Introducción

Decíamos en el número anterior de Estrategia Internacional que la situación argentina estaba caracterizada por una crisis de hegemonía burguesa, las instituciones políticas del régimen cuestionadas por las masas y una clase dominante surcada por sus disputas internas.

En esta crisis de proporciones históricas ninguna de las clases y fracciones de clase en conflicto logra alcanzar un triunfo completo sobre las restantes. El cuadro general es una suerte de empate estratégico que desangra a todos los contendientes y alarga en el tiempo la crisis de poder y el proceso revolucionario en curso, con sus naturales flujos y reflujos. Los viejos partidos del régimen se encuentran en crisis y fracturados.
En este marco tienden a estructurarse nuevas constelaciones políticas, podríamos abusar diciendo “partidos”, en el sentido de una “nomenclatura de clase” o de fracciones de clase.

El “partido” de las finanzas, de los grandes bancos privados y las empresas privatizadas que han quedado a la defensiva luego de la caída de De la Rúa y la devaluación, está hoy representada por dos fracciones de los partidos tradicionales en disolución: el Menemismo y López Murphy. El menemismo en particular, que pretende recrear las condiciones ya inexistentes del capitalismo de los ’90 se encuentra en una situación de debilidad intrínseca, porque ya no es confiable para la oligarquía nativa ni para el Departamento de Estado norteamericano, sobre todo por el rechazo que alberga en el seno de la sociedad. Pero no habría que subestimar a este partido en retirada y a la defensiva, porque prepara a mediano y largo plazo una alternativa bonapartista basada en la derrota de las masas y en un cambio de perspectivas de la economía mundial que favorezcan una nueva oleada de inversiones de capital, privatizaciones y una integración mayor a la economía mundial bajo el modelo del Alca. Apoyado en la demagogia de la estabilidad no deja de tener apoyo en ciertos estratos empobrecidos de la población, en el seno del PJ, y conserva cierto poder de fuego, tanto en las instituciones del régimen como la Corte Suprema, el Congreso, y también porque puede ser utilizado por la administración norteamericana y la gran burguesía financiera local como instrumento de chantaje y presión sobre las fracciones más beneficiadas por la devaluación y el nuevo esquema capitalista. A pesar de esto la correlación de fuerzas sociales y políticas le es desfavorable y lo ha dejado reducido a ser por el momento una oposición minoritaria.

El segundo “partido” es el de los devaluadores, los pesificadores, los exportadores y ciertos grupos empresarios basados en el mercado doméstico. A pesar de las agudas disputas que este conjunto heterogéneo de sectores sostiene con el primer partido, sin embargo mantiene con él un acuerdo estratégico basado en dos puntos: la disminución sustancial del salario real y la licuación de las deudas privadas con acreedores del exterior que ascienden en total a más de 60 mil millones de dólares. El rescate estatal de las deudas y la rebaja del valor de la fuerza de trabajo por la vía inflacionaria son un requisito para recomponer las ganancias y comenzar un nuevo ciclo expansivo. Sin embargo las fricciones y los roces son evidentes. Este conglomerado lo componen la fracción duhaldista del PJ hoy en el gobierno, los residuos de la UCR, la burocracia sindical peronista tanto la de Daer como la de Moyano que fueron adalides de las virtudes de la devaluación, la nueva formación política de Rodríguez Saá e intelectuales como los del Plan Fénix. Este mosaico heterogéneo comparte la idea de un neodesarrollismo basado en las exportaciones y las barreras proteccionistas que naturalmente ha levantado la devaluación de la moneda. El triunfo de Lula en Brasil es un aliciente para restablecer el Mercosur, ampliar la frontera exportable y negociar en mejores condiciones con el FMI. No es verdad que los organismos de crédito sean adversarios de este esquema. Al revés, el FMI vino insistiendo con la devaluación, porque el estrangulamiento de la convertibilidad dio paso a un esquema de exportaciones y superávit comercial y de divisas, parecido al esquema de los ’80, que permitan reanudar los pagos de la deuda externa y comprar a precio de remate los activos hoy subvaluados por parte de capitales norteamericanos. Bajo las banderas de la “producción y el trabajo” la fracción más fuerte hoy en el gobierno creó expectativas de una recuperación económica, y mediante ciertos instrumentos de política monetaria mantuvo el control del dólar y la inflación evitando por el momento la prolongación del elemento catastrófico de la economía que fue el motor del levantamiento de diciembre, constituyendo de fondo un inestable y precario equilibrio, postergando los problemas más agudos hacia adelante (deuda externa, reestructuración bancaria, etc.) y frenando momentáneamente las perspectivas de nuevas acciones de masas. La restricción fundamental con que se encuentra este sector para afianzar un nuevo patrón de acumulación es la relación de fuerzas con las masas que se expresa en primer lugar como deslegitimación descomunal de todo el régimen político, las disputas a su interior y la propia crisis mundial. Aún así la “patria devaluadora” no logrará superar, sino más bien reproducirá la especificidad histórica restringida de la acumulación de capital, sólo que partirá de una base más contraída aún, que preservará la población obrera desempleada, un salario por debajo de su valor y una Argentina dualizada. El discurso de su ala izquierda como el Plan Fénix de distribución de la riqueza y fortalecimiento por esa vía del mercado interno, una especie de vuelta atrás en la historia a la Argentina de hace 30 o 50 años es literalmente imposible sobre las bases mismas del régimen capitalista actual. El ARI comparte sus presupuestos y podríamos decir que es una bisagra entre este grupo y el neoreformismo de la CTA.

Efectivamente a la izquierda del partido devaluador se halla la CTA en estrecha relación con el ARI en el seno del Frenapo. Este tercer proyecto de partido reformista está basado en los mismos preceptos que los devaluadores y que no se distinguió de esta medida más que por la “forma” abrupta de aplicarla y no por su contenido confiscador. Sus coincidencias con el Plan Fénix no debieran sorprender, porque el programa del afianzamiento del Mercosur, del mercado interno y de la vía exportable para negociar con el FMI son presupuestos compartidos. No es casualidad que el saludo de Lula al último congreso de la CTA realizado en Mar del Plata hiciera hincapié en su deseo y convicción de que los “trabajadores argentinos” lucharán por fortalecer y afianzar el Mercosur. En la peculiar visión de la dirección de la CTA sobre la “crisis de hegemonía” la clase trabajadora está llamada a constituir con sectores de la clase dominante un nuevo “bloque de poder” como Lula lo ha realizado con sectores de la patronal brasilera. La base social de este proyecto son los trabajadores estatales y docentes. Su talón de Aquiles es sin duda su escasa o nula inserción entre los asalariados del sector privado, sin los cuales no es posible participar activamente en el seno de un nuevo “bloque de poder”. De todos modos no se debería subestimar sus fuerzas. Sobre todo porque le juega a favor el enorme desprestigio de la burocracia sindical peronista y la crisis y eventual ruptura de dicho partido; porque es la central menos desprestigiada en el sentimiento de las grandes masas y porque su reclamo de una distribución más equitativa de la renta nacional y su oposición al “neoliberalismo” es naturalmente bien vista por amplias franjas de la población; y por último por el apoyo político que cuentan por parte del PT de Brasil. Su programa neo desarrollista-neo reformista atrae incluso a los maoístas del PCR-CCC y a corrientes políticas que actuando en el seno de la nueva vanguardia y los movimientos sociales se inclinan estratégicamente hacia su órbita, como es el caso del PC cada vez más neokeynesiano, Patria Libre o los innumerables grupos que se reivindican “nacionalistas revolucionarios”. Todos ellos inscriben su estrategia en la colaboración de clases, la “liberación nacional” como etapa independiente de la revolución socialista y vienen compartiendo con la dirección de la CTA cargos de dirección en la central o participan de sus agrupaciones.

Sin embargo la política reformista de la CTA ha sido cuestionada y rechazada por una amplia franja de activistas que están a su izquierda. Son miles de militantes de los más diversos movimientos sociales, de las agrupaciones de desocupados que no han entrado a los consejos consultivos, de nuevos activistas antiburocráticos en diversos sindicatos, de las fábricas ocupadas que se enfrentan a la política progubernamental de Caro y MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas), de las Asambleas Populares que rechazaron su integración a los CGP (Centros de Gestión y Participación) de Aníbal Ibarra, de militantes de los derechos humanos, de movimientos artísticos, de agrupaciones estudiantiles, etc. que fueron los protagonistas de la multiplicidad de luchas y movimientos de todo tipo que se fueron dando durante el último año y que culminó, a pesar de un retroceso importante en las asambleas populares, en el acto de Plaza de Mayo a un año de las jornadas de diciembre. Con el reflujo de las luchas de masas las variantes neoreformistas tienden a fortalecerse. Pero aún así la persistencia de esta amplia franja militante es la que ha obligado a la CTA a tomarla en cuenta y a disputar con ella la representación política de los nuevos fenómenos sociales y del descontento de amplias franjas de la población con el gobierno y el régimen actual.

Es en este amplio abanico de las nuevas fuerzas militantes en Argentina, donde participan las diversas corrientes de izquierda, populistas, autonomistas, movimientos de desocupados de distinto tipo, etc. el que constituye en su todo heterogéneo el cuarto “partido”, expresión más social que política del levantamiento de diciembre y de los nuevos sectores activistas de trabajadores ocupados y desocupados, clases medias empobrecidas y diversos estratos populares.

Los cuatro sectores que hemos definido son esencialmente transitorios, como lo es la propia situación nacional, surcados por múltiples desgarramientos y luchas políticas a su interior, demostrativa de que aún no se ha alcanzado una combinación de fracciones y partidos que prevalezcan sobre los restantes y tiendan a expandir sus propios intereses como intereses generales del conjunto social.

