Por Magui V.
“El tal paro no existe”
Esta fue la frase con la que el presidente Juan Manuel Santos inauguró sus primeras declaraciones contra el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la Mesa de Interlocución Agraria (MIA) este 19 de Agosto en Colombia. Tres semanas pasaron desde entonces y las movilizaciones no han cesado.
El despliegue de la manifestación a medida que pasaban los días, fue impresionante; en cinco días los campesinos habían tomado el control de 30 vías principales con la participación de más de 200 mil movilizados. Al poco tiempo, nuevas fuerzas, entre pequeños y medianos productores, campesinos, trabajadores y estudiantes se fueron sumando: mineros (que defienden su explotación en pequeña escala contra la política de beneficiar a las grandes empresas), acompañaron la entrada en escena de los transportistas (que reclaman baja en los precios del diesel), trabajadores de la salud y de la educación, y estudiantes de las principales universidades del país, centralmente de Bogotá.
De reconocer las “justas demandas” a construir el enemigo interno
Santos tuvo que retroceder y “pedir disculpas” por su desatinada frase, para reorientar su estrategia, el gobierno tuvo que reconocer públicamente aquello que para el campesinado pobre y la clase obrera colombiana es su más cruda y real cotidianidad. Es difícil, aún para el gobierno dejar de reconocer que la miseria que se vive en el campo, es un problema estructural que se viene profundizando aceleradamente, hace varias décadas.
Santos salió a reconocer los “reclamos justos del campesinado” y diferenciar las “marchas pacíficas” de aquellas movilizaciones provocadas por el “vandalismo” de los encapuchados. Algunas voces oficialistas que encontraron eco rápidamente en los medios de comunicación, aseguraron que las FARC incidían en el paro desde La Habana, para generar el caos y la destrucción, a través de la organización Marcha Patriótica (organización reformista conformada por distintas variantes políticas).
A las escalofriantes imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se veían a miembros de las fuerzas paramilitares dejar amenazas escritas bajo las puertas de los principales referentes del paro, se sumaron las imágenes captadas por la propia población, donde aparecían los “encapuchados”, saludando amenamente con la policía y recibiendo sus instrucciones. Estos agentes formaban parte de una línea de infiltración de misma la policía asesina del ESMAD, con el objetivo de deslegitimar las justas medidas de fuerza adoptadas por los manifestantes, y así preparar el anuncio de la militarización y el toque de queda en el país.
Un operativo de 50.000 militares invadió las calles de Bogotá y las principales carreteras del país, las imágenes de la persecución y la represión a los manifestantes son brutales, además de que el gobierno tuvo la política de ofrecer “recompensas” a quienes entreguen información sobre los referentes de las movilizaciones (al mejor estilo uribista). Durante los enfrentamientos con la policía, se registraron cerca de 250 heridos, mientras el joven estudiante Juan Camilo Acosta moría asesinado por el despliegue de gases lacrimógenos lanzados por la policía del ESMAD
Las causas profundas de la lucha del agro y la crisis política del Gobierno Nacional
Colombia es uno de los países latinoamericanos que mayor apertura dispuso al neoliberalismo de los 90. La política privatista y neoliberal fue desarrollada plenamente por el uribismo y mantiene continuidad bajo el gobierno de Santos. La aplicación del TLC firmado con EE.UU. agrava esta “apertura” afectando a amplios sectores de productores agropecuarios, en particular a los campesinos, en una coyuntura económica de desaceleración y “turbulencias” para la economía colombiana. El pliego de demandas que levanta hoy el Paro Nacional Agrario: reducción del precio de los fertilizantes, incentivos económicos, propiedad de la tierra y garantías políticas contra el desplazamiento campesino, son algunas medidas que buscan menguar el impacto de la puesta en marcha de más de 20 tratados de libre comercio, que favorecen a las multinacionales y al empresariado local, a costa del sometimiento de los trabajadores y el campesinado pobre.
