El 8/01, Chávez anunció durante la juramentación de los ministros del nuevo gobierno la “nacionalización” de algunas empresas privatizadas, apelando a su retórica del “socialismo del siglo XXI” y la “revolución bolivariana”, entre estas se encuentran varias empresas norteamericanas, lo que provocó declaraciones de alerta por parte de Estados Unidos, al mismo tiempo que genera simpatía entre los trabajadores y los pueblos de América Latina. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aclaró que“no se trata de una medida de expropiación, las empresas estratégicas se van a comprar” [1]. De esta manera tranquiliza a los sectores afectados por las medidas, mientras muestra los límites de esta estatización burguesa o, dicho de otra forma, de su mayor giro nacionalista.

Chávez anunció la nacionalización de todas las empresas estratégicas privatizadas durante gobiernos anteriores, centralmente en el área de la telefonía y la electricidad. “Todos esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica, todo aquello que fue privatizado nacionalícese... La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) nacionalícese... la Nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos, de soberanía, de seguridad y de defensa”, completó en su solemne discurso [2]. También afirmó que “todos los procesos de mejoramiento de los crudos pesados de la Faja del Orinoco” deben pasar al control del Estado. Al mismo tiempo que anunció estas medidas hizo llamados “a los opositores políticos” para que se sumen “a la tarea del desarrollo nacional” afirmando que “necesitamos un empresariado nacional que sienta orgullo de ser venezolano...”. Estos anuncios fueron parte de una serie de medidas que escapan a este primer análisis centrado en las medidas de “nacionalización”.

El mismo 8/1 se produjo el mayor impacto experimentado por el mercado financiero venezolano -desde que Chávez asumiera su primer mandato en 1999- luego de que anunciara los planes de nacionalización de la telefónica CANTV y de las empresas eléctricas que operan en el país, pero tendiendo a regularizarse el siguiente día con la leve recuperación de las acciones de la Bolsa de Valores de Caracas, al confirmar la indemnización a las empresas afectadas. En verdad, todo esto se trata de un proceso de reestatización de empresas privatizadas, entre las que se destacan CANTV, la telefónica más importante del país, y Electricidad de Caracas (Elecar), aunque Chávez no hizo mención directa a ninguna empresa operadora de electricidad. Estas, así como las asociaciones estratégicas petroleras tienen todas mayorías accionarias de empresas estadounidenses. El servicio eléctrico venezolano es manejado por la estatal Cadafe, pero en la capital opera la compañía Elecar, que pertenece al grupo internacional AES con sede en EE. UU., poseyendo el 86% de las acciones. En telefonía fija y celular, el mayor operador en Venezuela es CANTV, cuyo principal accionista es la Verizon Comunications con el 28,5% de las participaciones. El consorcio que administra la CANTV con ese porcentaje de acciones puede controlar y dirigir la empresa, mientras que entre los trabajadores y el Estado no llegan al 20% y el resto es ofertado a escala mundial. Vale aclarar que, al limitarse a las empresas que alguna vez fueron estatales, deja afuera de las medidas a los grandes grupos de telefonía celular, que concentran gran parte del mercado de las telecomunicaciones.

Mientras el anuncio de “nacionalización” afecta a los negocios de ciertas empresas norteamericanas, queda fuera de las medidas nada más y nada menos que la estratégica industria petrolera, donde las empresas nacionales y extranjeras (casi excluyentemente norteamericanas) mantienen negocios millonarios. En este sector lo que se busca es acelerar el proceso de transición de las asociaciones estratégicas a otro esquema donde el Estado asuma el control de los negocios petroleros vía las empresas mixtas [3]. Este proceso se había iniciado el año pasado y se esperaba que el Ministerio de Energía y Petróleo finiquitara las negociaciones con las trasnacionales en diciembre de 2006 tal como se hizo con los “convenios operativos”. Sincor, Petrozuata, Ameriven y Cerro Negro son las cuatro asociaciones estratégicas de la Faja y en ellas participan, junto a Pdvsa; Total, Exxon Mobile, Statoil y ConocoPhilips [4]. Estas últimas tienen la mayoría accionaria de las asociaciones, aspecto que debe revertirse en los próximos meses con las nuevas medidas y que ya venía siendo negociado. Como ya se anunció, la proporción accionaria sería 51% (Pdvsa) y 49% (transnacionales). Es por eso que ningún sector transnacional petrolero ha puesto el grito en el cielo y como afirmara el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, las medidas anunciadas para el sector energético no afectarán las inversiones de la petrolera en el país. “No debería ser una sorpresa para nadie. Decididamente no sorprende. Hace un buen tiempo él (Chávez) viene anunciando eso”, dijo Gabrielli. “Es del conocimiento público que tenemos programadas una serie de inversiones en común tanto allá como acá y en nada estas negociaciones cambian”, concluyó [5].

