Las elecciones de renovación legislativa 2013 tienen lugar en el marco de tendencias a una crisis de conjunto, en el marco del fin del ciclo kirchnerista armado para desviar la rebelión popular de 2001. En el plano económico, se manifiestan las tendencias a una nueva crisis de deuda –después de haberla pagado religiosamente durante una década-, una inflación creciente, una deuda pública récord, el paulatino vaciamiento del Banco Central y de la Anses y una desvalorización internacional del peso. Argentina se encuentra, otra vez, en el rumbo de un nuevo viraje de la política económica, que tendrá consecuencias graves, otra vez, para los trabajadores.

Utilizaremos la tribuna electoral para fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y la juventud, y como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social.

La deuda eterna

La Presidenta se ha jactado de haber pagado, en la década, 173 mil millones de dólares de deuda externa –de ser, dijo, “una pagadora serial”. Lo que omitió fue que, mientras tanto, la deuda pública (externa e interna) ha subido casi cien mil millones de dólares, hasta alcanzar una cifra que supera largamente los doscientos mil millones de dólares. Desde 1975, Argentina ha pagado unos seiscientos mil millones de dólares y aún tiene una deuda descomunal. Estamos claramente ante una deuda usuraria, que crece como consecuencia de una continua capitalización de intereses que no se logran pagar. El saqueo del país ha alcanzado hace mucho un carácter delictivo. En este negociado ha intervenido la gran banca internacional, pero por sobre todo los capitalistas nacionales, que siempre han tenido en su poder la mayor tajada de esa deuda. Esto explica la conducta ‘serial’ de todos los gobiernos de los últimos cincuenta años.

Para proceder a ese pago ‘serial’, el gobierno ‘nacional y popular’ ha ido vaciando al Banco Central y a la Anses. Esto explica que el 75% de los jubilados cobre un 25% del costo de la canasta familiar. El gobierno K ha tomado dinero de estas instituciones a cambio de títulos públicos que nunca serán cancelados, sino refinanciados en forma indefinida. Esos títulos públicos están contabilizados a una valuación teórica, no la real. Ahora mismo, el gobierno está vendiendo los títulos heredados por la Anses de las AFJP a precio vil, con el bastardo propósito de bajar la cotización del dólar. La Anses tiene en su poder el monto mayor de la deuda en pesos, que se licúa como consecuencia de la inflación y de la indexación por los valores del IndeK. El ‘pago serial’ está llevando a la bancarrota al sistema jubilatorio y monetario.

El ‘relato’ del ‘desendeudamiento’ es simplemente una patraña. La reducción de la deuda externa, postulada por la reestructuración de 2005, ha sido una ficción, pues con el agregado de los llamados ‘cupones del PBI’, no ha variado en absoluto. Ha servido, solamente, para ‘estabilizar’ las relaciones con los acreedores capitalistas, a costa de los trabajadores. El resultado es que se asiste a una potencial cesación de pagos, en el marco de una crisis inminente con los llamados fondos buitres. La viga maestra de lo que pretendía ser ‘la reconstrucción de la burguesía nacional’, ha resultado una farsa. El gobierno que subió en 2003 para actuar como síndico de la bancarrota de 2001/2, enfrenta ahora otra crisis, que requiere un nuevo síndico, que será seleccionado, antes de 2015, por vía electoral o extra electoral. El fracaso descomunal del blanqueo de capitales (‘cedin’) constituye un voto abierto de desconfianza en el gobierno, por parte del capital nacional e internacional. Es otra expresión del cambio de frente de la mayor parte de los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros que ha apoyado al kirchnerismo, con altas y bajas, durante una década.

El déficit fiscal, para pagar la deuda externa y otorgar toda clase de subsidios a la patronales es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El gobierno financia también ese déficit con la confiscación de los fondos de la Anses, y las patronales se valen de la llamada ‘libertad de empresa’ para subir los precios y especular con la inflación.

