Los parlamentarios estadounidenses se fueron de vacaciones sin haber votado ninguna mejora en la situación de los menores migrantes, muchos de los cuales se encuentran detenidos en la frontera sur norteamericana. Las escandalosas fotos que mostraron al mundo la denigrante situación carcelaria de niños y niñas alcanzaron para provocar una importante crisis política en el cierre del período parlamentario norteamericano, que entró esta semana en feria de verano, pero por ahora solo hubo recursos para aumentar el patrullaje fronterizo y agilizar las deportaciones, además de mayores limitaciones en las pocas leyes que de algún modo benefician al sector más vulnerable de la sociedad. Las contradicciones que encierra la discusión de la política migratoria ha llevado a algunos analistas a compararla con la crisis de la discusión presupuestaria que llevó al cierre del gobierno ocurrido en 2013.

Polarización política

La política estadounidense ya se desarrolla bajo la perspectiva de las elecciones de medio término (noviembre 2014) en las que se renovarán parcialmente las bancas del parlamento. En ese marco tuvo lugar la discusión sobre la “crisis” de los niños migrantes, que se expresó en forma polarizada en la arena política.

Por un lado, algunos de los gobernadores de los principales estados receptores de niños migrantes salieron a exigir medidas al Estado nacional, centralmente mayores recursos para el patrullaje de la frontera y la agilización de las deportaciones. Encabezados por el gobernador de Florida Rick Scott, un republicano que lidera al sector ultraconservador de ese partido, el Tea Party, enarbolan las banderas abiertamente antiinmigrantes con un discurso nacionalista y xenófobo, que se apoya en una base social reaccionaria.

Por su parte Obama solicitó al parlamento una partida extraordinaria de 3700 millones de dólares para acelerar los procedimientos judiciales y fortalecer el control de la frontera, con la increíble excusa de mejorar la situación de los niños detenidos. Es que la escandalosa situación de miles de niños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos choca con la base más progresista del partido demócrata, en especial la comunidad latina, que tiene un peso enorme y viene siendo un elector fundamental en la política norteamericana.

Frente a esto, Rick Scott ha buscado mostrarse ejecutivo frente a la situación, enviando fuerzas de seguridad propias a la frontera para las tareas de patrullaje.

Las negociaciones y la crisis en el partido Republicano

En las elecciones de medio término del primer mandato de Obama, allá por 2010, la comunidad latina le pasó la factura de las promesas incumplidas no yendo a votar masivamente. A partir de entonces, el partido Demócrata ya no cuenta con mayoría en la cámara de representantes, dependiendo de la negociación con el partido Republicano, que se niega a aprobar cualquier presupuesto que no tenga como contrapartida echar mano de las pocas leyes que protegen a los menores inmigrantes de la deportación automática.

A su vez, el partido Republicano, que tiene muy poca base entre la comunidad latina, está dividido entre un sector “moderado” que apuesta a hacer pie en ese creciente sector y disputarle algo de base al partido demócrata, y el Tea Party, cuyo discurso ultrareaccionario con un programa de “Estado mínimo” lo ubica en una posición antagónica, apostando a revitalizar la base republicana más conservadora y ganarle terreno a los moderados. Fue la ubicación radicalizada de este sector, que si bien son una minoría les alcanza para inclinar la balanza, la que impidió un acuerdo presupuestario que terminó en el cierre de gobierno en 2013 y dejó al partido republicano en una importante crisis de dirección.

En este marco, el pedido de partida extraordinaria de 3700 millones de dólares de Obama no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado en la cámara baja. Para fortalecer su posición, el senado, que sí tiene mayoría demócrata, elaboró un proyecto alternativo reduciendo esa cifra a 2700 millones de dólares. John Boehner, republicano “moderado” líder de esa bancada en la cámara de representantes, hablaba de una cifra mínima necesaria de 1500 millones de dólares, acompañada de propuestas de modificación de las leyes migratorias que retardan las deportaciones.

