Las leyes de reforma de la justicia confirman que el kirchnerismo -pese al triunfo táctico que obtenía en medio de un “escándalo” al conseguir los votos para aprobarla-, trata de enfrentar su decadencia con artimañas legales que, sin embargo, lo ponen a cada paso al borde de una crisis.
La reforma limita derechos democráticos elementales, como el uso de las cautelares (aunque debieron retroceder parcialmente en la ofensiva contra el derecho a huelga) y aumenta la burocracia judicial perjudicando a los más pobres. Hacia la votación en diputados, a último momento, el gobierno modificó otros dos aspectos que hacen a la reforma todavía más reaccionaria. Con la Corte Suprema negoció que pueda seguir manejando el millonario presupuesto de la justicia (unos 7.000 millones de pesos anuales) y le permitió seguir nombrando a los secretarios de los juzgados. También introdujo cambios respecto a cómo participarán los partidos políticos en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Con una maniobra jurídica que impone que los partidos o alianzas sólo pueden presentar sus boletas unidas al resto de sus candidatos, si son capaces de presentarse con la misma denominación en 18 distritos electorales, el kirchnerismo es prácticamente el único partido en condiciones de cumplir con esa reglamentación. A lo sumo podrían sumarse la UCR y el PRO (página 3). Pero el “éxito” gubernamental todavía no está asegurado, ya que deberá enfrentar los pedidos de inconstitucionalidad que realizarán variadas organizaciones.
La maniobra es evidente. El Frente Para la Victoria tendrá muy probables derrotas electorales en Capital, Santa Fe, Córdoba y atraviesa una difícil situación en la provincia de Buenos Aires, donde su candidata, Alicia Kirchner, salió golpeada luego de las inundaciones. Con esta reforma, el gobierno busca un “triunfo” electoral nacional, logrado gracias a restringir o prácticamente vetar la participación de los demás partidos en la elección del Consejo de la Magistratura. Pero las artimañas leguleyas dejan al desnudo la debilidad de un gobierno que viene perdiendo hegemonía, claramente entre las clases medias, y con un inicio de ruptura en importantes sectores de los trabajadores.
Un gobierno en decadencia
Los intentos del gobierno de ganar más poder de manera arbitraria para contrarrestar su debilidad generan un rechazo extendido. Hasta las “buenas noticias” se le vuelven en contra. La liquidación por parte de las patronales agrarias de los dólares producto de una cosecha récord de soja, tuvo como consecuencia un aumento del dólar paralelo que ya roza los nueve pesos, otra manifestación del agotamiento del “modelo” económico.
Las denuncias de corrupción contra los Kirchner y sus empresarios amigos y las evidentes maniobras para aprobar esta reforma reaccionaria intentaron ser aprovechadas por los partidos patronales opositores que se sacaron la foto en los cacerolazos de las clases medias y convocaron a la manifestación frente al Congreso el día de la votación de la reforma, junto a la burocracia sindical moyanista. Pero también el hastío contra el gobierno y los gobernadores provinciales se extiende entre los trabajadores, la juventud y los sectores populares como pudo verse frente al crimen social provocado por la desidia de los políticos patronales en las últimas inundaciones en La Plata y parte de la Capital.
Esto no implica que mecánicamente la pérdida de hegemonía del gobierno se manifieste en una derrota electoral profunda como en 2009, sobre todo teniendo en cuenta las debilidades de la oposición patronal. Si por algún motivo el gobierno mantiene una relativa fortaleza política, pese a su decadencia, es porque esta oposición es igual o peor que ellos. Salen a defender en bloque a esa casta de privilegiados vitalicios que son los jueces, como antes defendieron al grupo Clarín, o en 2008 a las patronales agrarias encabezadas por la Sociedad Rural.
