¿Adónde va Chile?

La situación que atraviesa el país es de crisis de “representatividad” y pérdida de confianza de amplios sectores de masas en sus partidos tradicionales, en particular la inestabilidad y descontento de las llamadas “clases medias”, cuya expresión más cercana hoy se encuentra en el movimiento estudiantil, y de amplias franjas de la clase trabajadora y los oprimidos, que empiezan un camino de ruptura con el sistema político. Se movilizan, se organizan, levantan demandas y en este camino, hacen su experiencia y cuestionan a las instituciones heredadas de la “transición pactada”, a sus partidos y gobernantes.

La crisis política aumenta en la misma magnitud en que aumentan los procesos de lucha, organización y confianza en las fuerzas de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y los sectores oprimidos. Entremedio, un gobierno de reformas moderadas busca restablecer el equilibrio político.

Un Chile politizado, balanceado a izquierda, con tendencias iniciales a la polarización izquierda-derecha y de emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas que configuran una situación transitoria con elementos prerrevolucionarios. Un “estado transitorio”, de esos “que tienen una importancia decisiva desde el punto de vista de la estrategia política” [1] es el que se despliega en nuestros días. O se desarrollan las tendencias más convulsivas, de choques agudos entre las clases, o priman las tendencias de recuperar la estabilidad mediante las promesas de “reformas” del gobierno. ¿Cuál tendencia primará? Es la pregunta hoy abierta.

Tiempos de politización

Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el país “hoy se ponen en tensión asuntos que antes se daban por sentados” [2]. Lo llama “pugna de politización” y se expresa en que “todo es susceptible de ser cuestionado”.

¿Qué cambió tanto del Chile posdictadura, “jaguar” de América Latina, ejemplo de “transición democrática”, estabilidad política y paz social, al agitado Chile de los días de hoy, plagado de escándalos de corrupción, crisis política en las alturas, pugnas interburguesas, y un cuestionamiento y rechazo, activo y pasivo, en “las calles” y la “opinión pública”, a la clase dirigente? ¿Qué cambió que todo empieza a ser cuestionado?

Politización en el debate público como “disputa respecto de lo real, lo legítimo y lo posible [...] las personas son cada vez más críticas con la sociedad en que viven y con las elites que la dirigen [...] la gran mayoría de personas demanda cambios profundos” [3]. Politización en el conflicto social como incidencia creciente de lo que se denomina como “movimientos sociales” en la disputa política, el aumento de acciones de protesta, del número de personas involucradas, del cambio en la naturaleza de las demandas en que “quizás el rasgo más relevante como indicador de politización no sea tanto el aumento cuantitativo de estos conflictos y manifestaciones sino más bien el cambio cualitativo en las demandas que las orientan” [4], cada vez más de “protesta política” y menos de conflictos “acotados” a intereses sectoriales.

Según el estudio, dentro del segmento que denomina la élite, un 43 % “piensa que ello podría derivar en que se volviera a una situación de alta polarización social como la de los años setenta” [5], el clima revolucionario que culminó en el golpe de estado del general Pinochet de 1973. ¿A qué se debe tal temor de la clase dominante, en contradicción con una “mayoría de personas que demandan cambios profundos”? Quizás la respuesta la tiene el mismo estudio: “en tiempos de politización el poder mismo se encuentra en disputa” [6].

El significado del 2011: inicio de un ciclo de ascenso de la lucha de clases y cuestionamiento al régimen de la “transición pactada”

A diferencia de otros países de América Latina, que iniciaron el siglo XXI con rebeliones populares, caída de gobiernos neoliberales y ascenso de gobiernos o regímenes “progresistas”, Chile tuvo cuatro décadas de neoliberalismo, entre dictadura y transición democrática, con estabilidad de la clase dominante. Todo eso cambió con el proceso de lucha de clases abierto en 2011, que trastocó profundamente las relaciones de fuerza entre las clases y la situación política general del país. Abrió un ciclo de crisis del régimen heredero de la dictadura y sus partidos tradicionales y de ascenso de lucha de clases del movimiento estudiantil, obrero y popular, que se despliega hasta nuestros días.

