El martes 20 el Secretario de Seguridad Sergio Berni volvió al ataque con una definición tajante: “El que corta tiene que ir preso”. El kirchnerista ex carapintada hasta corrió “por derecha” a Mauricio Macri, a quien acusó de no actuar rápido para desalojar a los luchadores. Sus palabras están en sintonía con la política del gobierno que hace malabares para imponer en el Congreso una ley “antipiquetes” y a la vez quedar como progresista.

Uno de los tantos proyectos que buscan cercenar el derecho de los explotados a manifestarse, rubricado por la diputada Diana Conti, contiene un artículo que promueve una amnistía para los luchadores procesados, exceptuando a quienes hubieren estado en manifestaciones donde haya habido homicidios o producido “lesiones graves” contra alguna persona. Es decir que quedarían afuera los petroleros de Las Heras, a quienes se los imputa sin prueba alguna de un homicidio que no cometieron. Es un juego doble para “seducir” con una amnistía a la mayoría de los luchadores a cambio de imponer una “ley antipiquetes”. Otras bancadas de los partidos patronales, como el PRO y el Frente Renovador de Massa, presentaron proyectos de leyes “antipiquetes” iguales o peores. Como denunció el diputado del PTS en el FIT Nicolás del Caño, Berni es “la avanzada represiva del Gobierno para… imponer los techos salariales y garantizarle a las patronales las suspensiones y los despidos”. El ajuste viene con más represión. Y en esto coinciden oficialistas y opositores, desde el PRO a varios diputados del FAUNEN de Hermes Binner y la UCR. En esta edición de La Verdad Obrera llamamos a impulsar una gran campaña en defensa del proyecto contra la criminalización de la protesta social elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, presentado por Virginia Linares del GEN junto a nuestro compañero Nicolás del Caño y el acompañamiento de 15 diputados que integran 10 bloques parlamentarios distintos.

Suspensiones y despidos

Después del gran paro nacional del 10 de abril, los trabajadores recibimos por todo anuncio un aumento en la Asignación Universal por Hijo, que ahora será de $644; y una suba de entre el 20 y el 40% en las asignaciones familiares. Aumentos mínimos.

El objetivo de los kirchneristas es dar algún paliativo a la franja más pobre de la clase obrera para intentar mantener su base social hacia las elecciones de 2015 mientras ataca a los sindicalizados, a quienes acusa de “privilegiados”. Ahora el ministro de Economía, Axel Kicillof, informó que ni siquiera subirán el mínimo no imponible. Lejos de atacar a los banqueros, a la burguesía agraria, a los que se la llevaron en pala, los K condenan a los trabajadores en blanco, que recibieron aumentos muy por debajo de la inflación, a que el impuesto se lleve parte de lo otorgado.

El ataque viene de varios flancos. Las automotrices siguen anunciando suspensiones. Si sumamos los recortes en las autopartistas, los obreros afectados ascienden a 15.000, cobrando en su mayoría el 65 % del sueldo. Pero vienen por más. La General Motors de Rosario, que ya había suspendido a sus 2.700 trabajadores una jornada por semana, ahora directamente rebajaría todos los sueldos un 35%. El panorama se completa con despidos en otras ramas como construcción, comercio y hasta en las petroleras. Varias patronales además aprovechan la crisis para despedir activistas, como en Gestamp y VolksWagen en la zona norte del Gran Buenos Aires, o en Shell y Calsa en la zona sur, empresas en las que los trabajadores protagonizan conflictos duros, que llevan varias semanas, en defensa de los despedidos.

Basta de tregua

La economía va hacia la recesión debido al parate que impuso el kirchnerismo con la devaluación, los topes salariales, los tarifazos y las subas de la tasa de interés. Así logró una estabilización precaria de algunas variables económicas: contuvo momentáneamente la pérdida de reservas y la inflación se acomodó, alta aunque sin nuevos saltos. Pero ya se avizoran temblores que podrían trastocar el frágil equilibrio.

Los especuladores presionan por nuevas devaluaciones. El círculo vicioso de devaluación e inflación podría reavivarse en cualquier momento.

En este escenario, la burocracia sindical opositora no llamó a nuevas medidas desde el paro del 10A y se dedica a jugar en la carrera electoral hacia 2015. Facundo Moyano, actual diputado de Frente Para la Victoria, coquetea con Macri para presionar al amigo de la embajada norteamericana, Sergio Massa, y negociar su entrada al Frente Renovador. Luis Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca ya eligió como candidato al peronista reaccionario José De La Sota. Estas CGTs amenazan con nuevos paros que nunca llegan. Están en la tregua. Y en medio del mayor ataque del kirchnerismo a la clase trabajadora, la burocracia oficialista hasta abandonó sus reclamos para subir el mínimo no imponible. Peor aún: en la lucha contra los despidos y suspensiones, el SMATA actúa como patota de las patronales contra los activistas de Gestamp, Volkswagen y Lear.

Pero el ánimo obrero está caldeado y la resistencia crece combinando todo tipo de reclamos. Hace una semana el gremio de la Alimentación debió convocar a un paro nacional para no quedar descolocado frente a las bases. En el gremio docente de la Provincia de Buenos Aires crece la bronca ante los míseros aumentos recibidos tras 17 días de paro y se preparan nuevas medidas. La UOM tuvo que llamar a un segundo paro, esta vez en Córdoba, en respuesta a las suspensiones en las automotrices. La provincia mediterránea amenaza convertirse en un hervidero: además hubo movilizaciones de Luz y Fuerza y del gremio de los municipales (SUOEM) exigiendo la derogación de la Ley del Ajuste Previsional y la eliminación del impuesto al salario.

Avanzan los Encuentros regionales del sindicalismo combativo

Los encuentros regionales que se preparan en la Zona Norte y Oeste del Gran Buenos Aires, y Capital Federal para los próximos días (ver páginas centrales) nuclearán a decenas de comisiones internas y centenares de delegados y activistas combativos.

Tienen objetivos claros: rodear de apoyo a los que luchan, avanzar en la coordinación de los conflictos, defender a los activistas perseguidos, pelear contra las suspensiones y los topes al salario, fortalecer una alternativa a la burocracia sindical.

El norte es pelear por un nuevo paro aún más fuerte que el del 10 de abril, que hay que imponer a las centrales sindicales. Un paro activo con movilizaciones masivas desde todos los lugares de trabajo, con apoyo de los estudiantes y los movimientos populares, para marchar hacia Plaza de Mayo y las principales plazas del país. Para pelear por la prohibición de las suspensiones y despidos; por la apertura de los libros de contabilidad de las empresas y el reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario; contra la precarización laboral, por el pase a planta, la eliminación del impuesto al salario; porque nuestros sueldos sean equivalentes al costo de la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados; contra la ley “antipiquetes”; basta de represión a los que luchan. Libertad a los petroleros de Las Heras; absolución de los compañeros injustamente condenados a cadena perpetua. Como dijera Lorena Gentile de la Comisión Interna de Kraft y dirigente del PTS, en el Día Internacional de los Trabajadores en Plaza de Mayo, “tenemos que marcar el camino para no solamente decir que la crisis la paguen los capitalistas. Tenemos que intervenir y golpear en todas las fábricas, en las calles, en la Panamericana y decir ‘acá estamos’. Y la crisis que la paguen los que se la llevaron en pala porque nosotros los trabajadores no estamos dispuestos a entregar ninguna derrota”.

Los legisladores del FIT, desde las tribunas parlamentarias conquistadas, estarán al servicio de fortalecer esta perspectiva de lucha en las calles.

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