El pasado jueves 9 de octubre se realizó la marcha estudiantil convocada por estudiantes y trabajadores reunidos en el Congreso por la Educación para los Pueblos. La movilización cuestionó la reforma educacional del Gobierno de Michelle Bachelet.

La jornada se desarrolló en ciudades como Concepción, Temuco, Osorno, Santiago, entre otras, aunque no ocurrió en algunas otras, lo que dejó relucir las divisiones de las direcciones del movimiento estudiantil chileno.

Las autoridades cuantificaron esta movilización como una “marcha de mucho menos convocatoria que las anteriores”. Las razones que se barajan apuntan principalmente a las dirigencias del movimiento. Una de las debilidades más comentadas de la marcha es que la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que aglutina a las federaciones de estudiantes de las universidades estatales y privadas tradicionales del país, se desmarcó del llamado y dejó en “libertad de adhesión” a las federaciones, sin plantear un debate abierto en las bases sobre el momento que atraviesa hoy el movimiento estudiantil y el gobierno con su reforma.

Escisión palpable

La organización del movimiento estudiantil se compone por un lado por la CONFECH, que reúne al movimiento estudiantil universitario, y está dirigida principalmente por el Frente de Estudiantes Libertarios, la Unión Nacional Estudiantil y la Izquierda Autónoma. Este bloque de conducción universitario se caracteriza por mantener una expectación respecto a un posible diálogo con el gobierno, sus reformas y el parlamento. Esto se expresó en su participación en la Mesa de Diálogo Ciudadano, instancia dirigida por el gobierno a la cual se subieron sin consultar a los estudiantes de base.

Por otro lado la CONES, Cordinadora Nacional que reúne a estudiantes secundarios, se plantean como dirigentes fieles a la Mesa de Diálogo Ciudadano pues creen que si no se agotan las instancias no habrá forma de lograr cambio en materia educacional. En esta línea, se bajaron del llamado a movilización nacional del pasado miércoles 9 junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

En la discusión entre marchar y no marchar salieron a relucir entonces las disputas interdirigenciales, que comienzan a hacerse aún más públicas a casi dos meses de terminar el año escolar. La CONES y la ACES-FEUSACH (Asamblea Cordinadora de Estudiantes Secundarios-Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago) discuten arduamente en los medios cuál camino tomar frente a la reforma que avanza sin tregua en un año pasivo de luchas. ACES-FEUSACH aludieron a "que existe intervencionismo político de organizaciones afines a Michelle Bachelet para frenar las demandas estudiantiles". Son la ACES junto a la FEUSACH las que quisieron dejar de manifiesto el día de la marcha que se “exigirá al Ejecutivo que se incluya a los actores de la educación en la reforma que se está discutiendo en el Congreso”, aún cuando sus propuestas son rechazadas por los personeros políticos del régimen.

Dentro de la misma CONFECH podemos distinguir dos bloques, el bloque de conducción y el “bloque disidente”, que si bien han criticado aspectos claves, no han logrado durante lo que lleva el año entregar una directriz clara al conjunto de los estudiantes, quienes siguen haciendo masivas las marchas y que tienen un gran descontento con las reformas y la propia educación de mercado.

Grieta abierta

El gobierno de Bachelet ha publicitado con todo su campaña por la “refundación del régimen” en base a reformas que pretenden responder -y por qué no, apaciguar- a los intereses y exigencias de la calle: la Reforma Tributaria, la Educativa, la Laboral y la reforma al sistema binominal. Estas reformas pasan por el sedazo de “todos los actores sociales”, incluyendo a empresarios y empresas trasnacionales. Bachelet entonces intenta no quedar mal con nadie, ni con estudiantes ni con empresarios.

Pero la reforma educacional genera ruido en sectores de la derecha y los empresarios de la educación, sostenedores de colegios y universidades privadas, lo cual los ha llevado a convocar incluso movilizaciones en contra de la reforma educacional en todo el país, defendiendo las ganancias millonarias que les da el mercado educativo, las matrículas, mensualidades y la propia subvención estatal que reciben.

A pesar de la pasividad y la expectación

Mientras el Gobierno criminaliza al movimiento estudiantil y a las organizaciones de izquierda, tras el mediático caso “bombazo” en la estación del subte Escuela Militar, salió sin temor a fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), proponiendo la legalización de infiltraciones de fuerzas represivas del Estado en el movimiento, reprimiendo a estudiantes de la Universidad ARCIS (universidad privada a punto de cerrar) e incluso proponiendo reformar la Ley Antiterrorista hoy vigente. Todo esto lo hace en el marco de una creciente ola de paros y procesos de huelga de los trabajadores de distintos sectores productivos, como fue el paro de los trabajadores de Minera Escondida (la mina privada más grande del mundo a manos de la trasnacional BHP Billiton) o como lo es hoy la histórica huelga de los y las trabajadoras de Carozzi-Costa contra las precarias condiciones de trabajo y los sueldos insuficientes.

Un sector del movimiento estudiantil, sin embargo, se plantea reflexionar y organizarse a pesar del clima adverso, así como lo vienen siendo instancias como el Congreso Educativo de los Pueblos que recientemente tuvo su encuentro en Concepción y pretende ampliarse a Antofagasta y Valparaíso antes de su instancia final en Santiago, y como lo demostró el Congreso Nacional por la Educación No Sexista, finalizado a principio de este mes y que contó con tres Encuentros Regionales precongreso (Concepción-Valparaíso-Antofagasta), con delegados de base, reuniendo a más de 500 estudiantes de todo el país. Aunque pequeño es un sector significativo, que hoy enciende una luz volviendo a plantear la necesidad de organizarse, de discutir una alternativa política con un plan de movilizaciones para irrumpir nuevamente en las calles por sus demandas.