El marco más general de la etapa abierta en 2011 fue la crisis de la Concertación, coalición de centroizquierda que gobernó el país desde la “transición pactada” (1990-2010), formada por el Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Partido Por la Democracia (PPD). La Concertación fue la principal mediación de la clase capitalista hacia la clase trabajadora y los sectores populares, manteniendo en pie la herencia de la dictadura: su modelo económico, su Constitución y sus leyes. El fin del ciclo concertacionista se expresó en la derrota en las elecciones presidenciales de 2009 y en el ascenso, por primera vez de forma democrática desde 1952, de un gobierno de la derecha.

La llegada al poder del empresario Sebastián Piñera (2010-2014), líder de la Coalición por el Cambio, con un perfil gerencial de centroderecha, chocó en 2011 con la mayor movilización nacional desde el retorno a la democracia. Encabezada por el movimiento estudiantil secundario y universitario, fueron nueve meses de lucha, tomas, paros y movilizaciones de masas, cacerolazos, barricadas, asambleas y un paro nacional del movimiento sindical. Cientos de miles se manifestaron ininterrumpidamente en todo el país, desarrollaron audaces formas de lucha y desafiaron la represión, impactando sobre millones de trabajadores que apoyaban sus demandas, con 90 % de apoyo popular [7]. La juventud quebró la estabilidad política capitalista y despertó nuevas fuerzas sociales del movimiento obrero y popular, abriendo un amplio rechazo a las instituciones del régimen. Una generación “sin miedo” que desafió en las calles el negocio educativo y el conjunto del sistema político, abrió una nueva etapa en el país. El gobierno, los partidos del régimen (de la derecha y de la Concertación), el parlamento y demás instituciones, cayeron en una deslegitimación histórica.

El movimiento estudiantil como un actor de oposición al régimen y la extensión de procesos de lucha de clases

El movimiento estudiantil ha sido protagonista de variadas luchas y procesos de organización. En 1999 la lucha universitaria culmina con el asesinato del estudiante universitario Daniel Menco; el “mochilazo” de 2001 encabezado por el movimiento secundario; en 2005 la lucha universitaria con tomas, paros y movilizaciones en rechazo a la entrada de los bancos en el mercado educativo. En 2006, la “revolución pingüina” vio emerger masivamente el movimiento secundario, con ocupaciones de liceos, en un gran movimiento nacional contra la Ley Orgánica de Enseñanza de la dictadura (1981) y por la “desmunicipalización” de la educación pública. Surgió la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES), un germen de organismo de autoorganización.

El 2011 no cayó del cielo. Fue producto de años de acumulación de luchas que enfrentaron el régimen autoritario heredero de la dictadura, desatando el mayor movimiento nacional de protesta desde la transición.

¿Qué expresaba el movimiento del 2011?

Por un lado, expresó el descontento social de la juventud, sectores de la clase trabajadora y en particular de las mal llamadas “clases medias”: la incertidumbre del endeudamiento en un país donde toda educación superior es pagada y que motorizó la amplificación social de la demanda por la educación pública y gratuita, la privatización de los derechos sociales (educación, salud, previsión, inexistencia de derechos laborales y democráticos), décadas de crecimiento económico con aumento escandaloso de la desigualdad, aumento en la concentración económica en pequeños grupos empresariales en la misma medida que aumenta la precarización del trabajo y las vidas; la profundización del “modelo” de la dictadura y de un régimen autoritario con elementos de “Estado policial”.

La lucha de 2011 ni derrotó al Gobierno ni conquistó la educación gratuita, pero dejó al sistema político profundamente herido, abriendo un nuevo ciclo político marcado por el rechazo al régimen, inestabilidad y crisis políticas en las alturas y la apertura de una nueva etapa de lucha de clases.

En el año 2012, mientras los partidos del régimen buscaban nuevas vías de recomposición, las elecciones municipales expresaron la deslegitimación más general con el sistema político y sus partidos: un 60 % de abstención, histórico en un país con altas tasas de participación electoral. Emergieron “revueltas locales” en regiones empobrecidas de gran exclusión social como Aysén, Punta Arenas, Tocopilla, Calama y Freirina, expresando en las calles la pérdida relativa de control de la autoridad, barricadas y formas iniciales de autoorganización. Pese a un reflujo más general del movimiento estudiantil respecto a 2011, hubo masivas movilizaciones que se expresaban como hechos políticos nacionales, con decenas de miles en cada movilización.

Las luchas estudiantiles y las revueltas populares regionales se enfrentaban con sus demandas a un gobierno y parlamento ciegos, sordos y mudos, que profundizaban la represión y encendían la combatividad ante la reaccionaria respuesta del sistema político.

