organización y métodos de lucha e impulsar la movilización y autoorganización obrera y popular. Ante un asalto contrarrevolucionario o si el MAS se viera obligado a tomar medidas de enfrentamiento real con la burguesía, los terratenientes y las transnacionales, nos ubicamos en el terreno de lucha de las masas, contra la reacción burguesa e imperialista, pero sin apoyarlo políticamente y sin dejar de luchar por una estrategia de poder obrero y campesino, alentando el reagrupamiento de la vanguardia en torno a una política de clase.

El centrismo de origen trotskista no pasó la prueba

Frente a la capitulación de los reformistas y de la burocracia sindical de izquierda, lamentablemente las fuerzas que se reclaman del trotskismo no han levantado una política independiente consistente.
El POR-Masas, que mantiene influencia en el magisterio urbano de La Paz y en algunos sectores universitarios, ha mantenido una posición de independencia política frente al gobierno. Sin embargo, llevado por su “sindicalismo rojo” aisla a los sectores del magisterio y la universidad que dirige, su abstencionismo político “de principios” ante los escenarios de la democracia burguesa como la Constituyente, cede este campo gratuitamente al MAS, negándose a utilizar revolucionariamente la tribuna parlamentaria como aconsejaban Lenin y Trotsky y, con su autoproclamación estéril como “el” partido, ante las discusiones en la COB sobre la necesidad de un instrumento político de los trabajadores, se niega a impulsar cualquier paso progresivo en la organización política independiente de la clase obrera. En suma, el POR termina en la impotencia política más completa, incapaz de enfrentar la política de presión de la dirección cobista.

Cabe constatar que las ambigüedades y oscilaciones oportunistas a lo largo del dramático proceso de lucha de clases de los últimos años, y en particular, frente al gobierno del MAS de dos de las corrientes que se propusieron construir una alternativa ante la decadencia del lorismo, han terminado en un lamentable fracaso.
El pequeño grupo simpatizante del PO-CRCI en Bolivia, la OT, terminó disolviéndose tras una larga deriva oportunista como “asesores” de fracciones de la burocracia sindical de izquierda. ¿Más allá de sus propios errores, qué otro destino le dejaba la orientación impulsada por Altamira, que a pesar de sus críticas al gobierno de Evo Morales, planteó el “apoyo crítico” en los escenarios electorales, defendió la lógica campista del “mal menor” y coqueteó con una supuesta “ala izquierda revolucionaria” dentro del MAS o las teorizaciones sobre un posible “frente único antiimperialista” formuladas públicamente por dirigentes uruguayos del CRCI y nunca rebatidas por PO? Con esta política PO-CRCI no hacen más que prepararse para seguir el camino del POR en el ’52, que terminó apoyando al ala izquierda lechinista del MNR en lugar de luchar por una política revolucionaria independiente en medio de la revolución de 1952. Los miembros de la OT no hicieron sino llevar hasta el final la concepción centrista del maestro Altamira.

La sección de la LIT-CI en Bolivia, el MST, defendió la independencia de las organizaciones sindicales frente al gobierno de Evo Morales y planteó la necesidad de la organización política de los trabajadores. Sin embargo, acaba de romper confusamente con su corriente internacional, después de haber llamado desde su periódico a una política de exigencia sobre la Asamblea Constituyente. Durante años la LIT defendió una política de presión oportunista sobre la dirección cobista, bajo la política de llamar a sus dirigentes a “tomar el poder”, con un análisis ultraizquierdista, que anunciaba no una sino dos “revoluciones obreras y socialista” en Bolivia y diluía completamente las contradicciones reales del proceso, para justificar la política de presión sobre la burocracia sindical de izquierda. Esta línea terminó en la bancarrota y sin sustento ante el giro progubernamental de la COB. Ahora, mientras la LIT parece orientarse a una línea de presión “crítica” sobre el gobierno del MAS, su grupo local parece haber quedado atrapado en el viejo seguidismo a la burocracia. Aún no han hecho públicas las razones del rompimiento, pero esperamos que puedan hacer un balance profundo de ese curso oportunista y extraer las lecciones del caso.

Si bien otras corrientes del movimiento trotskista internacional no tienen mayor presencia en Bolivia, cabe mencionar el apoyo abierto, considerando que el MAS conducirá algún tipo de transformación progresiva del país si se lo impulsa y “aconseja” adecuadamente, que defiende la corriente de El Militante (consejero de las ventajas del socialismo y custodio del flanco izquierdo del MAS, como en México del PRD y en Venezuela de Chávez), que considera como el mayor desastre el que sectores de vanguardia se distancien del MAS por izquierda y busquen un camino alternativo. Por supuesto, el Secretariado unificado, SU participa también del apoyo al MAS y suele difundir sin mayores críticas las posiciones de los “teóricos” y publicistas masistas en sus publicaciones internacionales.