El otro ‘relato’ mistificador es el de la “redistribución” de ingresos. Los síndicos de la bancarrota de 2001/2, se encargaron de acentuar la precariedad laboral, con el pretexto de ‘crear empleos’. Incluso con este recurso, la desocupación sigue muy elevada –del 15% si se incorpora al cálculo a los trabajadores de los ‘planes’, y aún más con los subocupados. Esto explica el elevado nivel de pobreza –un 70% si se toma a la canasta familiar, un 35% debajo de la canasta básica. La asignación por hijo, concebida y financiada por el Banco Mundial, apunta a sostener una asistencia social de hambre por tiempo prolongado. Reivindicamos el “trabajo para todos” (reparto de las horas de trabajo) y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

La pobreza estructural incluye el derrumbe de la atención de salud y la educación, y el descomunal encarecimiento de la salud privada. El Frente de Izquierda plantea la defensa de la educación y salud pública; una educación nacional única, estatal, gratuita y laica; y un sistema nacional de salud pública y universal, a cargo del Estado, ambos bajo la dirección de los trabajadores. Reclamamos la apertura de los libros de las Obras Sociales y de la medicina privada. Rechazamos la estatización de las Obras Sociales (en gran parte pantallas de la medicina privada), por parte del Estado capitalista, pues no sería más que un paso hacia la privatización integral de la salud.

El Frente de Izquierda plantea el no pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con el resarcimiento correspondiente; y el establecimiento de un impuesto extraordinario a los grandes capitales hasta cubrir la confiscación de activos sufrida por el Banco Central y la Anses.

Privatizaciones y Nacionalizaciones

La función más importante de la sindicatura que formaron Duhalde-Lavagna-Kirchner, fue proceder al salvataje de las privatizaciones del menemismo y de los bancos de la quiebra. Para ese fin se apeló a un fenomenal sistema de subsidios. La consecuencia principal del operativo ha sido (junto con el pago de la deuda pública) la crisis económica, que financian, precisamente, la Anses y el Banco Central. El congelamiento de las tarifas fue un fenomenal obsequio a la burguesía nacional y extranjera, porque abarató servicios que utiliza y los salarios nominales, que quedaron abajo de los que habría requerido una canasta familiar más elevada.
La precariedad de este rescate se manifestó en la crisis de inversiones de los servicios y en nacionalizaciones aisladas, la principal de las cuales fue la de las AFJP, que fue puesta al servicio del pago de la deuda externa. El vaciamiento de la Anses para el pago de la usura internacional es un ejemplo extraordinario de la utilización de las nacionalizaciones para rescatar al capital, mediante la confiscación de los ingresos de los trabajadores. Como consecuencia de esto, la Anses quedó convertida en una AFJP estatal, que condiciona el nivel de las jubilaciones al pago de la deuda y a los subsidios financieros al capital. Otras estatizaciones (agua, aerolíneas), han reforzado la crisis fiscal.

Las ‘nacionalizaciones’ subieron un escalón con la expropiación parcial de Repsol (sujeta a indemnización en tribunales internacionales) y con una intervención creciente en el sistema ferroviario luego del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, la rebelión de miles de tercerizados ferroviarios y la masacre de Once. Se trata de nacionalizaciones ficticias e incluso de reprivatizaciones (Chevron). La expropiacion parcial de YPF, que el Frente de Izquierda denunció desde el primer momento, ha iniciado un camino de profundización de la entrega de los hidrocarburos al capital extranjero, un avance en la contaminación ambiental y un giro completo hacia el endeudamiento en los mercados internacionales.

Denunciamos el aumento imparable de las tarifas que cobran las petroleras; el derecho a que cobren precios internacionales; la tajada creciente que acaparan de la renta gasífero-petrolera; y el avance gigantesco de la contaminación ambiental. Planteamos un resarcimiento inmediato por el enorme pasivo ambiental dejado por estos monopolios.

El Frente de Izquierda denuncia las pseudo nacionalizaciones realizadas y las que se anuncian, como una política de rescate del capitalismo, a costa de una crisis fiscal mayor, e incluso al servicio de los negociados K (como los de La Cámpora en Aerolíneas), que será pagada por los trabajadores. Las nacionalizaciones burguesas han servido para atar aún más profundamente a la burocracia sindical al Estado y a las patronales, e incluso a sus negocios. Es necesario distinguir la nacionalización burguesa, que procura el rescate del sistema capitalista y de los empresarios a los cuales se asocian (TBA, Metrovías, Repsol, entre otros), de la nacionalización que efectivamente convierte a la explotación privada en un verdadero servicio estatal público al servicio del pueblo trabajador. En este caso la nacionalización o reestatización debe ser sin resarcimiento al capital (en realidad, el resarcimiento debe ser del capital al poder público) y operar bajo el control y la gestión de los trabajadores, con un financiamiento a través de impuestos extraordinarios al gran capital.