En el seno de la vanguardia militante existe hoy una disputa de carácter estratégico por cuál será la combinación de clases, partidos y programas que representarán los intereses históricos de la clase trabajadora y los sectores populares. Cuál será la fuerza social que hegemonizará a las restantes capas oprimidas y qué tipo de partido deberá construirse. La unidad en la lucha y la organización democrática de la vanguardia es un prerrequisito para potenciarla como un polo de referencia frente a las masas y para someter los programas y las estrategias partidarias a la luz de la vanguardia, pero no es la unidad política misma.

La fragmentación política e ideológica es inevitable al inicio del proceso y cuando aún las masas no han librado batallas decisivas. Pero en el seno de lo que figurativamente podríamos denominar “cuarto partido” la heterogeneidad política e ideológica está complementada con el hecho de que al no haber irrumpido un movimiento de masas independiente y radicalizado, la vanguardia es más volátil y su potencial representación política carece tanto de una base social que la proyecte a la lucha por el poder, como de la idea misma de la revolución socialista y de la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora. No hay partido revolucionario sin un movimiento revolucionario de masas real. Esta cuestión evidente es sin embargo terreno de controversias en el seno de las corrientes de izquierda.

Pero lo que es un hecho indiscutible es que Argentina ha sido un verdadero laboratorio donde se han puesto a prueba las distintas teorías, programas y estrategias que se han forjado en la etapa previa y que en parte se sometieron al test ácido de la lucha de clases en el nuevo período abierto. Aunque todavía el proceso argentino está en curso y lejos aún de definirse, a un año del levantamiento popular es necesario hacer un balance exhaustivo tanto de la dinámica en curso como de los programas y estrategias que han entrado en colisión. Si las masas que aún no han entrado en actividad presumiblemente lo harán en el próximo período, de las conclusiones que pueda extraer la vanguardia, de su capacidad para asimilarlas revolucionariamente y en consecuencia para influir con ellas en el seno de las masas, dependerá en gran parte el futuro del proceso revolucionario.

El sentido común de los nuevos movimientos sociales

En el seno del activismo político, que en el curso de un año se vio fortalecido con el florecimiento de un nuevo estrato militante y politizado, han ganado terreno las ideas, heterogéneas sin duda, del llamado autonomismo, un fenómeno que no se ha restringido al ámbito nacional, sino que ha cobrado influencia en el plano internacional, donde las ideas de Toni Negri, de Paolo Virno y también de otras vertientes como la de John Holloway han ampliado, sobre todo en el seno del movimiento anticapitalista, su radio de influencia.

Corrientes tan heterogéneas como la de algunos MTD del Gran Bs. As., agrupaciones estudiantiles independientes, movimientos políticos como el que encabeza Luis Zamora, y una pléyade de activistas de Asambleas Populares, movimientos sociales de distintas características coinciden con sus planteos aunque en muchos casos no se reivindiquen o no conozcan a los referentes autonomistas, han encontrado en las coordenadas teóricas y políticas de sus diversas tendencias una guía de acción.
El carácter espontáneo del movimiento originado en las Jornadas de diciembre, el carácter asambleario y ciudadano que cobró el movimiento de las asambleas populares, el ejercicio en amplios sectores de la democracia directa y la autoorganización, la conquista de espacios públicos, y la deliberación democrática, por un lado, y la forma en que se dieron las jornadas más allá y por sobre las organizaciones tradicionales ya sea de las distintas vertientes sindicales o incluso de la mayoría de los movimientos de desocupados, el predominio casi absoluto de las capas medias por sobre los millones de asalariados en los meses que le siguieron, dieron la impresión, sin dudas, y fortalecieron en el sentido común de una amplia franja del activismo, de que los nuevos procesos descritos por las corrientes autonomistas, las estrategias políticas y los medios que se propusieron, respondían, en contraposición a las corrientes de izquierda, más acertadamente al curso histórico del proceso argentino.

El estado y la revolución

Un concepto central de los autonomistas es el de contrapoder, aquél que se ejerce no como oposición al poder dominante, sino alternativamente a él. Así este contrapoder no se propone destruir el estado burgués y tomar el poder, estrategia que enarbolan “las viejas organizaciones tradicionales de la izquierda” sino emancipar a la sociedad mediante los recursos propios e inmanentes del contrapoder que se construye. Lo que estas teorías tienen en común es que más allá de las denominaciones y categorías que se utilicen, las potencias que se oponen a la dominación en cualquier sentido que se le entienda, no deben “instituirse” o cristalizarse en un nuevo poder a condición de perder su autonomía y su potencia liberadora en un nuevo poder dominante y opresivo. Para los autonomistas el problema no es la extinción del estado, que deviene como expresión de las nuevas relaciones mundiales globalizadas mediante el Imperio, sino el proceso por el cual el poder de la multitud, o del contrapoder van afirmándose en su comunismo presente, aquí y ahora, en el juego inmanente de esa multitud.

Argentina, en este sentido ha sido un test ácido, para saber si estos conceptos pueden responder a situaciones concretas de crisis e irrupción de masas, porque fue justamente en la dinámica del proceso argentino que el autonomismo descubrió el poder de la multitud y las nuevas formas de “subjetividad”. De allí que uno de los preceptos más importantes fue la de rechazar la lucha por el poder del estado.
Pero en un país en el que todas las relaciones jurídico políticas han sido trastocadas, en donde las fracciones burguesas establecen una disputa desenfrenada por el reparto de los despojos, en donde se ha establecido un abismo entre las masas confiscadas y empobrecidas y las instituciones políticas del régimen, en conclusión, en una sociedad polarizada y un régimen social carente de hegemonía, el problema del poder político se plantea en toda su agudeza, no porque esté al alcance de la mano de una clase trabajadora todavía incapaz de conquistarlo, sino porque el debilitamiento agudo del poder burgués presenta ante el conjunto de las clases la cuestión de quién lo detenta y quién debe detentarlo. Oponerse, en estas circunstancias, a establecer las premisas para que maduren las condiciones de su realización no puede equivaler más que a facilitar la recomposición del régimen y a reforzar el comando capitalista.

El resultado inmediato de la estrategia autonomista ha sido la incapacidad intrínseca, de carácter antipolítico, de responder a las maniobras inevitables del régimen. Porque en la realidad material de la lucha de clases el poder actúa y lucha con todos sus recursos. La dinámica del proceso real desde las jornadas de diciembre a esta parte es un mentís definitivo al apoliticismo autonomista. Aunque por el momento persiste una grave crisis sistémica, el gobierno ha logrado, mediante la demagogia y los planes sociales, detener nuevos levantamientos del hambre aislando a la vanguardia piquetera de los millones de desocupados; tuvo un relativo éxito al amortiguar el elemento catastrófico de la economía que fue el motor del levantamiento de diciembre, descargando mediante la devaluación de la moneda la crisis sobre los asalariados y las masas pobres; rescató a fracciones capitalistas endeudadas, impidió la quiebra generalizada de los bancos y conserva el poder en una transición crítica, convulsionada e incierta, pero manteniendo en pie las viejas instituciones políticas a pesar de la exigencia de que se vayan todos. Las direcciones sindicales completamente desprestigiadas conservaron su poder y amordazaron a la clase trabajadora ayudados por el terror a la desocupación, y los nuevos fenómenos militantes que surgieron en estos meses no sólo no han podido expandirse, sino que se encuentran, a pesar de su fortaleza, más aislados que en los primeros meses que le siguieron a la crisis en el caso de las asambleas populares y más subordinados en su relación con el estado en el caso del movimiento piquetero.

¿Cómo es posible entender esta dialéctica sino es anclándose en la fórmula marxista de que si la clase dominante no es despojada del poder estatal, tarde o temprano volverá a recomponerse y asestará nuevos golpes y nuevas derrotas a las masas? Por ahora debe hacerlo, en honor a la relación de fuerzas, mediante engaños y desvíos, pero tarde o temprano se dispondrá a asestar derrotas duraderas. Todavía los momentos decisivos no han llegado, la clase dominante se encuentra en crisis y dividida. Las grandes masas todavía no han dado batallas decisivas y persiste una especie de empate catastrófico. Los tiempos del proceso argentino, por eso mismo, serán más largos que otros procesos revolucionarios, lo cual da tiempo a la recomposición de la clase trabajadora y a la maduración de una vanguardia militante revolucionaria. Pero ésta sólo puede hacerlo a condición de extraer de la experiencia viva de la lucha de clases las conclusiones adecuadas.

A pesar de que tanto los reformistas como los revolucionarios son acusados por parte de los autonomistas de estatolatría, en realidad, los puntos de contacto entre el movimiento autonomista y el reformismo o el progresismo son evidentes. La madre de todas las coincidencias, es por supuesto, su rechazo a la revolución socialista y al poder obrero y popular.

Los reformistas, como la dirección actual de la CTA, también pretenden “politizar la sociedad y socializar la política”, como no ocultan su aspiración a “transformar la sociedad” y al “cambio social”, pero no dejan de rechazar el derrocamiento revolucionario de la clase capitalista. Que unos pretendan hacerlo desde el participacionismo en el estado, y otros mediante emprendimientos autogestionarios en el seno de la “sociedad civil”, no quita que ambos partan de una coincidencia fundamental, sobre todo en nuestro país, donde la cuestión del poder político no es un simple ejercicio teórico.

Desde el ángulo opuesto corrientes como el MST o el PC han sido los adalides del “poder constituído”, ya sea planteando asambleas constituyentes de carácter constitucional, “impuestas desde abajo” pero convocadas desde “arriba”, sin que medie el derrocamiento revolucionario del régimen, o por su desenfrenado electoralismo. La propuesta del MST de formar un frente electoral con Zamora ya desde el primer semestre del año, cuando el planteo de “que se vayan todos” arreciaba y la posibilidad de la caída del gobierno de Duhalde era cierta y donde al mismo tiempo éste preparaba salidas amañadas en los marcos de un proceso que el mismo MST consideraba una “revolución democrática”, mostró los límites constitucionalistas y electoralistas de IU, que apostó a la “posibilidad histórica” de tener una gran bancada en el congreso más que a las posibilidades revolucionarias que imponía la situación.

