La movilización de suboficiales de las tres armas se constituyó en una crisis militar de grandes repercusiones políticas. Los suboficiales venían organizándose para peticionar por una serie de demandas, entre ellas, contra la discriminación racista, el maltrato y los abusos de los oficiales superiores (como el tener que prestarles servicios personales), además del derecho a estudiar licenciaturas y el cambio de los actuales rangos de suboficiales y sargentos por el de “oficiales técnicos”, como forma de hacer “carrera” dentro de las FF.AA. Los impulsores del movimiento aparentemente buscaban incidir con estos planteos en la discusión de la nueva Ley Orgánica de las FF.AA. Sin embargo, el Comando, con pleno respaldo del gobierno de Evo Morales, respondió sancionando a varios líderes del movimiento, lo que detonó la salida a las calles de cientos de suboficiales, con marchas en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades, abandono de sus tareas y piquetes de huelga de hambre de sus esposas.

Hasta el momento, si bien se apunta a abrir una negociación, incluyendo la posibilidad de aceptar algunas demandas, Evo y los jefes militares mantienen una posición dura, negándose a recibir a los representantes de los suboficiales y llegando a someter a unos 715 de ellos (entre las tres fuerzas) a retiro obligatorio, en un intento por quebrar la protesta que ya indujo a parte de los movilizados a volver a los cuarteles.
Si bien los suboficiales manifestaron su apoyo al “hermano presidente” pidiendo que la “descolonización” enunciada por el gobierno llegue también al Ejército, Evo reaccionó con un frontal rechazo a sus pedidos. En su discurso en el Colegio Militar dijo: “¿Qué me enseñaron en el cuartel mis instructores, mis sargentos, mi suboficial, mis oficiales? Me decían: ‘desertar es traición a la patria, abandonar el cuartel, escaparse del cuartel es traición a la patria”, en alusión a la protesta.

Evo y García Linera cierran filas con los generales para defender la verticalidad y disciplina militar contra las peticiones de los sargentos porque el movimiento, a pesar de su carácter corporativo y limitado, expone varias cuestiones de gran importancia política: En primer lugar, cuestiona objetivamente el pacto reaccionario entre Evo Morales y las FF.AA. El gobierno, a cambio de que los militares se sumen al “proceso de cambio”, les garantiza que las FF.AA. no sean investigadas por los crímenes (torturas, desapariciones, masacres) cometidos bajo las dictaduras militares y los anteriores gobiernos civiles. Aún hoy las FF.AA. se niegan a abrir sus archivos y por ejemplo, a dar datos del paradero de los restos del líder socialista Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980. Ese manto de impunidad protege a muchos oficiales, hoy en funciones, que ejercieron la represión durante años en el Chapare y durante las masacres en Febrero y Octubre 2003. Además, Evo les garantiza a los militares el “potenciamiento” (reequipamiento y recursos económicos), la participación en áreas sensibles del desarrollo nacional, y cuantiosas prebendas y negociados, como los emprendimientos inmobiliarios en terrenos del Colegio Militar, en La Paz, y otros.
En segundo lugar, las denuncias de maltrato, discriminación y abusos que hacen los suboficiales, desnuda que el Ejército, más allá de los discursos sobre su rol “patriótico” y su adhesión al “desarrollo nacional” siguen siendo las mismas instituciones reaccionarias, con su casta de oficiales privilegiados, moldeada bajo décadas de dictaduras militares y gobiernos neoliberales, y su brutal sistema de disciplina sobre los subordinados y en especial sobre la tropa de jóvenes conscriptos, la mayor parte de ellos hijos de familias obreras e indígenas.

En tercer lugar, evidencia que a pesar de las promesas de “refundación del país” y “descolonización” las FF.AA. cumplen bajo el “proceso de cambio” el mismo viejo rol de pilar del Estado burgués, garantes del orden capitalista, conservando la histórica esencia antiindígena, anticampesina y antiobrera de la institución militar. Según la Constitución, “tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado (...) garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”, y su organización, como fue siempre, “descansa en su jerarquía y disciplina” [1]. Es que su papel “constitucional” incluye la mantención del orden público y la represión interna cuando, por ejemplo, la policía es desbordada por las movilizaciones obreras o campesinas. Bajo el gobierno del MAS fuerzas militares fueron desplegadas en distintas ocasiones, por ejemplo, cuando la movilización indígena en defensa del TIPNIS o ante otras movilizaciones.

