El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile comandadas por Augusto Pinochet bombardearon el Palacio de la Moneda, la sede presidencial de Chile. Tomaron por asalto las principales dependencias del poder estatal, así como las fábricas, barrios populares y centros de estudio.

Este sangriento golpe de Estado fue organizado por las patronales chilenas junto a la embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de cortar el proceso revolucionario que se desarrollaba entre los trabajadores. Este proceso fue el más profundo dentro del gran ascenso obrero y popular de los años 70 en el Cono Sur, del que los trabajadores argentinos también fueron parte.

Este ascenso de masas fue expresión del enorme descontento social que había por la postergación indefinida de demandas acuciantes de la población. El gobierno de la Democracia Cristiana (DC) en los años 60 había dejado sin solución demandas fundamentales, como la nacionalización del cobre, recurso clave de la economía del país, la reforma agraria y el problema de la vivienda.

Este descontento se tradujo en huelgas, paros y tomas de tierras, y con el avance en la organización y experiencia de las masas, fue creciendo la idea de que para vencer a la patronal había que arrebatarle el poder político.

La estrategia política de la Unidad Popular

Los trabajadores se ligaron sobre todo a los dos grandes partidos tradicionales de la izquierda de Chile, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC). Estas son organizaciones políticas reformistas, es decir, organizan a los trabajadores pero no para luchar por su independencia política en el camino de la toma del poder, sino para subordinarlos a acuerdos con la burguesía nacional, con un programa de reformas limitadas dentro del capitalismo.

Surge así la Unidad Popular, coalición entre PS de Salvador Allende y el PC, con el pequeño Partido Radical, clásico representante de la burguesía liberal, entre otras organizaciones menores. La mayor parte de las organizaciones de izquierda fueron parte de la Unidad Popular. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue la principal corriente que no lo hizo, oscilando entre el aliento a las masas y el apoyo a Allende, “presionando desde afuera”.

Si bien la UP fue presentada como la realización de una inédita revolución en democracia, su objetivo limitado era el robustecimiento de un Estado que maneje los recursos económicos estratégicos y fomente el desarrollo de un “capitalismo nacional”, recuperando cierta autonomía frente al imperialismo norteamericano.

Esta estrategia llamada “vía pacífica al socialismo” suponía que los ricos y empresarios renunciarían a su propiedad y sus privilegios y que las FFAA respetarían la “democracia”.

El gobierno de Salvador Allende

La UP ganó las elecciones presidenciales de 1970, con un plan de medidas que incluía la nacionalización de las minas de cobre, hierro y salitre que se encontraban en manos de empresas imperialistas, de algunos sectores industriales y grandes latifundios.

El gobierno de Allende nacionalizó varias minas y fábricas, pero comprando acciones o indemnizando a los patrones, avanzó sólo parcialmente en el control estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca se limitó a la compra de acciones de bancos privados, la reforma agraria entregó tierras pero respetó a la burguesía agraria y así sucesivamente.

Las reformas de Allende no alcanzaron o no permitieron avanzar hacia la ruptura con el imperialismo, el reparto de la tierra en una reforma agraria radical, la liquidación del poder de la burguesía, aunque los irritaba y afectaba.

1972: un año clave

Este año el proyecto de la UP comienza a hacer agua.

Los empresarios alimentaron la crisis económica con el sabotaje y el desabastecimiento. Surgen grupos fascistas como Patria y Libertad, que hacían atentados, y sectores burgueses y militares conspiraban abiertamente, arrastrando a sectores de la clase media. La crisis se agudizaba con lock out patronales, como el de los camioneros, muestras de la ofensiva derechista en medio de una enorme polarización social.

Por abajo, los trabajadores avanzaban en un proceso de ocupación y toma de centenares de fábricas, y muchas comenzaron a funcionar bajo control obrero. Se organizaron comités de abastecimiento y también el campesinado y los pobladores sin techo ocupaban tierras y se organizaban.

Hacia mediados del año, los trabajadores comenzaron a coordinar zonalmente sus luchas, superando a la dirección de la CUT. Surgen así los Cordones Industriales, una forma de organización muy avanzada, embriones de poder obrero y popular, que permitía la unidad de acción de la clase obrera sobre la base de la deliberación y toma de decisiones democrática en las bases.

La coordinación entre decenas de fábricas y talleres también permitía resolver cuestiones relacionadas con la producción y distribución de insumos y productos surgidas del propio control obrero. Comenzaron a desarrollarse elementos de armamento obrero como forma de defensa de las posiciones conquistadas.

Los trabajadores pasaron a exigir al gobierno el pase de las fábricas y talleres a la órbita estatal, cuestionando la propiedad privada de los capitalistas. En sus asambleas se planteaba que para seguir avanzando había que darle jaque mate a los patrones, y sus organizaciones daban pasos en mostrarse como alternativa al poder del Estado patronal.

En estas discusiones, los trabajadores chocaban abiertamente con los dirigentes del PC, que justificaba la devolución de empresas a sus viejos propietarios, apoyaba la ley que permitía a los militares allanar fábricas en busca de armas, y avaló el nombramiento de Pinochet como Jefe del Ejército, en los umbrales de un golpe que ya se veía venir.

La negociación con los partidos patronales en el parlamento burgués, mayoritariamente DC, así como los acuerdos con el Alto Mando “institucionalista” de las FF.AA., respetando la constitución y las instituciones del estado burgués, encerró el proceso de cambio social en el corset de la democracia burguesa.

El desenlace del golpe

El miedo de los patrones ante el empuje de las masas y la constatación de que el gobierno de Allende ya no era capaz de contenerlo, aceleró los preparativos golpistas. Bajo la orientación de empresas imperialistas como la ITT y la abierta intervención de Washington, fueron homogeneizando a las FF.AA. hacia el golpe, apartando y reprimiendo a los sectores resistentes.

Un primer intento, el “Tanquetazo” de junio de 1973, fracasó. A pesar de la advertencia, Allende, el PS y el PC llamaron a las masas a confiar en la solidez de la democracia chilena, en el profesionalismo de los militares. No solamente se negaron a armar a los trabajadores, que reclamaban abiertamente los elementos para enfrentar el golpe en ciernes, sino que impulsaron requisas en las fábricas para desarmarlos.

Desorientados y desmovilizados por sus propios partidos y por la CUT, los trabajadores no pudieron prepararse. A pesar de algunos conatos de resistencia, el golpe del 11 de septiembre encuentra a la clase obrera y a las masas impotentes y desarmadas. La dictadura de Augusto Pinochet se impuso durante 17 sangrientos años, en los que la burguesía restauró su dominación sobre los pilares del neoliberalismo en ascenso.