Estado y democracia directa

Coherentes con la caracterización de que el período actual está cruzado por una crisis de poder burgués, los que reivindicamos el legado del marxismo revolucionario hemos apostado al desarrollo de organismos de democracia directa de la clase trabajadora como embriones de doble poder, es decir como gérmenes de un nuevo poder, obrero y popular. En estos organismos de democracia obrera no estarán ausentes elementos de la democracia directa de los ciudadanos, capas enteras de la población disgregada, tanto campesina como urbana. El planteo de la alianza obrera y popular, mediante organismos que nucleen a productores y consumidores, a capas diversas de la población explotada son un prerrequisito para el triunfo de la revolución. Pero el ejercicio de la democracia directa de carácter popular no dará paso a la disolución de la centralidad proletaria en el seno de la “multitud ciudadana”, sino al revés, permitirá a éstas incorporarse al torrente, no sin contradicciones, de la revolución proletaria.
La enorme explosión ciudadana que sobrevino a la ruptura de las capas medias con el gobierno de la Alianza y los acontecimientos de diciembre, son un claro indicio que por su peso social, económico y cultural, todos estos estratos sociales heterogéneos tenderán históricamente a irrumpir con peso específico en acontecimientos revolucionarios y darán origen -y ya lo preanuncian más que como embrión las asambleas populares- a organismos de carácter territorial, urbano de enorme peso. Es previsible entonces que al compás del desarrollo de un movimiento obrero militante en el proceso revolucionario se forjen no sólo organismos de democracia directa basados en las unidades de producción, sino que serán acompañados de organismos de tipo comunales. La combinación que podrán darse entre ambos, los tipos específicos de organismos, etc. son cuestiones que la propia dinámica alumbrará. El surgimiento y desarrollo de las asambleas populares, más allá de los vaivenes coyunturales de las mismas, tiene como base enormemente revolucionaria el pase a la oposición de las capas medias al régimen confiscador, abonando el terreno para la alianza obrera y popular. Alianza que desde el último ascenso de carácter revolucionario iniciado con el cordobazo, estuvo bloqueado por la adscripción de una u otra clase a los partidos que históricamente se apropiaron de su representación, el radicalismo y el peronismo. La organización democrática territorial, el rechazo a la cooptación estatal y la participación activa en la política pública son la expresión de la ruptura con las viejas instituciones políticas de dominio. Pero como esta ruptura fue mucho más violenta y consistente en los estratos medios que en el seno de la clase trabajadora, que estuvo ausente de las jornadas y que constituyó el elemento más retrasado del período que le siguió, se elevó hasta la cúspide la ilusión de que del mismo seno de las asambleas populares, del mismo ejercicio de la democracia asamblearia podría surgir, más allá de las determinaciones de clase un nuevo poder en Argentina, independiente tanto de la clase capitalista como de la clase trabajadora. El poder de la democracia directa roussoniana-autonomista, de la sociedad civil, del ciudadano, de la multitud espontánea y desagregada.

Esta ideología era extensiva, por su carácter desestructurado y territorial al movimiento de desocupados. “Piquete y cacerola” no sólo expresaba la alianza entre los dos sectores más activos y militantes desde las jornadas sino al mismo tiempo en el ideario autonomista la transfiguración del movimiento de desocupados en un movimiento “ciudadano” sui generis, autogestivo de su propia vida y de su propia subjetividad, simple expresión del contrapoder y superación al mismo tiempo del trabajo asalariado y la ley del valor.

Pero en la “sociedad del trabajo” la democracia asamblearia, sin el control de los medios de producción, por más directa que sea no puede dejar de ser formal. Porque si algún sentido tiene el ejercicio de la democracia de masas, es el de establecer -apropiándose de todos los recursos productivos y de la información- el poder de decisión, de planificación, de control, verificación y corrección de la reproducción de la vida social en su propio beneficio. Los diversos estratos de la población disgregada y entre ella la pequeño burguesía carecen de los grandes medios de producción para ejercer ese tipo de democracia. Sólo mediante la expropiación del poder capitalista que emana de las relaciones de producción pueden las masas laboriosas, los productores asociados de Marx, ejercer la capacidad plena de decisión y producción de sus vidas. Nos encontramos entonces con que las potencias para ejercer ese control se hallan pues en el seno de la producción capitalista, en las fábricas, las empresas, las oficinas. Toda huelga, y más si se extienden a las ramas fundamentales de la economía, cuestiona directamente al capital. Cuando una fracción de la clase trabajadora y ni hablar si el movimiento abarca la totalidad del aparato productivo, converge a organizarse en los lugares de trabajo y a coordinarse local y nacionalmente para llevar adelante con mayores posibilidades de éxito una lucha seria contra el capital, tienden a surgir, como lo demostró toda la experiencia histórica, organismos de autodeterminación obrera, consejos de fábrica, comités, coordinadoras, y su expresión más abarcativa los soviet, como en Rusia, que plantean inmediatamente quién maneja la economía, el poder, el estado.

Este proceso estuvo ausente desde las jornadas en adelante, salvo expresiones pequeñas y de vanguardia como la coordinadora del Alto Valle impulsada por los Ceramistas de Neuquén, y es por ello que al tiempo que marcamos los límites que tuvieron las jornadas revolucionarias, a las que llamamos de esa manera y no insurrección o “revolución” como caracterizaron otras corrientes, creímos improbable que las mismas desemboquen rápidamente en una nueva y más profunda crisis revolucionaria que disloque el poder burgués. Pero la carencia de centralidad proletaria en los inicios del proceso, no excluye, sino que confirma por la negativa, que un verdadero contrapoder que sea el germen de la nueva sociedad emancipada sólo puede estar basado, y mucho más en un país urbano y asalariado como la Argentina, en los millones de trabajadores. El autonomismo al carecer de una estrategia proletaria, soviética, revolucionaria, para expandir el movimiento hacia esos millones de trabajadores carece por ello mismo de alguna capacidad para trazar algún rumbo anticapitalista a la crisis argentina.

Estado y democracia directa en las corrientes que se reivindican obreras y socialistas

Mientras las corrientes autonomistas han ensalzado el ejercicio de la democracia directa y la autogestión, tomadas en su calidad puramente “ciudadana”, las corrientes políticas como el MST y el PO le han dado la espalda olímpicamente a este proceso enormemente progresivo.

El PO ha planteado el problema del poder político, pero inversamente al autonomismo, su énfasis estuvo dado en los acuerdos políticos de tendencia, pero no para impulsar y potenciar la autoorganización y la democracia directa de la clase trabajadora, sino como función instrumental para autoproclamarse la dirección política “de las masas”.
Es sorprendente que partiendo de pronósticos hiperrevolucionarios, estas corrientes ni mencionen ni establezcan como prioridad incentivar la creación de organismos de estas características. Si el centro de atención es la cuestión del poder, ¿qué tipo de poder establecerán las masas? Se ha insistido en que no es posible de manera artificial “construir” soviets al margen de la iniciativa y voluntad de las masas. Pero no se trata de inventarlos, sino de descubrir en las tendencias naturales de las masas y de su sector más militante los gérmenes de esa organización, que permita reunir progresivamente a capas cada vez más amplias que nacen a la lucha reivindicativa. La exigencia innata al frente único de los diversos sectores en lucha, la necesidad de dotar de unidad a los trabajadores ocupados y desocupados, la amplia solidaridad de las clases medias y las asambleas hacia las fábricas ocupadas, fueron todos embriones donde descansaba potencialmente la posibilidad de ir construyendo organismos de coordinación, de carácter democrático y representativo, en el plano local y regional, tanto para hacer más efectiva la lucha de clases, como lo demostró la coordinadora neuquina, sino también para elevar la autoridad y el prestigio de los sectores más militantes a los ojos de las masas aún inactivas. Todo esto, que es el ABC de una genuina política leninista ha sido completamente abandonado por las corrientes que se reivindican obreras y socialistas. El PO no ha sido capaz de responder esta cuestión tan elemental pero decisiva1.

En su último congreso el PO no nombra ni por asomo qué tipo de organismos surgirán, cómo ayudar a que se desarrollen, etc., excepto que efectivamente se considere que el partido o un frente de partidos puede ser la representación del poder obrero; o que el partido tenga la capacidad, como creía el viejo MAS, de incluir en su seno a las organizaciones de masas. En todas las variantes lo que existe es una amalgama entre los potenciales organismos de masas que serán el futuro poder de un nuevo estado y el partido como vanguardia política de esas masas. Esa amalgama está llevada a su límite en las corrientes del movimiento piquetero, que no se organizan regional y nacionalmente con libertad de tendencias a su interior y donde la vanguardia de lucha pueda discernir entre los programas y las estrategias políticas de las diversas corrientes, sino que con la asistencia estatal, se crea una organización de “masas” que no puede sino encuadrarse dentro de la lógica que cada grupo político le da al movimiento.

El PO abandonó el único intento serio por establecer una coordinadora, la del Alto Valle impulsada por los ceramistas de Neuquén, porque esta última no se sometía a las directivas de la Asamblea Nacional de Trabajadores. La ANT pudo ser un punto de partida para impulsar organismos de este tipo, pero el PO lo impidió. Esta Asamblea no reúne más que a una minoría de la vanguardia, que influencia a un sector de los desocupados y a casi ningún trabajador ocupado. Por otra parte sus delegados no se eligen en forma democrática sino por acuerdo de tendencias y allí no primó justamente la democracia obrera. Recordemos que se llegó a negarle la palabra a los delegados de Brukman y Zanon “por no ser convocantes”, lo cual remite más a un frente político que a una coordinadora y mucho menos a un “soviet”.
Es evidente entonces que el acuerdo de tendencias piqueteras suplantó el desarrollo de organismos democráticos de masas.