Un nuevo movimiento obrero: entre la recomposición, la fragmentación y la tendencia a la combatividad

La clase trabajadora en Chile viene en una dinámica de recomposición objetiva como fuerza social en el marco de décadas de crecimiento económico sostenido. Como señalamos en un estudio previo: de un total de 8.230.510 ocupados, “la cantidad de asalariados es de 5.517.970 [...] la inmensa mayoría del país, es la gran fuerza social por su número y por su importancia decisiva para la creación de la vida social [...]. Mirando la composición interna de todos los asalariados ocupados, puede verse que predominan lo que clásicamente se llama “obreros” (que realizan trabajos manuales), por sobre las capas de trabajadores que realizan trabajo no manual, de oficina u otros [...]. Así, puede verse que son mayoría las capas “obreras”: oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, operadores de instalaciones y máquinas y montadores, trabajadores no calificados, agrupando a 3.709.600 personas. Por el contrario, las capas de trabajadores no manuales son minoritarias –aunque significativas– en comparación: profesionales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de nivel medio, empleados de oficina, agrupando a 2.371.050 personas. Según cómo se distribuyen los trabajadores por rama/sector de la economía, puede verse que donde se concentran más asalariados/trabajadores es en el comercio, la industria, la agricultura y la construcción [...]. Es claro que la minería, y el cobre en específico, sigue siendo ‘el sueldo de Chile’, sin embargo, ocupa una proporción insignificante de trabajadores (1,4 %)” [8]. El proletariado minero, siendo una proporción insignificante de los trabajadores asalariados, constituye sin embargo una “posición estratégica” en la economía y la sociedad chilena [9].

La dictadura militar sentó las bases del “modelo” de negocios capitalistas, empujando a la creciente precarización del trabajo: extensión de formas de flexibilización laboral como la subcontratación, trabajo “transitorio” o “de temporada”, “suministro” o “enganche” de trabajadores entre otros, y una escandalosa desigualdad basada en los bajos salarios [10]. El Código Laboral de la dictadura, de 1983 y vigente hasta nuestros días, garantizó la fragmentación sindical del movimiento obrero: 1) sindicatos y negociación colectiva a nivel de empresa, con promedio de 44 trabajadores afiliados por sindicato y el 50 % de ellos con menos de 37 afiliados; el promedio de la tasa de sindicalización hoy es de 14,2 % (18,2 % en 1991); la cobertura de la negociación colectiva es del 8,1 % [11] de los trabajadores del sector privado, excluyendo a numerosos sectores de este derecho, como los trabajadores públicos o aquellos de “temporada”; prohibición de negociar materias que no sean salario ni condiciones de trabajo; 2) inexistencia de derecho efectivo a huelga, mediante el “derecho” patronal a ingresar reemplazantes, además del “descuelgue” individual de huelguistas; 3) paralelismo sindical con la existencia de “grupos negociadores” formados por la empresa que compiten con los sindicatos, además del “derecho” patronal a extender beneficios del sindicato unilateralmente a cada trabajador motivando la no afiliación; 4) despolitización sindical con la prohibición de los sindicatos de hacer “proselitismo político”, llegando al absurdo reaccionario de que un dirigente sindical no puede ser electo parlamentario ni ser parte de la directiva de un partido político.

En este marco de recomposición objetiva de una nueva clase obrera y de precarización del trabajo y fragmentación sindical, en el año 2013 el movimiento obrero entró a la lucha en el ciclo más general abierto por el movimiento estudiantil: huelgas radicales y paralizaciones ilegales, recuperación de métodos combativos y una tendencia a la unidad con el movimiento estudiantil.

En enero, la huelga portuaria iniciada en la localidad de Mejillones, región de Antofagasta, desencadenó un movimiento combativo de huelga de solidaridad en 14 puertos del país, paralizando el 85 % de ellos. La unidad entre obreros contratados y eventuales en un marco de “ilegalidad”, fue una de las primeras transformaciones de una lucha económica en una lucha política, enfrentando a las cámaras patronales y al Estado (Gobierno, Policía, Justicia). La rebelión ilegal de los recolectores de basura, ante la traición de la burocracia, inició cuestionamientos a los dirigentes sindicales. La huelga de los trabajadores de Correos, iniciada con paralización ilegal y combativa impuesta por las bases vio la emergencia del Cuerpo de Delegados, iniciando un cuestionamiento a las direcciones sindicales burocráticas. Entremedio cruzaron diversos procesos de la lucha de clases.