El Frente de Izquierda impulsa la renacionalización del 100% de YPF y todas las empresas petroleras. En el caso del gas y el petróleo se trataría de una medida de emergencia nacional, para revertir el vaciamiento capitalista operado en las dos décadas pasadas. Planteamos un plan nacional energético controlado por los trabajadores. luchamos por la reestatización de todas las privatizadas bajo control, administración y gestión de los trabajadores y usuarios. Proponemos una verdadera reestatización de todo el sistema ferroviario y de subtes bajo el control y gestión de los trabajadores y de los usuarios. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial de la banca y el comercio exterior y la gran propiedad agraria. Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista (‘libre competencia’), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, esencialmente contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas bajo el control y una planificación de los trabajadores urbanos y rurales. Lo que importa en las nacionalizaciones es que sean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. Esta perspectiva plantea el gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado.

Que la crisis la paguen los capitalistas, y no los trabajadores

La tendencia a la cesación de pagos, la crisis fiscal, la inflación y la carestía, son testimonio de la crisis del intervencionismo ‘nacional y popular’. Lo mismo ocurre con el fracaso del ‘cepo’ cambiario y del comercio, y del blanqueo de dinero ilegal (’Cedin’).

El gobierno busca aminorar el peso de una derrota electoral en octubre con medidas cosméticas. Es el caso de la suba del mínimo no imponible al impuesto al salario, que será devorado rápidamente por la inflación y deja gravados a más de un millón de trabajadores. La represión en Neuquén para sellar el pacto secreto con Chevron, la designación del represor Milani en el Ejército o el nombramiento de un personaje de la ‘mano dura, como Granados en Buenos Aires, ha derrumbado definitivamente el pretendido progresismo K. El gobierno K piensa cómo serán los próximos meses con menos poder, donde debería aplicar un ajuste que podría incluir aumentos en las tarifas y menos “gasto social”. Lo mismo harían los gobernadores, sean del color que sean. Están tirando todo para después de las elecciones, mientras millones siguen en la pobreza y sin divisar ninguna solución a los graves problemas sociales.

Más allá de que pretendan una transición ordenada, una salida capitalista a la crisis implicará golpes contra el pueblo trabajador, como hemos visto históricamente con el Rodrigazo, la hiperinflación, el “corralito” o la devaluación de Duhalde-Lavagna.
Por su parte, la oposición patronal de los Sergio Massa, Binner-Alfonsín o Macri, acompañan en lo esencial las políticas pro patronales del gobierno. Todos votaron, salvo algunas excepciones, la apertura del canje para pagar la deuda externa a los fondos buitres. Todos gobernaron o gobiernan para los grandes empresarios y multinacionales.

Aunque con matices diferentes, todos los partidos opositores, sin excepción, y en especial el FAP y UNEN, reclaman una mayor devaluación del mercado oficial de cambios, probablemente precedida por una devaluación en el cambio financiero. El resultado sería el aumento colosal de la deuda externa medida en pesos, que agravaría la crisis fiscal, y una gigantesca desvalorización de los salarios y los ingresos fijos, y de los activos de la Anses. Postulan, asimismo, una liberación de tarifas, con consecuencias letales para los salarios. El método capitalista convencional para contener la hiperinflación que resultaría de estas medidas, es el llamado ‘enfriamiento’ de la economía, o sea una mayor desocupación. La expectativa es generar una corriente de ingresos de los capitales del exterior.
El gobierno va en esa misma dirección. Lo muestra la suba del dólar oficial y el blue cercano a los diez pesos. La devaluación del peso oficial marcha a un ritmo superior a la inflación de precios. El acuerdo secreto con Chevron prevé la libertad para girar capitales y dividendos y recibir precios internacionales en el mercado interno. La reapertura del canje con los fondos buitres implica también un desmantelamiento de la política intervencionista, porque requiere el ingreso de capitales externos para hacer frente a un aumento considerable de la deuda externa. Una corriente muy fuerte, en el gobierno, viene planteando el desdoblamiento (devaluación) del mercado cambiario, como ya ocurre con el ‘cedin’. Es necesario advertir que la ley que reforma el mercado de capitales, busca desarrollar las condiciones para convertir a la Bolsa local en el escenario que acoja al capital financiero internacional, en una escala similar a Brasil. Todo esto lleva a una mega devaluación del peso.

El Frente de Izquierda advierte contra esta tentativa común a todos los partidos del sistema, para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Planteamos el ajuste mensual de salarios y jubilaciones; la ocupación de toda empresa que suspenda, despida o cierre; el no pago de la deuda externa; un impuesto extraordinario a los grandes capitalistas para enjugar la crisis fiscal y pagar la deuda del Estado con la Anses y el Banco Central.