Según algunos cálculos de analistas económicos, re-nacionalizar CANTV, costaría 3.500 millones de dólares [6], Elecar otros 3.500 millones siendo que pagó 1.600 millones para adquirir la mayoría de las acciones en el año 2000 de la mano de otros accionistas privados [7] y los cuatro proyectos de la Faja estarían en un costo de 17.000 millones de dólares aunque el plan no es sobrepasar el 51% de las acciones. Pero parte del empresariado nacional que ha venido trabajando con el gobierno y que se ha hecho eco de su llamado, no se ha alarmado hasta el momento con tales medidas [8]. Así Francisco Natera, de Empresarios por Venezuela, afirmó que “el empresario tiene que trabajar con el gobierno siguiendo las políticas dictadas en 2006, y que serán repotenciadas en 2007. Se mantendrán los estímulos a la industria nacional, al campo y a los servicios, a través de la exoneración del IVA y bajas tasas de interés. Habrá excelentes condiciones de financiamiento y el empresario nacionalista debe adaptarse a las nuevas políticas” [9].

Pero aún más, Chávez continúa llamando también a aquellos sectores empresariales que estuvieron con el golpe como Fedecámaras a que revean sus posiciones y se sumen a su proyecto. Así, el propio lunes durante su discurso, luego de duras declaraciones contra este sector, afirmó que: “ojalá cambiaran y asumieran un proyecto nacional; un empresariado nacional necesitamos, y estamos dispuestos a trabajar juntos con un empresariado criollo, nacional, que sienta orgullo de ser venezolano y que trabajen para satisfacer las necesidades del pueblo, de la sociedad venezolana”. En este marco, las medidas buscan retomar el control de las empresas que fueron privatizadas en la década de los ‘90 en el sentido de recomponer el capital nacional y mejorar los términos de intercambio en las relaciones con las grandes potencias imperialistas.

Al retomar esta política se está operando en el gobierno un giro nacionalista más claro si se lo compara con sus ocho años del período anterior y sobre todo contrastándola con la de otros gobiernos como el de Kirchner y Lula, pero para nada se trata de medidas revolucionarias que afectan decididamente al capital internacional o local. Una clara medida en este sentido hubiera significado la expropiación lisa y llana sin ningún tipo de indemnización, tomando en cuenta que todas las empresas han recuperado con creces las bagatelas que pagaron por ellas durante el período de la apertura económica de Carlos Andrés Pérez. No hay tampoco ninguna medida que apunte a producir algún cambio sustancial de la distribución de la renta nacional a favor de los trabajadores y los sectores populares y en detrimento de la burguesía. No hay grandes cambios en cuanto a su proyecto estratégico de la “vía venezolana al socialismo” de convivencia entre el capital privado y estatal. Chávez tampoco está avanzando en nacionalizar el 100% de la industria petrolera, sino que viene avanzando hacia la constitución de empresas mixtas, como ya lo ha hecho con los “convenios operativos” y ahora con las “asociaciones estratégicas”.

¿Socialismo del Siglo XXI?

La perspectiva del “socialismo del siglo XXI” que plantea el gobierno de Chávez, sólo se limita a una estatización burguesa en algunos sectores de la economía, con indemnización a los grupos parasitarios que durante décadas se llenaron los bolsillos a costa del hambre y la miseria de millones, permitiendo que sectores burgueses nacionales e importantes firmas imperialistas sigan haciendo negocios millonarios en otros sectores de la economía e incluso en la principal industria venezolana como es el petróleo. Para Trotsky, a quien se refirió Chávez en su discurso, la clave para el éxito era vincular las expropiaciones con la perspectiva del derrocamiento del capitalismo y por lo tanto había que completarlas con “expropiar los bancos y establecer un solo banco nacional” y “la conquista del poder por la clase trabajadora”. Sin embargo, para Chávez su “vía venezolana al socialismo” pasa por la convivencia con el capital privado tal como lo demuestra su llamado al empresariado nacional a sumarse a su proyecto.

Por el contrario, los socialistas revolucionarios peleamos por la expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores y los usuarios de todas las empresas privatizadas, en el camino de expropiar todas las grandes empresas, la banca y las industrias estratégicas de hidrocarburos y el establecimiento de un gobierno de la clase obrera, la única clase que puede planificar el conjunto de la economía en forma racional y al servicio de las grandes mayorías obreras y populares y acabar hasta el final con la expoliación imperialista de las riquezas de nuestro continente.