Algunas claves de esos procesos fueron: la recuperación de una tradición histórica de métodos combativos, como la huelga en solidaridad, los piquetes y el enfrentamiento con la Policía y las autoridades; incipiente ánimo antiburocrático a las direcciones sindicales tradicionales; emergencia de delegados de base; tendencia a la “ilegalidad” desbordando los marcos del Código Laboral. Pero además, y de forma superior, marcaron el inicio de un ciclo de luchas obreras que tendió a unir en las calles a sectores del movimiento obrero con el movimiento estudiantil. Se desarrollaron jornadas de lucha obrero-estudiantil, como el 26 de junio, con barricadas, ocupaciones, movilización y paralización junto a los trabajadores portuarios, en un contexto de ocupación de 100 liceos y paralización de universidades; el Paro Nacional de la CUT del 11 de julio, uno de los mayores de la democracia [12].

Un nuevo movimiento obrero, dividido y fragmentado, empezaba a desbordar los marcos de la legalidad burguesa y a unirse en la calles con los estudiantes recuperando una larga tradición combativa.

El gobierno de desvío de Bachelet: entre la reforma y la restauración

En este marco más general de procesos de lucha de clases del movimiento estudiantil, obrero y popular, se desarrollaron las elecciones presidenciales de 2013, que planteaban la posibilidad de un recambio burgués ante el agotamiento rápido de la derecha. La Concertación, lejos de dividirse, se reinventó en un marco de rechazo histórico a los partidos. Bachelet lideró una alternativa para que la centroizquierda nuevamente llegase al gobierno mediante la creación de una nueva coalición política, la Nueva Mayoría. La novedad residió en que, por primera vez desde el retorno a la democracia, se integraba al Partido Comunista, dirección histórica del movimiento obrero y estudiantil, que había sido marginado durante 20 años del régimen, buscando asegurar un rol de “contención” a la centroizquierda que se había debilitado profundamente. Bachelet trabajó en un programa de reformas burguesas, usurpando las principales banderas del 2011: educación gratuita, reforma tributaria, nueva Constitución y reforma laboral.

Pero un doble fenómeno se observó en las elecciones presidenciales de 2013. Si por un lado Bachelet arrasó en la segunda vuelta frente a la derecha, obteniendo el 62 % de los votos, por otro lado fueron alrededor de 5.600.000 las personas que llegaron hasta las urnas de un total de 13.573.000 votantes: un 59 % de abstención reflejaba la continuidad de la crisis de representación del sistema democrático burgués. La derecha, dividida, tuvo una derrota histórica con un 37,8 % de los votos.

Con el regreso de Bachelet, la burguesía iniciaba un ensayo estratégico de desvío del ciclo abierto en 2011 mediante el programa de reformas. ¿Lo lograría?

El segundo gobierno de Bachelet buscó un equilibrio entre un viejo régimen deslegitimado y promesas de reformas “progresistas” en los marcos del “modelo” económico vigente desde la dictadura, alimentando fuertes expectativas o “ilusiones posibilistas” en las reformas.

En el primer año de gobierno logró avanzar con esta agenda, confundiendo y pasivizando al movimiento estudiantil y en menor medida a sectores del movimiento obrero como los portuarios, mediante concesiones mínimas de la “ley corta” portuaria.

Con los anuncios de “reforma tributaria”, con propaganda contra “los poderosos de siempre”, el inicio de la reforma educacional con las “leyes de inclusión” y educación gratuita en la secundaria manteniendo el negocio de subsidios a los privados, los llamados a reformas políticas poniendo fin al sistema binominal o la introducción de la discusión del derecho al aborto terapéutico inexistente hasta hoy en el país, buscaban retomar la iniciativa política, sacándola de las calles.

Sin embargo, en la misma medida que lograba pasivizar las calles mediante las reformas, emergió por derecha una alianza reaccionaria contra éstas que enfrentó al gobierno. Empresarios, partidos de derecha, Iglesia católica y medios de comunicación, mostraron una dura resistencia al mínimo cambio, buscando mantener el andamiaje heredado de la dictadura y sus privilegios; organizaron “la nueva calle” y atacaron en el parlamento, generaron propaganda del “temor socialista”, hicieron “recesión de inversiones” contra la reforma tributaria, organizaron padres y apoderados contra la reforma educativa, la Iglesia y los colegios católicos iniciaron la cruzada “por la vida” contra el aborto terapéutico. Los factores reales del poder capitalista dominante empujaban hacia la polarización política y social, buscando cerrar el ciclo abierto en 2011 de forma reaccionaria contra las reformas.