Todo esto golpea en una situación de enorme polarización en el campo. En Colombia, la concentración de tierra en pocas manos (el 52% de la tierra está en manos del 1,15% de la población), el desplazamiento de más de 5 millones de víctimas, producto centralmente de la política militarista del expresidente Uribe (continuada por Santos), con la expropiación de tierras a miles de campesinos, reconcentradas por la burguesía, y una pobreza rural que llega casi al 50%, son parte de la radiografía que hace a la explosión del conflicto actual, y que ya tuvo su antesala en el Paro Nacional Cafetero de marzo pasado.
A pocos meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Santos no logra escapar de su crisis política, en las últimas semanas, se vio obligado a remover a la cúpula militar, y las voces de solidaridad con el paro a nivel nacional, están haciendo tambalear su gabinete político. [1]
Durante ocho años gobernó en Colombia el régimen del ex presidente Álvaro Uribe, ligado al paramilitarismo (gobierno del que Santos fue parte); el nivel de persecución, represión y muerte sobre la clase obrera y las organizaciones sociales, en complicidad activa con el Estado, terminó por generar un importante rechazo en la sociedad colombiana, obligando a Santos a presentarse como una figura de recambio, “suavizada” y menos militarista, que a su vez lograra lavarle la cara del régimen y contener el descontento social. Santos, se juega a llevar a la rendición a las FARC en los “diálogos de Paz” en la Habana, que cuentan con el aval de Obama (y también con el rechazo de los republicanos, con los que se alínea Uribe), combinando una ofensiva de hostigamiento militar, con la “negociación” política para lograr ese objetivo, para lo cual también están abriendo contactos con el ELN. Si bien esta política causa reparos en sectores de la derecha, como el uribismo, de avanzar por este camino sería una pieza importante para buscar la reelección de Santos en las próximas presidenciales.
En este marco, hay importantes elementos de crisis política que se reflejaron en el reciente cambio de la cúpula militar por Santos y en una crisis de gabinete en medio del paro agrario.
El operativo “lavada de cara”, enfrenta grandes contradicciones para contener la situación social y el creciente descontento. De la mano de los miles de estudiantes que salieron a enfrentar la reforma a la ley de Educación, de los sectores que se movilizaron con el Paro Nacional Cafetero de marzo pasado, algunas luchas obreras como la de los mineros de la Drummond (carbón) y las recientes movilizaciones campesinas, se expresa un cambio de situación en la sociedad colombiana, en la que numerosos sectores empiezan a romper el miedo y a enfrentar la política de terror implantada a fuego, tomándose masivamente las calles para pelear por sus derechos.
Así, las movilizaciones en Colombia, se suman al escenario de conflictividad social que se viene expresando en América Latina (Brasil, Chile, México, Bolivia, entre otros) con un fuerte contenido de rechazo contra los gobernantes que representan una casta política pro empresarial que se enriquece mientras los problemas estructurales de los sectores más golpeados siguen sin resolverse. En América latina, la crisis de representatividad, empieza a golpear tanto a gobiernos alienados con la derecha más clásica (Alianza del Pacífico), cómo a aquellos que lograron actuar como desvío de las movilizaciones de principios del 2000 (los llamados gobiernos “posneoliberales”).
Este conjunto de movilizaciones en un país que ha sido históricamente estratégico para el control de EEUU en la región, expresan a su vez, cierto desgaste de la hegemonía norteamericana, que con la política de fortalecimiento del poderío militar ha perpetrado durante décadas la tortura, desaparición y muerte de miles de dirigentes y activistas obreros, mujeres, indígenas, estudiantes e integrantes de organizamos de derechos humanos. Hoy, la política intervencionista y militar de EEUU, está mas lejos del consenso mayoritario que había alcanzado en otros años.
Perspectivas del Paro
A pesar de la enorme movilización y disposición a la lucha que mostraron en estos días los distintos actores del paro nacional, ayer quedó expresada una de sus debilidades más importantes. El gobierno logró negociar sectorialmente con parte del movimiento campesino, en este caso con los productores de leche y papa de algunos departamentos del sur. Sin embargo aún hay numerosos bloqueos en varios departamentos y miles de indígenas se concentraban en Popayán al cierre de esta edición de LVO.
