La disputa alrededor de la reforma migratoria y la obstinación de los republicanos contra la tímida concesión otorgada por Obama producen la ilusión de una disputa entre fuerzas antagónicas. Una mirada más de cerca revela que a pesar de diferir en sus tácticas y en su discurso –acomodado de acuerdo a su base electoral- los dos partidos defienden intereses similares. Republicanos y Demócratas contra el trabajador inmigrante

El partido demócrata, condicionado por el apoyo de los latinos y los sindicatos, se ha visto obligado a otorgar, en los últimos años, ciertas concesiones mínimas a los trabajadores inmigrantes. Una de ellas es el plan de reforma migratoria presentado en el congreso en el año 2013 y que frenado desde entonces. Fracasada esta vía y sacudido por la derrota en las elecciones intermedias, Obama decidió en noviembre emitir una orden ejecutiva (decreto) que daría respiro a una fracción importante de los inmigrantes indocumentados.

Los republicanos, que no tienen necesidad de responder a las demandas de estos sectores, han rechazado de plano todo intento de proteger a los inmigrantes indocumentados y vienen presionando por mantener las deportaciones masivas. Esta postura sirve para consolidar el apoyo de su base reaccionaria y racista, y sirve al mismo tiempo para dirigir la atención sobre un chivo expiatorio de la crisis económica para la cual se han demostrado, al igual que los demócratas, incapaces de dar una solución.

Sin embargo, tanto republicanos como demócratas defienden los intereses de las compañías que obtienen inmensas ganancias de la explotación de los trabajadores inmigrantes, como las empresas de servicios, las constructoras y los grandes productores del agro. Incluso bajo el plan de reforma migratoria de Obama, entre 6 y 7 millones de inmigrantes indocumentados seguirán sin acceso a una residencia legal y obligados a trabajar por bajos salarios.

Los trabajadores inmigrantes y el Estado

La dinámica de los trabajadores inmigrantes ha sido estudiada por distintos autores, entre ellos Burrawoy y Arrighi. Ambos han demostrado la importancia de las políticas estatales en generar y perpetuar los sistemas de trabajo inmigrante. Los casos de África del sur y California han servido como paradigmas para explicar este mecanismo. Primero, a través de una política de desposesión, competencia desleal y ataque económico –entre otras medidas- se priva a los individuos de una economía subsidiaria (en nuestro caso, México y Centroamérica) de la capacidad de subsistencia (o autosuficiencia). Como consecuencia, se ven obligados a abandonar su territorio de origen en busca de trabajo. El NAFTA es un buen ejemplo de una política de estrangulamiento de los trabajadores no calificados y trabadores rurales de México y otros países de Latinoamérica.

El segundo golpe por parte del Estado viene después de llegar al país de destino. Para asegurarse que el nuevo ejército de trabajadores de segunda no levantarán la cabeza y trabajarán bajo las condiciones que se le impongan, se le niegan los derechos elementales de protesta, asociación y huelga. ¿Cómo? Manteniéndolos en la ilegalidad.

Tanto el plan de los republicanos como el de los demócratas sirve para disciplinar a todo trabajador inmigrante que decide ponerse de pie y reclamar sus derechos, pelear por un mejor salario o pedir mejores condiciones de trabajo. Presionados por un descontento creciente de su base electoral, el plan de los demócratas apunta a proteger una parte de los trabajadores indocumentados de las redadas y deportaciones. Al otorgar ciertas concesiones, como parte de una táctica más general de cooptación del movimiento de inmigrantes a través de organizaciones religiosas y ONGs, los demócratas han logrado por el momento contener el conflicto dentro del camino institucional y lejos de la movilización.

Pero ni el plan de Obama, ni por supuesto los republicanos, ofrecen un camino a la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes. Ya vimos por qué los dos partidos están interesados en mantener el estado actual de las cosas.

La lucha de los trabajadores inmigrantes por los derechos democráticos es de primer orden. La mayoría de los sindicatos ha subestimado o ignorado este sector durante décadas, aunque las cosas parecen estar cambiando. Para lograr el derecho a la ciudadanía de un sector tan amplio de la clase obrera será necesario que todos los trabajadores, tanto los sindicalizados como aquéllos más explotados, le pongan el hombro a esta pelea y se organicen por fuera del partido demócrata y sus organizaciones acólitas. Una conquista de esta magnitud fortalecería enormemente no sólo a los trabajadores inmigrantes, sino al conjunto de la clase obrera estadounidense