Con el inicio de importantes procesos de lucha, se empieza a evidenciar un creciente descontento que recorre las filas obreras. Esto se da al mismo tiempo que el gobierno de Evo Morales busca mantener los mecanismos de cooptación estatal sobre los trabajadores y sus organizaciones. El viernes 20 y el lunes 23 de febrero se llevaron a cabo dos masivas reuniones de la Central Obrera Departamental de La Paz, la primera en la localidad minera de Colquiri y la segunda en la sede del Ministerio de Trabajo en La Paz. El lugar de ambos eventos es sumamente simbólico: el primero, sede de los conflictos mineros más importantes de los dos últimos años, en el cual se exigió la nacionalización del yacimiento, y que tuvo como resultado un trabajador muerto por explosivos lanzados por cooperativistas afines al gobierno; y el segundo, una de la reparticiones gubernamentales estratégicas para la cooptación a los trabajadores desplegada por el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales.

Con el inicio de importantes procesos de lucha, se empieza a evidenciar un creciente descontento que recorre las filas obreras, y que se expresa en el rechazo a los más expuestos burócratas sindicales, como Juan Trujillo de la COB. Estos procesos de lucha iniciales tienen su más alta expresión en el distanciamiento de los 1600 trabajadores fabriles de ENATEX del gobierno del MAS, que vienen exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de enero y la cancelación de salarios atrasados; a esto se suma el inicio de movilizaciones y huelga de hambre de 6 dirigentes del hospital de la ciudad de El Alto, el hospital Juan XXIII, contra empresarios prominentes miembros de la curia católica por pago de salarios y contra el acoso y persecución laboral; o un poco más lejos, en la región del norte de Potosí, con el inicio de la huelga por salarios de los trabajadores mineros de Amayapampa. Estos conflictos que mencionamos, y que expresan las tendencias a una mayor agitación obrera en un marco de desaceleración económica es lo que el MAS busca contener.

Al iniciar su tercera gestión de gobierno, Evo Morales llevó adelante un importante cambio de personal en dos ministerios claves: en el Ministerio de Gobierno, un castrista fanático para llevar adelante medidas duras si hace falta, y, en el Ministerio de Trabajo, ex militantes provenientes del trotskismo, actuales evomoralistas, que puedan “corregir” las medidas abiertamente patronales desplegadas en años anteriores y contentar a los trabajadores con algunas medidas y disposiciones que prolonguen el pacto de las organizaciones obreras con el gobierno del MAS, buscando mantener los mecanismos de cooptación estatal. Es en esta aparente contradicción, entre la protesta y la cooptación, que surgen las resoluciones del ampliado de Colquiri, las mismas que entre sus puntos más relevantes señala, “exigir al gobierno nacional la promulgación de la ley general del trabajo” la misma que debe facilitar tener un carácter coactivo contra empresarios sin necesidad de juicios laborales.

Exigir a la COB la participación de los trabajadores en la intervención a la Caja Nacional de Salud, hoy intervenida por el gobierno sin resultados de ninguna especie; “exigir la nacionalización del oro, reversión al Estado del mega campo de Wolfram de Himalaya, reversión al Estado del yacimiento de cobre de Coro Coro, y la instalación de la planta refinadora de zinc. Cierre total de las empresas comercializadoras de minerales, centralizando esta operación en la fundidora estatal de Vinto; apoyo moral y material a la lucha de los trabajadores del hospital Juan XXIII, universidad salesiana, trabajadores de ENTEL, COTEL, todos ellos en lucha por sus derechos laborales; y finalmente “declarar estado de emergencia frente a los derechos constitucionales, el hostigamiento, el acoso laboral, violencia laboral, discriminación y racismo implementadas por la iglesia católica y los empresarios del país.”

Estas medidas radicales, fueron complementadas en el ampliado llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo tres días después, donde se exigió a todos los funcionarios, desde el ministro hasta el inspector de trabajo, el aceleramiento de todos los trámites de comisión y fueros sindicales, ya que su retraso conlleva ataques y despidos por parte de los empresarios. Especial moción del ampliado departamental de La Paz, fue la exigencia y el respaldo a María Eugenia Guerrero de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, exigiendo se terminen los mecanismos de persecución política y donde el ministerio se compromete a ampliar la comisión a la brevedad posible.

Estos elementos contradictorios que mencionamos líneas arriba, sin embargo, sólo pueden alcanzar pleno desarrollo en la medida que los mecanismos de cooptación fracasen y se desarrolle la tendencia a recuperar la independencia política de los trabajadores, pisoteada en el último tiempo por burócratas sindicales absolutamente corrompidos.

Si el desarrollo de la crisis económica y la desaceleración del crecimiento se profundizan, agravando los ataques patronales y empresariales, es seguro que la clase obrera boliviana y sus organizaciones rápidamente retomarán la senda de la protesta que es lo que caracteriza al movimiento obrero y social boliviano. Queda prepararse lo más rápidamente posible para este inevitable escenario de desarrollo de la lucha de clases.