Pero el poder político, si se lo concibe en los términos socialistas es inseparable de la organismos de democracia directa y de doble poder. “Como se ha demostrado tantas veces en la historia de las revoluciones obreras, las bases de un nuevo poder político surgen de abajo hacia arriba, y el mismo tiende a centralizarse a partir de organismos de base locales, capaces de referenciar y agrupar al movimiento de masas. Así sucedió, entre otros ejemplos, con los soviet de la revolución rusa, en los consejos obreros alemanes, húngaros e italianos, en los comités de la España revolucionaria 2”.

La lucha por un nuevo tipo de estado implica la tendencia a la eliminación de la división social del trabajo, la participación activa de millones en la administración del estado y para ello la elevación de la cultura general de las masas populares. Sólo de esta manera es concebible la elevación del proletariado a clase dominante, es decir como sujeto consciente de su propio destino. Pero esta condición excepcional no surge de la noche a la mañana, se establece desde las vísperas de la revolución, va madurando en el terreno de su propia experiencia, se fecunda mediante la educación práctica y política que las organizaciones revolucionarias hayan logrado impartir en el curso de la etapa previa y sobre todo se pone a prueba en el ejercicio del poder político propio ya en la antesala de la revolución, en la dualidad de poderes, ejerciendo el control de las empresas, de la distribución de los alimentos, de la autodefensa y seleccionando en dicho tribunal el programa y la estrategia política más adecuada al progreso de la perspectiva revolucionaria. Sin toda esa experiencia previa el gobierno de los trabajadores no es más que una caricatura despreciable y sometida al dominio de una burocracia cada vez más independiente de la propia clase trabajadora. La experiencia de las burocracias estalinistas, del ejercicio policial del gobierno por una casta parasitaria colmada de privilegios sociales y políticos, en nombre del “partido de la clase obrera”, que terminaron por el camino de la restauración del capitalismo, deberían ser suficiente ejemplo para que corrientes que se reclaman trotskistas y que han denunciado con ahínco las degeneraciones burocráticas y las persecuciones estalinistas, adopten desde los inicios del proceso revolucionario una estrategia basada en la autoactividad consciente de las masas, en el desarrollo de organismos de democracia directa de los productores, para potenciar la centralidad obrera y permitir que se eleve a clase dirigente de todas las capas sociales explotadas. La sustitución de los organismos de masas por el partido, es el indicio más claro de una degeneración centrista y burocrática, que tiene consecuencias políticas prácticas inmediatas, la primera y más importante es la de adaptarse al régimen burgués. Porque imperceptiblemente, cuando de lo que se trata es de fortalecer al partido bajo cualquier circunstancia y más allá del progreso de la lucha de clases y la conciencia de clase, se tiende a destruir o boicotear toda organización que no esté controlada por el partido (el PO y el PC con respecto al Encuentro de fábricas ocupadas organizado por Brukman y Zanon), se crean organismos artificiales dependientes de la línea partidaria contra la vanguardia organizada pero “rebelde” (Encuentro de “fábricas ocupadas de PO en Grissinópoli sin una sólo fábrica ocupada a excepción de la fábrica anfitriona), se entra en componendas con el estado en pos del fortalecimiento político o material de la organización abandonando los métodos y el programa más radicalizados de la lucha a mera propaganda (planes trabajar y bolsas de comida como fin en sí mismo en el movimiento de desocupados)3, y se transforma la política revolucionaria en politiquería burguesa en pos de cargos y puestos parlamentarios, sindicales, estudiantiles, etc. como un fin en sí mismo y no como tribuna revolucionaria (alianza estratégica del MST con el PC en IU con el único programa común de ganar diputados, acuerdos oportunistas de ocasión en los sindicatos y en el movimiento estudiantil, cuyo último capítulo ha sido la convocatoria entre Navidad y año nuevo al congreso de la FUBA, sin un sólo estudiante, sin ninguna deliberación política y con el quórum de la Franja Morada para reelegirse en la conducción).
La consecuencia de ello es el aparatismo, la falta de ideas, el pragmatismo y las componendas con las instituciones del régimen burgués.

El MAS acusa a quienes no comparten su revisión completa de los análisis, caracterizaciones y programa que levantara Trotsky frente a la burocracia stalinista en los ‘30, como incapaces de adoptar una política que ejercite la democracia obrera y un socialismo de tipo democrático. Curiosamente tampoco ha planteado ninguna estrategia de carácter soviético, sin el cual la democracia se transforma en democratismo burgués. No es casualidad que el MAS ha borrado de su programa el planteo de la dictadura del proletariado. ¿Qué tipo de democracia, qué tipo de autogobierno puede establecerse sin el ejercicio efectivo del poder por parte de la clase trabajadora basada en organismos de carácter soviético?4
Por motivos distintos tanto las corrientes autonomistas como muchas de las que se reivindican obreras y socialistas, carecieron desde la teoría y el programa de una estrategia para dotar al movimiento de sólidas organizaciones representativas de lucha, embriones de poder obrero y popular sin las cuales es imposible pensar en un genuino movimiento de masas que dispute el poder a la burguesía. No hay revolución sin partido, pero tampoco hay revolución sin organismos de doble poder.

La lucha contra el desempleo y el programa de transición

En un país con más de tres millones de desocupados y otros tantos subocupados, la cuestión del trabajo es un punto central de todo programa revolucionario. Aquí también estos meses fueron un test para los diversos programas y estrategias que se pusieron en juego.

El colapso financiero y la devaluación, luego de cuatro años de recesión, descalabraron incluso la economía informal. En estas condiciones de polarización y degradación social inauditas para los parámetros nacionales, vastos sectores pauperizados fueron empujados a establecer formas precarias de economía de subsistencia, sobre todo entre la creciente población desempleada, mediante emprendimientos productivos en las barriadas populares.

Pero los ideólogos del autonomismo describieron esta práctica como un movimiento crecientemente emancipado de la explotación asalariada. Estas actividades autogestionadas fueron catalogadas nada más ni nada menos que como alternativa a la explotación capitalista y espacios de reproducción de la vida social más allá del capital, productores de una “nueva subjetividad desalienada”.

Pensar que la población obrera sobrante pueda reproducirse en los emprendimientos de subsistencia de los pequeños movimientos de desocupados autogestionarios, al margen del capital, es retroceder de las utopías prudhonianas a las sectas comunistas agrarias del siglo XVI. Simple y sencillamente los recursos productivos fundamentales del país, la energía, el petróleo, las grandes industrial alimentarias, las siderúrgicas, los bancos, están centralizados bajo el poder del capital. ¿Cómo sacar al pueblo del hundimiento sin reapropiarse de esos inmensos recursos? ¿Cómo reapropiarlos sino mediante una extensa lucha de clases que debe tener por la fuerza de los hechos a los trabajadores de esas industrias y de esas empresas como actor central de la misma? ¿Cómo reapropiarlos sino mediante el derrocamiento del estado que sirve en su beneficio? Hace unos meses insistíamos en que “no es posible siquiera pensar en terminar con la situación actual y satisfacer las necesidades de las masas sin enfrentar las fuerzas del estado burgués, tomar el poder y expropiar la inmensa riqueza social que acumulada en un puñado de parásitos y liberadas a la anarquía de la producción capitalista traban a cada paso el desarrollo y el progreso y generan más hambre, pobreza y degradación a la inmensa mayoría de la población”5. Esta es sin dudas la única salida realista. Los MTD en el Gran Buenos Aires han venido a descubrir que la relación salarial puede ser superada no suprimiendo al capitalismo, sino al margen de él, y resolver el problema del hambre retrocediendo de la técnica y la ciencia del siglo XXI a economías precapitalistas domésticas. ¡Y esto en la época del “trabajo inmaterial” y del “capitalismo cognitivo”!6

La resolución a la crisis del empleo se encuentra en la superación misma del carácter restringido y dependiente de la acumulación de capital, es decir por la instauración de una planificación racional y democrática de los recursos productivos, que implica la superación de la dependencia y la anarquía capitalista. La conclusión lógica es la expropiación de los expropiadores. Transformar la expulsión creciente de la población obrera sobrante, -determinada por este tipo de acumulación que conduce tanto a una destrucción creciente de las fuerzas productivas como a una polarización social extrema-, en una condición de la liberación y desalienación, equivale sencillamente a celebrar la ofensiva capitalista de los últimos 25 años. El obrero no se “libera” de la explotación asalariada por haber sido arrojado fuera del proceso de valorización capitalista ni es la condición de su posibilidad, porque el capital se valoriza justamente de esa manera, y refuerza así el control del proceso capitalista de conjunto.

Oponer a la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, el beneficio estatal de una “renta ciudadana”, en palabras más prosaicas y argentinas: un seguro de desempleo, es completamente funcional al tipo de acumulación capitalista restringida y dependiente común a los países periféricos, y completamente acorde (se podrá discutir el monto del subsidio) con las políticas reaccionarias de los gobiernos. Los comunistas no hacemos un culto del trabajo ni festejamos la “dignidad del trabajo” de la cultura peronista y sindicalista. Pero es evidente que la oposición al trabajo asalariado debe partir de la reducción de la ganancia capitalista, del control creciente de los procesos de producción y de la disminución permanente y acorde con las capacidades de la técnica de las horas trabajadas. La conquista del tiempo libre es la conquista de la abundancia, no del desempleo de masas, la marginalidad, la pobreza, la insalubridad, el mal vivir. En esta filosofía reaccionaria del autonomismo radica su incapacidad orgánica de establecer un programa y una estrategia para unir a los trabajadores ocupados y desocupados.

