Las elecciones autonómicas y municipales que se realizarán en el Estado español el próximo 24 de mayo despiertan mucha expectativa entre gran parte de los trabajadores y sectores populares, que las ven como una primera oportunidad para desplazar a los políticos corruptos (del PP-PSOE) y terminar con las políticas de ajuste y recortes para los sectores populares que se vienen imponiendo en los últimos años.

La crisis económica capitalista ha golpeado especialmente a algunos países del sur de Europa, como Grecia, Portugal y el Estado español, sobre los cuales se redobló la ofensiva de la Troika y sus respectivos gobiernos para imponer que la crisis la paguemos el pueblo y los trabajadores.

El Estado español terminó el último trimestre de 2014 con un 0,7% de crecimiento.

El gobierno del PP intenta “vender” estos datos macroeconómicos como una “recuperación” de la economía, como si se hubiera terminado la crisis. Sin embargo, este crecimiento, débil e inestable, está basado en las políticas de recortes y devaluación del salario, mientras el FMI pronostica que el paro no bajará del 20% antes del año 2020.

Pero mientras los salarios bajan, los beneficios de los principales directivos y consejeros aumentan, ellos sí que han ganado en medio de la crisis.

Desde que comenzó la crisis se han producido más de 550.000 ejecuciones hipotecarias. El paro, se mantiene en el 23,2%, muy lejos del 8,3% del año 2006, antes de la crisis. Para los jóvenes el único futuro es paro, precariedad, el abandono de los estudios, recortes en sanidad y educación, la represión policial y la imposibilidad de acceder a la cultura. Esta es la crisis en la que nos han hundido la Troika y los gobiernos del PP, PSOE o CIU.

El bipartidismo enfrenta su primera gran prueba electoral este 24 de mayo. Ésta tuvo un adelanto en las europeas del pasado mayo, consecuencia de la intensa movilización social que se mantuvo bastante álgida tras el 15M y la emergencia de Podemos como aglutinador de las expectativas de transformación del Régimen del ‘78, al que se visualizó como causante de todos los males. Los partidos del Régimen del `78, PP, PSOE o CIU en Cataluña, han sido los ejecutores en el Estado español de los recortes y los ajustes contra el pueblo trabajador que han diseñado los grandes financieros y capitalistas. Mientras, los políticos del Régimen viven en la “fiesta” de la corrupción, los sobres y el intercambio de “favores” con grandes empresarios, un mecanismo consustancial al funcionamiento del sistema capitalista. El caso de Rodrigo Rato es ejemplar de toda una casta de políticos corruptos de este Régimen del ‘78.

Las encuestas pronostican una fuerte caída del PP en estas elecciones respecto a 2011, mientras que el PSOE bajaría aún más respecto al mínimo alcanzado ese mismo año. La emergencia electoral de Podemos, y más recientemente de Ciudadanos, son expresión de la crisis económica que se ha materializado políticamente en una crisis aguda del bipartidismo español, que está transformándose en un “cuatripartidismo”. Todo indica que será muy difícil que se alcancen mayorías absolutas y seguramente veremos nuevos pactos y negociaciones a espaldas de la mayoría de la población para facilitar investiduras, gobernabilidades o incluso formar gobiernos de coalición.

Desde el 15M se abrió un ciclo de movilización social de enormes dimensiones que recorrió todas las ciudades del Estado, continuado con las mareas, las huelgas generales, los encierros, las huelgas educativas, luchas contra los desahucios, las manifestaciones estatales masivas como el 22M, y múltiples manifestaciones de la protesta social.

Huelgas obreras emblemáticas, como la huelga minera, la huelga de Panrico y la huelga de Coca Cola, se vieron aisladas por el rol de la burocracia sindical, que se negó a coordinar las luchas y continuar el camino de las huelgas generales. Una dinámica que estamos volviendo a ver en estos días con la huelga de los técnicos de Movistar y la traición de las cúpulas de CCOO y UGT.

De la “ilusión social” a la “ilusión política”

En este marco de relativo reflujo de la movilización social, la “ilusión social” que siguió al 15M, se ha transformado en una nueva “ilusión institucional-electoral”, creyendo que es posible lograr transformaciones sociales fundamentalmente a través de las elecciones y la ocupación de “posiciones” en las instituciones de la democracia burguesa. Esto se reforzó con la emergencia de Podemos y candidaturas “ciudadanas” integradas por activistas provenientes de movimientos sociales junto a organizaciones políticas de la izquierda (las integran IU, Podemos o Equo y otras formaciones, según la ciudad) como es el caso de “Barcelona en Comu” y otras alternativas municipalistas como “Ahora Madrid” o “Zaragoza en común”.

