En las últimas semanas una oleada de huelgas y movilizaciones de distintos sectores de trabajadores recorrió el país. Entre ellas, las de maestros, salud y mineros:

Más de 12.000 trabajadores del sistema de salud pública pararon por dos semanas, con movilizaciones, bloqueos de calles y hasta una breve toma del Ministerio reclamando un aumento del 20% al básico, entre otras mejoras, hasta que gobierno y dirigentes acordaron un compromiso que apenas aumenta el 6% el salario y no recoge las principales demandas.

Decenas de miles de maestros urbanos y rurales realizaron paros y marchas multitudinarias en La Paz y otras ciudades, exigiendo un aumento salarial superior al 6% ofrecido por el gobierno, devolución de descuentos y otras demandas. La Confederación del Magisterio Urbano (dirigida por el stalinista Partido Comunista de Bolivia que es parte del gobierno) traicionó la lucha y aceptó los términos impuestos por el MAS. Sin embargo, el descontento sigue y la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz anuncia nuevas medidas de presión resistiendo los ataques a viejas conquistas, incluidas en el actual escalafón docente, que significará la nueva ley educativa que impulsa el oficialismo.

A fines de abril, los 5.000 mineros de Huanuni, tras efectuar masivas asambleas, se declararon en huelga general indefinida y pararon varios días hasta obligar a las autoridades de COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) a mantener el bono a la producción de un 70% sobre el salario, que querían recortar a apenas el 40%. Aunque el gobierno desactivó estos importantes conflictos, sigue el descontento en las calles: los estudiantes normalistas (que protestan contra la nueva ley educativa), los universitarios de la UPEA y Siglo XX, los vendedores de ropa usada, los trabajadores excluidos del sistema jubilatorio, los discapacitados, ex mineros de Catavi-Siglo XX (que ocuparon la sede de COMIBOL) y otros sectores reclaman con marchas, huelgas de hambre y otras medidas por sentidas reivindicaciones sectoriales que el MAS se niega a atender.

La cuestión salarial, una “bomba de tiempo”

El aumento del salario mínimo nacional (SMN) del 5% anunciado por Evo Morales el 1° de mayo es una burla: son 25 pesos bolivianos (3 dólares) que apenas compensan la inflación de 2006, estimada oficialmente en 4,95%. El gesto demagógico de hacerlo extensivo al sector privado, busca bloquear la presión salarial.

En efecto, aunque los salarios industriales están muy deprimidos y en muchos casos ni siquiera se paga el SMN de 525 bolivianos (Bs.), en ciertos sectores (minería, construcción, etc.) hay una tendencia alcista producto del boom de estas actividades: el jornal en algunas zonas mineras está en 100 Bs. y los agroindustriales de Santa Cruz temen que este año les falte la mano de obra barata de los “zafreros” andinos.

Mientras la economía creció en los últimos dos años un 10%; las exportaciones se triplicaron hasta los 4.000 millones de dólares, el Estado acumula un creciente superávit fiscal y las ganancias empresariales se han elevado astronómicamente; el salario perdió en el mismo lapso un 10% de su poder adquisitivo. La Central Obrera Boliviana (COB) se ve obligada a pedir un SMN de 1.800 Bs., cuando el promedio nacional es de apenas unos 870 Bs. (110 dólares).

Esta situación es intolerable para cientos de miles de trabajadores. Objetivamente, la discusión del salario está comenzando a ponerse a la orden del día en empresas, fábricas y talleres, y es uno de los motores del proceso de organización de nuevos sindicatos y del descontento con la burocracia sindical.

El MAS protege las ganancias de los capitalistas contra los trabajadores

Pero eso amenaza uno de los pilares del pacto entre los industriales y exportadores y el MAS, que es el mantenimiento del statu quo salarial y las condiciones inhumanas de trabajo en las fábricas, fuente de las enormes ganancias que vienen enbolsando los capitalistas de todos los rubros.

No es casual entonces la dureza con que Evo Morales en persona (que amenazó con declarar “profesión libre” al magisterio) y todo su gobierno salieron a enfrentar los reclamos salariales, incluso con la represión policial. Ni tampoco la hostilidad con que el Ministerio de Trabajo recibe cualquier intento de organización sindical en las empresas.

La dirigencia de la COB, COR alteña, Federación de Fabriles de La Paz y otras instancias sindicales que apoyan al gobierno “miraron para otro lado”, dejando las luchas libradas a su suerte o poniéndose abiertamente contra ellas.

Esa “alianza” que oponen gobierno, empresarios y burocracia sindical a las luchas sectoriales obedece al temor de que su triunfo pueda “contagiar” al conjunto de la clase trabajadora.

Por un gran movimiento por las demandas obreras

Aunque por ahora no haya podido perforar la política salarial del gobierno, esta importante oleada de luchas muestra que hay condiciones para dar grandes pasos en el camino de poner en pie las fuerzas del proletariado.

Junto a dirigentes y trabajadores de SITRASABSA (aeronáuticos), fabriles, Aseo Urbano de El Alto, obreros y obreras de otros sectores, los trotskistas de la LOR-CI llamamos a los sindicatos combativos, los trabajadores avanzados, los grupos de la izquierda que se reclama obrera y socialista, a impulsar un gran movimiento por las demandas obreras y la organización de los trabajadores, por el apoyo y coordinación de las luchas, plena democracia obrera y la independencia política de la clase trabajadora respecto del MAS y los partidos empresariales. En este sentido sería un importante paso adelante concretar un instrumento político de los trabajadores basado en los sindicatos, como se viene discutiendo desde hace tiempo en los medios sindicales.

Impulsamos este movimiento proponiendo un programa transicional que, partiendo de las reivindicaciones más sentidas, como el salario, la jornada de 8 horas, la estabilidad laboral y contra el despotismo de los empresarios, prepare la perspectiva de la autoorganización de los trabajadores y de la lucha por un gobierno obrero y campesino.

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El gobierno del MAS y los trabajadores

Tras un año y medio de gobierno, el MAS viene aplicando a rajatabla su estrategia de colaboración de clases con empresarios, latifundistas y transnacionales; y más allá de gestos o discursos, no hay respuestas a la “Agenda de Octubre” (verdadera nacionalización del gas) y a las demandas de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y sectores populares.

En este marco, ha comenzado un importante proceso de experiencia política con el reformismo del MAS entre sectores avanzados de las masas, como mostraron el levantamiento de Cochabamba en enero, la lucha del Chaco después y las recientes huelgas y movilizaciones salariales.

Al mismo tiempo, continúa el proceso de reorganización de las filas obreras, expresado en el surgimiento casi cotidiano de nuevos sindicatos y el cuestionamiento a los burócratas.

Todo ello plantea la necesidad de desarrollar la movilización de los trabajadores y el pueblo, por sus justas e impostergables demandas, defendiendo la independencia política de nuestras organizaciones frente al gobierno y los partidos empresariales. Es necesario poner en pie a la clase trabajadora para que pueda pesar con toda su fuerza en la escena política nacional y forjar la alianza obrera, campesina, originaria y popular que se necesita para triunfar, abriendo el camino a una salida obrera y campesina ante la miseria, la opresión, la explotación y la sumisión al imperialismo.