Si bien el paro se sostiene, ésta luz verde para el gobierno de Santos, le podría permitir (todavía no ha resultado con éxito) un margen de maniobra en el que buscará a toda costa dividir la lucha y evitar su desarrollo unificado. Solo la coordinación de todos los sectores, la unificación de las demandas y de un plan de lucha conjunto, puede lograr derrotar al gobierno nacional y arrancar la conquista de las demandas campesinas y del pueblo trabajador.
La solución al problema de fondo de la enorme crisis en el campo colombiano, no va a ser resuelta en las mesas de negociación con el gobierno, es necesario continuar la lucha en las calles y fortalecer la organización independiente de todos los bandos patronales, tanto del oficialismo, como de aquellos que en su momento integraron las variantes de centro izquierda (Polo Democrático), como es el caso del Alcalde de la Ciudad de Bogotá Gustavo Petro, que no dudó en adherir a la salida militarista ydecretar el toque de queda.
Ni que decir de sectores ultra reaccionarios, como aquellos encabezados por la oposición del partido de la U. de Álvaro Uribe, quien después de haber emprendido durante casi una década una verdadera guerra del terror contra el pueblo trabajador y pobre de Colombia durante su mandato, hoy sínicamente quiere abanderarse de las causas campesinas, reivindicando el paro, para golpear a Santos.
Es una realidad, que los reclamos por mejores condiciones de producción en el campo provienen tanto de campesinos pobres, como de pequeños y medianos productores, y también sectores de la propia burguesía nacional. Parte de la dirección del movimiento, se encuentra en manos de estos sectores burgueses y de productores medios, es por eso, que están ausentes las demandas de los miles de trabajadores y peones rurales, que trabajan informalmente en condiciones de semiesclavitud (el 79% alcanza apenas el salario mínimo). Son ellos, los trabajadores, los únicos que quieren y pueden luchar por una solución de fondo para la crisis estructural del agro; que solo se puede lograr atacando la propiedad de la tierra y los intereses de los grandes capitales empresariales. [2]
Este lunes, parte de la dirigencia campesina y sindical, se mostró dispuesta a ir a una mesa de negociación con el gobierno, a pesar de su política de militarización y el decreto de toque de queda. Santos ya mostró estar dispuesto a asesinar y reprimir a fuego las manifestaciones; por eso, lejos de sentarse a la mesa, hay que imponer con la fuerza de la lucha en las calles la conquista del pliego de peticiones, que incluya además el fin del trabajo precario y las condiciones de esclavitud laboral.
Para ello es necesario que los sectores del movimiento obrero colombiano, no solamente formen parte de esta enorme movilización, sino que puedan emerger de forma diferenciada de los sectores de medianos productores y de la burguesía nacional, para tomar los reclamos de su clase, las de los trabajadores y los sectores mas empobrecidos.
Es la alianza de los trabajadores con los miles de campesinos más pobres, la única que puede surgir como una fuerza poderosa capaz de atacar directamente los intereses capitalistas [3] y del imperialismo. Las reformas parciales no alcanzan, hay exigir el fin de los tratados de libre comercio, un verdadero proceso de reforma agraria, con la expropiación sin pago de las tierras concentradas, el término de las concesiones y el entreguismo a las multinacionales y el fin de la flexibilizaión laboral para clase obrera y de la condiciones de precarización en la que subsisten los peones rurales. Es necesaria la organización independiente para enfrentar al poder económico y político del gobierno de Santos y de su lastre Uribe.
Basta de represión y tortura! Exigimos justicia para Camilo Acosta! El gobierno y su asesina fuerza policial ESMAD son responsables
No a la militarización de Colombia! Basta de criminalizar la protesta y perseguir a los luchadores
Libertad para todos los presos de las jornadas del Paro Nacional Agrario
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