Por Sofía Andrade

La explosión de una pipa en la autopista México-Pachuca, que dejó un saldo de 23 muertos y decenas de heridos, 45 viviendas dañadas, 30 vehículos incendiados y más cien personas desalojadas; pone en evidencia nuevamente que en estos "accidentes", el pueblo pobre es el que pone los muertos.

Las imágenes de las viviendas calcinadas no ocultan las extremas condiciones de pobreza y marginación a las que están sometidos los habitantes de la zona. Techos de lámina, construcciones improvisadas y hacinamiento fueron los ingredientes que marcaron la tragedia de quienes se vieron obligados a estar en riesgo permanente al vivir a la orilla de la carretera y que todos los gobiernos en turno se han negado a resolver (el municipio ha sido gobernado por el PRI, el PAN y el PRD en años recientes).

Según cifras de 2010, en Ecatepec (el municipio más poblado del país, con casi dos millones de habitantes), el 35.2 por ciento de la población vive de forma hacinada, y en promedio 4.67 habitantes viven solamente en dos habitaciones.

Precisamente en Xalostoc existen diversos asentamientos donde las casas están hechas de lámina, cartón y madera, que carecen de agua y drenaje; es de las zonas más pobres del municipio.

Por ello, son indignantes las falsas condolencias del gobernador Eruviel Ávila, quien durante la tragedia hacía turismo religioso en el Vaticano, y de los políticos de todos los niveles. Son ellos, junto a la empresa Termogas, (que se negó a dar la cara); y de ICA, la constructora propiedad de Carlos Slim que desde hace años "moderniza" esa autopista, los responsables criminales de la tragedia que hoy viven decenas de familias y que ha llenado de luto a todo el pueblo trabajador.

Esta tragedia es una muestra más de que los partidos patronales, encargados de ceder los contratos de construcción, están al servicio de los capitalistas y que su política urbana va en contra de los intereses de las grandes mayorías.

Ahora, ante la tragedia que ellos mismos provocaron pretenden solucionar los problemas profundos con entregas de indemnizaciones miserables y llevando al ejército a la zona para "resguardar" la seguridad, mientras a quienes perdieron sus viviendas ofrecen albergues temporales, sin garantía alguna de que pronto contarán con un techo.

Muchas familias pobres sólo pueden acceder a un techo mediante ocupaciones, asentándose en terrenos sin servicios, o expuestas a fenómenos naturales, mientras las empresas y los capitalistas se quedan con los terrenos más seguros y que cuentan con todos los servicios.

Esto pone en evidencia, de nueva cuenta, las consecuencias inevitables de la apropiación capitalista del suelo y la planeación urbana en función de los millonarios ingresos que les genera a las inmobiliarias y constructoras.

Es imposible conciliar en un plan urbano las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre, con la apropiación del suelo por parte de los grandes capitalistas y la desigualdad social que esto implica.

Reclamamos la solución inmediata a las demandas de las familias afectadas y proponemos luchar por un plan de vivienda controlado por los trabajadores de la construcción y basado en las necesidades populares.

Para poner fin al hacinamiento de la población, exigimos la expropiación sin pago de los inmuebles ociosos, como las bodegas industriales de la zona, para las personas que perdieron sus viviendas y para los habitantes de los asentamientos irregulares. ¡Rechazamos la concentración en "refugios" miserables! Sólo los trabajadores y los sectores populares podemos proponer una salida favorable a nuestros intereses.