El decreto firmado por el ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag a seis días de dejar su cargo, es un regalo que les deja a las petroleras, a tono con sus ocho años de gobierno. Con la excusa de crear un fondo especial para educación, intenta frenar los reclamos del pueblo mapuche por su territorio y entrega tierras fiscales a una Sociedad Anónima. Exigimos su derogación, el reconocimiento del territorio mapuche y un verdadero aumento del presupuesto educativo.

Por Raúl Godoy
Dirigente ceramista y diputado del PTS-FIT | Neuquén

Sobre el cierre del año 2015 se conoció en los medios la existencia de un decreto, el 2400/15, firmado por el anterior gobernador Jorge Sapag, donde, en un mismo acto, se crea el “Fondo Fiduciario para la Infraestructura y Equipamiento Educativo” y se transfieren al mismo “la totalidad de las tierras fiscales de dominio privado provincial de los departamentos de Añelo y Pehuenches” (donde se ubica la formación geológica Vaca Muerta). Dicho decreto fue firmado el 4 de diciembre de 2015, publicado (no el decreto sino una escueta descripción de la existencia del mismo) el 11 de diciembre en el Boletín Oficial (ya con Sapag fuera del gobierno), y nunca difundido ni por el gobierno saliente ni el entrante, como suelen hacer con los llamados “actos de gobierno”.

Los considerandos del decreto son un paseo inconexo (e incoherente) entre las oportunidades de negocios que significa la explotación no convencional de gas y petróleo, por una lado, y las obligaciones del Estado e “importancia” en materia educativa, por el otro. Para intentar justificar la transferencia a la órbita del Poder Ejecutivo las tierras fiscales de dominio privado ubicadas en Vaca Muerta, crean un Fondo para invertir en escuelas. Es decir, lo que llaman la creación de un fondo para invertir en infraestructura y equipamiento educativo en verdad es una máscara para encubrir la “legalización” de un nuevo negociado con tierras fiscales, puestas en manos de una Sociedad Anónima: Fiduciara Neuquina S.A. Y todo por decreto. Migajas a la educación a cambio del manejo discrecional del codiciado territorio para la explotación petrolera.

Este decreto de Sapag, firmado a seis días de terminar su mandato como gobernador, es un hecho grave que de un golpe pone en manos del nuevo Poder Ejecutivo (y por un lapso de 30 años, con posibilidad de prórrogas) el uso discrecional de las tierras de Vaca Muerta. Sobre las mismas no podrán extenderse los ejidos urbanos, y la aprobación de cualquier desarrollo minero o urbanístico quedará en manos del ejecutivo. Por supuesto que los empresarios que instalaron sus industrias en tierras fiscales no tendrán de qué preocuparse, quedan excluidas de estas transferencias las tierras que “hayan sido destinadas o se reserven para destinarse al desarrollo industrial”.

Pero lo más grave de todo es que con este decreto se intenta poner fin de un plumazo a los reclamos del pueblo mapuche en defensa de sus territorios ancestrales. En medio del reclamo de reconocimiento por parte del Estado del relevamiento territorial que reconoce como parte de la comunidad Campo Maripe parte de los territorios de lo que hoy se conoce como Vaca Muerta, con este decreto el MPN quiere negar el derecho al territorio mapuche y volver los mismos “inalienables”.

Rechazamos este decreto, que en un solo acto avasalla los derechos del pueblo mapuche a sus territorios y concentra en el Poder Ejecutivo la posibilidad de negociados con tierras fiscales en Vaca Muerta, todo mediante un mecanismo que pisotea instituciones como la Legislatura, que se llenan la boca en defender, y anula todo tipo de debate. Exigimos a su vez al Ejecutivo el reconocimiento del relevamiento territorial realizado por antropólogos y demás miembros de universidades públicas (como la del Comahue) donde se comprueba la preexistencia de comunidades mapuches como Campo Maripe dentro del territorio hoy conocido como Vaca Muerta, a la vez que reclamamos un real aumento del conjunto del presupuesto para la educación en todos sus niveles.