El pasado 10 de diciembre, y luego de largas negociaciones, el Parlamento uruguayo aprobó la legalización de la venta, distribución y producción de marihuana (canabbis).
La norma contó con el apoyo de todo el FA (para lo cual hubo que consensuar algunos aspectos con sectores internos renuentes a la aprobación) y la oposición de los partidos tradicionales (blanco y colorado) e Independiente (aunque algunos de ellos votaron por separado algunas partes de la misma).

Entre sus aspectos centrales la ley aprobada establece que el Estado será quien asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana, que su venta se realizará en farmacias y que se abrirá un registro de consumidores como requisito para poder comprar.

La ley también autoriza el autocultivo personal (hasta 6 plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año) y el cultivo en clubes con membrecía (con mínimo de 15 socios y un máximo de 45, y un número de plantas proporcional con un máximo de 99).

La ley, en tanto reconoce un derecho democrático elemental, constituye un avance importante y es producto de décadas de lucha de distintos colectivos por la legalización de la marihuana; pero es también una medida que impulsa el gobierno del FA para intentar represtigiarse y posicionarse como un defensor de las libertades democráticas. Mientras se despenaliza el aborto, se habilita el matrimonio igualitario y se legaliza la marihuana, el gobierno avanza en una política represiva de criminalización de la juventud y de los sectores pobres a través de razzias y megaoperativos. La ley de faltas promulgada hace pocos meses habilita a la policía a impedir que se pueda comprar alcohol después de la medianoche o tomar en la vía pública. Los recientes casos de gatillo fácil en el barrio Santa Catalina, el hacinamiento en condiciones inhumanas en las cárceles son algunas de las muestras de la política que impulsa el FA. De la misma manera vienen criminalizando la protesta social llevando a la justicia a luchadores/as obreros y populares. Desde Tesis XI venimos denunciando y enfrentando todos estos avances represivos contra la juventud y los luchadores.

El gobierno de Mujica se quiere lavar la cara en el marco de un giro a derecha que viene dando el gobierno y que este año lo llevó a enfrentar una de las protestas más grandes desde que asumió el poder en 2005, la gran huelga docente de mayo de este año.

Por otra parte no debemos perder de vista que esta conquista es también una oportunidad de negocios para las multinacionales. Mujica trató el tema con Soros (accionista de Monsanto) y Rockefeller en su viaje a Nueva York y, aunque oficialmente Monsanto se desligó del asunto, han dado su apoyo a la legalización en tanto se preparan para participar en este lucrativo mercado. Mujica que tanto despotrica contra el consumismo no tiene inconvenientes en mercantilizar el ocio y el consumo recreativo, en el contexto de facilitar el acceso a la extracción descontrolada de todos los recursos naturales (megaminería, transgénicos, puerto de aguas profundas, etc.)

No al fichaje de los consumidores

Algunos aspectos de la ley votada muestran también sus importantes limitaciones. La propuesta de generar un registro de consumidores es autoritaria y policíaca así como las represivas medidas de internación compulsiva de adictos a la pasta base (paco).
Más allá de que Mujica haya impulsado esta ley, subyace en la clase política la mirada de los consumidores como enfermos o potencialmente peligrosos. A nadie se le ocurre abrir un registro para consumidores de vino por ejemplo, y este fichaje de fumadores y su consiguiente estigmatización constituyen un avance sobre las libertades individuales y un aumento del control social.

El gobierno parece creer que el acceso a la marihuana impactará en un menor consumo de pasta base. Esta idea es a lo sumo una simplificación: los consumos problemáticos de sustancias son una problemática compleja y multicausal, pero sin duda las condiciones inhumanas de vida de buena parte de la población en situación de calle, indigentes o pobres, son un factor central. Aquellos jóvenes excluidos, violentados y sin posibilidades de acceso a un trabajo digno que recurren a la pasta base lo hacen como escapismo a lo que tiene para ofrecer el capitalismo. Creer que esto se arregla con legalizar la marihuana es querer tapar el sol con un dedo y Mujica actúa como un ave rapaz que busca transformar todo en una mercancía y en oportunidades de inversión para la gran burguesía.

Igualmente su preocupación para “combatir” el narcotráfico con esta medida no deja de ser un contrasentido en un país que es un paraíso fiscal para la llegada de capital de dudosa procedencia y que tolera el lavado de dinero que seguramente proviene de la actividad del narcotráfico. Como el resto de las drogas seguirá siendo ilegal, muy probablemente los traficantes solo se verán mínimamente afectados por la nueva ley.
Los marxistas revolucionarios estamos por la legalización de todas las drogas, tanto porque su consumo es una cuestión de libertad y elección personal y una decisión propia sobre nuestros propios cuerpos, como porque la prohibición es la que genera un mercado paralelo del que se enriquecen algunos capitalistas que se dedican al negocio del narcotráfico.

El Estado debe garantizar en forma totalmente gratuita políticas sanitarias y no represivas ni compulsivas para los adictos, control de calidad de los productos que se vendan, información veraz y científica sobre las cualidades y peligros de cada droga, incluso las actualmente legales como la nicotina o el alcohol.
Aún en el marco de esta ley que legaliza el consumo de canabbis tenemos claro que no es posible conquistar la absoluta libertad porque los desposeídos están obligados a subsistir vendiendo lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Hasta que no se logre la emancipación del trabajo asalariado la conquista de derechos individuales será limitada.