Pero el proceso profundo que recorre el escenario político nacional es el inicial proceso de ruptura de sectores del movimiento obrero con el gobierno, basado en que las consecuencias del agotamiento del “modelo” recaen sobre las espaldas de los trabajadores, proceso que tuvo su máxima expresión en el paro del 20N del año pasado. Franjas de la clase trabajadora y de los sectores populares que sufren la inflación, el “cepo” a las paritarias, el impuesto al salario, los tarifazos, las consecuencias de los crímenes sociales; suman a su hartazgo cotidiano las evidencias de que el kichnerismo no es muy distinto a los gobiernos anteriores en sus corruptelas con los empresarios o en el uso del poder político para su enriquecimiento personal. ¿Qué diferencia existe entre el escándalo que destapa el lavado de dinero de Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, con las “hazañas” protagonizadas por la runfla menemista en la denostada década del ’90? El relato de la presidenta es un verso más. Los jugosos beneficios que consiguieron los Cristóbal López, los Bulgheroni, los Eskenazi, muestran de qué se trata la famosa “burguesía nacional” que crearon los K: un empresariado parásito que succiona los recursos del Estado.
Hay que pelear para que la bronca y el descontento contra el gobierno no sean capitalizados por la oposición patronal de derecha o de centroizquierda. Cuando gobernaron (o donde gobiernan, como Binner en Santa Fe o Macri en Capital) lo hicieron para los mismos intereses patronales contra los trabajadores y el pueblo.
Frente al fallo que condenó a los asesinos de Mariano Ferreyra y que absolvió a los responsables políticos, la oposición patronal que se llena la boca hablando de justicia, hizo silencio encubriendo las responsabilidades políticas del crimen.
Las burocracias sindicales opositoras de la CGT de Moyano y la CTA Micheli, pretenden llevar a la clase obrera detrás de las distintas variantes de la oposición patronal y mediática. Los trabajadores, la juventud combativa y la izquierda deben jugarse a incidir en el escenario político nacional con una propuesta y un programa independiente ante las crisis del gobierno.
Una respuesta desde los trabajadores
Contra la reforma antidemocrática que impulsa el gobierno y contra la defensa de la corporación judicial que hace la oposición, planteamos que los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular y universal e imponer los juicios por jurado. Además deben ser revocables y cobrar lo mismo que un trabajador.
Contra la corruptela que involucra a funcionarios o legisladores, la propuesta del diputado por el Frente de Izquierda de Neuquén, Raúl Godoy, de que “todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que una maestra”, además de que deben ser revocables, son medidas elementales para echar a los funcionarios corruptos que se enriquecen a costa del dinero público.
Hay que acabar con los subsidios a los capitalistas amigos o a las privatizadas que mantienen los servicios públicos, como el transporte, en condiciones desastrosas. Peleamos por la reestatización sin pago y bajo gestión obrera de las empresas de servicios públicos. El dinero del Estado debe servir para poner en marcha un plan de obras públicas de emergencia. Pero para terminar de una vez por todas con el método de las licitaciones truchas que favorecen a empresarios corruptos, este plan debe ser controlado por las organizaciones de los trabajadores. Se necesitan construir viviendas y obras para evitar las catástrofes que terminan en tragedias para el pueblo trabajador. No sólo hay que sacarles los subsidios a esos capitalistas, sino cobrarles impuestos progresivos a los empresarios del campo y la ciudad y a los banqueros.
Los dirigentes sindicales, empezando por Moyano y Micheli, deberían romper su seguidismo a la oposición patronal y llamar a la movilización independiente de los trabajadores por sus propias demandas. Hay que partir de apoyar a los trabajadores que enfrentan despidos de efectivos (Lear, Latingráfica) o contratados (Kraft), que reclaman aumentos de salarios (FelFort), a los docentes que siguen en lucha y llamar a romper el “cepo” a las paritarias, acabar con el impuesto al salario, imponer el 82% móvil y preparar un paro nacional por las demandas de toda la clase trabajadora y el pueblo.
En esta perspectiva, el 1° de mayo en Plaza de Mayo (y en todo el país), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores levantará la única tribuna verdaderamente independiente bajo la bandera “Por una alternativa de los trabajadores y la izquierda”. Llamamos a los trabajadores que enfrentan a las patronales y a las burocracias sindicales, a los estudiantes combativos, a todos los que luchan por sus derechos, a movilizarse para evitar que la decadencia del gobierno la capitalice la oposición patronal.
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