Pero la búsqueda de la “restauración” vendría no solo de la oposición patronal y de derecha, sino desde dentro de la propia Nueva Mayoría: los “matices” de la Democracia Cristiana, la “cocina” del Senado. La vuelta del viejo “partido del orden” concertacionista que agitaba contra los anhelos “refundacionales” buscando preservar la herencia, fue presionando para “moderar” las ya moderadas reformas y hacerlas digeribles al modelo, buscando subordinar cualquier satisfacción de cambio a la continuidad del modelo heredado de la dictadura.

Pugnas interburguesas cruzaron el escenario, por fuera y por dentro de la Nueva Mayoría, abriendo brechas en las alturas y crisis política en el régimen, empujando a una politización general de la sociedad y generando un inicio de división de las clases medias, por derecha y por izquierda, preanunciando tendencias a la polarización política y social.

En este marco vinieron los escándalos de corrupción, de financiamiento ilegal a los políticos burgueses por parte de los grandes empresarios, que representó un salto en la crisis del sistema político y de los partidos. Si a fines del 2014 se hundían en el descrédito los partidos de la derecha, principalmente del histórico partido pinochetista, la UDI, debilitando la alianza reaccionaria antireformas y permitiendo que se recomponga el gobierno de Bachelet, a inicios de 2015 un salto en calidad abrió una crisis de hegemonía de la clase dominante de insospechadas consecuencias, al escalar la corrupción al propio gobierno, primero al hijo de Bachelet, luego al propio gabinete político y posteriormente a una gran cantidad de parlamentarios de la Nueva Mayoría. La crisis de corrupción significó un golpe político profundo al gobierno de Bachelet, que se hundió en el descrédito.

Pero no solo ellos: los cárteles de “colusión” entre los grandes empresarios con los pollos, las farmacias, el papel higiénico, abrieron un clima “antiempresarial”, con el hastío hacia los “abusos”. Un salto en la deslegitimación más general de las instituciones puso virtualmente en jaque al sistema político. En este marco, la desaceleración de la economía y el fin del ciclo de los altos precios del cobre plantearon nuevos signos de incertidumbre e inestabilidad.

Bachelet respondió con un giro a la derecha: la renuncia de su gabinete político con la entrada de los viejos políticos burgueses que impusieron moderación y la DC asumiendo el Ministerio del Interior, el giro al “realismo sin renuncia”; de la “gratuidad universal” se pasó al otorgamiento a solo el 50 % de los estudiantes con menores ingresos, manteniendo el modelo educativo de la dictadura y dejando para un futuro indefinido la gratuidad para todos; de la reforma laboral al “proyecto de ley de modernizaciones laborales” en el marco del Plan Laboral de la dictadura, que pasó de prometer derecho efectivo a huelga a mantener el derecho a “reemplazos internos”; la Nueva Constitución empujada hacia un futuro gobierno, abriendo un “proceso constituyente” mediante “consultas ciudadanas” y postergando la definición del mecanismo, que definirá finalmente un futuro parlamento; la priorización del crecimiento económico con una agenda proempresarial de alianza “público-privada”; “austeridad fiscal” para cuidar la estabilidad macroeconómica; y así en numerosos campos.

Así el gobierno se hunde en el descrédito, con cuestionamientos por izquierda y por derecha, alentando la división. En las encuestas de opinión pública, los resultados van de mal en peor. Según la encuesta Adimark de noviembre de 2015, Bachelet alcanza solo un 26 % de aprobación y un 68 % de rechazo. Según la encuesta trimestral del Centro de Estudios Públicos, en agosto Bachelet obtuvo su peor registro histórico: un 22 % de aprobación y un 61 % de rechazo. Lo mismo sucede con los partidos: 13 % de aprobación a la Nueva Mayoría, solo un 10 % a la derecha, un 10 % al parlamento y solo 3 % de aprobación a los partidos políticos. Lo nuevo, la desconfianza en las instituciones del régimen, comienza a traducirse en confianza en las propias fuerzas; las huelgas obtienen un apoyo mayoritario: las de estudiantes, 65 %; las del sistema de transporte público Transantiago, 52 %; las de profesores, 68 %.

