Una imponente movilización de masas selló el destino del presidente egipcio M. Morsi, derrocado el 3 de julio por un “golpe blanco” del ejército que contó con el apoyo de todo el arco opositor al gobierno de la Hermandad Musulmana. El titular de la Corte Suprema asumirá el gobierno transitorio. Al no poder derrotarlo con métodos de la contrarrevolución abierta por la relación de fuerzas establecida, el ejército optó por montarse en el proceso para conducirlo hacia una transición controlada y evitar su radicalización.

El estallido popular comenzó el 30 de junio cuando una multitud estimada en varios millones –compuesta por jóvenes, trabajadores, pobres urbanos y sectores populares, laicos y religiosos-, tomó por asalto las calles exigiendo la renuncia de Morsi. Esta oleada abarcó desde el Cairo y Alejandría, hasta pequeñas ciudades y aldeas, pasando por el centro industrial de Mahalla donde se concentra gran parte de la vanguardia obrera.

La convocatoria partió del movimiento “Rebelde” (Tamarod) un pequeño colectivo juvenil que en mayo había lanzado una campaña de firmas por la destitución de Morsi. A este pequeño grupo se unió a la oposición burguesa del Frente de Salvación Nacional (que reúne a antiguos opositores al régimen de Mubarak, como El Baradei y a sectores del viejo régimen mubarakista) y el partido islamista radical al Nur.
La coalición “30 de junio” formada por estas organizaciones, asumió la dirección del proceso con el objetivo de evitar que la movilización avance de cuestionar al gobierno de Morsi a enfrentar al conjunto del régimen, en particular al ejército que sigue siendo el verdadero poder detrás del trono. Por eso, a pesar de su heterogeneidad, todos coincidieron en negociar con las fuerzas armadas la formación de un “gobierno tecnocrático” de transición que reemplace al de Morsi y convoque a nuevas elecciones presidenciales.

Más allá de que estas organizaciones hayan podido canalizar la movilización, ayudados porque el ejército decidió no reprimir y preservarse para seguir actuando como artífice del orden político que emerja, las protestas muestran que tras el fracaso del primer intento de desvío, continúa desarrollándose el proceso revolucionario, abierto con la caída de la dictadura de Mubarak a principios de 2011, motorizado por profundas demandas económicas y democráticas.

El fracaso del primer desvío

Tras la caída del Mubarak, las fuerzas armadas, las clases dominantes locales y el imperialismo pusieron en marcha una “transición democrática” para desviar el proceso revolucionario. A pesar de que continuaron las movilizaciones, lograron, aunque no sin contradicciones, imponer una nueva constitución y realizar elecciones presidenciales, que en segunda vuelta y por un ajustado margen, ganó el Partido de la Justicia y la Libertad, el brazo político de la principal organización islámica burguesa, la Hermandad Musulmana.

Sin embargo, bastó un año en el poder para que quedara expuesto ante amplios sectores de masas el carácter reaccionario, neoliberal y proimperialista de la Hermandad Musulmana al servicio de los intereses de los empresarios locales, del imperialismo y de las monarquías del Golfo. Las concesiones democráticas, incluso formales, fueron mínimas. El aparato estatal de la dictadura de Mubarak se mantuvo intacto, el ejército conservó el rol de árbitro y el control de alrededor del 40% de la economía; el país siguió subordinado a Estados Unidos y mantuvo sus compromisos con el Estado de Israel. A esto se suma que la nueva constitución le da más poder a los sectores islamistas y amenaza el carácter laico del estado.

En el marco de la crisis capitalista y de la decadencia de la economía egipcia, dependiente de las importaciones, las condiciones de vida de las amplias masas siguieron deteriorándose: el desempleo pasó del 9% en 2010 al 13%. Al menos el 25 % de la población vive en la pobreza. La política de Morsi fue aceptar las recetas de ajuste del FMI para obtener financiación, como la quita de subsidios a los combustibles y bienes básicos.

Por eso desde su asunción Morsi enfrentó una oleada de huelgas sin precedentes, que en sectores de vanguardia, excedieron las demandas salariales para plantear un programa de nacionalización, como hicieron los trabajadores textiles de Mahalla. Solo en el primer trimestre de 2013, Morsi enfrentó 2400 protestas obreras y populares.

Perspectivas

A pesar de su impactante masividad, uno de los límites de las movilizaciones actuales fue su carácter fundamentalmente popular. La clase obrera que tuvo un rol fundamental en 2011 precipitando la caída de Mubarak y es un actor de peso en las luchas de resistencia que han puesto en cuestión las políticas de desvío, en estas movilizaciones intervino no como clase con sus métodos y organizaciones, sino diluida en las amplias masas. Desde el punto de vista del programa político, su eje fue la lucha contra el gobierno de Morsi, y no contra el conjunto de las instituciones del régimen y el estado y contra el imperialismo, lo que facilitó la política de la coalición “30 de junio” de presentar al ejército como “amigo del pueblo” y generar confianza y expectativas en una salida implementada por las fuerzas armadas.

Hasta ahora la política parece ser establecer un gobierno más liberal y laico, que cuente con el apoyo de Estados Unidos, tras el cual se oculte el verdadero poder que siguen siendo las fuerzas armadas.

Sin embargo, la salida no parece sencilla para este intento de un segundo “desvío”. Los trabajadores, los jóvenes y las masas populares egipcias vienen de una experiencia extraordinaria de dos años y medio de luchas, en el marco de los procesos de la primavera árabe. El islamismo político moderado, fundamentalmente la Hermandad Musulmana, que es la principal fuerza político-religiosa que contaba con apoyo de masas, además del ejército, está en una crisis profunda. Todavía está por verse si será integrada o no al nuevo gobierno que surja. Si por el contrario, quedan al margen de la nueva “transición”, no se puede descartar que sectores de la propia Hermandad o grupos islamistas más radicalizados pasen a una oposición al nuevo régimen recurriendo incluso a métodos terroristas que han empleado en el pasado. Indudablemente el proceso egipcio tendrá, además, repercusiones regionales y puede darle nuevo impulso a la primavera árabe.

En un primer momento las masas celebraron la caída de Morsi y la salida que plantearon las fuerzas armadas como un triunfo. Sin embargo, más temprano que tarde sus expectativas chocarán con esta salida reaccionaria. Para evitar que la movilización de masas sea usada como base de maniobra del ejército y la oposición patronal, es necesario en primer lugar no depositar ninguna confianza en el nuevo gobierno ni en las fuerzas armadas. Contra el intento de aprobar una constitución amañada bajo la tutela del ejército y el imperialismo, hay que imponer una Constituyente Libre y Soberana. Pero para que la clase obrera y la juventud explotada y oprimida impongan sus reivindicaciones, tienen que desarrollar sus propios organismos de autodeterminación y levantar un programa transitorio que una las reivindicaciones democráticas, sociales y antiimperialistas y abra el camino a la lucha por el poder obrero y popular.