Represión e inseguridad

Apenas asumió Cristina con el 54% de los votos en 2011, lo primero que aprobó en el parlamento por orden del imperialismo fue la ley antiterrorista, para perseguir a los luchadores y seguir la criminalización de las luchas.

Desde la bancarrota de 2001/2 se han acentuado las medidas de excepción que sirvieron para rescatar bancos, AFJPs y privatizadas, y para expropiar a ahorristas y asalariados. Desde la crisis mundial, a partir de 2008, este método se acentuó. Luego de fracasar en los intentos de gobierno de centroizquierda o con la famosa transversalidad de los Cobos, el oficialismo acentuó sus rasgos bonapartistas, en una etapa avanzada de su declinación. Actuó sobre una amplia coalición inestable, que va de caudillos provinciales derechistas como Insfrán hasta organizaciones como el Movimiento Evita y la Tupac Amaru. A pesar de contar con mayoría parlamentaria, se agudizó el gobierno por decreto o resoluciones de la AFIP y del abuso de la cadena nacional y del favoritismo a los medios ‘amigos’. La precariedad de este tipo de gobierno quedó en evidencia en los fallos judiciales que han venido favoreciendo al grupo Clarín. La crisis política es ya una crisis de estado.

El Frente de Izquierda le opone a este estado de excepción y de crisis, y al gobierno por medio de decretos -como la expresión de una crisis de gobierno y de sistema político- el gobierno de los trabajadores enraizado en todos los planos de la gestión social y política, basado en la autoorganización obrera y popular. Se trata de iniciar un proceso de transición hacia el socialismo y la abolición de toda forma de discriminación y explotación social. La ‘defensa de la República’, que esgrime la oposición tradicional, es pura hipocresía, pues toda ella ha gobernado siempre a espaldas de su propia Constitución (‘pacto de Olivos’, gobierno de facto de Duhalde, gobierno minoritario en 2003, decretos de necesidad y urgencia). La Constitución es una hoja de parra de la arbitrariedad, ya que el 50% de la legislación nacional es oriunda de la dictadura, al igual que la burocracia militar, judicial y represiva del Estado. Los gobiernos que emergieron desde 1983 reivindicaron la continuidad jurídica de la dictadura militar, en especial los compromisos internacionales políticos, militares y económicos, como el pago de la deuda. Los archivos de la dictadura no han sido abiertos. Las fuerzas armadas, que no han sido tocadas en absoluto, ofician de fuerza de ocupación en Haiti, al servicio del imperialismo norteamericano.

La cuestión de la ‘seguridad’ es otra manifestación mayor de la descomposición del Estado, porque oculta el maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del sistema, de un lado, y las organizaciones delictivas, del otro. Este maridaje se ve todos los días en cada barrio popular y quedó claramente expuesto en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Sirve para victimizar a los jóvenes sin empleo y para justificar el ‘gatillo’ fácil. La alternativa ofrecida por el ‘progresismo’ oficialista –“la seguridad democrática”– consistió en privilegiar el espionaje contra las organizaciones populares, con el pretexto de “prevenir para no reprimir”. Ahora se propone crear ‘policías municipales’ y bajar la edad de imputabilidad. Esto significa, ni más ni menos, que entregar la seguridad ciudadana al sector más entrelazado con las diversas organizaciones del delito, incluida la trata de personas: nos referimos a los intendentes.

El nombramiento de César Milani, como jefe del ejército, es mucho más que un blanqueo de un genocida. Es una clara tentativa de devolver protagonismo político a las Fuerzas Armadas, un propósito que los distintos gobiernos persiguen desde 1983, con la obediencia debida, el punto final y el indulto. Ahora se invoca el apoyo del Ejército al “proyecto nacional y popular”. La ‘re-integración’ de las Fuerzas Armadas apunta a reforzar las tareas de espionaje y la capacidad de represión del Estado frente a la crisis. Las Fuerzas Armadas argentinas se vienen entrenando en este menester, desde hace una década, en Haiti. ¡Fuera el ejército de Argentina y de América Latina (con excepción de Venezuela y Cuba) de Haití!

El Frente de Izquierda llama a la organización popular en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio, para combatir el ‘gatillo fácil’ y la trata de personas. Para combatir la penetración del narcotráfico, con apoyo policial, en los barrios, o sea la complicidad policial y política con el delito organizado. No a las policías municipales de los intendentes de la corrupción y el delito: para acabar con el aparato de punteros, es necesario poner fin a la miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno. Abajo el Proyecto X, y el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares. Por la disolución de todos los órganos de inteligencia puestos para espiar e infiltrar a las organizaciones populares.