Sin embargo, el Tea Party bloqueó esa posibilidad. A pesar de las intensas reuniones internas entre los líderes republicanos, no hubo acuerdo y la crisis en la dirección de ese partido se volvió a repetir. John Boehner quedó maniatado frente a la intransigencia del Tea Party, teniendo que ceder en toda la línea. Eso quedó plasmado en la aprobación de una partida presupuestaria de menos de 700 millones de dólares. Junto a la aprobación de esta cifra menor a la esperada, se aprobaron límites a uno de los pocos programas migratorios impulsados por Obama, el DACA, que permite otorgar permisos de trabajo por 2 años a los denominados dreamers (soñadores), inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país siendo menores, que tengan hasta 30 años y sin antecedentes criminales.

En este pantano comenzó la feria legislativa, que durará hasta septiembre. Estas medidas tienen escasas probabilidades de convertirse en ley debido a la mayoría demócrata en el senado. Obama, presionado por el sector más progresista de su base expresó sentirse compelido a tomar “acciones ejecutivas”, algo así como decretos que le permitan mover recursos de otras áreas para implementar medidas ante la crisis. En respuesta, algunos republicanos del Tea Party han empezado a hablar de impeachment (destitución) al presidente, una brabuconada que muestra el nivel de polarización que el tema ha generado.

Esta discusión en las alturas del imperialismo norteamericano resulta indignante. Las condiciones en las que trabajan los inmigrantes y los motivos por los que se aventuran a dejar sus países de origen para buscar una vida algo más digna, que en muchos casos son consecuencia directa de la política norteamericana en la región, no figuran en la agenda. Políticas de Estado como el NAFTA, que deja a millones de campesinos de Centroamérica sin trabajo, el respaldo al golpe de Estado en Honduras en 2009 que fue seguido de una escalada de violencia, delincuencia y represión enorme, o la organización y financiamiento de los gobiernos militares en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y muchos otros países con la devastación económica y la pauperización que dejaron, son muestras del cinismo con el que demócratas y republicanos tratan la cuestión migratoria.

Las promesas incumplidas de Mr. Obama

La comunidad inmigrante en Estados Unidos es enorme, alcanza al 13% de la población. La comunidad latina es mayoritaria, cerca del 70% del total de inmigrantes, y constituye un sector importantísimo del electorado. Su peso político se hizo evidente en el importante rol que jugaron los votantes latinos en la primera elección de Barack Obama a la presidencia. La bandera de la reforma migratoria enarbolada en su campaña era la promesa de mejores condiciones de vida para 11,5 millones de trabajadores (uno de cada cuatro inmigrantes) que se encuentran en la ilegalidad, viviendo en la precariedad laboral, la falta de derechos ciudadanos y el miedo permanente a la violencia estatal y la deportación.

Sin embargo, esta enorme expectativa que la comunidad latina en Estados Unidos viene depositando en Barack Obama no se ha transformado en una mejor realidad. Al contrario, la combinación de la política estatal guerrerista y chovinista con la crisis económica que desde fines de 2008 ha significado entre otras cosas la pérdida de millones de puestos de trabajo, ha sido el caldo de cultivo para los discursos xenófobos y antiinmigrantes, transformándolos en chivos expiatorios del empeoramiento de las condiciones de vida de la población. El gobierno de Obama ha destinado sumas billonarias a salvar bancos y garantizar ganancias empresarias con el discurso de que eso permitirá generar nuevos puestos de trabajo, pero la realidad es que la crisis la viene pagando los trabajadores, empezando por los inmigrantes.

Durante primer el primer mandato de Obama fueron pocas las concesiones otorgadas. El DACA, la ley que el partido Republicano busca limitar en la actual pulseada, fue el gran caballito de batalla demócrata. Sin embargo, este programa no es mucho más que la provisión de mano de obra muy joven y muy barata, de la que se podrá prescindir en el corto plazo según como avance la situación económica. En definitiva, una iniciativa que no resuelve el problema de millones de inmigrantes, ni siquiera de los implicados en el programa, que en un par de años tendrán que vérselas de nuevo con la ley.

La comunidad latina le pasó la factura en las elecciones de medio término no yendo a votar. Si bien no fue la única causa de la mala elección del partido demócrata, fue uno de los elementos que llevó a que dicho partido pierda la mayoría en la cámara de representantes.

