El 5 de noviembre el gobierno de Valdimir Putin se vio obligado a reconocer que estaba trasladando a una colonia carcelaria de Siberia a la activista feminista Nadezhda (Nadya) Tolokonnikova.

Desde principios de noviembre sus familiares y abogados denunciaron que no sabían dónde ni cómo se encontraba la activista detenida en 2012, acusada junto a sus compañeras de la agrupación feminista Pussy Riot a 2 años de prisión por “vandalismo motivado por odio religioso”. Con ese cargo el régimen de Vladimir Putin buscó imponer un castigo ejemplar contra quienes cuestionen al gobierno, el régimen y su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa (una de las críticas centrales de la “plegaria punk” de las Pussy Riot). Ya desde el último triunfo de Putin en las elecciones de 2012, el régimen ruso enfrenta las críticas de amplios sectores por el endurecimiento de sus políticas represivas y el recorte de las libertades democráticas.

La última vez que los familiares de Nadya Tolokonnikova supieron de ella fue en la prisión de Mordovia, donde había realizado una huelga de hambre a fines de septiembre en protesta por las condiciones carcelarias, la especial dureza con la que se trata a los presos políticos y los trabajos forzados que deben realizar durante largas jornadas de hasta 17 horas, según la carta abierta que publicó hace unos meses. Esa no fue la primera denuncia de Nadya: ya había organizado protestas para acortar la jornada de trabajo y exigir mejores condiciones en las colonias penitenciarias.

Por este motivo ya había sufrido represalias, y es por esto que sus familiares, amigos y organismos de DDHH denuncian hoy que el traslado a Siberia es un nuevo castigo por sus denuncias.

Con el traslado a la región de Krasnoyarsk en Siberia, intentan aislar a Nadya y acallar sus protestas encerrándola en una prisión a más de 3.000 kilómetros de Moscú (la distancia que separa el centro de nuestro país con Ushuaia). El régimen intenta de esta forma anular el impacto en los medios que tuvieron sus denuncias sobre las cárceles, que es lo que más molesta al régimen de Putin.

Vale aclarar que hasta el día de hoy ni los familiares ni los abogados de la activista fueron informados formalmente sobre la ubicación o el estado de salud de Nadya. La única información brindada se consiguió gracias a las denuncias que se reprodujeron dentro y fuera de Rusia que obligaron al defensor oficial de DDHH a hacer una escueta declaración. Esto también deja al desnudo las condiciones de los presos, que pueden ser trasladados a cualquier cárcel sin obligación de notificar a sus familiares ni a sus abogados sobre su paradero.

Las activistas feministas de Pussy Riot se ganaron una amplia simpatía por cuestionar el peso de la poderosa Iglesia Ortodoxa en el régimen de Valdimir Putin, uno de sus pilares, lo que explica la saña con la que las ha tratado el gobierno desde su juicio y encarcelamiento.

La condena a las Pussy Riot, y la dura respuesta a las denuncias de las condiciones carcelarias de Tolokonnikova, busca acallar potenciales críticas contra un régimen que rechaza cualquier cuestionamiento y avanza en el recorte de las libertades democráticas (prueba de ello también es las acusaciones de vandalismo con penas de varios años de cárcel que enfrentan los activistas de Greenpeace en ese país).

LIBERTAD A LAS PUSSY RIOT

LIBERTAD A LOS ACTIVISTAS DE GREENPEACE