No al “gran acuerdo nacional” con la reacción. Plan de lucha para derrotar a la derecha e imponer las demandas de los trabajadores y el pueblo

El cabildo del 20/7 en La Paz, pese a su gran masividad, no fue una acción de lucha contra la oligarquía sino por el contrario, una jornada “por la unidad nacional” y “en apoyo al proceso constituyente” donde “que la sede no se mueva”, fue una consigna al servicio de la conciliación con la clase dominante en su conjunto y de los intereses de la burguesía paceña en particular.

Fue convocado y organizado por el alcalde de la Paz, Juan del Granado (ex socio de Goni, “mimado” por el Banco Mundial y actual aliado de Evo Morales), Fanor Nava, alcalde de El Alto (que defiende el manejo privado de servicios como la recolección de residuos), el neoliberal prefecto de La Paz, José Luis Paredes (de PODEMOS), las cámaras de empresarios del departamento y otras “fuerzas vivas” y asistieron figuras de derecha como Doria Medina (líder de Unidad Nacional y gran empresario “rey del cemento” en Bolivia).

El Cabildo terminó con la amenaza de paro cívico si no se retira antes del 6/8 el tema de la sede de los poderes de los debates de la Constituyente, para “rayar la cancha” ante los reclamos de Sucre, que quiere recuperar la “capitalidad plena” perdida en la guerra civil de 1899.
Al día siguiente, el presidente Evo Morales volvió a llamar a la concertación con la derecha pidiendo que: “la Constituyente no toque el tema de la sede, ni la creación de nuevos departamentos” (habiendo aceptado ya las autonomías departamentales que exigen la élites de la “media luna”: Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni).

Los socialistas revolucionarios de la LOR-CI denunciamos con antelación el carácter del cabildo y su engaño contra las masas, y así como denunciamos los reaccionarios cabildos de la oligarquía cruceña, llamamos a no concurrir al montaje del MAS y la burguesía paceña.

Forcejeos en busca de un “gran acuerdo nacional” en la Asamblea Constituyente

El cabildo del 20 se inscribe en los regateos en torno al “gran acuerdo nacional” o “pacto social y político” a que llaman el gobierno tanto como destacados voceros de la oposición burguesa, como forma de recomponer el régimen y estabilizar el país. Con este objetivo acordaron prolongar hasta fin de año las labores de la Constituyente donde los “consensos” han avanzado mucho, si bien hay importantes diferencias sobre la reorganización del Estado y el diseño del nuevo régimen político.

La derecha conservadora, envalentonada por las enormes concesiones del gobierno y porque éste se ocupa de mantener a las masas fuera de escena, no quiere ceder en nada y sube la apuesta de sus exigencias en la Asamblea de Sucre.
El MAS, defiende sus tímidos planteos reformistas al servicio de la colaboración de clases, y apuesta todas sus fichas a un compromiso con los representantes de los empresarios, las transnacionales y terratenientes.
Se negocia “tensando la cuerda” y “golpeando la mesa de negociaciones con un puño”, pero para terminar pactando.

La disputa entre Santa Cruz y La Paz

En la medida en que el MAS logra mantener fuera de escena a las masas, pasan a primer plano las divisiones regionales en la clase dominante y las disputas por el reparto del poder estatal y el control de la cuantiosa renta hidrocarburífera recaudada a través de impuestos y regalías.

La ascendente burguesía cruceña reclama autonomía departamental como una valla a cualquier amenaza en temas como la propiedad de la tierra, pero también para aumentar su participación en el poder y los recursos del Estado.
La decadente burguesía paceña quiere retener su tradicional control del Estado y por tanto del presupuesto, y mantiene una “alianza estratégica” con el gobierno en defensa de los intereses del occidente andino.

Santa Cruz y sus aliados fracasaron en volcar al campo autonomista al departamento de Cochabamba debido al levantamiento de enero. Pero halagando a las élites de Sucre (que quieren “terciar” entre Oriente y Occidente) con la posibilidad de recuperar la sede de todos los poderes, esperan mejorar su relación de fuerzas, imponer una mayor descentralización de los recursos y el aparato estatal, y chantajear al MAS.

