El día 6 de junio varios miles de personas, especialmente jóvenes estudiantes, salieron a las calles de San Pablo, la ciudad más grande del país, a repudiar un aumento en las tarifas del transporte de 0,20 reales (de R$ 3,00 a R$ 3,20) que decretó el gobierno de Dilma Rouseff a nivel nacional.
La policía respondió con una dura represión que terminó con decenas de heridos y detenidos. El movimiento rápidamente se extendió a varias otras de las más importantes ciudades del país como Río de Janeiro y la capital Brasilia, así como a capitales provinciales como Porto Alegre, Curitiba, Bello Horizonte.

En medio de estos inmensos acontecimientos, nuestros compañeros y compañeras de la LER-QI están siendo parte de las marchas e impulsando la participación de los estudiantes y trabajadores como por ejemplo con el combativo sindicato no docente de la Universidad de San Pablo. Aquí publicamos una de las primeras declaraciones de nuestra organización hermana en Brasil.

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¡Primera victoria del movimiento! ¡Es posible ir por más! ¡Libertad de todos los presos y anulación de las causas!

Tras las protestas de masas más grandes vistas en el país desde el Fora Collor (movimiento democrático por el impeachment del presidente Fernando Collor de Melo en 1992), el movimiento conquistó una importante primera victoria. Impuso en las calles enfrentando la brutal represión de la policía la anulación del aumento de precio del boleto de los transportes públicos en San Pablo y en Rio de Janeiro. Con esto el colectivo y el subte en San Pablo vuelven a costar R$3,00 y en Rio de Janeiro, R$2,75. Alckmin, gobernador del Estado de San Pablo (PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, opositor al PT), ya intenta reubicarse planteando que estaría haciendo un “gran esfuerzo”, mientras Haddad, prefecto (alcalde) de la ciudad de San Pablo (PT), mantiene el discurso chantagista de que “quedarán comprometidas inversiones”.

Sabemos muy bien que estas declaraciones son falsas, ya que las mafias del transporte público seguirán obteniendo ganancias obscenas. Por eso, nos juntamos a centenares de miles de personas, que por diversas ciudades salieron a las calles, demostrando la fuerza que tenemos cuando rompemos las ataduras del inmovilismo, y que ahora sienten este retroceso de los gobiernos de Rio y San Pablo como una victoria propia.

Sin embargo, como todos sabemos, ¡nuestra lucha va mucho más allá de los veinte centavos! Es preciso ir con toda la fuerza este jueves 20/6 a exigir la ¡libertad de los presos por el país y el fin de los procesos! Seguir la movilización hasta que de hecho conquistemos el ¡boleto gratuito para los jóvenes, jubilados y trabajadores desempleados! ¡Para que estaticemos el transporte colectivo, sin indemnización, y lo coloquemos bajo control de los trabajadores! La manifestación convocada el 20/6, debe conmemorar esta victoria, pero no solo eso. ¡Debe continuar la lucha para que realmente obtengamos respuesta a nuestras demandas efectivamente!

¡No volveremos a la normalidad! ¡Iremos por más!

La fuerza de las manifestaciones del día 17 de junio

Después del día 17 de junio de 2013 que marcó definitivamente un momento de inflexión para los gobiernos de distintas ciudades del país y del gobierno federal, y un salto en la adhesión a los actos que ocurren desde principio de junio. Las manifestaciones contra el aumento de los transportes se nacionalizaron definitivamente con actos en 12 estados (provincias) del país, y diversas ciudades de varios estados, llevando centenas de miles de personas a las calles también contra los absurdos gastos en las obras faraónicas para el Mundial de fútbol y la Copa de las Confederaciones, transformándose en las más grandes manifestaciones desde el proceso de Fora Collor en 1992. Eso llevó a los medios burgueses a informar que estamos frente a “un país en protesta”. Las estimaciones oficiales varían entre 215.000 y 300.000 manifestantes por todo el país, sin embargo es probable que medio millón de personas se hayan movilizado, considerando con un gran apoyo pasivo, que se expresa en las encuestas realizadas por los medios así como por los aplausos que las marchas reciben de las personas que están en sus casas mientras pasan por sus calles. En Rio de Janeiro hubo cerca de 120.000 personas, mientras que en San Pablo se estima que hubo 100.000, aunque los medios burgueses afirmen que se juntaron 65.000.