La condición primera para la conquista del tiempo libre, es paradójicamente, la extensión del trabajo a la masa total de trabajadores, mediante el reparto de las horas de trabajo con un promedio salarial equivalente al valor de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto equivale en las condiciones actuales a una disminución drástica de la ganancia capitalista, planteando una lucha directa contra el capital y su estado. Y constituye una premisa fundamental de la socialización de los medios de producción y la única garantía de la preservación física y moral de los productores de la riqueza social y por lo tanto de las potencias inherentes a la clase trabajadora de superar el modo de producción capitalista.

Las implicancias políticas de esta ilusión son dramáticas, porque en un país con más de tres millones de desocupados, las bloqueras y las huertas comunitarias no pueden ser más que trincheras secundarias de una guerra más vasta de clases por el control de las fuerzas productivas en su conjunto. Esto requería de forma urgente un programa para unir a la clase trabajadora de conjunto, es decir soldar en forma consciente los intereses comunes de los trabajadores ocupados y desocupados para dotarlos de un programa anticapitalista. Sin embargo las organizaciones de desocupados -no sólo las que se reclaman autonomistas- que han sido una parte fundamental de la vanguardia de la lucha han carecido en un 99% de sus organizaciones de una estrategia de confluencia con los millones de asalariados. El programa que habían establecido los primeros levantamientos del hambre desde Cutral Co en adelante de “trabajo para todos” fue progresivamente demolido en una combinación de reclamos inmediatos de planes de empleo y bolsones de comida, a la que se le agregó la utilización de los mismos en proyectos productivos, la quintaesencia del trabajo “desalienado”.

Los movimientos de desocupados orientados por la izquierda no han sido capaces de ofrecer una alternativa en este terreno. Difícilmente pueda sostenerse que siquiera han estado un paso más adelante. En ocasiones da la impresión contraria, en tanto su estrategia parece cada vez más subordinada a la lógica de lo posible en los marcos de referencia que el gobierno ha delimitado mediante el plan jefes y jefas de hogar, a los bolsones de comida y a los merenderos y comedores comunitarios. El programa transicional fue desplazado por el programa mínimo, y justo cuando presenciamos la peor crisis capitalista de la historia nacional. Movimientos más apartados de las corrientes políticas nacionales, en el interior del país y a veces de características más espontaneas, como en el sur, en Mosconi, en Neuquén, han planteado en forma mucho más consecuente el reclamo de trabajo genuino. A pesar de la retórica antigubernamental y antiestatal, la realidad es que los movimientos de desocupados que se ubican a la izquierda de la burocracia piquetera de D’Elia y Alderete y que han ganado en capacidad movilizadora, vienen siendo, sin embargo, progresivamente domesticados mediante las políticas públicas de asistencia estatal.

El PO ha puesto el grito en el cielo por esta caracterización y acusó al PTS de considerar a los desocupados como “desclasados y marginales”, “excluidos”, de colocar en “oposición” al desocupado respecto al ocupado, de “expulsar al desocupado de su estrategia política”, y de querer apartar a los obreros y obreras de Brukman y Zanon de los “desclasados”7. Por supuesto que las faltas graves a la verdad en el debate no resuelven el problema. El cuestionamiento sigue en pie, ya que la mayoría de los movimientos de desocupados, incluido el PO, han abandonado el reclamo del trabajo genuino y el reparto de las horas de trabajo, como el planteo de un plan de obras públicas controlado por los trabajadores en función de las necesidades sociales, que como todos saben han quedado como letra muerta en los “programas” que se escriben y se votan, pero nunca se plasman en luchas concretas. Así el único programa que puede unir al trabajador ocupado y desocupado contra el estado y los capitalistas ha sido guardado celosamente. La práctica real del movimiento ha sido conducida hacia el programa mínimo, castrando efectivamente el programa con el que nació. Con esto el PO y otros tantos movimientos de desocupados naturalizan la desocupación, es decir las relaciones capitalistas de producción en las actuales circunstancias históricas, depositando en los desocupados la tarea de exigir al estado el plan jefes y jefas de hogar, ni siquiera un subsidio equivalente a la canasta familiar (que también ha sido archivado). El PO en afán de polemizar cree que el reclamo de “bolsones y planes” al estar “dirigido al estado es un combate contra el poder político en el plano nacional, provincial y municipal” 8. Si la demanda mínima de asistencia estatal cuestiona per se el poder político capitalista entonces podríamos decir que el programa de transición ha sido superado por la historia. Pero no es así. Si algo ha sido demostrado en los últimos meses es que una asistencia mínima generalizada no sólo es compatible con el estado burgués, sino que el gobierno de este estado lo utilizó para impedir nuevos levantamientos e incluso intentar recuperar base social mediante el punterismo. Dicho sea de paso planes de este tipo es el que recomienda el mismo Banco Mundial para las políticas asistenciales en los países de la periferia, y es el que anuncia Lula en Brasil, a pesar que allí no existe el PO para “arrancárselos” y demostrar que el planteo lulista es incompatible con el capitalismo. Si el PO estaría convencido de lo que dice cuando polemiza debería reconsiderar seriamente su caracterización del plan neokeynesiano de la CTA.

Una asistencia mínima no sólo no es incompatible con el capitalismo, sino que puede servir para cooptar a los movimientos más combativos, erradicar los métodos de acción directa con cortes efectivos de la circulación de mercancías tal como se dieron en un comienzo, e impedir que los millones de desocupados exijan la demanda que verdaderamente ataca el corazón del capitalismo, el reparto de las horas de trabajo. Esto sólo puede lograrse mediante la unidad programática, política y organizativa entre los trabajadores ocupados y desocupados. El PO cree haber hecho una obra pía y absolver sus pecados porque “trabajan en estrecha solidaridad con la clase obrera ocupada y en lucha, como lo demuestran las acciones en defensa de las fábricas ocupadas (Brukman, Lavalán)”. Pero esto sólo demuestra las falencias, no las virtudes, porque reducir la estrategia de unir a los ocupados con los desocupados a un acto de solidaridad es reconocer la carencia total de una política proletaria. El PO inventa que “la Argentina piquetera se caracteriza precisamente por haber quebrado la tentativa capitalista de someter a la competencia a unos con otros”, pero esta competencia está más viva que nunca, como lo demuestran los miles de puestos de trabajo municipales y privados que el gobierno está ocupando con los planes y porque es inevitable que en un país con millones de desocupados las tendencias reales sean a la desvalorización de la fuerza laboral. Esto es así a pesar que los movimientos piqueteros se han opuesto a que se quiebre el convenio y han defendido el salario obrero.

En esta división de las filas obreras residen muchas de las dificultades por las que atraviesa hoy la clase trabajadora y que sólo podrá superar estableciendo objetivos que se encaminen hacia la unidad de la clase trabajadora y la superación del estado capitalista. Y ello comienza por estrechar programática, política y organizativamente, como clase unificada lo que el capitalismo divide: esa alianza estrecha puede demostrarla Zanon con el MTD de Neuquén, no el PO.

Mientras no se retome realmente -y no sólo en el discurso- el programa de los primeros levantamientos de desocupados del ’96 y ’97 y se los supere revolucionariamente, mientras no se establezca una estrecha unidad orgánica con franjas de la clase trabajadora ocupada y en particular con su sector más combativo, los movimientos de desocupados correrán el peligro de institucionalizarse como organizaciones de tipo reivindicativos-corporativos y perderán el filo revolucionario con que nacieron hace más de siete años.

Por último habría que agregar que la peregrina idea de un nuevo sujeto social, el “sujeto piquetero” no es sólo enarbolado por el autonomismo sino también por el PO. Ya hemos polemizado con esta idea. Pero hay que agregar el hecho de que el planteo de la huelga general como método de la clase trabajadora, ha sido completamente borrado como perspectiva. Y sin embargo durante más de dos meses el PO vino anunciando un nuevo argentinazo para el día 20 de diciembre, día del aniversario de las jornadas. Y creyó que movilizaciones pacíficas, sin que irrumpan los millones de trabajadores con sus métodos, con la huelga general de tipo insurreccional, podían tirar a Duhalde y protagonizar un nuevo argentinazo superior al que tiró a De la Rúa.

La toma de fábricas y el control obrero

El proceso de ocupación de fábricas y puesta en producción por sus trabajadores es sin dudas el proceso potencialmente más revolucionario que se viene desarrollando desde las jornadas de diciembre, porque cuestiona directamente la propiedad capitalista y plantea por sobre el derecho de propiedad el derecho al trabajo, poniendo en tela de juicio por ello mismo la libre disponibilidad del capital y el ordenamiento jurídico burgués. Como en todos los fenómenos avanzados de la lucha de clases las divergencias entre una política tendiente a institucionalizar el proceso y otro de carácter independiente se dieron también respecto a las fábricas. La primera de estas opciones es la encabezada por el abogado Caro y su Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, estrechamente unido a la Iglesia y al PJ que ha impulsado leyes de expropiación favorables a la patronal quebrada, con pago de indemnización, alquiler de espacio físico, expropiación limitada en el tiempo, etc. La otra vertiente, que impulsan los trabajadores de Brukman y Zanon sostiene el control obrero y el reclamo de nacionalización sin indemnización.

Más allá de estas divergencias, el nuevo fenómeno de fábricas ocupadas por sus trabajadores alentó la idea, que ya vimos presente en el seno del movimiento de desocupados, de la autogestión productiva. El autonomismo considera este movimiento como parte de un nuevo sujeto, posfordista, como el piquetero, el trabajador precario y el pequeño productor arruinado. Y está llamado, igual que en los proyectos productivos del MTD, a producir su propia vida, su propia subjetividad. De esta forma se completa la separación de este pequeño sector de la clase obrera, fundamentalmente de empresas pequeñas y medianas empujadas a la quiebra por la crisis, del resto de los asalariados “fordistas”.

