Después de semanas de creciente tensión en las regiones del este y el sur de Ucrania, las potencias occidentales, a través de su representante el presidente de Suiza, y el mandatario ruso Vladimir Putin han reabierto la instancia diplomática para intentar reencauzar la situación. La escalada de violencia estaba tomado un curso peligroso y amenazaba con deslizarse hacia una guerra civil, o incluso abrir una situación de virtual levantamiento popular en las provincias del este y sur del país, que ninguno de los bandos está dispuesto a enfrentar. Si bien Rusia concentró alrededor de 40.000 soldados en la frontera con Ucrania y Putin prometió ayudar a la población ruso parlante, no está en condiciones de sostener una incursión militar en Ucrania. Por su parte, Estados Unidos, que viene de las derrotas de Irak y Afganistán, y sus aliados de la OTAN no tienen la política de entrar en un conflicto militar abierto con Rusia. Sin embargo, el éxito de la diplomacia de las grandes potencias y Rusia está lejos de estar garantizado, dado que la crisis ucraniana está tomando una dinámica propia que puede salirse del control de Washington, Berlín o Moscú.

La lógica (peligrosa) de escalar para negociar

Todavía no se había secado la tinta del acuerdo que habían negociado los representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, el nuevo gobierno de Ucrania y Rusia en Ginebra a principios de abril que ya se había transformado en papel mojado.
Tras la anexión por parte de Putin de la península de Crimea, decenas de ciudades en las regiones del este y el sur del Ucrania, tradicionalmente más ligadas por lazos económicos, culturales y étnicos a Rusia, fueron tomadas por milicias pro rusas –con el apoyo de Moscú- que ocuparon edificios públicos reemplazando a los mandatarios locales por nuevas autoridades afines, ante la impotencia del ejército regular ucraniano. Sectores separatistas proclamaron la República Popular de Donetsk (una de las principales concentraciones mineras del país) y llamaron a un referéndum para decidir su anexión a Rusia que iba a realizarse el 11 de mayo. Si bien las acciones armadas fueron perpetradas por grupos minoritarios, el contexto más general es el de un descontento masivo con el gobierno de Kiev, que es visto por la mayoría de la población del este como un gobierno ilegítimo, antipopular y violentamente nacionalista anti ruso.

El intento del gobierno ucraniano por retomar el control en el este y el sur con unidades especiales del ejército y la Guardia Nacional (a la que se incorporaron milicias de los partidos de extrema derecha y neonazis que actuaron en la plaza Maidan) transformó a ciudades como Slaviansk en escenarios de guerra urbana. El punto de inflexión fue la masacre de Odessa, una ciudad portuaria de importancia estratégica, ubicada sobre el Mar Negro, con una minoría rusa de alrededor del 30% de la población. El 2 de mayo, después de un enfrentamiento callejero, bandas armadas al servicio del gobierno de Kiev prendieron fuego un edificio sindical donde se habían refugiado militantes opositores, dejando un saldo inicial de 46 muertos y centenares de detenidos. Las consecuencias potenciales de este tipo de acciones se vieron en la movilización de algunos miles armados con palos que al día siguiente asaltaron la comisaría de Odessa liberando a la mayoría de los detenidos.
Llegado a este punto, en el que varios grupos comenzaban a pedirle a Rusia asistencia militar, Putin hizo un retroceso táctico habilitando la negociación: llamó a los separatistas pro rusos a suspender el referéndum convocado para el 11 de mayo y dejó entrever que podría llegar a aceptar las elecciones presidenciales convocadas para el 25 de mayo por el gobierno de Kiev que cuentan con el auspicio de Estados Unidos, Alemania y la UE, apostando a que el gobierno que surja en estas condiciones será muy débil y contará con poca legitimidad. A cambio pidió que se retire el ejército ucraniano de las ciudades y cese el ataque contra las milicias separatistas. El objetivo de Putin es que Ucrania permanezca neutral (es decir, que no ingrese a la OTAN ni a la UE) y conseguir una reforma constitucional que, en el marco de un estado federal, le dé mayor autonomía a las regiones del este y el sur, y mantener de esta manera la influencia rusa en Ucrania.

Si bien quien aparece haciendo concesiones es Putin, esto no puede ocultar que las potencias occidentales tienen sus propias contradicciones para lidiar con Rusia. Sin la opción militar sobre la mesa, la política de los gobiernos de Estados Unidos y la UE es presionar aplicando sanciones económicas. Sin embargo, el frente imperialista está lejos de estar unido alrededor de esta política. Mientras que Estados Unidos presiona para aplicar sanciones más duras, Alemania que tiene no solo dependencia energética de Rusia, sino importantes lazos comerciales e inversiones, empuja una línea menos agresiva, lo que comparte con algunos países del norte de la UE. En ambos casos, las sanciones impuestas afectan a funcionarios del círculo íntimo de Putin, jefes militares y a algunos empresarios, pero hasta el momento han evitado tocar a las grandes empresas energéticas como Stroytransgaz, que administra varios gasoductos en Europa o el gigante Gazprom, ya que estas sanciones no solo perjudicarían a Rusia sino también a las potencias occidentales, poniendo en cuestión la débil recuperación de la economía.

Unidad de los trabajadores del este y el oeste

Las disputas entre Rusia y las potencias imperialistas están exacerbando las divisiones entre el este y el oeste del país, alentando nacionalismos reaccionarios que amenazan con desencadenar una guerra civil. Como antes el gobierno pro ruso de Yanukovich, el actual gobierno de Kiev aliado de las potencias imperialistas, está dominado por los partidos de los oligarcas, que hicieron sus fortunas saqueando la propiedad nacionalizada con la restauración capitalista, y busca descargar la crisis sobre los trabajadores. El 30 de abril, el FMI le concedió un préstamo de 17.000 millones de dólares, que se usarán fundamentalmente para pagar las deudas a acreedores occidentales (5000 al propio FMI) y a la rusa Gazprom. A cambio el gobierno central se comprometió a implementar una serie de reformas impopulares, como aumentar el precio del gas y reestructura la zona industrial.

Estas medidas impopulares son las que alimentan el descontento en el este y el sur del país donde está concentrado el proletariado minero que ya sufre la explotación de los grupos ligados al capitalismo ruso y percibe que con los planes de ajuste de la UE se perderán miles de puestos de trabajo. Estas condiciones son las que están empujando a enfrentar al gobierno de Kiev. El futuro de Ucrania dependerá de la unidad de los trabajadores del este y el oeste en la lucha contra los oligarcas, sus gobiernos y sus socios imperialistas.