La importancia de la oleada de manifestaciones que inundó el país en la noche de ayer no se restringe a su amplitud, sino al carácter político que asume de manera cada vez más pronunciada, aunque hasta el momento sea también difuso. Esta faceta difusa se concretiza en la misma composición social del movimiento, bastante policlasista, y con gran presencia de la clase media. Pero eso no significa que no haya sectores populares y de trabajadores que también están actuando en su interior y en todas las ciudades apoyando masivamente aunque en forma pasiva las demandas del movimiento. Sin embargo, eso aún no impidió que el creciente descontento político se hiciese sentir de manera clara, con las sedes de poder de cinco capitales del país siendo blanco de las manifestaciones. En Brasilia, centenares ocuparon el techo del Congreso teniendo detrás suyo el apoyo de miles, mientras que en Rio de Janeiro parte de los manifestantes apedrearon el edificio de la Asamblea Legislativa y obligaron a la policía a refugiarse, en San Pablo manifestantes fueron reprimidos por la policía cuando intentaban llegar al Palacio dos Bandeirantes (prefectura o alcaldía de San Pablo), en Curitiba manifestantes también ocuparon la sede del gobierno del Estado, así como en Porto Alegre. En la noche del martes, más de 50 mil personas marchaban, cuando algunos sectores intentaron ocupar el edificio de la prefectura de San Pablo, siendo reprimidos en el sexto acto convocado, solo un día después de la protesta más grande, lo que muestra la profundidad del proceso que se abrió. En Belo Horizonte las manifestaciones también asumen una inmensa proporción, con el acto cercando la prefectura de la ciudad, aun bajo la amenaza de dura represión autorizada directamente por Dilma. Hoy 19/6, amaneció con bloqueos de avenidas y rodovías (autopistas) –rodovía Régis Bittencourt, Via Anchieta, Estrada do M’Boi Mirim– realizados por integrantes de movimientos sociales y sin techo exigiendo la reducción de las tarifas del transporte y viviendas, lo que confirma la tendencia de la entrada en escena de sectores populares.

Estas demostraciones ponen en evidencia que aunque los ajustes en los precios de las tarifas de transporte público tienen gran importancia –debido a que efectivamente golpean el bolsillo de los trabajadores y de la juventud, sobre todo si consideramos que el “casi pleno empleo” que vivió el país bajo el lulismo se basó en el trabajo precario (bajos salarios y super explotación)– se hizo obvio que no se trata solo de eso. Un sinnúmero de analistas burgueses internacionales impresionados con las protestas caracterizan que el país estaría saliendo del letargo. Esta caracterización parece ser válida para dar cuenta del crecimiento de las manifestaciones luego de la dura represión de Alckmin en San Pablo de común acuerdo con Haddad. El aumento de las filas que componen los actos desde entonces es un golpe importante al sentido común vigente hasta entonces, y alimentado por el propio PT en el gobierno, de criminalizar todo y cualquier tipo de protesta social. Basándose en una hipócrita justificativa de que las protestas “amenazan el derecho de ir y venir”, el gobierno de la ciudad de San Pablo hoy en manos del PT, apoyó toda la truculencia de la Policía Militar (PM, estadual) descargada sobre las cuatro primeras manifestaciones ocurridas en la ciudad, esparciendo la indignación por toda la ciudad. Lanzando la tropa de choque contra la juventud y los estudiantes, permitió que toda la clase media paulista asistiese en vivo y en directo a cómo la policía actúa todos los días en los barrios de la periferia contra negros y pobres. Encarcelando a centenares de personas por llevar vinagre, y encarcelando a estudiantes en penitenciarías de seguridad máxima como la de Tremembé, y las que siguen ocurriendo en Rio de Janeiro, donde la PM usó balas de plomo, y en Belo Horizonte, donde dos personas siguen heridas de gravedad por la represión del día 17/6, demostró cómo la dictadura de ayer sobrevive en la democracia de los ricos de hoy. Como respuesta, se nacionalizó la rabia popular, y los movimientos contra el aumento de los boletos de transporte público están canalizando el descontento social con los gobiernos, con la inflación, con la ineficiencia de los servicios públicos de conjunto, la precarización de la vida contrastada con los inmensos gastos del gobierno en el Mundial –hecho por el cual se produjo el abucheo a Dilma en la apertura de la Copa Confederaciones- y la corrupción legalizada en los hechos que se suma a los privilegios de la casta política del país. En Salvador, los trabajadores de los hoteles que hospedarán selecciones para los partidos de la Copa, entraron en huelga. Los trabajadores de la empresa de tránsito de San Pablo (CET) inician medidas de lucha por sus reivindicaciones.

El gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, que fue el que más mantuvo la línea dura hacia las protestas, reivindicando la represión de la policía en los actos anteriores, fue obligado a declarar que prohibió el uso de las balas de goma, y en la manifestación del 17/6 que cerró las grandes avenidas de la ciudad de San Pablo por más de 5 horas, prácticamente no se vio a la policía. Haddad tuvo que retroceder de la reivindicación de la represión, y revisar sus declaraciones de que no dialogaría con el movimiento, llamando ahora al MPL (Movimiento Pase Libre), que ha aparecido ante el gobierno como representante del movimiento aún sin haber sido legitimado en ningún foro, para crear un grupo de diálogo común para debatir la “imposibilidad de bajar el aumento”. Dilma y Renan Calheiros hicieron declaraciones diciendo que son manifestaciones públicas y legítimas, desde que sean pacíficas. Lula fue quien más buscó evitar chocar de frente con el movimiento diciendo que la “democracia no es un pacto de silencio”, y que “los movimientos sociales y las reivindicaciones no son asuntos policiales, sino de negociación” y que cree en la capacidad de negociación de Haddad. Mientras la prefectura de San Pablo estaba siendo apedreada por los manifestantes, el prefecto se reunía en otro lugar con Dilma y Lula, que viajaron de emergencia para “buscar una salida” a la crisis política y social abierta. Como la acción es la medida de la verdad, y no solo las palabras, el gobierno de Dilma Roussef sigue demostrando de qué está hecho. Mientras cínicamente dice que Brasil “despertó más fuerte” por las manifestaciones, el gobierno federal envía sin demora la Fuerza Nacional para reprimir en Belo Horizonte, tal como antes hizo con los obreros de la construcción civil en Jirau, Santo Antônio y Belo Monte.

Una nueva coyuntura nacional

Brasil pasa a integrar el ciclo del fin de la etapa de restauración burguesa, que se cerró internacionalmente con la crisis capitalista y las primeras respuestas dadas por la juventud, sectores populares y la clase trabajadora al intento de las burguesías de descargar la crisis sobre sus espaldas. Aunque las recientes manifestaciones brasileras se den en otro contexto, que no incluye hoy una crisis económica aguda, el despertar de sectores de las masas, con la juventud al frente, viene imbuida de un espíritu de época inspirado en los levantamientos en Turquía, y en movimientos como Occupy Wall Street y los indignados españoles, inspiración que se manifiesta aquí más en relación a la reactivación de las protestas como método que en relación a las demandas de aquellos movimientos.

Aunque ya viniesen en aumento las huelgas a nivel nacional, en su mayoría motivadas por una inspiración redistributiva y, por lo tanto, de carácter económico, lo que venía primando en el país hasta ahora era una importante estabilidad. Esta estabilidad se combinaba con una altísima popularidad del gobierno de Dilma, que aún se mantiene, a pesar de haber sufrido una caída de 65% a 57%. Las manifestaciones que están esparciéndose implican un punto de inflexión en la situación, poniendo a la defensiva a los prefectos, gobernadores, y obligando a Dilma a romper el silencio de casi dos semanas. Según cómo se desarrolle puede cambiar completamente el escenario del país.