Como Evo lo ha dicho muchas veces, las FF.AA.están llamadas a jugar un papel importante en el esquema de poder actual.El gobierno las ha beneficiado con aumentos de presupuesto, mejoras en los sueldos y dotación de equipos. En 2013 el presupuesto militar insumió 456 millones de dólares (un 1,54% del PBI) [2], habiendo crecido un 68% desde que Evo asumió el gobierno [3]. Las FF.AA. cuentan con unos 46.300 efectivos, lo que en proporción a la población y los recursos económicos del país, es un peso considerable.

Algunas denuncias y demandas de los suboficiales son de carácter democrático, como cuando explican que “Hemos sido víctimas de toda forma de discriminación, perjuicios de superioridad, racismo y explotación por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas” pero son parte de un planteo corporativo, que busca ampliar sus posibilidades de ascenso dentro de las instituciones armadas tal como éstas son, sin cuestionar su papel represivo, ni tampoco su propia función en tanto suboficiales, como administradores de la violencia disciplinaria sobre la tropa de reclutas. Pese a sus intenciones, el hecho de organizarse y movilizarse contraría las necesidades de la rígida jerarquía en que se basa la estructura piramidal de las FF.AA. Como en todo ejército burgués, la reaccionaria y privilegiada casta de oficiales ejerce su autoridad y hace sentir el peso de su mando apoyándose en la separación jerárquica entre oficiales, suboficiales y tropa. La oficialidad manda y abusa utilizando toda clase de elementos racistas y discriminatorios que en parte, afectan también a los suboficiales, de origen más plebeyo, aunque van dirigidos principalmente contra la base de soldados conscriptos de origen obrero e indígena en su mayoría, ya que en Bolivia, los hijos de las capas acomodadas prácticamente nunca hacen el servicio militar.
Pero esos elementos de crisis no le asignan automáticamente un carácter progresivo de conjunto al programa del movimiento. De hecho, varias de sus demandas -como el derecho democrático a estudiar a nivel licenciatura como los oficiales- serían funcionales a una “modernización” del Ejército acorde a la línea que impulsa el imperialismo en América latina: fuerzas armadas más profesionalizadas, con mejor nivel de instrucción, capaces de participar en misiones internacionales de la ONU, combatir el narcotráfico, etc., con el objetivo de mejorar su rol represivo y de defensa del orden burgués.

Los suboficiales, aún contra sus deseos, se han visto llevados a plantear una fisura en la estabilidad de ese orden piramidal, abriendo una crisis militar de proporciones, con movilizaciones callejeras de uniformados sin antecedentes.
Como era de esperar, los “movimientos sociales” oficialistas agrupados en la CONALCAM salieron a condenar el movimiento de los suboficiales. La cúpula de la COB actuó de la misma manera, repitiendo obedientemente los argumentos esgrimidos por los voceros del gobierno. Para esos dirigentes, los suboficiales “están tratando de confundir al pueblo boliviano, utilizando bonitos discursos (democratización, descolonización) para alcanzar fines y objetivos contrarrevolucionarios como son: la desestabilización del proceso de cambio que vive el país, del Gobierno del compañero Evo Morales, a través de la ruptura del mando constitucional y la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas”, según ellos, hay que aceptar que los grandes defensores de la democracia son ahora los generales, mientras que las protestas de los subordinados plebeyos contra sus abusos, es “desestabilizadora”.

En cambio, otros sectores llamaron a apoyar a los suboficiales y se movilizaron con ellos, como los “Ponchos rojos” de Achacachi y otras provincias, reflejando el desencanto y distanciamiento de algunos sectores indigenistas con el gobierno del MAS, así como la simpatía con la denuncia al racismo de la oficialidad. La política de estos sectores indianistas no plantea una ruptura con el Ejército actual, sino reformas parciales que permitan a la capa intermedia, plebeya, de suboficiales, mejorar su posición y posibilidades de ascenso, según la lógica populista de presionar por un espacio dentro de las instituciones existentes, sin cuestionar su carácter ni combatirlas consecuentemente.

