Luego de la detención de 13 trabajadores del subte por la policía en la estación Ana Rosa, enviados a la 36° DP (comisaría) en la calle Tutoia, en el barrio de Vila Mariana, y la represión al acto de trabajadores y la juventud en defensa de los trabajadores del subte en la estación Ana Rosa, el secretario de Transportes de San Pablo, Jurandir Fernandes, declaró oficialmente que 42 trabajadores del subte fueron despedidos por justa causa, en un total de 60 trabajadores despedidos hasta ahora, y que por la tarde habría una "nueva ronda" de despidos. Alegó como motivación "la utilización agresiva de los PAs de las estaciones para difundir la huelga, y la incitación a la población a saltar los molinetes", llegando a decir el disparate de que "el derecho de huelga de los trabajadores del subte ya fue extinguido". Esta campaña de demonización de la huelga de trabajadores del subte de San Pablo (con derecho a la criminalización de la dirigencia del sindicato en los diarios televisivos, buscando la investigación del Ministerio Público), se configura como la más nueva campaña antiobrera por parte del gobernador Gerlado Alckmin y de los medios, en este quinto día de huelga.

El Estado está dispuesto a faltar el respeto a su propia legislación cuando necesita atacar a los trabajadores. Repitió la represión policial en la estación Ana Rosa, detuvo a huelguistas que buscaban garantizar su derecho a huelga con piquetes (contra el accionar de los carneros) y expidió los despidos durante la lucha de los trabajadores del subte, coaccionando el legítimo derecho a huelga de los trabajadores garantizado por la Constitución, independientemente de la cosideración del juez del TRT - Tribunal Regional del Trabajo - (considerada como ilegal por juristas como el profesor de Derecho de la Universidad de San Pablo, Jorge Luiz Souto Maior). Es ilegal y arbitrario despedir huelguistas. Según la ley 7.783/89 (que reglamenta el derecho a huelga), art. 6°, § 2° está escrito que "Está vedado a las empresas implementar medios para coaccionar al empleado a presentarse a trabajar, como frustrar la divulgación del movimiento". Esta amenaza de nuevos despidos que complementan los ya realizados se basa en un fraude por parte del Estado, así com la persecución antisindical por el Ministerio Público, y no pasa de una medida para frenar el movimiento de huelga.

Es fundamental que impulsemos desde ya la más amplia campaña en apoyo a los trabajadores del subte, contra la represión estatal y los despidos ilegales de la empresa y del secretario Jurandir Fernandes. Estos luchan por la calidad del transporte público y por la liberación de los molinetes para que la población viaje sin pagar. ¡Ningun castigo a los huelguistas, que ejercen su legítimo derecho a huelga!