XI. LAS TAREAS ACTUALES DE LOS TROTSKISTAS EN BOLIVIA

No hay en Bolivia partido revolucionario. La tarea central es construirlo. Nuestra joven organización, la LOR-CI, nos consideramos un destacamento trotskista que lucha con este objetivo. Estamos orgullosos no sólo de haber mantenido una política esencialmente correcta ante los grandes embates de la lucha de clases -como en Octubre del 2003 o en las Jornadas de Junio- así como frente al gobierno del MAS, sino también por haber concentrado esfuerzos en ligarnos a la clase obrera alteña, impulsando la casa Obrera y Juvenil y participando de luchas y varios procesos de sindicalización, junto a los trabajadores del aeropuerto de El Alto, fabriles como TEA, servicios, etc. Hemos compartido triunfos y derrotas con esta incipiente vanguardia obrera. Hemos estado junto a los mineros de Huanuni en su lucha por defender la mina nacionalizada. Nos proponemos profundizar esta orientación para avanzar en construir una liga obrera revolucionaria. Consideramos que las tareas centrales de los trotskistas hoy son:

– La lucha intransigente por la independencia de clase frente al gobierno del MAS y todas las expresiones de conciliación de clases explicando pacientemente la necesidad de un programa y una política de clase, independientes del gobierno, única garantía para poder derrotar a la reacción proimperialista. El punto de partida de esta orientación revolucionaria es ligar el impulso a la movilización de masas con una estrategia de autoorganización soviética, que se concreta tácticamente en el llamado a un Encuentro Obrero y Popular que permita a los trabajadores tomar posición ante la crisis política y adoptar un programa de acción, como un paso para preparar política y organizativamente una genuina Asamblea Popular, compuesta con delegados de base de todos los sectores. Ligado a esto, una tarea relevante es propagandizar la necesidad de la autodefensa de masas en el camino de las milicias obreras y campesinas, para aplastar a la derecha y sus grupos de choque fascistizantes tanto como enfrentar la represión de las fuerzas de seguridad.

– Frente a la Asamblea Constituyente, buscamos dialogar con las masas que mantienen expectativas en la misma, planteándoles que no confíen en la política de concertación de su dirección, que aunque no creemos que la Constituyente resuelva los males del país ni apoyamos a los representantes del MAS en la misma, les invitamos a defender sus elementales y legítimos derechos democráticos con sus propios métodos y con sus propias demandas, mediante la movilización general para romper las maniobras de la derecha.

– Estas tareas se articulan con la más esencial de las tareas: ayudar a los sectores avanzados del movimiento obrero a orientarse hacia la organización política independiente, sin lo cual el rico proceso de lucha de clases en marcha en Bolivia corre el riesgo de terminar abortado por el MAS, o aplastado por la contrarrevolución imperialista. Es decir, que todas las tácticas deben apuntar a desarrollar el “campo” del proletariado revolucionario, para que éste pueda encabezar la alianza con las masas pobres del campo y la ciudad conducida por la clase trabajadora.

– Impulsar y participar del proceso de recomposición del movimiento obrero, interviniendo en sus luchas, la reorganización sindical, la lucha contra la burocracia sindical en todas sus alas y por una genuina democracia obrera, para establecer lazos con los elementos más avanzados y políticamente perspicaces. Al mismo tiempo, dar la pelea política en todos los escenarios, incluso el terreno electoral, cuando sea posible, para avanzar en la construcción de una liga obrera revolucionaria.

– Dar la batalla político-ideológica contra las diversas variantes populistas y reformistas y en particular contra esa suerte de “posmarxismo populista andino” que García Linera y otros intelectuales reformistas y autonomistas difunden tratando de darle cierto “brillo” ideológico para justificar su alianza con la burguesía. Esta lucha teórica incluye la superación del centrismo lorista, que pese a su decadencia, sigue tiñendo el “sentido común” de sectores de la vanguardia estudiantil y docente.

– Estos son combates que, además de permitir la imprescindible “acumulación primitiva” de cuadros y militantes trotskistas, son esenciales para preparar las bases para un reagrupamiento revolucionario de la vanguardia obrera, lo que en momentos de mayor agudización de la lucha de clases permitirá avanzar hacia la fusión entre la misma y los cuadros que defienden el programa marxista revolucionario, para la construcción de un verdadero partido de los trabajadores revolucionarios, socialista e internacionalista.

La Paz, 18 de diciembre de 2006