Si el movimiento es desviado, cuestión para la que ya se preparan los gobiernos como el de Haddad que tiene en la política burocrática del MPL un facilitador, este movimiento como mínimo habrá sentado un precedente que es el regreso de las movilizaciones sociales en las grandes capitales del país. Sin embargo, la amplitud que alcanzó demuestra que hay posibilidades reales de ir por más y abrir una nueva situación más favorable para el avance de la clase trabajadora y de la amplia mayoría de la población. Pero para eso es necesario elaborar una estrategia y un programa para ampliar las demandas y vencer.

La necesidad de combatir la división entre manifestantes legítimos y “vándalos”

Los gobiernos, la burguesía y sus medios de comunicación, habiendo sido obligados a rendirse al apoyo masivo a las movilizaciones, están ahora utilizando una nueva forma de dividir el movimiento. Este, que es un medio recurrentemente utilizado por los sectores que quieren restringir la rabia social que se expresa en las manifestaciones, separa los manifestantes en dos categorías: los legítimos, que serían ciudadanos pacíficos, y los “vándalos”. Durante las primeras manifestaciones el gobierno justificó ampliamente la acción de la policía, afirmando que la misma respondió a la acción de los sectores más radicalizados. En San Pablo principalmente luego de la brutal represión del día 13 de junio, cuando incluso periodistas fueron alcanzados por balas de goma en los ojos, sintiendo en pequeño lo que la juventud negra y los trabajadores que viven en la periferia sienten en la piel todos los días, la opinión pública dio un giro y pasó a apoyar las manifestaciones, al darse cuenta parcialmente lo salvaje que es la policía brasilera.

Sin embargo, aunque sea progresista la condena a la violencia policial, la contradicción es que vino acompañada de un gran pacifismo, que caracterizó a la gran marcha del 17/6 en San Pablo, que gritaba “sin violencia” ante cada gesto por mínimo que fuese de los sectores más combativos como “vandalismo”. No compartimos esta posición, que condena por igual la violencia policial, es decir, la violencia de clase del Estado en defensa de la burguesía contra la inmensa mayoría de la población, con la rabia legítima expresada por los sectores radicalizados por sus condiciones de vida y a la represión a la que son cotidianamente sometidos. A su vez, las organizaciones de izquierda se adaptan al pacifismo reinante en este nuevo momento de la lucha no contribuyendo a hacer avanzar a un sector de la juventud más radicalizado y combativo para que rompa con esta política de “paz y amor” que está al servicio del desvío de la lucha. Ese discurso solo sirve a la criminalización de la acción de los sectores combativos que están en lucha. Tenemos que abrir un diálogo paciente con los sectores que componen el movimiento, denunciando cómo esta táctica del gobierno y de las direcciones conciliadoras para dividir e imponer límites a nuestras demandas, y demostrar cómo la rabia de los sectores populares está justificada, mientras la violencia policial no. No impulsamos destrozos y saqueos, actuamos en defensa de los métodos del movimiento obrero –huelgas, piquetes, organización de la autodefensa, unidad y democracia obrera para la lucha–, sin embargo consideramos que la rabia que los sectores mal llamados “vándalos” demuestran contra la policía, las instituciones del Estado capitalista, las empresas y bancos, etc., son expresión legítima de su rabia frente a las pésimas condiciones de vida y de opresión y violencia que sufren diariamente, sin encontrar en el movimiento obrero fuertes organizaciones sindicales y políticas (partidos clasistas y revolucionarios) que merezcan la confianza para luchar seriamente contra ese estado de cosas. Exigimos la libertad de todos los presos en estas condiciones y la anulación de todas las causas.