Esta ilusión electoral y “municipalista” se sostiene en la idea de que el camino para derrotar al PP-PSOE y mejorar las condiciones materiales de “la gente” hoy, pasa centralmente por el cambio electoral. Lo que tienen en común las diferentes propuestas municipalistas y las candidaturas de Podemos para las Autonómicas, es un programa de reformas sociales muy moderadas junto a la promesa de gobernar “para la gente”, haciendo eje en un discurso contra la corrupción política.

Demandas como la emergencia energética, promover medidas para frenar los desahucios, evaluar como terminar con los recortes a la educación y la sanidad, desarrollar planes de generación de empleo para la juventud, entre otras, forman parte de las declaraciones y programas de estas candidaturas. Pero se dejan de lado un conjunto de medidas más de fondo que son absolutamente necesarias si se quieren hacer efectivas esas demandas. Medidas que creemos que podrían constituir un programa autonómico y municipal para combatir a la casta del ‘78 y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Un programa anticapitalista y contra el Régimen del ‘78

Para acabar con el problema de la vivienda hay que tomar medidas que impidan (ni) un sólo desahucio más y ni una familia en la calle. Algunas propuestas como la dación en pago –que es entregarle al banco el piso después de haberle devuelto buena parte del crédito suscrito (abonando mensualidades), es decir, quedarse sin la vivienda y sin el dinero dado- alivian la deuda, pero no necesariamente el drama de muchas familias desahuciadas, puesto que no resuelven su situación. Por ello, son necesarias medidas menos respetuosas con los derechos de propiedad de los usureros de la banca, como la expropiación sin indemnización de todas las viviendas vacías en manos de los especuladores, empezando por las que han sido desahuciadas, para su devolución a las familias expulsadas y para la creación de un parque de vivienda pública de alquiler social con precios que no superen el 25% del salario, o absolutamente gratuitas si se carece de ingresos.

Para enfrentar el flagelo del paro hay que plantear la readmisión inmediata de todos los funcionarios y trabajadores públicos despedidos en estos años, y una reducción de jornada sin merma salarial que permita ampliar el número de empleados públicos y anime a los trabajadores de la empresa privada a luchar por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y parados sin rebajar el salario. En este sentido las posiciones institucionales deben ser puestas al servicio de las luchas obreras, llevando a las instituciones proyectos, reivindicaciones o reclamos que planteen las distintas luchas en la calle y las empresas.

Para combatir la precariedad laboral hay que poner fin al modelo de subcontratación pública, que imita la estructura que padecen trabajadores como los de Movistar. Hay que remunicipalizar los servicios públicos y ponerlos bajo control de trabajadores y usuarios, quitando las concesiones, sin indemnización, a las empresas que vienen haciendo grandes negocios con los servicios públicos. Esto incluye la recogida de basuras, el transporte público, la limpieza de edificios, comedores escolares, jardinería, servicios sociales… y una larga lista de empresas como FCC o Acciona que hoy hacen su agosto con el presupuesto público e imponen condiciones de ultra-precariedad y servicios deficientes. Sólo así podremos garantizar reivindicaciones históricas como la gratuidad del transporte público, que hoy supone una carga gigante para millones de familias trabajadoras.

Sería necesario impulsar también un plan de obras y servicios públicos contra el paro y el subempleo, otorgando trabajo de calidad a todas y todos los parados de las ciudades y el campo, y entre tanto se implementa un plan de este tipo, garantizar una renta universal para todas y todos los parados, que no puede ser ni los 400 € del gobierno ni un PIRMI (Renta mínima de inserción) que alcance el SMI (salario mínimo interprofesional) como propone ahora Pablo Iglesias, ambas prestaciones de hambre. Un plan que de desarrollarse debería establecer el control obrero de las obras públicas, servicios e inspecciones municipales, con el asesoramiento de técnicos y profesionales idóneos.

Es urgente y vital un plan de inversiones en educación y sanidad que permita la mejora de la calidad de estos dos servicios esenciales y garantice la gratuidad y universalidad de los mismos. Son necesarias medidas como la ampliación de la cobertura sanitaria o la gratuidad de los estudios universitarios y de formación profesional. ¡Ni un euro más para la educación privada y concertada! Y también la nacionalización sin indemnización de toda la red de centros sanitarios y educativos privados y concertados, con el pase a plantilla de todos sus profesionales. Esta es la única posibilidad real de poder crear redes públicas únicas de estos dos servicios esenciales.

