A dos días del inicio del Mundial la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, debió salir a dar la cara por cadena nacional para intentar acallar las críticas contra los gastos multimillonarios por el megaevento. Su gobierno se convirtió en el blanco de la bronca de millones. Estimulada por el triunfo de los “garís” (barrenderos) de Río de Janeiro durante el Carnaval, la clase obrera tomó confianza y se desató una oleada de huelgas que tiene como protagonistas a los trabajadores del subte de San Pablo, duramente atacados. Para el día inaugural del torneo, en los aeropuertos de Río se anunciaba un paro de 24 horas por aumento salarial. Desde principios de año el descontento viene creciendo, con masivas manifestaciones de los “sin vivienda”, de los pueblos originarios, la juventud y verdaderas rebeliones en las afueras de las grandes ciudades por la infraestructura calamitosa para enfrentar las inundaciones o la precariedad de los servicios públicos. No es para menos. El gobierno del PT despilfarró más de U$S15 mil millones para el Mundial y hay fuertes denuncias de corrupción contra el partido oficial y los opositores. Miles de familias perdieron sus hogares para que se construyan enormes estadios, shoppings y hoteles de lujo. ¿Y quién puede pagar una entrada para un partido? Ni los pobres ni los trabajadores. Asistir a un estadio vale cuatro veces más que un salario mínimo de U$S310. El gobierno del PT respondió al descontento militarizando las calles y dándole la espalda al sufrimiento del pueblo que dice basta. Hace décadas que no se veía un Mundial atravesado por semejante lucha de clases en un país sede de la Copa.

Este mismo jueves 12 el Frente de Izquierda y de los Trabajadores junto a otras fuerzas reivindicaremos frente a la embajada de Brasil la lucha de nuestros hermanos de clase y exigiremos la reincorporación de los despedidos del Subte de San Pablo. Vamos a denunciar al gobierno y a la casta política brasileña prendida en los negociados del Mundial para los ricos y los empresarios.

Y por casa, ¿cómo andamos?

Ajuste y corrupción. Así se sintetiza el derrotero del gobierno kirchnerista que, igual que el de Dilma se disfrazó de progresista. Amado Boudou, acusado de haberse apropiado ilegalmente de la ex imprenta Ciccone, debió ir a Tribunales para ser indagado por el Juez Ariel Lijo. El vicepresidente atribuye su “mala suerte” a una campaña de Clarín pero, por las dudas, ya amenaza con destapar la olla y dejar pegados a otros funcionarios. Boudou debería ser juzgado como cualquier ciudadano, y como mínimo, pedir licencia de su cargo ya que es desde ahí donde mejor se pueden comprar voluntades de jueces e impunidad. Es el “modus operandi” de los políticos patronales que usan sus cargos para asegurarse nunca ir presos o que pague algún “perejil”. Lo vimos en el caso de las coimas en el Senado para votar la reforma laboral durante el gobierno de De La Rúa, o con la explosión de Fabricaciones Militares en Río Tercero durante el gobierno de Menem. El gobierno “nacional y popular” no es la excepción. Cristina ni siquiera le “soltó la mano” a Boudou.

Es este gobierno el que comanda el ajuste contra los trabajadores. Después de la brutal devaluación de enero se dedicó a hacer todos los “deberes” pedidos por los empresarios, entre ellos tarifazos y techos salariales, además de acordar con el Club de París para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Este jueves 12 la Corte Suprema de EE.UU. podría dar un veredicto sobre el litigio con los “fondos buitre”. El gobierno apuesta a una postergación de la resolución y ganar tiempo para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago a estos especuladores, los mismos a los que Cristina aseguró hace poco que no les daría un centavo.

La crisis de la industria automotriz, puntal del “modelo”, la estamos pagando los trabajadores con miles de suspensiones y recorte de sueldos. Los patrones no quieren perder un solo peso de sus ganancias. Lo muestran también las alimenticias que, pese a mantener sus ventas en niveles elevados se niegan a aumentar el 40% que reclaman los trabajadores.

Burócratas y empresarios nerviosos

El principal aliado del gobierno para seguir ajustando es la burocracia sindical de la CGT oficialista que pretende actuar como fuerza auxiliar de las patronales para quebrar la resistencia obrera. La reciente reunión de los sindicatos industriales liderada por el kirchnerista Ricardo Pignanelli del SMATA tomó el caso Gestamp como testigo para denunciar lo que llamó, al mejor estilo de la dictadura, la “infiltración” de la izquierda” en las empresas. Allí no sólo estuvieron los dirigentes “cristinistas”, también hubo “massistas” como el petrolero Roberti, diputado del Frente Renovador.

Estos burócratas y sus amigos empresarios en realidad están muy preocupados. No esperaban semejante resistencia de los despedidos de Gestamp, apoyada por la izquierda y los trabajadores de Zona Norte, que logró paralizar la producción de importantes automotrices. El conflicto recibió un duro golpe gracias a la acción del gobierno nacional y el SMATA que, al servicio de la empresa española, lograron que Scioli revoque la conciliación obligatoria favorable al ingreso de los despedidos. Pero se equivocan empresarios y burócratas si piensan que van a poder avanzar en otras fábricas sin que la clase trabajadora se plante contra sus ataques. Hay voluntad de pelea, hay una camada de nuevos luchadores y habrá resistencia.

Por su parte, la CGT opositora de Moyano y la CTA de Micheli siguen en la tregua. Su juego es otro. Algunos patean para Massa, y otros para el mismo Scioli, para Binner y hasta De La Sota, quien acaba de reprimir brutalmente a los sectores populares y de izquierda que se manifestaron contra la nueva ley ambiental que favorece a la multinacional Monsanto, consensuada por los partidos patronales. La única voz en contra fue del FIT. Exigimos la liberación inmediata de los compañeros detenidos, entre ellos tres militantes del PTS.

Por un nuevo Encuentro Nacional masivo y unitario

Argentina y Brasil muestran cómo se desenmascaran estos gobiernos que se dicen progresistas. Para el PTS y el FIT está planteado pelear en el seno de la clase trabajadora y la juventud por una política de independencia de clase: hay que darle la espalda a los partidos que gobiernan o aspiran a gobernar al servicio de los empresarios.

Estamos en la primera línea apoyando a los que luchan. Llamamos a redoblar esfuerzos para lograr la reincorporación de los despedidos de Gestamp, Calsa, Shell y VW Córdoba y apoyar a los trabajadores de Lear (Pacheco), Cerámica Neuquén y Aceros Zapla (Jujuy), así como impulsar la pelea contra los topes salariales y a profundizar el paro en el gremio de la Alimentación por el aumento salarial.

Está planteado desarrollar el camino iniciado en el Encuentro Sindical Combativo de Atlanta y convocar a un nuevo Encuentro Nacional masivo unitario, en un gran estadio como el Luna Park, donde se reúna todo el activismo del país. Las corrientes clasistas y combativas como PO tienen que sumarse a esta iniciativa. No puede pasar más tiempo. Ahora hay que levantar una alternativa frente a la burocracia y luchar por la recuperación de los sindicatos para que sean herramientas útiles para la lucha de clases. Para impulsar en todos los lugares de trabajo la pelea por un nuevo paro nacional, activo y de 36 horas con piquetes y movilizaciones, contra el ajuste y para que la crisis la paguen los capitalistas. Basta de represión a los que luchan. Absolución ya para los petroleros de Las Heras.

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