Los gobernantes y las direcciones conciliadoras estimulan la presión “pacifista”, pero se ve mucho menos indignación con respecto a la infiltración de agentes policiales disfrazados para espiar a los movimientos sociales e infiltrar las manifestaciones para incluso crear tumultos que puedan ser utilizados para justificar la represión. El propio ministro de Justicia, del PT, “ofreció” al gobierno de Alckmin los “servicios de inteligencia” de la Policía Federal para “controlar” las manifestaciones. En esta “democracia” para ricos, bajo gobiernos tucanos (PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso) y petistas, sigue vigente no solo la violencia policial, sino también los servicios de persecución de la época de la dictadura militar, ya que todos los agentes y comandantes del régimen militar continúan impunes y muchos siguen ejerciendo en las policías y demás órganos represivos.

La burguesía y el gobierno se valdrán de los acontecimientos del día 18/6 en San Pablo para profundizar la división entre los sectores combativos y la masa que se manifiesta. Rechazamos esta política y lucharemos contra la criminalización de la radicalidad de métodos de la clase trabajadora y otros sectores de la población, que la burguesía ya comienza a poner en marcha. Luchamos para dotar la rabia, que se expresa distorsionadamente, de una estrategia capaz de revertir las miserables condiciones que la engendra, empezando por negarse a caer en la división entre “pacíficos” y “vándalos” del que el gobierno y la burguesía se valdrán para debilitar el movimiento de conjunto, criminalizando el sector más radicalizado, como ensayo para justificar duras represiones a las luchas obreras que seguramente vendrán en el próximo período.

El carácter espontáneo del movimiento y la necesidad de forjar una dirección a la altura

Evidentemente el movimiento que estalló hace dos semanas tiene un carácter espontáneo, y su composición es profundamente heterogénea, con una actuación bastante significativa de la juventud, en especial de los estudiantes de las universidades públicas y privadas, e incluso secundarios. Pero su mayor límite reside en la cuestión de las direcciones.

La organización que se ha ubicado al frente del movimiento en San Pablo, y otras ciudades, es el Movimento pelo Passe Livre (MPL, movimiento por el boleto gratuito), que según ellos mismos congrega 40 militantes orgánicos, en su mayoría estudiantes universitarios, que todos los años convoca a actos por la reducción de los boletos, aunque ninguna hasta ahora haya alcanzado la importancia actual. Las manifestaciones mostraron que están mucho más allá del MPL, que está siendo legitimado por el gobierno justamente porque su política ya prepara el cierre rápido de la lucha, objetivo también ambicionado por el gobierno y la burguesía.

Hasta el momento, las manifestaciones han sido convocadas por Facebook, y no cuenta con una dirección que pueda organizarlo, ni dotarlo de un programa para vencer. En este sentido el MPL se alza como una dirección burocrática, sin contar con el mandato de ninguna instancia del movimiento. Cuestiones básicas como la trayectoria de los actos son definidas por el MPL sin ninguna consulta previa con el movimiento. Dicen defender un programa de Tarifa Cero, que en verdad está inspirado en un proyecto que fue presentado durante el gobierno de Luiza Erundina (PT) como prefecta de San Pablo, que busca subsidiar las empresas privadas de transporte. Si este programa tiene el problema de no tocar en absoluto los inmensos lucros de la mafia de los transportes públicos, hoy concretamente la política realmente ejecutada por el MPL es una mera anulación del aumento de las tarifas.

Ya la izquierda compuesta por el PSTU convocó a través de CSP-Conlutas (Coordinadora Nacional de Luchas) y de ANEL (Asociación Nacional de Estudiantes – Libre) en San Pablo el día 15/06 un plenario para “organizar el apoyo a la lucha contra el aumento de las tarifas”, del cual participaron Juntos!, juventud del PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), además del mismo MPL, de la cual participamos desde la LER-QI con una posición crítica. Esto porque el verdadero propósito era componer una “dirección” para los actos con una coordinación compuesta por las organizaciones allí presentes. En nuestra concepción esta es una vía que sigue siendo burocrática con el conjunto del movimiento, sobre todo mediante su creciente masificación, ya que apenas un sector minoritario se referencia en estas organizaciones. Por tanto, al contrario de priorizar estos acuerdos entre corrientes por lo alto, defendemos la necesidad de que el movimiento se organice desde cada lugar de trabajo y estudio. Es necesario que en las universidades, escuelas, haya asambleas que discutan y organicen las posiciones políticas a ser levantadas por la movilización y sus métodos de acción, y decidan cómo organizar las manifestaciones incluso en los aspectos de seguridad y autodefensa.

