A pocas semanas de las elecciones subnacionales (alcaldes, gobernadores y asambleístas departamentales) el destape de un caso de corrupción que salpica a altos funcionarios del gobierno de Evo Morales, calienta el escenario electoral involucrando principalmente a la viceministra de tierras Nemesia Achacollo y a la actual candidata por el MAS a la estratégica gobernación de La Paz, Felipa Huanca.

El pasado 12 de febrero, la Contraloría General de la República (también controlada por el MAS) reveló el caso de daño económico al Estado de más de 10 millones de dólares (71 millones de bolivianos) que tiene que ver con el destino “incierto” de fondos destinados a las ejecución de 153 proyectos que no fueron ejecutados por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). Muchos de estos son proyectos fantasmas que develan los elevados niveles de corrupción dentro de este fondo cuyas denuncias datan del 2012, a la fecha son 14 denuncias las recibidas por el Ministerio de Transparencia.

Este escenario ha provocado malestar en las filas del partido de gobierno así como al interior de las organizaciones campesinas e indígenas cuyos dirigentes se habrían beneficiado de estos proyectos y la algarabía de la oposición política que busca convertir esta denuncia en un hándicap que le permita derrotar al partido de Evo Morales, quien ha declarado que caiga quien caiga, el gobierno aplicará todo el peso de la ley contra los responsables sean del MAS o de la oposición.

A estas denuncias se sumaron durante la última semana videos que muestran al actual alcalde de El Alto, estratégica ciudad del Departamento de La Paz por su papel en la última década signada de levantamientos nacionales y controlada desde el 2006 por el MAS, recibiendo un “paquete” nada menos que del ex alcalde opositor Fanor Nava durante esos turbulentos tiempos. El nivel de tensión está provocando fuertes enfrentamientos entre oficialistas y opositores como el caso del pasado domingo en la comunidad de Jitulaya del Departamento de La Paz donde luego de la inauguración de la casa de campaña del Movimiento por la Soberanía (MPS), formado por ex dirigentes indígenas del MAS que rompieron luego del 2008 se produjo un enfrentamiento entre ambos donde fue asesinado por apedreamiento uno de los dirigentes.

Estas denuncias de corrupción ya se han reflejado en las primeras encuestas sobre lo que pueda suceder el próximo 29 de marzo, fecha de los comicios, ya que para la gobernación de La Paz, el MAS perdería frente a un ex aliado y ex ministro de educación Felix Patzi, hoy candidato del partido opositor Soberanía y Libertad – Bolivia (SOL-BO), con una diferencia del casi 10%. Asimismo en la alcaldía de El Alto, llevaría ventaja nada menos que la opositora Soledad Chapetón, joven candidata del partido de centro derecha Unidad Nacional (UN), dirigida por el empresario y ex ministro neoliberal Doria Medina. Estos resultados han llevado a que en un discurso reciente del 2 de marzo, Evo Morales afirme que en caso de ganar los representantes “de la derecha” no coordinaría ninguna obra o trabajo en común con estos funcionarios, en una abierta amenaza de cortar el flujo de recursos que ha permitido el desarrollo de grandes e importantes obras de infraestructura en todo el país y que hoy estarían siendo usadas para condicionar el voto de millones de electores.

Desde organizaciones sindicales independientes del gobierno y organizaciones de izquierda opositoras, que no han podido forjar una alternativa electoral independiente, se ha denunciado que estos dineros “desaparecidos” son en realidad los fondos con que el MAS y Evo Morales han cooptado a los diversos dirigentes de las organizaciones campesinas e indígenas, garantizando de esta manera su adhesión “leal” al gobierno y paralizando los reclamos de sectores de base críticos. La cooptación de dirigentes obreros y campesinos se habría garantizado con el flujo de generosos recursos y que hoy empiezan a salir a luz poniendo en severos aprietos no solo al gobierno y sus candidatos sino a dirigentes que deben empezar a rendir cuentas ante la contraloría y a sus respectivas organizaciones sindicales.