El debate sobre la responsabilidad de Isabel Perón y del mismo Perón en el accionar de las bandas fascistas de la Triple A, a partir de las causas abiertas por los jueces federales Héctor Acosta y Norberto Oyarbide, tiene el telón de fondo de una crisis presente: la reaparición del método del secuestro por parte de bandas de ultraderecha en los casos de Julio López y Luis Gerez, cuando se reabrieron los juicios a genocidas. A la crisis política del gobierno por su incapacidad para dar un solo dato sobre dónde está López y la identificación de los secuestradores en ambos casos, se agrega ahora una disputa con sus aliados de la CGT y sectores del peronismo que amenazaron: “no jodan con Perón”. El gobierno salió a aclarar los límites de su política: “ni Perón ni Isabel sabían de la Triple A”, sostienen sus voceros. ¿Usted qué opina?

El diputado y asesor presidencial Carlos Kunkel acaba de declarar en el diario de mayor tirada que, en su opinión y la de Kirchner, “Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A. La señora de Perón, no creo. Ese tipo de estructuras empezaron a operar después de la muerte de Perón” (Clarín, 24/01).

Kunkel fue uno de los 8 diputados que le presentaron la renuncia al Gral. Perón en enero de 1974 a raíz de la votación parlamentaria de la reaccionaria Reforma al Código Penal que, por ejemplo, condenaba a la cárcel a los trabajadores que ocuparan fábricas, entre muchas otras medidas represivas. Hoy Kunkel es nuevamente diputado y, dicen, uno de los que más aporta “materia gris” a las políticas presidenciales. No parece ser el caso.

El gobierno miente descaradamente, en primer lugar, al decir el disparate histórico de que la Triple A comenzó a actuar luego de la muerte de Perón en julio del 1974. Está archicomprobado que la banda aparece por primera vez públicamente el 21 de noviembre de 1973, a poco más de un mes de que Perón asumiera la presidencia, cuando firmó el primer comunicado como Triple A, adjudicándose el atentado contra el senador de la UCR Hipólito Solari Yrigoyen. Luego, y previamente a la renuncia de Kunkel como diputado bajo el gobierno de Perón, la Triple A hizo una nueva aparición, con cartas de amenazas a legisladores para que votaran la reforma al Código Penal o caso contrario les podía pasar lo mismo que a Solari Yrigoyen. Durante los primeros meses del ’74, en vida de Perón, se redoblaron los atentados, en especial contra el activismo obrero y los delegados de fábricas que encabezaban una oleada de luchas que desbordaban los límites impuestos en el Pacto Social entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Uno de los hitos de la represión de ese período fue la noche del 29 de mayo de 1974, fecha en la que la Triple A comete el asesinato de tres activistas obreros del PST, que se conoció como la “Masacre de Pacheco” y que mostrará el típico accionar de las bandas (ver recuadro).

Las declaraciones de Kunkel salen al cruce de lo que se volvió a difundir estos días en algunos medios: que luego de la muerte del jefe de la CGT José Ignacio Rucci, en setiembre de 1973, se distribuyó un “documento reservado” de Perón en una reunión de gobernadores convocada por Lastiri, el presidente interino ya desplazado Cámpora. Ese documento impartía como “orden” para los miembros del justicialismo: “En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios disponibles que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación”. Más adelante el documento señalaba que “En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará”. Y “aconsejaba” emplear “todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo su rigor”1

Otra vez la “teoría del entorno”...

En vida de Perón, la Juventud Peronista y los Montoneros esgrimían una teoría: el problema no era Perón sino “el entorno” que influía sobre él, ya viejo y enfermo, en especial López Rega. Esto vuelve a ser repetido hoy por el vocero de Kirchner, haciéndolo extensivo a Isabel Perón: “los cuadros estratégicos, que rodeaban a la señora ¿qué hicieron por el peronismo y por la historia de este país? Por eso yo la libero a ella”.

Ni la señora ni el general podían desconocer las actividades del “Brujo”, que fue secretario privado de Perón desde 1966, siete años antes de regresar al país. En 1973, durante el corto gobierno de Cámpora, López Rega fue impulsado por orden del General al Ministerio de Bienestar Social, asunción que fue de la mano de la restitución a la policía (había sido echado por corrupto) del recientemente detenido en España, Rodolfo Eduardo Almirón. Luego fue el propio Perón el que en su presidencia ascendió a López Rega de ex cabo a la cima de las fuerzas represivas, nombrándolo Comisario General de la policía. El otro jefe comprobado de la Triple A fue el comisario Alberto Villar, un especialista en “contrainsurgencia” que en 1971 había estado al frente de las tropas enviadas a Córdoba para reprimir las huelgas y movilizaciones conocidas como el “Viborazo”, y que estuvo al frente del secuestro de los cadáveres de los fusilados de Trelew, que estaban siendo velados en la sede del Partido Justicialista. Luego de ser pasado a retiro durante el gobierno de Cámpora volvió, a pedido expreso de Perón a inicios de 1974, para asumir el cargo de subjefe de la Policía Federal. Junto a él Perón designó al comisario Luis Margaride como Superintendente de Seguridad de la Policía Federal (la policía política), quien había encabezado la represión contra la huelga de obreros de la carne del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, entre otras incursiones contra las luchas sindicales que tenía en su foja de servicios. Según relató el hoy diputado oficialista Miguel Bonasso, “en una reunión con dirigentes juveniles, alguien se atrevió a decirle a Perón que Villar y Margaride eran ‘gorilas’. ‘Puede ser - filosofó el Viejo- pero son buenos policías” (El presidente que no fue).