Las concentraciones que fueron llamadas para el acto del día 17/06 en diversas universidades como la Universidad de San Pablo, deben ser encaradas como un embrión de esta organización, que debe ser profundizada, y que a partir de ahí se elijan representantes mandatados y revocables para constituir una coordinación de todo el movimiento.

CSP-Conlutas, ANEL y la Intersindical deben llamar a foros democráticos para discutir e implementar un plan obrero, popular y juvenil que incluya la preparación de huelgas y paros en torno de un programa de reivindicaciones de la juventud y de los trabajadores, unificando los sectores en lucha para enfrentar los gobiernos y la patronal en defensa de los intereses de la mayoría de la población. Se debe exigir que las centrales sindicales y la CUT, que se limitó a declarar que hay “un transporte público caro e ineficiente”, también movilice a sus bases siguiendo esos métodos y deje de hacer seguidismo a los gobierno petistas. Al mismo tiempo, consideramos progresivo el llamado que han hecho sectores de la izquierda, como el PSTU, a conformar un “campo de unidad” de la izquierda en estas manifestaciones, pero eso debe estar al servicio de contribuir al desarrollo de la autoorganización de las masas juveniles y trabajadoras.

Es de esta manera que lograremos componer una dirección legítima, que pueda fortalecer las movilizaciones. Eso también combatirá por la positiva el sentimiento antipartidario presente en las manifestaciones como parte del espíritu de la época vigente, que equivocadamente mezcla el sentimiento de rechazo a los políticos y las instituciones de la burguesía con el rechazo a la política en general, lo que puede abrir espacio a la influencia de sectores reaccionarios.

Estamos juntos en la elemental defensa de todos los partidos y organizaciones de izquierda, así como los movimientos sociales, se expresen con sus banderas y materiales en los actos, contra todos los ataques “espontáneos” o de grupos de derecha organizados. La manera eficaz de combatir este prejuicio, que se hace sentir tanto en sectores anarquistas como en sectores provenientes de la clase media pudiente de las grandes ciudades, es justamente demostrar en la práctica que la política revolucionaria nada tiene que ver con la política burguesa.

Eso se logra ubicándonos los revolucionarios en la línea de frente del impulso de organismos capaces de aportar a la autoorganización de los sectores en lucha con un programa de independencia de clase que incluya el combate a la corrupción y por las demandas democráticas insatisfechas. Así, en vez de crear artificialmente coordinaciones no reconocidas compuestas apenas por organizaciones, se deberían impulsar organismos de autodeterminación y luchar políticamente por su estrategia en su interior.

Un programa para seguir la lucha y responder a las demandas de los trabajadores y de la población

Desde la LER-QI y las agrupaciones que compartimos con independientes estudiantes y trabajadores, hemos actuado con entusiasmo y colocado nuestras modestas fuerzas para contribuir en el desarrollo de las movilizaciones. Por lo tanto, el debate programático es de suma importancia. El movimiento en su inicio tuvo como epicentro las manifestaciones de la ciudad de San Pablo, contra el aumento de 20 centavos en las tarifas de colectivos y subte. Estuvimos en la primera línea de defensa de la reducción de la tarifa sin subsidios y esta conquista es una primera victoria del movimiento. Sin embargo, a partir de la masividad que ganó el movimiento, creemos que es posible ir por más. Y que la demanda de reducción debe ligarse a un programa que resuelva efectivamente la crisis del transporte colectivo, que comienza por eliminar el aumento, pero que no puede terminar ahí.