En el caso de la educación, el 50% de los centros son hoy negocios concertados -en un 90% en manos de la Iglesia- que se han constituido gracias a décadas de subvenciones estatales, y en la sanidad en lugares como Catalunya CiU y su modelo de concertación ha favorecido que la patronal sanitaria construya verdaderos imperios que suponen hoy un alto porcentaje del sistema de salud sostenido con dinero público. Todos estos negocios construidos con millones de dinero público deben pasar a manos del Estado para garantizar una educación y una sanidad públicas, de calidad y al servicio de los sectores populares y no de negocios privados e intereses religiosos.

Para poder sufragar muchas de estas medidas hay que declarar el no pago de las deudas con los bancos y revisar a fondo todo el sistema de impuestos municipales y autonómicos. Hay que eliminar las tasas indirectas que afectan a los sectores populares como la de “aguas” o “basuras” o aquellas que asfixian a los trabajadores autónomos, e incrementar sustancialmente los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y grandes empresas que permita incrementar los presupuestos, además de otros como el de sucesiones o patrimonio.

Para acabar con las “castas” municipales y autonómicas, epicentro de la corrupción, son necesarias medidas radicales como que ningún cargo público pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador cualificado, que no pueda tener más que ese empleo y que se establezca la rotación y la posibilidad de revocabilidad de los mismos en todo momento y que tras dejar sus cargos no puedan trabajar como directivos de las empresas privadas ni en sus Consejos de Administración.

La disolución de todos los consejos de administración de las empresas públicas y su sustitución por comités de trabajadores y usuarios para su gestión, que se ocupen también de la revisión de todo proyecto urbanístico o que requiera la inversión pública. La creación de empresas constructoras públicas que absorban toda la carga de trabajo y trabajadores dedicados a la obra pública, para acabar con los caciques ladrilleros como ACS o Sacyr.

Si se quiere hacer efectiva una democracia participativa o desde abajo, no bastan con medidas de carácter consultivo como las ILP iniciativa legislativa popular). Es necesario instituir asambleas municipales formadas por representantes elegidos cada mil electores, por voto directo y con cargos revocables, con plenos poderes para lograr una planificación racional del desarrollo urbano al servicio de los intereses del pueblo trabajador. Y que el 100 % del presupuesto y leyes se discutan y se voten en asambleas barriales y una asamblea municipal soberana.

Al mismo tiempo, es necesario enfrentar con fuerza todas las formas de violencia contra la mujer y todo tipo de opresión y discriminación, impulsando la creación de hogares transitorios para mujeres y sus hijos e hijas, víctimas de violencia; garantizados por el Estado y bajo el control de las propias mujeres, las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial. La defensa irrestricta del derecho al aborto libre y gratuito y a que todas las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, un derecho que el gobierno y la Iglesia pretende eliminar o restringir, es para nosotros una cuestión prioritaria, a diferencia de otras formaciones.

La lucha contra la opresión de género debe plantearse en forma concreta. Para ello es necesario impulsar medidas radicales, empezando por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del Concordato y la subvención a la educación religiosa; promover la educación sexual sin tabúes y gratuita, dentro de una educación laica; impulsar comisiones de mujeres en los centros de trabajo y en los sindicatos, independientes de las patronales, que tomen los casos de acoso sexual y laboral, así como los casos de discriminación hacia las mujeres para terminar con la discriminación, el acoso y la precariedad laboral, así como luchar por el desmantelamiento de las redes de prostitución y trata de personas.

Defendemos la necesidad de imponer cupos de ingreso laboral en todos los Ayuntamientos no inferiores al 3 por ciento del personal para personas LGTB y mujeres en situación de prostitución que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y capacitación laboral en servicio.

Por último, un punto ausente en los programas es el que afecta a la represión social contra la juventud y los inmigrantes que llevan adelante las policías municipales en común con otros cuerpos represivos. Así lo demuestran casos como el de “Ciutat Morta” y otros, que enseñan como muchas veces los propios cuerpos represivos están detrás del sostenimiento de redes de trata y tráfico, como se descubrió en Coslada o está saliendo a la luz ahora en Palma. Es necesario plantear la disolución de las policías municipales y autonómicas, como parte de la lucha por la disolución de todos los cuerpos represivos, y plantear la creación de cuerpos de vigilancia y autodefensa obreros y populares. Solamente el pueblo defiende al pueblo.

En cuanto a la inmigración, es necesario plantear sin cortapisas la derogación de la ley de extranjería y el cierre de todos los CIEs, así como garantizar derechos y prestaciones para todos y todas independientemente de su lugar de origen.

Y finalmente, aunque las próximas elecciones son municipales y autonómicas, creemos que debe plantearse claramente la defensa irrestricta del derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas por el Estado central, defendiendo la perspectiva de ruptura con el marco jurídico del ‘78 y un programa anticapitalista, apostando decididamente por la movilización social independiente de la clase trabajadora y los sectores populares, la única manera de garantizar el derecho a decidir de los pueblos.