Los partidos del régimen se debaten entre la frágil unidad y las tendencias a la fragmentación, generando rupturas, realineamientos y nueva configuración de alianzas. La reforma del sistema electoral abre espacios a nuevos fenómenos emergentes, “renovaciones” por derecha y por izquierda, agrietando el sistema político, espantando algunos analistas que ven los riesgos de una “balcanización” parlamentaria [13].

Un régimen a la defensiva: las tendencias a la polarización y sus límites generales

La moderación de las reformas reabrió por izquierda nuevos procesos de lucha de clases que se habían logrado contener el primer año del gobierno de Bachelet. El movimiento estudiantil volvió a las calles con grandes movilizaciones de cientos de miles. Sin embargo, producto de la estrategia de sus direcciones, se plantearon como marchas de “presión” al gobierno y al parlamento para “colegislar” las reformas. Esta situación permitió que se volvieran a reagrupar fenómenos del activismo estudiantil, en un marco de politización general de la sociedad. En el marco de las movilizaciones estudiantiles, se observó en 2015 el asesinato de dos estudiantes universitarios en Valparaíso el 14 de mayo, y luego el 21 de mayo otra feroz represión, tras la movilización contra la cuenta pública, del gobierno hacia el Congreso que terminó con un estudiante universitario, militante de izquierda, hospitalizado en coma durante 3 meses.

Pero quizás el proceso más general se observa, en el movimiento estudiantil, en las elecciones universitarias de este último trimestre: si el desplazamiento del Partido Comunista de la dirección de las principales organizaciones del movimiento universitario se inició luego del 2011, este año no han podido ganar una sola federación estudiantil y la izquierda independiente de la Nueva Mayoría consolida su hegemonía “antineoliberal” por un lado y “populista” por el otro, marcando una tendencia a la izquierdización general que algunos medios advierten como una posible “radicalización” estudiantil hacia el 2016.

En el movimiento obrero, nuevas luchas y cuestionamientos por izquierda emergen al calor del debate de la reforma laboral, aumentando la tendencia a la ruptura con el gobierno y con la burocracia sindical tradicional del Partido Comunista, abriendo paso a nuevos fenómenos político-sindicales y a un incipiente “sindicalismo de izquierda”, presionando a la burocracia tradicional, que se debate entre un realineamiento con el gobierno y la necesidad de una reubicación por izquierda producto de la derechización más general del gobierno y de los sucesivos cuestionamientos por izquierda.

Contra la reforma docente del gobierno emergió la “rebelión de las bases” magisteriales, con un marcado carácter antiburocrático y tendencia a la unidad combativa de las bases, debilitando un bastión histórico del PC en la dirección del sindicato más grande del país. Dos meses de paro ilegal a fines del 2014 y ocho semanas a mediados del 2015 movilizaron más de 45.000 docentes con paros, barricadas, bloqueos de ruta y asambleas, emergiendo fenómenos iniciales de autoorganización. En julio, contra el intento del gobierno de impedir la negociación del “Acuerdo Marco”, durante un mes los mineros subcontratistas agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) bloquearon las rutas, hicieron asambleas, se enfrentaron a la Policía y ocuparon dos minas en el norte del país, cayendo asesinado el obrero Nelson Quinchillao a manos de la Policía, que motivó la renuncia al gobierno y al PC de uno de los principales exdirigentes mineros “combativos”, Cristian Cuevas, que ahora llama a la unidad de la izquierda “antineoliberal”. Nuevamente se debilitó la dirección del PC en uno de los sectores más organizados y combativos del movimiento obrero, con incipiente pérdida de bases sindicales y dirigentes sindicales medios que giran a izquierda producto de las sucesivas traiciones de la burocracia. En el sector público, el paro “ilegal” de 38 días de los trabajadores del Registro Civil en el mes de octubre, que derrotaron las maniobras del gobierno y de la burocracia sindical de la CUT; y en noviembre, el paro de 48 horas de cientos de miles de empleados públicos contra el reajuste de 4,1 % de salario que aplicó el gobierno, apoyado en el parlamento por las principales figuras del PC.