En este caso las ilusiones de una autogestión al margen del mercado son más ruinosas que en los emprendimientos de subsistencia, puesto que en fábricas como la de Zanon la que marca el pulso de la “autoproducción” no es el autoconsumo, sino la demanda del mercado, los costos de producción, la renovación de maquinaria, el precio de las materias primas, es decir el mercado capitalista. De modo que aunque un grado mayor de libertad, de autoconciencia y de desalienación están presentes en estas luchas ejemplares, ellas dependen por entero del proceso que se da fuera de la fábrica. La resolución a esta contradicción sólo puede ser resuelto mediante dos procedimientos: el de insertarse más aún en el mercado capitalista, subordinándose a las leyes comerciales, autoexplotándose para ser competitivos e incluso a mediano plazo contratar nuevos trabajadores bajo relación de dependencia para ganar mercado y bajar costos, métodos de reabsorción capitalista como los que impulsa Caro, o la extensión del proceso hacia las grandes industrias y servicios y la apuesta al desarrollo de la lucha de clases. El autonomismo aunque no comparte en general la institucionalización (poder instituido) del proceso de tomas de fábrica hacia el cooperativismo, sin embargo su propia lógica lo empuja hacia allí, al rechazar la nacionalización, la planificación económica y la centralización de los medios de producción y en definitiva un nuevo poder obrero y popular. Para que una empresa logre “autogestionarse” indefinidamente, debe ante todo entrar en la guerra de todos contra todos del mercado. La idea de un socialismo en pequeña escala, propietario, por otra parte no es nueva, Proudhon hace más de 150 años que lo planteó como programa de la clase trabajadora. Este socialismo pequeño burgués de Proudhon entendía que la propiedad era un robo pero que podía no serlo si se establecían ciertas reformas sociales, como los bonos de trabajo. En palabras de Marx ideas de este tipo traducen “el piadoso deseo de desembarazarse del dinero con el dinero, del valor de cambio con el valor de cambio, de la mercancía con la mercancía y la forma burguesa de producción” 9.

La autogestión entendida como lo hacen los autonomistas empuja inevitablemente a las fábricas ocupadas por el camino del cooperativismo y la reinserción como cuasi propietarios en el marcado capitalista. Aleja a los trabajadores de las fábricas ocupadas del resto de su clase y los transforma de asalariados en “asociados” (el ideal de todo autonomista que pretende “abolir” el trabajo asalariado bajo el mismo capitalismo).

A los métodos capitalistas de gestión obrera sólo es posible oponerle los métodos socialistas que se apoyan en la lucha de clases y en la preparación consciente, mediante la extensión del control obrero y otras formas de poder dual, de la lucha por el poder.

La autogestión y el cooperativismo pueden realizarse -con resultados dudosos- en las pequeñas empresas de bajo o medio nivel tecnológico y de capital. Es razonable pensar que los grandes conglomerados resistirán hasta la guerra civil algún tipo de expropiación. Además los trabajadores deberían concentrar masas ingentes de capital a crédito para poner en movimiento el capital constante. Se plantearía inmediatamente la cuestión de la propiedad de los grandes bancos, de los proveedores de energía, etc. Al mismo tiempo, ya lo dijimos, se trata de superar la anarquía capitalista y la reapropiación de los grandes medios de producción para sacar al país del marasmo. En realidad, las fábricas que hoy están puestas a producir por sus trabajadores son un instrumento extraordinario, no para “autogestionarse” autonomistamente, es decir capitalistamente, sino como palanca para impulsar el proceso de control obrero, de cuestionamiento de la propiedad; de qué se produce, bajo qué condiciones, dirigidas a qué fines, en las grandes industrias, servicios y bancos. En definitiva para impulsar direcciones clasistas, antiburocráticas y facilitar que se desarrollen los gérmenes de un nuevo movimiento obrero revolucionario. El control obrero o la gestión obrera directa en las empresas nacionalizadas serán una escuela de control y administración socialista, educarán a los trabajadores en los temas que antes estaban vedados a ellos por los patrones, y con ello crearán en las mismas empresas los órganos de doble poder. Que este proceso se desarrolle depende enteramente de la lucha de clases y de las relaciones de fuerza que puedan establecerse y no de las formas legales y el tipo de propiedad jurídica que se establece.

Se han planteado también variantes de este modelo, más realistas, porque intentan pensar no en una sola fábrica sino en subsistemas de empresas, desde un vértice de tecnología media, hacia abajo. Una suerte de acumulación primitiva socialista en el seno del mercado capitalista10. Aun así está fuera de lugar pensar que un subsistema de mediana tecnología pueda resistir los embates del gran capital. Lo interesante es la idea de que la clase trabajadora puede enfrentar al capital en su mismo terreno, es decir en el terreno de la ley del valor y no en la lucha de clases revolucionaria. Se ha dicho mucho sobre la distancia que media entre la acumulación originaria de una clase propietaria en ascenso como la burguesía que preparaba su propia revolución política y el tipo de acumulación que está obligada a realizar la clase trabajadora que no es propietaria más que de su fuerza de trabajo, acumulación de índole muy distinta y que exige ante todo una acumulación de carácter político e ideológico.

La realidad es que las fábricas ocupadas son un fenómeno estructuralmente inestable, y que han sobrevivido de un lado por la feroz crisis económica y política y de otra por su combatividad y el apoyo social, material y político que han recibido de franjas enteras de la población, y sobre todo de su estrato más militante. Pero es inevitable clarificar cual será la estrategia para impedir su derrota o su absorción en el mercado capitalista y cómo lograr que un movimiento de estas características se expanda hacia las ramas más importantes de la producción y los servicios.

Las corrientes de izquierda tampoco en este terreno han sido una alternativa al cooperativismo reformista y el autonomismo autogestionario. En general, gran parte de ella no ha tenido casi incidencia en este fenómeno, pero allí donde han tenido alguno, como el MST en Clínica Junin de Córdoba no se han distinguido en esencia del planteo cooperativista. En efecto el MST ha propiciado esta forma jurídica incluso allí donde la “expropiación” era un salvataje al empresario y una carga para el obrero (Ghelco y otras). Más allá de eso no ha hecho ningún planteo serio sobre el tema.
El PO ha dado un giro político entre los meses de junio y julio, pero como es su costumbre nunca lo ha explicitado. Hasta esa fecha el PO venía defendiendo el planteo de la nacionalización de toda empresa que cierre o despida y puesta a producir bajo control obrero11.

El planteo de la nacionalización era una extensión del programa frente a las grandes empresas privatizadas, energéticas, el petróleo y los bancos. Pero a partir de esa fecha vino a descubrir que todo aquel que plantee la nacionalización de empresas recuperadas no podía estar más que en el bando del “estatismo burgués”, en un sorprendente acercamiento con el planteo autonomista que lo llevó a coquetear con el cooperativismo y a una coincidencia legislativa con el ARI y el PJ a propósito de Grissinópoli12. La cuestión de la nacionalización de los bancos y las grandes empresas estratégicas surge naturalmente de concentrar los recursos productivos para ponerlos no en función de la ganancia privada, sino en función de las necesidades sociales. Claro está que las empresas que en el pasado fueron del estado sirvieron a la acumulación capitalista. Fue un vehículo de la redistribución de la renta agraria hacia las cúpulas empresariales. Pero el planteo de la nacionalización de dichas empresas no pretende volver a la vieja historia, sino al ejercicio del control por parte de los trabajadores y de los usuarios sobre ellas, y está unido a una serie de planteos programáticos anticapitalistas y antiimperialistas, es decir a un programa que sólo un gobierno de los trabajadores podría realizar. Es decir, es un planteo de nacionalización de un no-estado capitalista y sobre la base de una lucha revolucionaria de masas. No hay que agregar mucho más a esto, que ha sido el programa histórico de los marxistas adaptado a las condiciones nacionales de la crisis. Pero sigue siendo tan válido en las grandes ramas económicas como entre las empresas que los capitalistas en muchos casos han hecho quebrar en forma fraudulenta, pues se trata de preservar las fuerzas de la clase trabajadora como tal, impidiendo su cierre e impidiendo que se las someta a la explotación no ya de un patrón individual sino a la patronal colectiva mediante la competencia en el mercado bajo la forma de cooperativa. Cuando PO le reprocha a los trabajadores de Zanon que con el proyecto de nacionalización pretenden un “nuevo patrón, el estado” no repara en que el proletariado no reclama la propiedad de tal o cual capital individual, no reclama a la manera cooperativista ser “sus propios patrones”, sino que reclama para sí la posesión de todos los medios de producción, es decir del poder del estado. En tanto ello no sea posible de manera inmediata la forma de generalizar tal experiencia sólo puede darse mediante la extensión del control obrero a todas las ramas de la producción, no de ser propietaria fábrica por fábrica, máquina por máquina. El programa ceramista que plantea el control obrero, el plan de obras públicas para dar trabajo a los desocupados e integrar el proceso productivo entre los trabajadores de la construcción, las escuelas, los hospitales, etc. tiene por objetivo la participación generalizada de los trabajadores y las masas en las tareas inmediatas de resolver la desocupación y en general de la planificación económica por sobre la ganancia capitalista. Incluso un colectivo de empresas recuperadas nacionalizadas bajo control obrero podría integrarse a diversas ramas de la producción como proveedoras del estado, más allá de los rindes económicos que pudieran extraerse. Lo que no se alcanza a ver es que la independencia del estado capitalista no está dada por el título de propiedad (privada, estatal) sino por la organización política independiente de los trabajadores, que debe estar asegurado por el control obrero. Aún así el control obrero en muchas ocasiones puede servir a la patronal controlada, en tanto pone a los trabajadores en el esfuerzo de buscar materias primas allí donde escasean, encontrar nuevos clientes, etc., es decir transforma al control obrero en participacionismo de la ganancia privada. Ya sea del estado, privada o esté transitoriamente como autogestionada, el control obrero puede ser efectivo si está orientado hacia la extensión del movimiento y al cuestionamiento del poder capitalista de conjunto.
El rechazo a la nacionalización sea bajo la modalidad que sea, plantea un interrogante: ¿qué hacer con los excedentes económicos? Los ceramistas proyectan poner a funcionar la empresa en función de los intereses sociales, lo cual impone que esos excedentes pueden estar destinados a ampliar la producción, a la construcción de viviendas y hospitales, etc. independientemente de la ganancia que se obtenga en la propia fábrica. Esto requiere ser sostenida extraeconómicamente por parte del estado en base a impuestos a los capitalistas y otras punciones sobre los beneficios. Pero como empresa independiente, autogestionada, aunque el estado compre su producción ese excedente deberá estar destinado inexorablemente a destruir a la competencia, es decir a arrojar a la calle a los trabajadores de las empresas competidoras, si no quiere ella misma ser arrojada fuera de juego.