La Izquierda al Congreso, a las Legislaturas, a los Concejos

El Frente de Izquierda aspira a ingresar a los Parlamentos del país, para desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

Para convertir a los parlamentos en tribuna política, denunciar al contubernio entre los capitalistas, su régimen y sus partidos, y para desarrollar las luchas y la movilización extraparlamentaria de los trabajadores y el pueblo. Para poner nuestros diputados, legisladores o concejales al servicio de las luchas obreras, populares y juveniles, como ya lo venimos haciendo con nuestros legisladores y concejales en Córdoba, Neuquén, Salta y Santa Fe. Para propagandizar y agitar en los métodos del gobierno de los trabajadores. Una votación aún mayor por el Frente de Izquierda, más allá del casi millón de sufragios de las primarias será, por sobre todo, un estímulo poderoso para la organización masiva contra los ajustes que se preparan para después de los comicios.

En contraste con el desarrollo de la izquierda combativa y socialista, el país asiste a la desintegración de la llamada “izquierda plural”, integrada a la llamada centroizquierda (Pino Solanas, Libres del Sur) con claros vínculos con los representantes del capital bancario y sojero (Prat Gay, Binner, UCR). Lo mismo ha ocurrido con las tendencias que, bajo el disfraz del chavismo, dedicaron lo mejor de su tiempo al apoyo del kirchnerismo. El ascenso de la izquierda es el resultado de una experiencia política de conjunto.

El Frente de Izquierda impulsa la independencia política de clase de las organizaciones populares y en especial de los sindicatos respecto al Estado. Fuera la burocracia sindical de los sindicatos, por la formación de direcciones clasistas para transformar los sindicatos e imponer la democracia sindical. Peleamos por incluir a los trabajadores desocupados, contratados y precarios dentro de los sindicatos e impulsamos la más amplia autoorganización obrera y popular. La unión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero convertirá a los trabajadores en una fuerza dirigente, el primer paso para cambiar la historia del país y abrir la perspectiva de la revolución y de la transición al socialismo en el país y en el mundo.

Plataforma de reivindicaciones urgentes

– Abolición del impuesto directo al salario y a las jubilaciones; eliminación del IVA; ningún impuesto a la vivienda única del trabajador.

– Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por el 82% móvil en las jubilaciones; empezando por el cumplimiento integral de los fallos judiciales a favor de los jubilados.

– Fuera las ART, por comisiones de seguridad e higiene, organizadas democráticamente por los propios trabajadores. Abolición del trabajo precario y en negro; incorporación de todos los trabajadores, en cada empresa, a las convenciones colectivas con cláusulas más favorables.

– Fuera el gobierno de la Anses: por una dirección electa y revocable por los trabajadores y jubilados. No pago de la deuda externa; por un impuesto extraordinario a los grandes capitales para rescatar los activos en poder de la Anses y el Banco Central.

– Fuera Chevron, no al ‘fracking’, no a la explotación minera a cielo abierto; resarcimiento por los daños ambientales; nacionalización de estas industrias, bajo control de los trabajadores.

– Basta de servicios públicos deplorables, y masacres con muertes y corrupción. Por la reestatización de los trenes y subtes bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios.

– Anulación de la reforma judicial kirchnerista. Elección popular de los jueces y fiscales.

– Que todo legislador, funcionario estatal o juez gane lo mismo que un obrero especializado o un maestro. Revocabilidad de todos los funcionarios electos. Elegibilidad de todos los directores de empresas públicas.

– Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

– No a la baja de la edad de imputabilidad. Por una campaña nacional de las organizaciones obreras y populares por el desmantelamiento, juicio y castigo de las organizaciones de trata: por el apoyo a todos las movilizaciones contra ‘los hijos del poder’, que son responsables de la desaparición y asesinato de mujeres.

– Por la independencia de los sindicatos del Estado; democracia sindical; fuera la burocracia. Por la más plena democracia sindical. Por el derecho de los trabajadores a organizarse sin ingerencia y control estatal.

– Fuera las Fuerzas Armadas de Haití. Por el apoyo a la rebelión obrera y popular en todo el mundo, que crece y se extiende con el avance de la crisis capitalista.

– Llamamos a los trabajadores, a la juventud, a los sectores populares y a los que se reivindican de la izquierda a sumarse y apoyar la campaña por el voto al Frente de Izquierda el 27 de octubre.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (PO - PTS - IS)