La hipocresía de la política migratoria

Sea cual fuere el partido que esté al frente de la administración norteamericana, la política migratoria es la que mejor permite la provisión de mano de obra barata para mejorar la productividad de sus sectores económicos fundamentales, como la cosecha agrícola, la industria de la construcción entre otras.

Se estima que la mano de obra inmigrante aporta el 8% del PBI norteamericano. La ilegalidad ha sido una herramienta fundamental de las patronales para abaratar sus costos de producción. Es por eso que a lo largo del siglo XX, el flujo de mexicanos y centroamericanos ha sido una constante, muchas veces fomentado y usado políticamente por los partidos patronales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO según sus siglas en inglés), de los 40 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos, solo 18 millones son ciudadanos estadounidenses. De los 22 millones no-ciudadanos, 11,5 millones viven ilegalmente, de los cuales 8,4 millones son inmigrantes provenientes de México y Centroamérica .

De esta situación se desprende que la comunidad latina en Estados Unidos es una importante minoría social y política. Concentrada principalmente en los estados de Texas, Florida, California y Nueva York, pero con peso en varios otros estados, se fortaleció en las décadas pasadas al calor del crecimiento económico norteamericano, como mano de obra barata para ocupar los puestos de trabajo más precarios y duros. De esa manera, se han constituido en una fracción de peso dentro del proletariado norteamericano.

La migración infantil no es un fenómeno nuevo, miles de niños pueblan centros de detención y campamentos militares apostados a lo largo de la frontera en los que aguardan la deportación. Una ley de 2008 (paradójicamente de la época de Bush) impide la deportación inmediata de menores no acompañados de países no fronterizos. Desde entonces, a los niños mexicanos los deportan sin mayores trámites pero a los niños centroamericanos no lo pueden deportar en forma inmediata, sino que deben pasar por una evaluación de su situación. Eso ha generado una mayor visibilidad de esa población infantil que aguarda una definición de su situación, muchas veces con la expectativa de conquistar la categoría de refugiados, lo que les permitiría quedarse legalmente.

La clase obrera es una y sin fronteras

La mayoría de los trabajadores que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida. El desempleo y la agobiante precariedad del trabajo, el asedio de las bandas de narcotráfico y el reclutamiento forzoso para el trabajo en ese creciente sector económico, la violencia ligada a la trata de personas, son algunos de los problemas que se han venido profundizando en los países de origen. A esto se le suma el desgajamiento de las familias que viven separadas por la frontera norteamericana tras décadas de oleadas migratorias. Es evidente que las respuestas a la “cuestión migratoria” así entendida no está en las manos de los partidos de la burguesía imperialista.

Las reaccionarias ideas enarboladas en forma abierta por el más sector conservador del partido republicano, el Tea Party, pero toleradas por los distintos sectores políticos, empatiza con algunos sectores medios amedrentados por la crisis económica, y en algunos trabajadores nativos muchas veces aterrorizados por el desempleo. Estos sectores se han movilizado y vienen hostigando, algunas veces en forma violenta, a los inmigrantes, y su sector más radicalizado ha llegado a constituir brigadas civiles armadas antiinmigrantes, como las Border Convoy.

Estos discursos tienen un claro contenido divisionista de los trabajadores, diferenciando entre nativos e inmigrantes, debilitando a un sector muy importante numérica y económicamente de la clase obrera, siendo perjudicial para la constitución de la clase obrera como fuerza política en su conjunto. Es del mayor interés de los trabajadores luchar contra esas ideas nefastas y ejercer la solidaridad activa hacia sus sectores más vulnerables. En ese sentido, es de primer orden que los sindicatos norteamericanos impulsen seriamente la defensa de los trabajadores inmigrantes, legales e ilegales. Las conquistas de derechos de este sector redundaría en un enorme beneficio moral y material para el conjunto de la clase trabajadora. En particular tratándose de una fuerza que se desarrolla en el corazón mismo del imperialismo norteamericano, es de importancia estratégica la lucha por los derechos de los inmigrantes, y en ese camino forjar una alianza entre los trabajadores norteamericanos, mexicanos, centroamericanos y del resto de América Latina.