El 1° de Mayo marcharon en las principales ciudades de Estados Unidos miles de trabajadoras y trabajadores, en su mayoría inmigrantes, por la legalización de los más de 12 millones de inmigrantes ilegales que viven y trabajan en ese país. El debate sobre la inmigración se encuentra estancado en el Parlamento, donde la discusión central viene siendo la guerra en Irak y la permanencia de los más de 150.000 soldados yanquis. Recientemente una mayoría demócrata y algunos republicanos votaron una ley que condiciona los fondos para las tropas imperialistas a un “cronograma de retiro de tropas”, provocando un nuevo revés para George W. Bush que anunció recientemente el veto presidencial.

Aunque las movilizaciones fueron menores a las del año pasado, cuando más de un millón y medio de personas se movilizaron contra el reaccionario proyecto de ley que transformaba en criminales a los inmigrantes ilegales, el 1° de Mayo volvió a ser una jornada de lucha en EE.UU. La principal movilización se dio en Los Angeles, con 20.000 personas, y se realizaron marchas también en Chicago, Nueva York y Denver, entre otras ciudades.

Muchas de las organizaciones venían denunciando una campaña de amedrentamiento contra los inmigrantes que se organizaban: la dura represión que vienen sufriendo centralmente los trabajadores minaron el potencial movilizador de la lucha por plenos derechos para los millones que viven bajo la sombra de ilegalidad. Durante abril se dio una escalada represiva de parte del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Varios organismos de DDHH y organizaciones de inmigrantes denunciaron que las redadas y ataques a barrios latinos se intensificaron a medida que se acercaba el 1° de Mayo. Sólo durante abril fueron denunciadas cerca de 1.000 detenciones de inmigrantes indocumentados en grandes ciudades, producto de redadas violentas en los lugares de trabajo. Otras veces agentes de inmigración armados con rifles irrumpen en comercios o asaltan casas en medio de la noche.

El disparador de la movilización en 2006 fue la oposición a la ley Sensenbrenner que transformaba en criminales a las personas que ingresan ilegalmente a EE.UU., huyendo de la miseria y la desocupación de sus países, empobrecidos por los mismos planes económicos del imperialismo yanqui y sus socios locales. De esta manera se buscaba legalizar la opresión a la que son sometidos los inmigrantes latinos.

Detenida la ley se abrió el debate que aún divide a la sociedad y el establishment político norteamericano, incluso a republicanos y demócratas. Aunque una mayoría de la población apoya la legalización de los inmigrantes ilegales, las leyes en danza en el Congreso sólo prometen un futuro incierto para los trabajadores indocumentados. Más allá de las diferencias, todos los proyectos apuntan a garantizar mano de obra barata y sin derechos para importantes sectores empresariales, obligando a los trabajadores a depender de la “buena voluntad” del patrón. Al mismo tiempo deben atender a los sectores más reaccionarios que no quieren nada parecido a una “amnistía” que otorgue derechos democráticos a los inmigrantes. Por esta razón, a pesar de algunas diferencias en cuanto a la legalización, tanto demócratas como republicanos coinciden en la militarización de la frontera con México, la construcción de una muralla de casi 1.000 kilómetros, multas y largas esperas.

La movilización de este año encontró al movimiento divido alrededor del apoyo de diferentes proyectos presentados por diputados y senadores que se encuentran en plena carrera electoral. Lamentablemente la mayoría de las organizaciones han optado por sacar la lucha de las calles y empujar al callejón sin salida del lobby parlamentario. A pesar de esto, miles de inmigrantes marcharon y se manifestaron contra la persecución y deportaciones y para conquistas derechos democráticos para los millones que viven y trabajan en EE.UU. Un paso adelante en su lucha es un paso adelante para el conjunto de la clase obrera norteamericana y los trabajadores y el pueblo de toda América Latina.