Bajo el gobierno de Isabel el accionar de la Triple A se acrecentó. Se calcula que entre julio y septiembre de 1974, la Triple A realizó 220 atentados-casi tres por día-, 60 asesinatos -uno cada 19 horas-, 44 víctimas resultaron con heridas graves; y también 20 secuestros; uno cada dos días. En todo el periodo de su actuación la Triple A asesinó alrededor de 2.000 personas.

Los embriones de esta banda fascista datan desde la propia llegada de Perón al país, en los grupos que perpetraron la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, dejando 13 muertos identificados y 365 heridos, según el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky (Ezeiza).

Kirchner y el PJ

Sin duda, las declaraciones del vocero presidencial obedecen a la arremetida de los dirigentes de la CGT de San Vicente. El secretario de la CGT Gregorio “Momo” Venegas, el intendente y capo de la UOM Hugo Curto y, más decididamente, el “fraternal” Omar Maturano, advirtieron: “no jodan con Perón” (ver nota). Son grandes aliados del gobierno, incluso este último con hombres en la Secretaría de Transportes y negocios en los ferrocarriles, los que han reeditado esta especie de “Comando Rucci”, como se autodenominaban en el ‘74 las patotas armadas de la burocracia sindical.

Es improbable que la embestida judicial contra Isabel Perón por el accionar de las bandas fascistas no haya contado, al menos, con la “luz verde” del gobierno, en especial la causa que está a cargo del Juez Oyarbide, un “juez de la servilleta” que viene intentando sumar méritos para perpetuarse, en la que uno de los principales testigos es nada menos que el secretario de Derechos Humanos del gobierno Eduardo Luis Duhalde. Quizá luego de la desaparición de López el gobierno haya influido en acelerar las causas contra la Triple A para remozar las expectativas de grandes sectores de la población que vieron nuevamente actuar con impunidad a las bandas de secuestradores. Esto no significa suscribir la teoría del “operativo K” que estarìa destinado a deshacerse de un plumazo del viejo PJ, condenando a Perón políticamente, y proyectar su “partido transversal” limpio de viejos políticos implicados con aquella represión que fue el preludio de la dictadura genocida. Sería ingenuo pretender que Kirchner vaya a prescindir, aún menos antes de las elecciones, de la pléyade de punteros, caudillos bonaerenses y burócratas sindicales con que cuenta el partido de gobierno. Más probable parece que Kirchner utilice políticamente las causas contra la Triple A para disciplinar a los sectores del PJ que amaguen irse con Lavagna o Macri, a riesgo de ser señalados desde el oficialismo con la denuncia de alguna colaboración con la derecha peronista de los ‘70. Es, a cierta escala, un nuevo pacto de impunidad para los colaboracionistas civiles con el genocidio, como el que la UCR y el PJ sostuvieron desde el ‘83. Los partidos de la “restauración democrática” se comprometieron a no juzgar la represión del período del ‘73-’76, ya que ello ponía al descubierto tanto al PJ que se reciclaba con el Luder del “Operativo Independencia” que dio manos libres a las fuerzas armadas en 1975, como a la UCR de Balbín, quien llamó por entonces a “combatir la guerrilla fabril”, amén de los cientos de intendentes y funcionarios que ambos partidos aportaron al gobierno militar. No casualmente Duhalde ha salido en defensa de aquel pacto proponiènsose el mismo como abogado defensor de Isabel Peròn y declarando que el juicio sobre el pasado del peronismo “estácerrado”.

De todas maneras, la crisis tiene su propia dinámica, porque la política de Kirchner no tiene pleno consenso burgués, distinto del mayoritario apoyo que recibe en el terreno de la económía que favorece a los empresarios como desde hace décadas no hacía. La ultraderecha que hace cuatro meses, cuando desapareció Julio López, realizaba un acto en Plaza San Martín reivindicando el genocidio, volvió a hacerlo libremente ahora en un acto frente al cementerio de Recoleta. Representantes de Patti se presentan ante la justicia para que se investigue el entorno de Luis Gerez, promoviendo la infame hipótesis del “autosecuestro”, y aprovechando la desconfianza masiva creada por la manipulación que realizó el kirchnerismo de la noticia de aparición del militante que fue secuestrado con la complicidad, al menos, de la policía de la zona. Por su parte, la derecha “republicana” del diario La Nación le toma el guante a Kirchner para decirle que también se investiguen las acciones de las organizaciones guerrilleras, intentando reeditar la “teoría de los dos demonios”.

Como decimos en estas páginas, los organismos de derechos humanos que no comulgan con el oficialismo y vienen encabezando las marchas desde la desaparición de Julio López, nucleados en el Encuentro 30 años, Memoria, Verdad y Justicia junto a organizaciones sindicales combativas, estudiantiles y de la izquierda, debemos redoblar esfuerzos en la unidad y coordinación nacional por la aparición con vida de López, el castigo a los secuestradores y la cárcel a todos los genocidas y sus cómplices, como Isabel Perón y los responsables en el montaje de las bandas fascistas de la Triple A.

— 

– Lea además:

– 1974: la Masacre de Pacheco en vida de Perón

– La burocracia sindical y la Triple A

– Córdoba 1974: el golpe de Perón (y la CGT)

– Importante declaración de organizaciones sindicales combativas