El gobierno de Otto Pérez declaró emergencia nacional ante la prolongada sequía que afecta a cientos de miles de campesinos e indígenas, en 16 de los 22 departamentos del país.

El gobierno se reunió con unos 40 representantes diplomáticos y de organismos internacionales para solicitar ayuda ante el fenómeno que ya afecta a unas 236.000 familias en el país.

La sequía se extiende a buena parte de Centroamérica, afectando a millones de personas en las zonas rurales de El Salvador, Nicaragua, Honduras. En Guatemala arruinó muchos cultivos, entre ellos, de maíz y frijoles, ambos productos que están en la base de la alimentación popular.
El gobierno pide ayuda para evitar las secuelas de miseria y desnutrición que esta calamidad traerá sobre los más humildes, pero al mismo tiempo, prepara una desgracia mayor, económica y socialmente más devastadora e irreparable para los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.

Una ley de semillas a medida de las transnacionales

En efecto, el 26 de junio pasado, mientras la atención popular estaba puesta en el Mundial de futbol, el Congreso votó la Ley Para la Protección de Obtenciones Vegetales, rebautizada por el ingenio popular como “Ley Monsanto”, ya que sirve a las transnacionales del “agrobusiness”, interesadas en controlar el uso de semillas e imponer sus propias variedades “transgénicas” bajo el argumento de garantizar la “propiedad intelectual” de las innovaciones bioagrícolas, penalizando a quienes no registren sus semillas.

La ley responde al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, firmado por Guatemala como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Con ello, diversas plantas autóctonas de tradicional cultivo campesino, como maíz, frijoles, zapallo, etc., podrían ser registradas por las transnacionales, que además, propugnan el uso de sus propias variedades y el empleo masivo de agroquímicos y pesticidas.

Todo ello, conlleva el riesgo de concentración de la propiedad de la tierra y de la producción agropecuaria en manos de los empresarios y terratenientes que puedan invertir lo suficiente, a costa de los pequeños productores. Además, implica enormes riesgos ambientales, ya que la contaminación por químicos e insecticidas, además de los efectos sobre la flora, la fauna y los cultivos tradicionales de técnicas aún no comprobadas e introducidas en gran escala, son impredecibles.

Movimiento de protesta

Diversas organizaciones campesinas, populares, sindicales y estudiantiles, además de grupos ambientalistas, están promoviendo pronunciamientos y movilizaciones contra la Ley Monsanto.

"Esta ley en lugar de promover desarrollo promoverá pobreza. Con ella habría un saqueo a la población pues Guatemala vive de la productividad agrícola", dijo a EFE Mario Itzep, coordinador del Observatorio de Pueblos Indígenas. Aparicio Pérez, vocero del Movimiento Nacional Alianza por la Vida denunció que "El consumo del maíz está siendo privatizado y eso atenta contra la vida".
El Cuarto Congreso de los Pueblos Indígenas rechazó "una agenda legislativa espuria, impopular y lesiva a la nación... La Ley de Vegetales legaliza el hurto de nuestra naturaleza y conocimiento ancestral".

Hasta el arzobispo Oscar Vian se mostró preocupado si con la Ley "se perjudica a nuestros campesinos" y si "está mal y tenemos que luchar en contra de eso".
Ante el creciente rechazo, el presidente Otto Pérez dijo que se plantearían modificaciones al texto de la Ley, sin embargo, varios de los voceros del movimiento reafirmaron que lo que se busca es la derogatoria y no una simple modificación en la ley.