Para ver la tendencia más general, un informe del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) indica que en 2014 hubo 193 paros reglados y 174 ilegales. Estos últimos movilizaron 13 veces el número de trabajadores involucrados en huelgas legales: 562.278 trabajadores que hicieron su experiencia en luchas “ilegales”. Según el mismo estudio, “piquetes y barricadas son los métodos más usados” y las mejoras salariales y de condiciones de trabajo, las principales demandas. Una tendencia a la radicalización para conseguir demandas elementales ante la intransigencia patronal [14].

Por otra parte, la tendencia a la radicalización obrera incluye “los cortes de rutas y caminos, las funas (repudio), los bloqueos a los accesos a los lugares de trabajo, y la toma de los lugares de trabajo. Estas últimas dos medidas específicamente, tienden a extenderse. Solo este año, contamos 69 acciones de este tipo, en todos los sectores de trabajadores: públicos, profesores, pescadores artesanales, mineros, de servicios, de la construcción, del transporte, portuarios, industriales” [15].

Por derecha se desarrollan tendencias convulsivas, marcando una tendencia más general a la polarización política y social en el país. El caso más notable es el paro camionero del 28 de agosto de 2015. Los dueños de camiones, históricamente un sector de ultraderecha en el país, hizo una reaccionaria demostración de fuerzas políticas paralizando las rutas del sur del país y golpeando duramente al gobierno. Si en el proceso revolucionario de los años ‘70 fue para desestabilizar al gobierno de Allende, en este caso era para reclamar “seguridad” al gobierno contra el “terrorismo mapuche” [16], generando un gran frente reaccionario de terratenientes, partidos de derecha y grupos de extrema derecha, medios de comunicación, cámaras patronales y la Iglesia. Sin embargo, lejos de derechizar el país, abrió un nuevo marco de polarización. Ese día, 150.000 estudiantes se movilizaron en Santiago y, durante la noche, algunos miles de manifestantes junto a sectores del pueblo-nación mapuche repudiaron el paro reaccionario, enfrentando la represión de la Policía. Actualmente los camioneros amenazan con un nuevo paro nacional reaccionario, si Bachelet no viaja a la región para satisfacer sus demandas.

También por derecha, se ha formado en los últimos meses un referente nacional de funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas, en su gran mayoría activos durante la dictadura militar. Según sus dirigentes, serían 182 organizaciones que representarían a 100.000 exuniformados [17].

Así, a la vez que una “izquierdización” general reclama cambios profundos, una dinámica de confrontación y polarización política y social empieza a despuntar en el país.

Los límites más generales de la situación están dados por los siguientes elementos:

1. La mayoría de los procesos de lucha de clases no logra triunfar ante la impunidad empresarial y del régimen. El régimen resiste a su modo, hundiéndose en el descrédito, a la vez que intenta descomprimir con las reformas.

2. Bachelet acaba de impulsar la “gratuidad” aplicable al 2016 mediante la ley de presupuesto anual. Lejos de la promesa de gratuidad universal con la que ganó la elección presidencial, solo beneficiará al 50 % de los estudiantes con menores recursos: 186.000 beneficiados/as entre gratuidad y becas, manteniendo el subsidio a los privados y las leyes actuales de educación superior, financiando la “demanda” y no fortaleciendo las instituciones públicas. Por otro lado, la reforma laboral busca equilibrar y contener al movimiento obrero mediante pequeñas concesiones en el marco del Código Laboral de la dictadura.

¿Lograrán hacer algún efecto las reformas? ¿Podrá Bachelet recuperar la legitimidad del régimen y recomponer la crisis de autoridad de la clase dominante? Es lo que intenta. La tesis de un sector de la Nueva Mayoría señala que con la implementación de las reformas llegando a sectores de la población, como el inicio gradual de la educación gratuita a sectores del movimiento estudiantil, iniciará una nueva etapa el gobierno ganando en confianza y popularidad. ¿Lograrán pasivizar al movimiento estudiantil y obrero? Aún está por verse, es una posibilidad abierta, cada vez más debilitada.

3. La situación económica, de desaceleración del crecimiento, no es de recesión ni de dinámica catastrófica. Hasta ahora actuó como factor de estabilización, con un bajo nivel de desempleo y con un importante gasto social a sectores de la población. Sin embargo, el fin del ciclo de los altos precios del cobre amenaza con convertirse en un factor desestabilizador nuevo.