Por eso, creemos que este movimiento puede tomar desde ahora la bandera de boleto gratuito ya para estudiantes, jóvenes, desempleados y jubilados, en el camino de la estatización sin indemnización del sistema de transporte. El programa de boleto gratuito ya para estudiantes, jóvenes desempleados y jubilados, lejos de “romanticismo”, es un programa perfectamente posible sin que para eso haya que sacar del presupuesto de salud y educación. Basta llevar adelante una política de aumento progresivo de los impuestos sobre las grandes fortunas, el no pago de la deuda a los bancos, grandes empresas y especuladores, que si son realizados pueden no solo mantener los servicios existentes sino mejorarlos cualitativamente.

Para que estas demandas sean conquistadas es necesario en primer lugar combatir como una cuestión de principio la represión a los que luchan, exigiendo el fin de la ofensiva de la policía contra los manifestantes, así como la libertad inmediata de todos los presos sin excepción y anulación de todas las causas judiciales. Junto a esto defendemos la constitución de comisiones independientes que involucren sindicatos, organizaciones sociales, de la juventud, derechos humanos y de izquierda, que investiguen y castiguen a la policía y los efectos de su represión, como los recientes heridos de Rio de Janeiro y de Belo Horizonte.

El argumento del gobierno para el ajuste fue la alta inflación. Sin embargo omite descaradamente en primer lugar que la tarifa cobrada por la ciudad en relación al salario mínimo es una de las más caras del mundo. Un cálculo realizado por el diario Folha de São Paulo demuestra que cada trabajador brasilero necesita trabajar casi 14 minutos para solventar el pasaje diario, mientras que en otros países ese tiempo cae a 1,5 minutos. Y mientras cada trabajador gasta un tercio del salario mínimo para solventar el transporte, las mafias de las empresas de transporte público tienen garantizado el 20% de sus gastos con dinero proveniente de las arcas públicas, mientas el 70% viene del valor de los boletos, y los capitalistas solventan solo el 10%.

La burguesía intenta lanzar un sector popular contra otro afirmando que para obtener el boleto gratuito sería necesario un aumento del IPTU (Impuesto municipal sobre la propiedad urbana), o recortar gastos en salud y educación. Mientras tanto, la mafia de los transportes públicos dice que “siente” la inflación y no tiene condiciones de hacerse cargo de los gastos de costos de mantenimiento del servicio sin un aumento de las tarifas, lo que es completamente apoyado por el gobierno. El intendente Haddad miente, para esconder el enorme robo que va a las arcas capitalistas. Si la tarifa de transporte fuese calculada por los índices inflacionarios desde el Plan Real (1994) debería ser hoy de R$ 2,16 y no de R$ 3,20. O sea, cada trabajador entrega R$ 1,04 a los capitalistas por encima de la inflación por cada boleto que paga. Este es el verdadero robo. El intendente dice que los manifestantes “exigen lo imposible” para seguir sosteniendo a los capitalistas a costa nuestra. Como mínimo, para hablar de “justicia social” el boleto debería ser reducido a su valor real: R$ 2,16.

Sin embargo, los trabajadores de los transportes públicos tienen salarios desfasados, con cobradores, cuando existen, ganando poco más de mil reales. Los políticos patronales mienten, los empresarios mienten, la prensa miente, la justicia miente. La sociedad no tiene ningún control de los “costos” de los servicios, lo que demuestra que no hay ninguna democracia. Por lo tanto, en primer lugar, exigimos que las empresas de transporte y la SPTrans, (de Río) y similares de otras ciudades abran sus libros de contabilidad. Estamos seguros que de esta forma se probará que están lejos de no tener condiciones de hacerse cargo de los costos del servicio, y cómo en realidad mantienen ganancias astronómicas.

Tampoco defendemos que la salida a la crisis del transporte sea aumentar el subsidio del estado al transporte público, como propone el MPL, pues eso sería simplemente mantener intacto el lucro de la mafia de los transportes, haciendo que la población pague los lucros de estos capitalistas por otras vías, como los recortes en salud y educación que los gobiernos plantean como “indispensables”. Defendemos que el transporte público sea estatizado, sin indemnizaciones y puesto bajo control de comités de trabajadores y usuarios, que son los más interesados en ofrecer un servicio de calidad y accesible a toda la población. Así también para los que ya tienen parte de sus líneas en manos del estado, como es el caso del subte, que defendemos sean controlados por los trabajadores.

