El pasado 25 de febrero, los maestros del estado de Guerrero –agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG)–, iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido para protestar contra la “reforma educativa”, propuesta por Peña Nieto y aprobada por los partidos del “Pacto por México” (PRI, PAN y PRD) en el Congreso de la Unión.

Como explicamos en el número anterior de Estrategia Obrera, dicha reforma eleva a rango constitucional las evaluaciones estandarizadas que desde el sexenio anterior la SEP quiere imponer al magisterio de todo el país, por “recomendación” de organismos extranjeros como la OCDE y asociaciones empresariales como Mexicanos Primero (vinculada a Televisa).

Esto nada tiene que ver con mejorar la educación, sino que busca precarizar las condiciones laborales de los maestros –afectando su derecho al trabajo, a la estabilidad en el empleo y a la contratación colectiva–, al condicionar su ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Educativo Nacional al resultado de dichas evaluaciones.

En varios estados, como Oaxaca, Michoacán, e incluso otros tradicionalmente controlados por los charros del SNTE como Chihuahua, el magisterio comenzó a manifestar su inconformidad. Los maestros guerrerenses no fueron la excepción: marcharon, pararon, tomaron las instalaciones del Congreso local y el Palacio de Gobierno, instalaron plantones en diversas plazas de la entidad y bloquearon carreteras, a pesar de la furibunda campaña de los medios de comunicación y las amenazas de represión del gobierno del Estado, encabezado por el perredista (ex priísta) Ángel Aguirre Rivero.

Luego de un mes, la CETEG llegó a un acuerdo con el gobierno estatal para poner fin a las movilizaciones y eventualmente levantar el paro, a cambio del pago de los salarios retenidos a los maestros, de la cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes y de una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación que contempla el respeto a la gratuidad de la educación y a los derechos laborales del magisterio, así como una “evaluación democrática”. Este acuerdo fue considerado por los maestros como un triunfo, ya que pudieron imponerlo en un contexto nacional sumamente adverso para los trabajadores, gracias a su movilización tenaz; logrando el reconocimiento de la CETEG como la representación legítima del magisterio en la entidad y que se establezcan mecanismos para que los maestros sean tomados en cuenta a la hora de definir las formas de evaluarlos.

Sin embargo, hay que estar conscientes de que no es por la vía legal o legislativa (menos a nivel local) como podrán enfrentarse las consecuencias de la “reforma educativa”. Sabemos por experiencias previas que los gobiernos, legisladores y jueces, tanto federales como estatales, manipulan las leyes a su antojo. Por lo cual no es posible confiar en instituciones como el Congreso de la Unión o los congresos estatales, donde los partidos patronales dirimen sus diferencias acerca cómo esquilmar mejor a los trabajadores y el pueblo. Los medios de comunicación desataron inmediatamente una campaña contra el gobierno de Aguirre Rivero por su “debilidad” ante la CETEG. La resistencia de los legisladores a aprobar en el Congreso de Guerrero la reforma a la Ley Estatal de Educación en los términos pactados con el magisterio, está demostrando ya el carácter reaccionario de esta institución y los límites del acuerdo con el gobierno. De mantenerse esta negativa, los maestros guerrerenses podrían radicalizarse, mientras que los maestros de la Sección 22 de Oaxaca también se están movilizando y le impusieron al gobierno de Gabino Cué un acuerdo parecido.

Sólo continuando la movilización podrá lograrse que se cumplan íntegramente las demandas del magisterio. Al gobierno federal y sus aliados locales no debemos darles tregua. Hay que aprovechar los avances en Guerrero para reforzar la resistencia en otros estados, como Oaxaca, donde se está librando la misma batalla.

Hace falta una gran lucha de todo el magisterio nacional, con absoluta independencia de los partidos e instituciones del régimen, para echar abajo la (contra) “reforma educativa” de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. La CNTE –que históricamente ha sido el referente organizativo del magisterio democrático–, debería proponer un plan de acción y un pliego de demandas unitarios, evitando el aislamiento y la negociación por separado de las secciones que se reivindican democráticas.