Es curioso que el PO que ha naturalizado la relación de dependencia estatal mediante el subsidio de los desocupados como único programa rechace ahora el planteo de la nacionalización bajo control obrero de las empresas ocupadas. Y más curioso aún porque sigue reivindicando la nacionalización de los bancos y empresas privatizadas. El planteo semiautonomista del PO, en este caso transforma a los trabajadores en inversores, e incluso en inversores ilegales si están por fuera del registro cooperativo. Pero si todo esto puede ser evitado imponiéndole condiciones al estado (compra, insumos, créditos, etc.) entonces se trata fundamentalmente de relación de fuerzas y de orientación política, quedando fuera de polémica el “inexorable” “estatismo burgués” que descubrió Altamira en los últimos 6 meses de sus más de 35 años de existencia política.

Partido, masas y vanguardia

Si luego de décadas en los que el peronismo por su influencia en la clase trabajadora bloqueó la posibilidad de construir un partido revolucionario propio, las jornadas de diciembre y el ocaso y desprestigio de los partidos tradicionales abren perspectivas históricas. Esto no quiere decir que la mayoría de los trabajadores haya roto con su partido, pero el peronismo no es ni la sombre de lo que fue y de la influencia que tuvo en el pasado. La existencia de una nueva vanguardia de miles de luchadores plantea objetivamente la posibilidad de construir un partido revolucionario de vanguardia que nuclee a miles de militantes implantados en los centros neurálgicos de la economía, en el movimiento de desocupados, en las universidades, en los colegios y se prepare programática, estratégica y organizativamente para ganar a cientos de miles e influir sobre millones en los próximos ascensos revolucionarios. De la capacidad de forjar esta herramienta dependerá la suerte que corra el proceso revolucionario argentino.
El movimientismo autonomista está inhibido de cualquier planteo partidario por su propia esencia. Las corrientes nacionalista y populistas, incluso el PC atan la suerte de la clase trabajadora a distintas variantes de colaboración de clases, frentes de liberación o democráticos con distintos sectores de la burguesía. En consecuencia rechazan desde el vamos el principio de la independencia de clase y de la construcción de un partido y un programa transicional revolucionario.

Desde nuestro partido hemos realizado un llamado a las corrientes que se reivindican obreras y socialistas como el MAS y el PO y también al MST en la medida que rompa su alianza estratégica con el estalinismo, y a una amplia franja del activismo a discutir abiertamente, de cara a toda la vanguardia las coincidencias y las diferencias que existen para construir dicho partido13. En ese llamamiento planteamos que: “Es hora de terminar con los “corralitos” y revalorizar a la luz de los nuevos acontecimientos las viejas diferencias. Es hora de demostrar quién quiere verdaderamente construir un partido y quién una secta. Gramsci apuntaba que en la secta (y en la mafia) la asociación es un fin en sí mismo y el interés particular, familiar, es elevado a principio universal. El partido, por el contrario, como vanguardia o “intelectual colectivo” debe ser concebido sólo como un medio, un instrumento indispensable pero cuyo interés debe tender a ser el interés social general, la revolución socialista que termine con la explotación del hombre por el hombre (la razón última de la existencia de los actuales partidos políticos). Hay que dejar de lado todo “interés particular” de secta que impida hacer los máximos esfuerzos para que las organizaciones que nos reclamamos marxistas y revolucionarias discutamos en común con todos los trabajadores y estudiantes revolucionarios, el programa y los métodos para construir el partido de la revolución obrera y socialista en la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad actual, y la historia no nos perdonará”.

El MAS ha planteado para el período inmediato la constitución de un “Movimiento político / social de los trabajadores”, mientras que la construcción de un partido revolucionario en el que confluyan distintas experiencias es un objetivo a largo plazo.
En el documento de su 8º Congreso dicen “En primer lugar, proponer la conformación de un movimiento político / social de izquierda que enarbole un programa mínimo revolucionario. Este programa se podrá tomar tanto de las asambleas populares, como de los programas «piqueteros» o de las experiencias clasistas”.
La diferencia no es de tiempos, sino programática, pues se reduce por anticipado el programa a las experiencias que han estado presentes en estos meses. Pero un programa que sólo recoja experiencias parciales, no puede generalizar las experiencias históricas de la clase trabajadora en su lucha revolucionaria y no puede elevarse a las salidas de fondo que requiere la situación nacional. Estaríamos condenados en el mejor de los casos a ponernos de acuerdo en un programa mínimo que se vería superado al primer embate de las masas. En el peor de todos a hacer una amalgama de planteos y posiciones que desvirtúen o esterilicen el programa revolucionario.

El PO conserva una actitud abiertamente autoproclamatoria, considerando su propia organización política como el partido de la clase trabajadora. Sin embargo ninguna de las organizaciones políticas de la izquierda reúne hoy como mucho a poco más de mil militantes cada una. Ninguna organización que vea la realidad de frente puede pretenderse la dirección política de millones que aún no han roto con el peronismo. Sin ir más lejos la influencia de la izquierda en los sindicatos es ínfima. Para considerarse dirección política de masas es necesario haberse ganado el reconocimiento de la clase trabajadora, estar implantado y tener influencia por lo menos en sectores claves, todas cuestiones que todavía están por conquistarse.
La autoproclamación sectaria siempre se vuelve en contra de quien la practica, porque crea una ilusión y un espejismo que tarde o temprano se choca con la realidad. Pero además impide comprender cuales son las tareas del momento. El planteo del poder político, como dijimos, es una frase vacía sin ganar a las masas. Esta es hoy la tarea fundamental. Esto requiere de una política revolucionaria en el seno de las organizaciones de masas, en primer lugar los sindicatos para disputarle la dirección a la burocracia sindical. Es evidente que un partido revolucionario de vanguardia que surja de un eventual proceso de unificación de los que nos reclamamos socialistas revolucionarios y que reúna a miles o decenas de miles de militantes podrá multiplicar la influencia en el seno de la clase trabajadora. Para ello es necesario ganar para el programa de la revolución socialista a un amplio estrato de la nueva militancia social. Y esta tarea también se vería beneficiada con la conformación de un partido unificado.
Un partido de estas características podría impulsar resueltamente un congreso unitario y democrático de asambleas, piqueteros y fábricas ocupadas. Podría impulsar resueltamente coordinadoras regionales y provinciales de todos los sectores en lucha y desde allí dirigirse a millones que esperan una salida al hambre y la desocupación, incidiendo sobre los trabajadores de los grandes sindicatos.
La cuestión de construir ese partido revolucionario, de unificar a la vanguardia y de dirigirse a los millones de trabajadores y sectores populares son tareas que aún están por resolverse y se plantearán agudamente en el próximo período.

NOTAS

1 En Prensa Obrera Nº 786 Marcelo Ramal escribe un artículo de respuesta a los cuestionamientos que formulamos en La Verdad Obrera Nº 113, pero allí no puede encontrarse una línea que explique porqué rechazaron durante todo este año impulsar organismos de democracia directa y a despejar la confusión que hacen entre organismos de masas y partido.

2 “Un partido sin estrategia de poder”, polémica con el PO. La Verdad Obrera Nº 113.

3 En ese sentido, las formas organizativas del movimiento de desocupados son las que más carecen de formas democráticas de deliberación y acción. Y esto no ocurre sólo en los movimientos orientados por la izquierda, sino también por el autonomismo. En éstos, aunque se rechaza la verticalidad y la dirigencia, y en donde se dice que son todos iguales, algunos son, por supuesto, más iguales que otros. En comparación a las asambleas barriales, donde la deliberación política es abierta y en la que militan diversas corrientes y existe un choque real de ideas, o las fábricas ocupadas y los sindicatos combativos, donde la única disciplina real es la de la acción votada en asambleas democráticas y la deliberación es abierta a las opiniones de las más variadas tendencias que actúan a su interior, en contraste, esto está ausente en el seno del movimiento piquetero. Y es un retroceso respecto a los movimientos surgidos en el interior del país en el año ’96, en Cutral Co, Jujuy, etc., a pesar que las Asambleas Populares de los piqueteros fueron efímeras, donde un movimiento único de la vanguardia de lucha podía albergar a distintas corrientes políticas.

4A pesar de la verborragia democrática el MAS no fue capaz de impulsar siquiera una coordinadora que reúna democráticamente a los sectores en lucha. Así han actuado respecto a la coordinadora en Río Negro y Neuquén a la cual se negaron a impulsar desde el sindicato docente de la UNTER. Tampoco han mostrado algo distinto a otros grupos en el seno del movimiento de desocupados.

5 Ver “Economía, política y lucha de clases, una polémica con los economistas de izquierda”. Revista Lucha de Clases, Noviembre 2002.