Que cada político gane lo mismo que un obrero

Este amplio movimiento también muestra un enorme descontento con la corrupción y el despilfarro de los políticos patronales. Por eso, es una tarea de los sectores de izquierda presentar una política que pueda desenmascarar esta casta privilegiada. En vez de un “país de clase media” se sabe que el 72% de la población brasilera gana de 0 a dos salarios mínimos, mientras 4,8 millones de personas están inmersas en la pobreza absoluta. Estos números demuestran que el “Brasil potencia” es solo para algunos. Las manifestaciones pueden ser el comienzo del fin del sueño de consumo a crédito y de la progresiva y pacífica mejora de las condiciones de vida, que el gobierno petista tanto instaló pero jamás garantizó las condiciones estructurales para realizar.

Tanto escándalo de la burguesía de que es imposible reducir las tarifas en algunas decenas de centavos se topa con la realidad de una simple cuenta, que cada vez más sectores comienzan a hacer. Como por ejemplo, los costos de la Copa, o los costos de la corrupción y desvíos de los cofres públicos tan comunes en nuestro país, que se llevan anualmente R$ 59.000 millones. O también más allá de los salarios de los senadores, que alcanzan el techo de 26,7 mil reales, superado por las innumerables bonificaciones, además del hecho de que cada senador dispone de una media de 322 salarios mínimos para solventar los costos de su gabinete, en un monto de R$218.316 reales mensuales.

El salario de los diputados federales alcanza el mismo margen, pero contando los beneficios, pueden llegar a de más de 40 mil reales. Por lo tanto, la actividad legal de los parlamentarios está estimada en más de 20 mil millones de reales con salarios y bonificaciones, mientras el Congreso nacional cuesta al país R$ 23 millones por día. Con los desvíos, corrupción y sobrefacturaciones religiosamente practicadas por la casta política nacional, suman 79 mil millones de reales de costo.

El Sindicato de los Procuradores de la Hacienda Nacional (Sinprofaz) estima que la evasión de impuestos puede llegar a 415 mil millones de reales en 2013 – casi 10% del PIB brasilero (toda la riqueza producida). El alcalde Haddad dice, cínicamente, que si se redujeran los R$0,20 se dejarían de construir 200 mil casas, pues la prefectura tendría el costo de R$400 millones. Hasta ahora no construyó ninguna. Si es verdad, solo cobrando a los grandes evasores sería posible construir más de 20 millones de casas. ¡Que los evasores paguen sus deudas, bajo pena de confiscación de sus bienes y fortunas! Todo eso sacado del sudor de los trabajadores para el mantenimiento de estos verdaderos parásitos, que actúan solamente en su propio beneficio y de la clase a la cual defienden: la burguesía.

Frente a esa democracia burguesa decadente, que es democrática solo para los ricos y sus agentes, que roba el sudor de los que trabajan para vivir como “reyes” en un país de pobres, defendemos acabar con toda esta casta de políticos corruptos por el capital financiero y sus funcionarios, y terminar de una vez con todos los privilegios robados del trabajo de la inmensa mayoría de la población. Que cada funcionario público, del ejecutivo, así como todos los diputados, senadores y jueces, ganen lo mismo que todo trabajador debería ganar, esto es un salario mínimo del Diesse (R$ 2.873,56).

Aumento general de los salarios que reponga las pérdidas inflacionarias, que el piso salarial y de la jubilación sea el Salario Mínimo del Dieese para todos. Que todos los trabajadores precarizados sean legalizados, registrados y con todos los derechos laborales y sociales. Hay dinero para todo esto. ¡Está en las arcas de los grandes capitalistas y de los políticos patronales!

¡Partamos de la victoria conquistada el día 19 de junio para ir por más!

19 de junio de 2013