El presidente Hugo Chávez, acaba de desembolsar 723 millones de dólares para compensar a los empresarios norteamericanos por el pase a la órbita estatal de la principal empresa de electricidad (EDC) y 570 millones de dólares por la compra del 28% de la compañía telefónica (CANTV). El fabuloso monto que Chávez extrae del erario público viene a confirmar lo que ya habíamos denunciado desde estas páginas sobre las medidas anunciadas, desde que tomó posesión de su nuevo mandato el pasado 10 de enero, sobre las falsas “nacionalizaciones” de las compañías eléctricas y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Lo que provocó el “alerta” de EE.UU. y los elogios de quienes en latinoamérica promueven la retórica del mal llamado “Socialismo del Siglo XXI” (incluyendo a no pocos “izquierdistas”), terminó siendo una grata sorpresa para los empresarios del Norte. Ante tamaña cifra “La firma estadounidense AES, dueña mayoritaria de la Electricidad de Caracas (EDC), capituló sin problemas” dice, sarcástico, un periodista del diario El País. “No es el precio de mercado, pero se aproxima. Es una buena noticia”, dijo un analista de Goldman Sachs en Nueva York. Tras cartón, “El anuncio de compra de 28,5% de la CANTV fue recibido el martes de forma favorable por los inversionistas, lo que hizo subir la cotización de la acción en la Bolsa de Nueva York”, dice El Nacional (14 de febrero).

El “nacionalismo” de Chávez es más retórico que efectivo a pesar de que, después de décadas de privatizaciones y entrega del patrimonio nacional por parte de los gobiernos latinoamericanos, su discurso despierte expectativas en vastos sectores de los trabajadores y el pueblo. Detengámonos en una comparación entre las medidas de Chávez y no ya con lo que haría un gobierno socialista sino con, por ejemplo, las nacionalizaciones del General Lázaro Cárdenas en México a las petroleras en el año 1938. Por entonces las 17 compañías extranjeras nacionalizadas reclamaban en la prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento [1], pero el estado mexicano sólo pagó indemnizaciones con el criterio de que “el precio de la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras” [2]. Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban), adjudicándose como propiedad el crudo y el gas que se encontraba bajo la superficie de los yacimientos expropiados que eran parte de las riquezas nacionales. Finalmente, seis años después, en 1944 bajo el gobierno de Avila Camacho, México pagó a las compañías petroleras estadounidenses 24 millones de pesos, más intereses del 3% por las propiedades petroleras expropiadas en 1938. Y a finales de 1947, el gobierno mexicano de Miguel Alemán anunció que las compañías petroleras británicas y alemanas, demandantes de 250 millones de pesos por las propiedades expropiadas, habían aceptado el pago de 21 millones.En cambio, como define claramente el actual Ministro de Finanzas, sobre las “nacionalizaciones” de Chávez: “no se trata de una medida de expropiación, las empresas estratégicas se van a comprar”.

Con todo, los propios juristas de Lázaro Cárdenas declaraban en 1938 -en un sincero reconocimiento de los límites alcanzados por el nacionalismo burgués ya en el siglo pasado- que aquel gobierno mexicano demostraba tener “menos valentía que los revolucionarios franceses (...) Cuando la Revolución Francesa, constituida en Convención Revolucionaria, decretó la abolición del feudalismo y con él, la de todos los privilegios, beneficios, rentas y patrimonios con los cuales mantenían su opulencia 20 mil familias de Francia, su abolición se hizo sin indemnización ni pago de ninguna especie” [3]. Lo mismo podría decirse cuando los Estados Unidos de Norteamérica declararon su independencia de la corona de Inglaterra que perdió bienes, tierras, minas, impuestos y títulos sin compensación alguna; o de Abraham Lincoln que nunca pensó en indemnizar a los propietarios que perdieron sus títulos de dominio cuando fue abolida la esclavitud. Si las medidas del nacionalismo burgués del siglo XX ya no podían equipararse a las de la burguesía en su época revolucionaria, ¿qué es lo que merece hoy tener el nombre de “revolución bolivariana” como insisten tantos “izquierdistas” del continente? ¿”Socialismo del Siglo XXI”? Ni siquiera se lo puede considerar en el status del nacionalismo burgués del siglo pasado.