El conflicto planteado por la ocupación de la autopartista Gestamp, en Escobar, volvió a tensarse ayer. La preocupación por lo que pasa en la fábrica –donde nueve operarios de los 67 despedidos siguen atrincherados en una grúa-puente a 20 metros de altura, con la Policía debajo– y por su efecto sobre una producción automotriz ya golpeada por la caída en las ventas, llevó a una reunión “cumbre” en la Casa de Gobierno.

En el despacho del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se dieron cita el gobernador Daniel Scioli; los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; su par de la Provincia, Alejandro Granados; el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli; un representante de Gestamp; y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

Fuentes oficiales dijeron a Clarín que el Gobierno espera para la semana que viene una orden de la Justicia para desalojar la planta por la fuerza, si es necesario.

Pero al mismo tiempo aseguraron que “hay una línea de negociación abierta”.

En la planta, en tanto, a los trabajadores despedidos que desde el martes se subieron al puente-grúa, anoche les cortaron la luz, por lo que quedaron incomunicados al no poder conectar sus celulares. Fuera de la empresa se mantuvo un acampe de unas 150 personas que también bloquea el acceso a la planta.

Agustín Comas, abogado de los trabajadores, dijo a Clarín que continuarán con la ocupación “hasta tener una respuesta favorable del Gobierno. La empresa rechazó una conciliación voluntaria que propuso el gobierno bonaerense”. Sobre una negociación en curso aseguró que desde el miércoles en que se propuso la conciliación y fue rechazada, no volvió a haber contactos.

A todo esto, diputados de la oposición pidieron una reunión “urgente” con Capitanich. La nota con ese pedido lleva las firmas de los diputados del FAU Omar Duclós (GEN), Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Victoria Donda (Libres del Sur); del bloque del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Pablo López y Néstor Pitrola; y de Claudio Lozano (Unidad Popular).

Los legisladores criticaron a Pignanelli por la solicitada de los mecánicos “ abiertamente hostil a la reincorporación de los despedidos en esa planta y (por manifestarse) por una solución represiva ” y advirtieron que en Gestamp “puede correr peligro la vida de algún trabajador si se toman medidas por parte de la fuerza pública”.