El 9/12 fue anunciado el informe de la llamada “Comisión Nacional de la Verdad”. En la ceremonia, Dilma festejó el pacto que garantiza la impunidad a los responsables por las torturas y asesinatos de la dictadura militar.

La Comisión Nacional de la Verdad fue instalada en 2011. Fueron escuchadas 1.120 declaraciones, y registradas un total de 434 víctimas. De éstas, 191 muertos, 33 desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados y 210 que permanecen sin ser ubicados. Durante todo el período de investigación, fue encontrado solo un cuerpo desaparecido, el de Epaminondas Gomes de Oliveira, desaparecido el 20 de agosto de 1971.

El pacto entre el gobierno petista y los militares que dio lugar a esta Comisión prohíbe a los órganos del Estado utilizar los hechos descubiertos para castigar a los responsables por los crímenes. De esta manera, se garantiza la continuidad del pacto fundado en la Ley de Amnistía de 1979, que al mismo tiempo que amnistió a las víctimas de la dictadura militar, amnistió también a los militares responsables de las torturas y asesinatos.

Al mismo tiempo en que vertía lágrimas de cocodrilo, Dilma dejó en claro en su discurso: “Reconquistamos la democracia a nuestra manera. Por medio de luchas duras, por medio de sacrificios irreparables. Y por medio de pactos y acuerdos nacionales, muchos de ellos traducidos en la Constitución de 1988. Así como respetamos y reverenciamos y siempre lo haremos a todos los que lucharon por la democracia, a todos los que cayeron en esa lucha enfrentando la brutalidad ilegal del Estado y que nunca podremos dejar de enaltecer, también reconocemos y reverenciamos los pactos políticos que nos han llevado a la redemocratización”.

De esta forma, las investigaciones y resultados de la Comisión Nacional de la Verdad fueron conducidas de modo tal que se garantizara que no se hiciera pública ninguna verdad que generase crisis y tensiones en la relación del gobierno y los militares. Más aún teniendo en cuenta que distintos organismos de derechos humanos de renombre internacional ya condenaron una y otra vez a Brasil por la impunidad frente a los crímenes cometidos bajo la dictadura militar.

Este pacto de impunidad es necesario al Estado y a los partidos dominantes teniendo en vista que las instituciones represivas responsables por los crímenes de la dictadura no dejaron de existir. Por el contrario, con una cobertura diferente luego de la redemocratización se constituyeron en la base de los órganos especiales de represión responsables de los asesinatos permanentes de negros y pobres en la periferia y favelas del país. Tales instituciones son fundamentales para la “democracia” de los ricos, pues garantizan la contención y represión a las contradicciones y conflictos inherentes a un país de monstruosa desigualdad social y enormes contingentes de pobreza, privados de los derechos sociales más elementales.