Las denuncias no paran. Tampoco dejan de caer las acciones de la empresa en Nueva York y en Bovespa (bolsa de San Pablo). Las nuevas denuncias mostraron que la presidenta de la empresa, Graça Foster, tenía conocimiento de las irregularidades.
Petrobrás niega esta información. Con más de 30 reos a la espera de juicio, incluyendo presidentes y altos ejecutivos de las mayores empresas constructoras del país, esta crisis afecta a la mayor empresa del país y está abriendo un inmenso debate en la burguesía sobre qué hacer. Existen tres soluciones posibles. Dos en manos de la burguesía, de las empresas imperialistas y del gobierno, y una tercera en las de los trabajadores.
Como hemos dicho en anteriores artículos, hay poderosos intereses en juego. Uno de los motivos y beneficios para un sector de la élite brasilera e internacional en esta crisis es intentar avanzar en la privatización del petroleo y lograr que empresas extranjeras entren en el lucrativo negocio de las licitaciones públicas, hoy dominado por estas empresas denunciadas en este escándalo. La editorial de O Globo del 15 de diciembre tuvo justamente este objetivo. Su respuesta a la crisis sería abrir más el capital de Petrobrás y rediscutir el modelo de explotación en el pre-sal, zona marítima de explotación de crudo, sacándolo del actual modelo que garantiza más recursos al Estado brasilero, y retrotraerlo al modelo de concesiones vigente en otros campos petroleros. En otra fecha, el mismo Globo defendió la apertura de licitaciones públicas a empresas extranjeras. Este modelo es el que defienden Shell, Halliburton, Exxon, BP, entre otras gigantes imperialistas del petroleo.
Un segundo modelo posible también ha sido ventilado por los grandes medios. Este modelo significaría un mayor control estatal de Petrobrás, pero resarciendo a los accionistas, el Estado brasilero emitiría títulos de deuda y con ese dinero compraría las acciones. Aprovecharía las acciones en baja para comprarlas. Este modelo tiene defensores entre la élite, sea los que se visten de nacionalistas, o los que simplemente quisieran capitalizar con estas acciones en caída. Los grandes inversores y detentores de las acciones que obtendrían ganancias.
Entre estos dos modelos burgueses, al servicio del capital privado, se debate el gobierno. Por un lado, quiere aplacar al “mercado” y busca un gran empresario privado para sustituir a Graça Foster, y tomar medidas que lleven a una mayor privatización de la empresa y del petroleo y de esa manera reconquistar la “confianza”. Por otro lado, fruto de la caída en los precios de las acciones, caída en el precio del petroleo e incertidumbres políticas que rondan la empresa no quedan muchas opciones al gobierno que no impliquen en algún nivel la capitalización pública de la empresa: pagano a los accionistas privados y aumentando el endeudamiento público para hacerlo, lo que significaría distribuir entre las espaldas de todos los brasileros las ganancias de un puñado de millonarios.
Una medida en este sentido ya fue tomada por el gobierno al emitir títulos de la deuda para honrar una deuda de la también estatal Electrobrás con la Petrobrás, capitalizando de esta manera a la segunda. Esta opción puede ser vendida como nacionalista pero con ella solo lucran los especuladores, los inversores y banqueros que detienen estos títulos de la deuda pública, y que son grandes accionistas de la empresa, teniendo gran poder de regateo y pudiendo lucrar en las negociaciones directas con el gobierno o por la vía de largos juicios, como el de los fondos buitres argentinos.
En función de estos dos modelos el gobierno puede tomar medidas intermedias. Prenderle una vela a cada santo. Puede poner un “nacionalista” a presidir la empresa, como podría ser el ex director Ildo Sauer, y tomar medidas neoliberales, o alternativamente poner a un empresario como Gerdau, otro director de Bradesco, entre otras opciones y aumentar la participación estatal.
En cualquiera de estas opciones y combinaciones los trabajadores no tienen nada para ganar. Con mayor control privado aumentarán los despidos de tercerizados, la tercerización, mientras las riquezas del país seguirán enriqueciendo a los accionistas. Con mayor control del Estado brasilero, seguirá la convivencia con estos mismos intereses privados, tal como ocurre actualmente. No hay ninguna garantía de enfrentar la corrupción en ninguno de estos modelos. Empresas brasileras, imperialistas, todas ellas están involucradas en escándalos.
La única salida de fondo que puede permitir un control democrático de la empresa es avanzar en una tercera opción, en la que los mismos trabajadores gestionen la empresa. Que la empresa sea estatizada sin indemnización a ningún banquero o gran accionista, negociando exclusivamente con los trabajadores que tienen unas pocas acciones o que usaron su FGTS (fondo de retiro). Si los trabajadores controlaran Petrobrás tendríamos un uso racional de los recursos, permitiendo disminuir drásticamente los daños al medio ambiente, y aún colocar estas riquezas al servicio de la población, empezando por terminar con los abusos que sufren los tercerizados, impidiendo sus despidos e incorporándolos a la planta de la empresa.
Para darle fuerza a una salida como esta, única que realmente podría combatir la corrupción y erguir a la empresa hay que superar las posiciones de las mayores representaciones sindicales de los petroleros. Por un lado, la AEPET (Asociación de Ingenieros de Petrobrás) sugiere que el gobierno compre las acciones, entrando en este juego que favorece a accionistas y banqueros. Además tendríamos que superar las posiciones de la Federación Única de Petroleros (FUP) que defiende una abstracta “democratización de la gestión” pero que no tiene ninguna propuesta clara de qué significaría eso.
El control de los trabajadores de la empresa podría democratizarla realmente: hacer públicos todos los contratos, imponer la elección democrática de todos los cargos de confianza y su revocabilidad entre los propios trabajadores y democratizar también las condiciones financieras impidiendo que los cargos de confianza elegidos por el voto de los trabajadores tenga una remuneración superior a la de un trabajador calificado, por ejemplo la de un operador pleno de Petrobrás. Así podremos dar pasos en el combate a la corrupción y hacer de Petrobrás un verdadero ejemplo para todos los brasileros.
Para alcanzar una medida como esta tenemos que superar la apatía de los sindicatos, que con más o menos críticas al gobierno y al directorio de la empresa, están borrados frente a este escándalo. Tenemos que tomar las calles con un programa independiente, exigir una investigación independiente. Para hacer realidad estas ideas hay que construir una fuerte corriente política y sindical petrolera que gane las calles exigiendo la única solución de fondo posible: una Petrobrás 100 estatal y gestionada por sus propios trabajadores. O avanzamos en esta dirección o avanzarán en una mayor ingerencia del gobierno y de las empresas sobre las riquezas que pertenecen a todo el pueblo brasilero.
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