Lamentablemente, también organizaciones que se reclaman marxistas han caído en una posición completamente oportunista y seguidista. El POR llama al “¡¡Apoyo incondicional a las demandas de sargentos y suboficiales del ejército!! Ni se cuestiona que sus planteos unen algunas demandas democráticas y denuncias progresivas en un programa corporativo, que apunta a mejorar la situación de este estrato intermedio de los militares profesionales de menor rango dentro de la institución, y que por tanto, puede conducir a soldar mejor la pirámide jerárquica en su conjunto, en primer lugar, para oprimir más a la base obrera indígena de soldados, y en segundo lugar, para cumplir mejor su tarea de presión contras las luchas obreras y populares. Por tanto, aun defendiendo a los suboficiales y su derecho a peticionar y movilizarse, no cabe darle “apoyo incondicional” a sus demandas como un todo.

Pero el POR tiene la “tradición” de imaginar tendencias revolucionarias entre la oficialidad militar y de apoyar los motines de la reaccionaria policía que al día siguiente de obtener sus demandas salía a cumplir con redoblado entusiasmo su tarea profesional: reprimir a los obreros, campesinos y estudiantes. El POR ni siquiera propone algún tipo de exigencia (como podrían ser, con fines educativos, la de que los suboficiales se comprometan a acabar con el maltrato de ellos mismos a los soldados, a pelear por que estos tengan plenos derechos, a colaborar en acabar la impunidad o a no obedecer órdenes represivas), ni ninguna consigna que apunte a debilitar -no a modernizar- al ejército.

Peor aún, a este oportunismo político, el POR agrega un abierto revisionismo teórico y programático. Afirma que “La presencia de los Ponchos Rojos de Achacachi encabezando la marcha nos muestra que el ejército boliviano no es de casta, su ancha base está conformada por los hijos de obreros y campesinos. Ponchos Rojos y Sargentos están íntimamente ligados por su identidad originaria. Está abierto el camino para que el día de mañana la revolución social de los explotados este apoyada por el soldado de base que dará vuelta su gorra y su fusil”. No contento con esto, agrega la asombrosa consigna de “¡Modernización del Ejército con salarios iguales a la canasta familiar!” [4]

¡¿Desde cuándo el Ejército boliviano “no es de casta”?! En todo ejército burgués la base es de origen popular, pero el carácter de casta se lo da la oficialidad ligada a la burguesía y los terratenientes por mil lazos e intereses. El POR confunde la composición social que prima en los sectores inferiores de las FF.AA. con el carácter de clase de las mismas. Los trotskistas no estamos por la “modernización del Ejército” (y con salario mínimo vital y móvil como si todos sus integrantes fueran obreros -el POR ni siquiera diferencia entre oficiales y suboficiales-). Con todo esto, el POR embellece a las instituciones represivas, crea la ilusión de que se les puede cambiar gradualmente su carácter antiobrero y antipopular o al menos ganar a una parte de ellas, mediante una política de “mejoras”, de “potenciamiento” y “modernización”.
Además, si los Ponchos Rojos y sargentos unidos resuelven el problema de la alianza obrera y campesina y su armamento para consumar la revolución social, debe suponer el POR que no hará falta construir milicias obreras y campesinas ni trabajar por disolver al actual ejército. Llevado por la verborragia “revolucionaria” el POR cae de cabeza en una concepción espontaneísta y semipacifista de la revolución y la insurrección, ya que la clave para derrotar a la reacción y llegar al triunfo no sería el armamento obrero sino ganar aliados que cumplan esa tarea: tendencias indianistas y sectores militares y policiales. Pero ningún estrato uniformado puede convertirse en un factor revolucionario autónomo, como parece creer el POR para justificar su oportunismo. La clave para los trotskistas está siempre en la organización del proletariado, como sujeto políticamente independiente, capaz de acaudillar a los sectores oprimidos y de darles su dirección política y militarmente.

