El miércoles 12 de este mes, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, hizo un urgente llamado al gobierno mexicano y a los miles que se movilizan por los 43 normalistas de Ayotzinapa a “… mantener la calma durante y el proceso’’, ante lo que considera “crecientes tensiones” en su “patio trasero”.

Esta clara declaración intervencionista sobre asuntos internos de otro país muestra la histórica subordinación del proimperialista régimen mexicano (ya sea durante el priato o en la alternancia), y al mismo tiempo es una advertencia a las masas populares que amenazan la estabilidad de esta semicolonia que comparte 3 mil kilómetros de frontera con el imperialismo estadounidense.

Es evidente la preocupación de Washington por la inestabilidad que pueda surgir en un país que, bajo la subordinación al imperialismo ha abierto sus fronteras al mercado transnacional con el TLC –metiendo en crisis al mercado interno y al campo– que ha desmantelado la economía nacional, terminando con las empresas estatales, privatizando los servicios y la seguridad social. Y que aprobó reformas como la ley laboral que liquida derechos históricos de los trabajadores en beneficio de las trasnacionales, o la energética que le cumplió a los Estados Unidos su vieja demanda de abrir Pemex al capital privado.

La inestabilidad en México puede repercutir en los millones de mexicanos emigrantes que vive en los EE.UU. Y que además tienen sus propias demandas como la reforma migratoria que Obama prometió y no cumplió. A un debilitado Obama no le convendrían movilizaciones encabezadas por el grito de ¡Fuera Peña!

Pero también le preocupa porque México es la punta de lanza para sus planes de recobrar su hegemonía en América Latina, mermada con el surgimiento del bloque de países llamados “antineoliberales” que buscan cierto margen de maniobra para negociar en mejores condiciones con la Casa Blanca. Ya en los 80s, el gobierno mexicano se puso al servicio de la estabilidad de la región y de los intereses yanquis al impulsar el Grupo Contadora que logró desactivar el proceso revolucionario en el Salvador y su extensión en Centroamérica en los 90s con el “Pacto de Chapultepec”.

Ante esa preocupación, el mes pasado Obama presionó a Peña Nieto para que atendiera el caso de la masacre de Tlatlaya a mano de militares, pues es algo que dañaba la imagen del principal socio (menor) del imperialismo en la región. Sin embargo, los EE.UU. no contaban con los sucesos de la masacre de Iguala que hoy tiene al país en una gran crisis política. Por lo que, imperativamente le exige al gobierno resolver lo que llama un “crimen atroz”, así como al respeto al “estado de derecho”.

En el colmo del cinismo, los campeones en desestabilizar gobiernos cuando así conviene a sus intereses (y de acabar con el estado de derecho), obvian que en 2011 el gobierno de Estados Unidos intencionadamente vendió armas de asalto a cárteles mexicanos de la droga para después rastrearlas y ubicar su destino. Armamento que fortaleció el poder de fuego y de desestabilización de los narcos mexicanos, causando miles de muertos en el país. También obvia que ha entrenado a los militares que han estado al frente de la represión a los que resisten los planes del gobierno mexicano. Acciones todas que son parte de esas tensiones que hoy preocupan en Washington.

Un pedido de “calma” difícil de lograr

Pese a los deseos imperialistas y su soberbia intromisión en el proceso de crisis en México, es el hartazgo de esta democracia asesina y hambreadora lo que motoriza la movilización de los miles que salen a la calle a cuestionar las instituciones. Ésas que en el 1999-2000 (la crisis del priato) Clinton aconsejó al gobierno –y a los principales partidos patronales de oposición– maquillar en una aparente reforma del régimen (la transición pactada “en las alturas”).

Pero hoy su carácter reaccionario y su desgaste han creado en la población trabajadora una gran desconfianza en los que los representan. Así, es simbólica la quema de los edificios públicos, de gobierno y los locales partidarios patronales. La pradera empieza encenderse y no es fácil apagar este fuego social.

Si bien, la movilización de masas ha avanzado en su conciencia identificando a la clase política como su enemiga –¡Fue el Estado! ¡Que se vayan todos! ¡Fuera Peña Nieto! –, falta ligar la política autoritaria del PRI (apoyada por el PAN y el PRD) a los planes de recolonización del coloso del norte.

Pero en un país avasallado por Estados Unidos, situaciones como la actual tienden a refrescar la memoria histórica –ocupación de Veracruz en 1914, invasión y robo de más de mitad del territorio mexicano en 1847, “expedición punitiva en busca de Francisco Villa en Chihuahua en 1919–, y no puede descartase que el descontento popular –con la participación central del magisterio combativo–, avance en identificar a la presión de los planes de Washington para México como la fuente del autoritarismo de ésta asesina democracia degradada. Y entonces los símbolos del imperialismo empiecen también a ser cuestionados.

Y es que la lucha por las demandas más elementales –democracia, seguridad, alto a la militarización, la tortura y las desapariciones forzadas, empleo y salarios mejor remunerados, respeto a los derechos laborales, alto a la entrega de la soberanía y los recursos naturales–, está ligada a la lucha contra la entrega al imperialismo.
Un programa que levante la independencia económica y política del país ante el vecino del norte, –ruptura de todos los pactos que atan al país al imperialismo–, es elemental para acabar con la miseria y el autoritarismo del PRI y sus aliados del Congreso.