6 Para verificar esta paradoja autonomista ver el artículo “Argentina, trabajo vivo, crisis y nuevos sujetos sociales”, Cesar Altamira, Junio 2002, que defiende como programa estas nuevas prácticas precapitalistas con el argumento de que el trabajo inmaterial y el posfordismo en Argentina hicieron nacer un nuevo sujeto social: el sujeto piquetero.

7 Prensa Obrera Nº 786.

8 Idem.

9 Karl Marx, Contribución a la critica de la economía política. Una polémica completa con las ideas de Proudhon se encuentra en Miseria de la Filosofía, Karl Marx.

10 Pablo Levín, autor de “El capital tecnológico” viene insistiendo sobre esta idea.

11 En los meses anteriores el PO no hizo reparos sobre el “estatismo”. En TDO (Transportes Del Oeste) donde tienen influencia en el Cuerpo de Delegados en abril hacía la siguente declaración: “Es preciso recordar que el transporte debe ser un servicio público, que no puede estar regido por las reglas del beneficio privado. Por eso, frente a la situación actual, creemos que se impone exigir que el Estado se haga cargo de toda empresa que despida, suspenda o afecte el servicio. Y actuar en consecuencia, en todos los órdenes, para que los colectivos circulen, los compañeros trabajen, no se rebajen los salarios y el boleto no aumente”. Ver Prensa Obrera Nº 752.
Por esa misma fecha un artículo de PO aparecido el 11 de mayo sostenía respecto al conflicto en Brukman que: “Si los Brukman no están dispuestos a comprometerse con estas demandas, están inhabilitados para retomar el control de la fábrica y lo que corresponde es que dicho control pase a manos del Gobierno de la Ciudad bajo fiscalización de los trabajadores. La iniciativa de municipalización bajo control obrero es una respuesta frente a la catástrofe económica y social que estamos atravesando (y de la cual Brukman es un ejemplo), la cual reclama desplazar a la actual clase dirigente y proceder a una reorganización integral del país bajo dirección de los trabajadores”.
Tan tarde como el 27 de junio el PO reivindica de la 2º ANT lo siguiente: “La Asamblea llama a impulsar la ocupación de toda fábrica que cierre o despida para luchar por su continuidad mediante la expropiación sin pago a cargo del Estado y el control de los trabajadores”. A partir de allí, por supuesto, todo aquel que plantee la nacionalización bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida es acusado de puro “estatismo burgués”.

12 Ver al respecto La Verdad Obrera Nº 110 y 111.

13 Ver el documento “Organicemos un congreso de fundación de un gran partido de trabajadores revolucionario unificado”. Manifiesto aprobado por la Conferencia Nacional del PTS reunida el 3 y 4 de agosto de 2002.

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La democracia directa y la filosofía política del autonomismo

Para las ideas autonomistas de moda, el intento de derrocar al estado capitalista e imponer un poder obrero y popular equivale a restaurar la vieja figura de la representación política de la ilustración.

Por eso, en la arena de la lucha de clases argentina el proceso de democracia directa y asamblearia, en las fábricas ocupadas, las asambleas populares y los movimientos de desocupados no tiene para ellos el objetivo de desarrollar una dualidad de poderes de tipo clásica, soviética, que el consejismo obrero de los años ’30 e incluso el autonomismo obrero de los ’70 hubieran aceptado, sino su propia disolución en la autogestión de la vida social al margen del poder efectivo. ¿De qué democracia directa se está hablando entonces?

Paolo Virno sostiene que el concepto de pueblo enlazado con el de la soberanía, el estado y la representación política surge con Hobbes en contraposición a Spinoza, “el teórico del poder instituyente de la multitud”1. En otro caso se opone la figura de la representación liberal de Hobbes y Voltaire a la democracia directa y comunal de Rousseau2. Fijémonos en esta última antinomia, porque la democracia directa ha venido a ser un tópico central del debate en curso.

Para muchos autonomistas la confrontación entre la democracia representativa y la democracia directa que se insinuó en el debate de los ilustrados del siglo XVIII prefiguró la lucha de dos siglos entre estas dos tendencias políticas. La situación actual es consecuencia del triunfo del primero sobre el segundo. El punto nodal reside en la separación entre economía y política, entre estado y “sociedad civil” que inaugura la política representativa parlamentaria, primero censitaria luego universal. Para Rousseau la legitimidad radica en que los ciudadanos participen efectivamente en el ejercicio del poder, no lo deleguen. El derecho individual de propiedad no es eliminado, sino subordinado al consenso legítimo. Es una formula de compromiso entre la democracia directa como expresión de la “voluntad general”, es decir de la soberanía, y el derecho de propiedad. Por eso el filósofo ginebrino pretendía establecer límites al contrato interindividual, a la apropiación de riqueza, más allá del cual se encuentra el peligro de ruptura del contrato social y el predominio del derecho individual, la guerra de todos contra todos. Pero lo que no puede evitar es el derecho privado, base del contrato social y por lo tanto la separación entre el estado y “sociedad civil”. Por eso la democracia directa que expresa la voluntad general sólo podía establecerse precariamente bajo las formas de la pequeña propiedad, es decir la democracia del equivalente general y la producción mercantil simple. En Marx está claro que un intercambio semejante sólo podía desplegarse de su hegeliano “universal abstracto” al “universal concreto” bajo la forma capitalista plenamente desarrollada, es decir transformando la fuerza de trabajo en mercancía y extendiendo la acumulación de capital mediante el usufructo de ésta por el propietario de los medios de producción, con lo cual quedaba al descubierto que la igualdad formal en la esfera de la circulación ocultaba una desigualdad sustancial en el terreno de la producción. La democracia directa como voluntad general así entendida sólo podía prosperar en la igualdad abstracta del intercambio mercantil. El ambiguo jacobinismo Roussoniano de la democracia ciudadana, sólo podía afirmarse negándose en su especificidad histórica. No es por casualidad que Marx se aproxima no a este contractualismo ingenuo, casi romántico ni a la multitud desagregada de Spinoza, sino a la potencia histórica de Hegel, odiado hasta la sospecha por todos los autonomistas. Es que Hegel acusado de separar el estado de la “sociedad civil” comprende que es necesario superar (Aufhebung) sin abolir las relaciones puramente privadas, el mercado ya realizado, contra el mismo mercado pero para preservarlo. Y lo conserva superándolo en un momento superior, aún contra la clase capitalista, mediante el estado como relación superior a la propiedad individual. Aunque las tesis de Hegel son infinitamente más conservadoras que la metafísica igualitaria de la democracia directa y comunal, sin embargo en el primero reside el desenvolvimiento histórico concreto del estado capitalista; parafraseando a Hegel, era racional porque era real. Hegel separa al estado y la política de las relaciones privadas, pero esto no es sólo un “programa filosófico” conservador, es al mismo tiempo una determinación concreta de la dominación capitalista, una “voluntad sustancial” que permite la reproducción de la sociedad civil burguesa.
Hegel pretende superar el singular de la sociedad mercantil mediante un universal estatal. Marx va a demostrar que el estado basado en la sociedad mercantil no puede ser más que el estado del capital, recusando con ello el carácter universal del estado burgués y abriendo de esta forma el espacio para la crítica de la economía política, del estado capitalista y su superación mediante la nueva figura moderna surgida no de alquimias sociales o abstracciones metafísicas, sino del propio desenvolvimiento del capital, el proletariado.

Una vez que se ha reconocido que la sociedad del intercambio mercantil es la sociedad asalariada del presente, polarizada en sus determinaciones de clase, el ejercicio de la democracia directa Roussoniana queda disuelta por el triunfo del derecho de propiedad. La concentración y centralización del capital llevada a su potencia exponencial en la época imperialista ha deshilvanado incluso en multiplicidad de casos el axioma liberal de la representación indirecta parlamentaria, suplantándola por el comando directo del capital mediante golpes fascistas y bonapartistas.
Por eso para Marx la reabsorción del estado en la “sociedad civil” sólo podía lograrse mediante el derrocamiento revolucionario del estado burgués y la transición al socialismo como condición para la superación de la división social del trabajo y la separación de la esfera política de la social. Negri debe aceptar que la ambigüedad y la abstracción roussoniana sólo puede ser sorteada mediante una utilización pragmática, caprichosa de su contenido filosófico3.

Que los marxistas reconozcamos la dualidad burguesa estado -“sociedad civil”, no implica que pueda ser superada disolviendo ambas en la “esfera de la subjetividad”, que no deja de ser, por otra parte, un ámbito de la “sociedad civil”.
Por eso la lucha de dos siglos no fue y no podía ser entablada entre una democracia representativa cada vez más recortada y una democracia directa de los ciudadanos abstractamente determinados (abstracción antidialéctica que se continúa en la “sociedad del trabajo” con la incorporación de la figura del obrero masa y luego de la multitud), sino una lucha entre las clases antagónicas de la sociedad capitalista. Lo que el proletariado en estos 150 años de lucha dio nacimiento es una democracia radicalmente distinta a la del igualitarismo atomizado. Ahora la oposición al Ancien Regime sólo puede ser consecuentemente establecida sobre el poder de la clase trabajadora, es decir, sobre la base de la democracia directa de los productores. Históricamente se plasmó en la autoorganización de las masas mediante organizamos de doble poder basados en las unidades de producción. El ejercicio espontáneo de este poder de masas, obviamente, no se tradujo en una subjetividad autoreferencial, sino en una feroz lucha de clases por el poder estatal.

NOTAS

1 Ver “Gramática de la multitud”, Paolo Virno.

2 “Crisis de la democracia representativa”, Ignacio Vila. Revista electrónica Rebelión.

3 “…Más bien nos encontramos ante la ambigüedad de Rousseau, la imposibilidad de resolver teóricamente su enigma y por tanto la decisión práctica de decidir de forma tendenciosa y unilateral el sentido de su pensamiento”. Toni Negri, El Poder Constituyente, pag. 253. Ed. Libertarias/ Prodhufi.