El Cabildo paceño, como las acciones “autonomistas” en el Oriente, son episodios en este forcejeo permanente donde cada uno busca imponer mejores términos para negociar, creando la posibilidad de “pruebas de fuerza” y crisis que vayan más allá de lo que quieren gobierno, oposición y cívicos, abriendo “brechas” en las alturas del régimen por donde pueda colarse e intervenir el movimiento de masas.

El frente popular en acción

Sin embargo, las direcciones masistas y la burocracia sindical se juegan a impedir que eso suceda. El Cabildo paceño fue una buena muestra de la mecánica política de la colaboración de clases del frente popular: La burguesía paceña impuso el programa de la mano del gobierno. Los dirigentes oficialistas de las organizaciones campesinas y populares, las juntas vecinales, la COR de El Alto, etc., llevaron a las masas al pie de sus objetivos, canalizando el descontento y el odio a las oligarquías burguesas detrás de esa política de conciliación y sin permitir siquiera que se expresen las demandas de los obreros, los campesinos, los aymaras y sectores populares del Departamento.
Más aún, permitieron que se presenten como “amigos del pueblo” los empresarios esclavistas que pagan salarios de menos de 40 dólares al mes, los exportadores paceños que quieren un TLC con Estados Unidos, los acaparadores de tierras en el norte de La Paz que quieren imitar el “modelo cruceño”, los neoliberales “paceñistas” como Doria Medina y “Pepelucho” Paredes.
Esta política sólo sirve para desarmar a las masas y dividir a los explotados de oriente y occidente.

El movimiento de masas

Entre tanto, el estado de ánimo combativo de amplios sectores de trabajadores, campesinos, indígenas y del pueblo pobre en general se expresa en una tensa polarización y la permanente “conflictividad social”.
La demanda campesina e indígena de tierra y territorio es explosiva y aunque el MAS la contiene con la promesa de que “la Constituyente lo resolverá”, emerge de vez en cuando en luchas como las de los guaraníes en el Chaco, bloqueos en San Julián, Yapacani, etc.

El 21/7 un policía murió en Sorata (La Paz) en un choque con campesinos que exigían la libertad de detenidos. En Tarija, un fuerte bloqueo campesino cumple ya una semana.
Hace pocos días los 5.000 mineros de Huanuni salieron a la huelga y el bloqueo con demandas como la “autogestión de la empresa” estatal bajo el “control obrero social” (lo que pone en discusión la necesidad de avanzar hacia la gestión obrera directa), el monopolio estatal de la comercialización de minerales y otras, chocando con una brutal represión policial enviada por el gobierno.
El lunes 23, miles de estudiantes normalistas marcharon en La Paz en defensa de las conquistas del magisterio y contra la nueva ley que quiere imponer el gobierno, anunciando nuevas movilizaciones.

Plan de lucha y movilización

Este estado de ánimo combativo muestra que sería posible desarrollar la movilización generalizada de todo el pueblo trabajador para imponer las reivindicaciones obreras y populares y derrotar a la derecha empresarial y proimperialista.

Hace falta que el movimiento obrero y de masas intervenga en la escena política. Pero para esto, es necesario combatir la subordinación de la COB, los sindicatos y organizaciones de masas al gobierno de Evo Morales.
Hay que imponer un plan de lucha y movilización ampliamente discutido y decidido en las bases en todo el país, que parta de la lucha por el salario y empleo para todos, nacionalización genuina, sin pago y bajo control obrero del gas, las empresas públicas “capitalizadas”, la minería y los recursos naturales; tierra y territorio y autodeterminación de los pueblos originarios, la ruptura de la humillante sumisión al imperialismo.

La cuestión de fondo no es en qué ciudad residirán los poderes del Estado semicolonial, sino en manos de quién estarán la tierra, los recursos naturales, las fábricas y los bancos. Sólo un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones y el armamento de las masas puede dar una salida de fondo a estos problemas cruciales.
Es necesario que los sindicatos combativos y la vanguardia obrera y popular tomen la iniciativa, poniendo en marcha un movimiento por las demandas obreras que aliente la coordinación de las luchas, defienda la independencia política de los sindicatos frente al gobierno y los partidos empresariales y discuta una alternativa política de los trabajadores.