(06/03/13) MYRIAM BREGMAN, CHRISTIAN CASTILLO, VICTORIA MOYANO, ELIA ESPEN, VICTORIA DONDA Y PABLO MICHELI EN A DOS VOCES

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Parte I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uC72I-4SJaM#t=0s

Parte II
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MhER5u00uv0#t=0s

Parte III
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yqUQDk0bAKs#t=0s

Los resultados de las pericias realizadas a computadoras de Gendarmería Nacional, confirman la existencia de una enorme base de datos en la que se registra al detalle cada “expresión” social llevada adelante por individuos y organizaciones (lo que en un principio se conoció como “Proyecto X” y terminó siendo una multiplicidad de bases de datos en manos de Gendarmería). Parte de esa información es puesta al servicio de la criminalización de la protesta social. Trabajadores procesados, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, solicitaron que se indague a los responsables de esa fuerza represiva encargada de aportar las “pruebas” con las que se los persigue judicialmente. El caso volvió a estallar en los medios masivos de comunicación. Una vez más quedan en evidencia las mentiras de Garré en su intento por encubrir el espionaje ilegal realizado bajo la gestión de Aníbal Fernández y la suya propia.

Para todos y todas

El peritaje en los discos rígidos de seis computadoras que la Gendarmería usaba en Campo de Mayo para tareas de inteligencia, arrojó resultados contundentes. Más de 500 documentos contenidos en 5 CDs revelan que, al menos desde 2004, se montó un aceitado sistema de espionaje e infiltración sobre organizaciones obreras, barriales, estudiantiles, ecologistas, políticas y de derechos humanos, sostenido con millonarios recursos y personal de esa fuerza represiva al mando de Aníbal Fernández (2003-2010) y de Nilda Garré (2010 hasta la actualidad). Bajo el título “Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”, Gendarmería confeccionó un inagotable catálogo de filiaciones políticas, perfiles ideológicos y actividades públicas y privadas de cientos de organizaciones sociales y políticas del país. En los documentos hallados en las computadoras, figuran desde comisiones internas y delegados de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, como Javier “Poke” Hermosilla y Leonardo Norniella, hasta las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén; desde integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hasta miembros de pueblos originarios y familiares de las víctimas de Cromagnon; desde dirigentes del PTS y otros partidos de izquierda hasta referentes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lejos de agotarse en organizaciones y referentes políticos y sociales opositores, el espionaje también alcanza a organizaciones del arco oficialista, dejando en evidencia que esas bases de datos tienen una función de Estado que trasciende la coyuntura. El nivel de precisión con que se confeccionaron esas fichas demuestra que el espionaje no se limita a la observación cercana en manifestaciones callejeras sino que también se recurre a la infiltración directa en reuniones privadas de las organizaciones y dirigentes espiados. Las alusiones a “fuentes confiables” que aportan información no dejan lugar a dudas. Los documentos ya circulan por los medios masivos. Sin embargo el gobierno sigue negando lo evidente. Desde hace más de un año Nilda Garré y sus funcionarios del Ministerio de Seguridad insisten en que esos “informes” de Gendarmería surgen por pedido de jueces que investigan delitos puntuales. Pero la abrumadora lista de víctimas del espionaje que constan en las bases de datos desmienten las excusas oficiales.

Las “pruebas” del delito

En noviembre de 2011 los trabajadores de la Comisión Interna de Kraft, acompañados por sus abogados del CeProDH y un conjunto de organismos de derechos humanos, presentaron una denuncia contra Gendarmería Nacional por espionaje ilegal. Ellos habían comprobado que las causas penales iniciadas en su contra por cortes de la Panamericana se sustentaban en “pruebas” aportadas por miembros de esa fuerza a partir de esas tareas de inteligencia. El entonces jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, en respuesta a las acusaciones reconoció la existencia del “Proyecto X” como parte de esas bases de datos. Desde entonces, cada intento oficial por encubrir el accionar de la fuerza predilecta de Cristina y Garré, negando la existencia del espionaje ilegal, fue frustrado por las propias pruebas que surgían de la investigación encarada por los trabajadores, sus abogados y un amplio abanico de organismos de derechos humanos, llámense éstas “Proyecto X”, UESPROJUD o de otra forma.

Como lo venimos denunciando desde hace más de un año, con ese sistema ilegal se confeccionaron bases de datos que son usadas para aportar las “pruebas” con las que se arman decenas de causas judiciales contra delegados, activistas y organizaciones obreras y populares. Cuando desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos la criminalización de la protesta social, con más de 5.000 luchadores obreros y populares procesados, lo hacemos convencidos de que es el mismo Estado quien se empeña en perseguir a quienes luchan por trabajo, tierra, vivienda, salud y educación. Que la Gendarmería haya sido descubierta en sus tareas de espionaje, violando las mismas leyes de Inteligencia y Seguridad interior del Estado burgués, no significa que sea la única que lo hace. Es un secreto a voces que cada fuerza de seguridad nacional o provincial tiene entre sus tareas habituales la persecución sistemática a los sectores populares y sus organizaciones.

Las evidencias que pesan sobre el accionar ilegal de la Gendarmería, y las maniobras del gobierno para ocultarlo, nos obligan a profundizar la denuncia y exigir la caída inmediata de todas las causas que pesan sobre los luchadores obreros y populares criminalizados con estos métodos.

El viernes 1° de marzo los organismos de derechos humanos y trabajadores que están siendo perseguidos, encabezados por la Comisión Interna de Kraft, solicitaron al juez de la causa que llame a indagatoria a Schenone y a otros siete miembros de Gendarmería por estar relacionados con estos hechos de espionaje. Pero sabemos que la cadena de responsabilidades no termina en ellos. Para acabar con la persecución a los luchadores y activistas debemos impulsar la más amplia movilización en las calles.