Estas medidas se hayan lejos de la lógica gradualista que impregna el conjunto del programa de las candidaturas “ciudadanas” y de Podemos, en el que casi no hay ninguna medida de “shock” que pudiera tener un impacto inmediato en la vida de millones.

De conjunto son programas que en lo económico apuntan a “recuperar el tejido productivo” junto a los empresarios -obviando que no sólo los grandes sino también la mayoría de los pequeños y medianos, son los primeros aplicadores de la reforma laboral, los EREs y despidos- y recuperar el pobre “Estado de bienestar” anterior a 2008 -olvidando también que ya entonces había un 30% de precariedad y millones de jóvenes sin acceso a la vivienda-.

En lo político, las medidas planteadas no sobrepasan los márgenes de una regeneración democrática que corre el riesgo de dejar intactos los pilares de un Estado atado por mil y un lazos con el poder económico.

Por el contrario, para poder resolver las demandas sociales más acuciantes como el paro, la falta de vivienda, la precariedad y la crisis de la salud y la educación, es necesario un programa que cuestione los intereses de los capitalistas y los bancos, que resistirán todo intento de aplicar la más mínima medida a favor de los trabajadores y el pueblo, como estamos viendo hoy en Grecia.

Por ello hace falta una profunda y generalizada movilización social, en los lugares de trabajo y estudio, en las calles y las plazas, para poder imponer nuestras demandas.
Las candidaturas ciudadanas como “Ahora Madrid”, “Barcelona en Comu” y las candidaturas autonómicas de Podemos o Izquierda Unida, sin embargo, no se proponen movilizar a estas fuerzas sociales y retomar el camino de la lucha obrera y popular. Por el contrario, se proponen una gestión “humana” de las instituciones municipales y autonómicas, en los marcos del capitalismo español. Una posición que ha sido la histórica de IU (que forma parte de muchas de estas candidaturas), comprometida incluso como sostén o miembro de gobiernos municipales o autonómicos con el PSOE en Andalucía o el PNV en Euskal Herria.

Además, a pesar del discurso que quiere mostrarse como la continuación del 15M, muy explotado en este cuarto aniversario, estas candidaturas abandonan muchas de las reivindicaciones más rupturistas que se han ido levantando desde entonces en la calle y en su constitución han primado métodos de acuerdo por arriba -a veces con partidos del régimen como IU-, que se refleja en una cada vez menor participación en los círculos y asambleas de base y múltiples quejas contra los métodos burocráticos.
Otras candidaturas, como la impulsada por la CUP en Barcelona (“Capgirem Barcelona”), mantienen un discurso más de izquierda y con algunas denuncias anticapitalistas, que apuesta por la movilización y de ruptura con el Régimen. Pero lamentablemente, esta perspectiva no se plasma en un programa que defienda medidas anticapitalistas y de clase, mientras mantienen la reivindicación de la política de “mano extendida” hacia CiU en la cuestión catalana que vienen llevando adelante desde 2012.

Las y los militantes de Clase contra Clase compartimos el odio contra el PP-PSOE y la casta de políticos corruptos que durante décadas han gobernado en interés de los capitalistas, descargando su crisis sobre las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora. Por ello luchamos por un programa revolucionario y anticapitalista como el que aquí planteamos y tratamos de impulsarlo en cada lucha de trabajadores y estudiantes. Incluso en la lucha electoral, que sabemos no es el terreno más favorable para los trabajadores, también impulsamos este programa y siempre hemos promovido la confluencia en las luchas, con el objetivo de dar pasos firmes para levantar una perspectiva anticapitalista y de clase para resolver los acuciantes problemas de la mayoría de los trabajadores y el pueblo.

Comprendemos las ilusiones que muchos trabajadores y trabajadoras, jóvenes, pensionistas y sectores populares depositan en las nuevas candidaturas que han surgido y no están manchadas de casos de corrupción, como pueden ser las listas de Podemos y estamos dispuestos a defender en la calle cualquier conquista que se vea cuestionada por el Régimen. Sin embargo, no le brindamos nuestro apoyo político a estas candidaturas. Creemos que el asumir un programa de gestión “humana” del capitalismo español y de “regeneración democrática”, ya sea a escala local, regional o estatal, llevará a nuevas frustraciones.

A cuatro años de la irrupción del 15M, los viejos pilares del Régimen del ’78 siguen vigentes. Por ello, es necesario retomar y profundizar el camino de la movilización y el desarrollo de experiencias de autoorganización obrera y popular desde abajo, que sobre la base del cuestionamiento de la propiedad privada capitalista, defienda un programa anticapitalista y de clase con una perspectiva de lucha por conquistar gobiernos de trabajadores.
Mayo 2015