Lenin y Trotsky pensaban lo opuesto a lo que dice el POR: Como escribía Lenin en 1905, hay que guiarse por el concepto estratégico de que “Suprimamos por completo el ejército regular. Que el ejército se funda con el pueblo armado, que los soldados lleven al pueblo sus conocimientos militares, que desaparezcan los cuarteles y sean reemplazados por una escuela militar libre [...] el baluarte de esa libertad es el pueblo armado que ha eliminado la casta militar, que ha convertido en paisanos a todos los soldados y en soldados a todos los paisanos capaces de empuñar las armas”. Toda su orientación en el trabajo socialista hacia las fuerzas armadas, apuntaba a cultivar la desconfianza obrera y popular (mejor aún, el odio de clase) hacia las instituciones represivas; buscaba la descomposición y división del ejército burgués, y sobre todo, a enseñar a los trabajadores la necesidad de armarse como única garantía y a la vez como base crucial para lograr que, en momentos revolucionarios, una parte del ejército se pase al campo obrero y popular.

Por supuesto, contra las fantasiosas caracterizaciones del POR, ahora no hay en Bolivia una situación revolucionaria ni un auge del movimiento obrero que permitan encarar en lo inmediato la resolución de esas tareas. Pero se trata de asumir una posición correcta en la situación actual, para intervenir ante el movimiento de suboficiales y educar a la vanguardia obrera y estudiantil en preparación de sus tareas estratégicas.

Para ello, es necesario un programa transicional que, partiendo de denunciar la represión del Alto Mando y del gobierno de Evo Morales a los suboficiales, defendiendo su derecho a organizarse y a protestar contra los abusos y la discriminación, incluido el derecho a estudiar (al igual que para los soldados); vaya en contra de fortalecer a la oficialidad soldándole a los elementos intermedios. Por eso, se debe levantar también, en primer plano, la situación y demandas de los jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio, sus derechos conculcados (“olvidados” hoy por los suboficiales), a un “rancho” digno, a no ser enviados lejos de sus familias y comunidades, a no soportar maltratos ni abusos, a organizarse libremente, etc.
No es posible “descolonizar” ni “democratizar” a las FF.AA. actuales. Hay que levantar aquellas demandas democráticas, como las de juicio y castigo a los militares responsables de torturas, desapariciones y asesinatos en dictadura o democracia, para desnudar la esencia reaccionaria de la institución y contribuir a desenmascarar y golpear a la reaccionaria casta de oficiales, casta que no puede ser ni “reeducada” ni “reformada”, que debe ser disuelta.

Ni capitulación al Ejército, ni pacifismo. Los trotskistas rechazamos tanto el actual sistema del servicio militar como los “ejércitos profesionales” (con soldados voluntarios pagados). Debemos explicar pacientemente que es preciso reemplazar el ejército regular, instrumento de opresión sobre el pueblo, por un sistema de milicias obreras y campesinas, que sean instrumento de autodefensa del pueblo, y por ello, defendemos el derecho y la necesidad de los trabajadores y el pueblo pobre de aprender el manejo de las armas y contar con los conocimientos militares, en condiciones y con métodos opuestos a los de las FF.AA. que defiende Evo (tanto como los líderes de la oposición derechista).

En una situación como la actual, COB y las organizaciones obreras deberían no sólo intervenir con una posición obrera, de clase, ante la crisis militar, sino centrar su atención en la juventud obrera y campesina, y como parte de ello, dirigirse a los jóvenes llamados al servicio militar obligatorio para ayudarlos a preparar su lucha contra la opresión y por sus derechos. Claro que para esto, hace falta una dirección independiente del gobierno al frente de las organizaciones obreras. Una vez más, como frente al conjunto de los problemas que enfrentan los trabajadores, resalta la necesidad de la organización políticamente independiente de los trabajadores, frente al gobierno como ante cualquier otra variante proempresarial, para poder intervenir ante acontecimientos como los actuales, con un programa de clase que ayude a debilitar las instituciones del Estado burgués al tiempo que promover la influencia dirigente del movimiento obrero entre los sectores populares y medios oprimidos.