El 1 de octubre el gobierno federal norteamericano tuvo que cerrar gran parte de sus dependencias por falta de fondos para funcionar, después de que la Cámara de Representantes del Congreso, donde tiene mayoría el partido republicano, rechazara el presupuesto para el actual año fiscal y se negara a aprobar incluso resoluciones transitorias que permitieran continuar con las partidas presupuestarias. No ocurría algo similar desde 1996, cuando el entonces líder republicano Newt Gingrich encabezaba la llamada “revolución conservadora” contra el gobierno demócrata de Bill Clinton.

El partido republicano, bajo la influencia del Tea Party –una fracción minoritaria de extrema derecha que sostiene un programa neoliberal a ultranza basado en la baja de impuestos y la no intervención estatal en la economía- exigía para aprobar el presupuesto que el gobierno retrocediera de implementar la reforma del sistema de salud, que es presentado como uno de los principales logros de la administración demócrata. A pesar de que esta reforma, conocida como Obamacare, favorece a las aseguradoras privadas ya que obliga a toda persona a contratar una cobertura de salud, y de ninguna manera implica el establecimiento de un sistema de salud público universal, el partido republicano, y en particular el Tea Party, la califica de “socialista” y tiene como una de sus principales banderas la lucha contra este sistema de salud. El intento de los republicanos de derrocar la nueva legislación sobre la prestación de salud por la vía de la presión y el chantaje parlamentario, después de haber perdido alrededor de 40 votaciones en el Congreso y las elecciones presidenciales de 2012, muestra la decadencia de esta democracia imperialista, basada en un sistema bipartidista al servicio de los distintos lobbies empresarios.

Con el fracaso de la reunión de emergencia entre el presidente Obama y los jefes de las bancadas de los partidos republicano y demócrata para destrabar la situación, no hay fin a la vista para esta crisis de gobernabilidad que está atravesando la principal potencia imperialista del mundo.

Tanto el gobierno como los grandes bancos y corporaciones, que ven con preocupación las posiciones extremas a que es llevado el partido republicano en detrimento de su ala más moderada, ya están pensando en la próxima batalla parlamentaria: la suba del techo de endeudamiento que debe aprobar el Congreso a mediados de octubre para evitar que el estado entre en default, con consecuencias impredecibles no solo para la débil recuperación norteamericana sino para el sistema financiero y la economía mundial.

Liderazgo cuestionado

Esta crisis pone de relieve el momento particularmente débil de la presidencia de Obama, y la polarización política en el Congreso, lo que erosiona la credibilidad y agrava la percepción de pérdida de poderío de Estados Unidos en el mundo.

La situación generada por el cierre del gobierno y la próxima batalla en el Congreso por la suba del techo del endeudamiento hizo que Obama cancelara dos tramos de su viaje a Asia, lo que representa un golpe para el giro estratégico en la política exterior que busca el gobierno norteamericano para reforzar su presencia en la región y contener el avance de China.

En el caso de Siria, la casi segura derrota humillante en el Congreso, que iba a votar en contra del uso de la fuerza militar, en el marco de una oposición mayoritaria de la población a una nueva guerra, ya hizo retroceder a Obama en su política de lanzar un ataque limitado contra el régimen sirio de Bashar al Assad, que terminó aceptando una salida diplomática propuesta por Rusia.

Estas disputas entre el ejecutivo y la cámara baja del Congreso también podrían hacer naufragar la política dialoguista que adoptó el gobierno norteamericano para avanzar en la resolución del conflicto por el programa nuclear de Irán. En caso de que el nuevo presidente iraní Hassan Rouhani estuviera dispuesto a hacer concesiones significativas a cambio de que se levanten las sanciones económicas contra Irán, que están ahogando la economía de ese país, Obama vería muy limitado su margen de maniobra, ya que a diferencia de otros presidentes que contaban con la autoridad para tomar este tipo de medidas, depende de la votación favorable del Congreso.

Republicanos y demócratas contra los trabajadores y los sectores populares

El cierre administrativo afecta áreas consideradas “no esenciales” para mantener el funcionamiento mínimo del estado capitalista, entre ellas, las que prestan servicios a sectores populares (como programas de asistencia alimentaria para sectores de bajos recursos), dependencias de relaciones laborales y comisiones de regulación de intereses corporativos y financieros, mientras se mantiene el financiamiento de los militares uniformados, las agencias de espionaje interno y externo, como la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad, y en general del aparato represivo.
Los trabajadores de la administración federal son los que pagan los platos rotos de las batallas por el presupuesto entre demócratas y republicanos en el Congreso. Alrededor de 800.000 de los 2 millones de empleados del estado nacional han sido suspendidos sin pago mientras dure el cierre, mientras otros tantos se verán obligados a trabajar sin recibir pago. Esto sin contar los miles de trabajadores contratados por el estado para tareas de limpieza y otros servicios, que perderán su empleo y que solo este año protagonizaron tres huelgas en protesta por sus bajos salarios. Este nuevo ataque a los trabajadores del sector público, en el marco de que aun se sienten en el empleo los efectos la Gran Recesión de 2008, se suma al congelamiento salarial establecido hace tres años por el presidente Obama y a la pérdida de alrededor del 20% del salario por los recortes automáticos (confiscación) vigentes desde marzo de este año, para reducir el déficit presupuestario y fiscal.
A pesar de que el partido demócrata está intentando capitalizar la crisis con una retórica “populista”, siempre ha cedido a la presión republicana –y del Tea Party- para adoptar una agenda cada vez más de derecha, y presentar los recortes del gasto público y el presupuesto, y la baja de impuestos a los ricos, como “mal menor” frente a la ofensiva republicana.

Más allá de la polarización política, existe un consenso básico entre republicanos y demócratas en hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen el costo de rescatar al capitalismo norteamericano de la crisis.