4. Hay crisis de régimen, pero no del Estado. No es “crisis orgánica”, en el sentido de que aún no hay crisis social ni económica. Por otro lado, la importancia del Ejército como pilar central del Estado capitalista en Chile: como “partido militar” que interviene en períodos excepcionales de lucha de clases e inestabilidad política, ha jugado un rol definitorio en momentos de agudización de lucha de clases para preservar el dominio burgués. Las tres principales constituciones del país (1833, 1925 y 1980) se han elaborado en momentos de golpes de Estado e intervención militar. Desde la transición pactada, preservaron y fortalecieron el apoyo a la institución, garantizando un “pequeño estado de bienestar” social: altos sueldos, educación y salud gratuitas, previsión social bajo sistema de “reparto” y no en fondos privados o capitalización individual como tiene la clase trabajadora, jubilación a los 30 años de carrera, vivienda garantizada por el Estado, garantías de “modernización” en armamento y equipamiento –obteniendo por “ley reservada del cobre” el 10 % de toda la renta de cobre anual, además del presupuesto– que les permitió una progresiva “profesionalización” de sus fuerzas. Manteniendo un vínculo orgánico con el ejército de Estados Unidos, en 2012 instaló una base militar en el litoral central para la preparación en “guerrilla urbana”.

Contra las tendencias “pacifistas” y utópicas de la gran mayoría de la izquierda de “reforma” del Ejército, éste es un factor de poder central que irrumpe en los períodos de inestabilidad a favor de la preservación del dominio capitalista.

La integración del Partido Comunista al régimen, su adaptación al Gobierno y un espacio a izquierda

Producto de la lucha iniciada el 2011, la vieja Concertación, debilitada como principal contención de masas, buscó sucesivas alianzas con el PC, primero bajo un “pacto de omisión” municipal –mediante el cual la Concertación se abstenía de presentar candidatos en municipalidades donde el PC tenía candidaturas expectables–, luego integrando las listas de la Concertación, lo que le permitió obtener 3 diputados, y finalmente mediante la integración en la Nueva Mayoría. Para el PC, la clave de dicha alianza sería el cumplimiento del “programa” de reformas. A cambio, aumentó su representación parlamentaria a 6 diputados (integrando a Camila Vallejo, principal figura de la lucha estudiantil del 2011), un cargo ministerial y centenares de cargos en el Estado. Producto de la crisis más general del gobierno abierta este año y su giro a la derecha, hoy el PC se ha debilitado producto de su adaptación política.

En el año 2011, el PC tenía las principales figuras del movimiento estudiantil como Camila Vallejo, actualmente diputada nacional. Producto de su política de presión al régimen como ala moderada y burocrática de la lucha estudiantil y luego por su integración al régimen y al gobierno, perdió numerosas bases sociales en el movimiento estudiantil, sufriendo un fuerte retroceso en las federaciones universitarias. Hoy no encabeza ninguna de las principales federaciones del país, siendo evidente la crisis en este sector. En el movimiento sindical, a la vez que mantienen la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y numerosas direcciones sindicales, en profesores, minería, sector industrial, forestales, vienen fuertemente cuestionados en las bases sindicales producto de su política de colaboración con los empresarios y de alianza con el gobierno.

Hoy, el PC es uno de los partidos con mayor “rechazo” –Camila Vallejo es uno de los personajes políticos con alta desaprobación según las principales encuestas–, no solo producto de la política “anticomunista” histórica que hacen los empresarios, medios y partidos de la derecha, sino con un evidente rechazo también por izquierda, que permite emerger a nuevas organizaciones en este espacio. Esto se debe al abandono de la lucha por la educación 100 % gratuita para todos, bandera central del movimiento estudiantil, a la subordinación a la “gratuidad en la medida de lo posible” que impulsa el gobierno, manteniendo el negocio educativo, así como a la adaptación del giro a derecha en las reformas y en numerosas ocasiones impulsando sus leyes contra el movimiento obrero y estudiantil, como el salario mínimo, la reforma contra los docentes, el reajuste salarial del sector público, etc.

La crisis estratégica del PC, que ha sido hasta hoy la dirección histórica del movimiento obrero y estudiantil, abre oportunidades históricas para la emergencia de una fuerza de izquierda que luche por la independencia política de los trabajadores, en combate con los nuevos intentos de aparición de organizaciones reformistas.

¿Mantendrá el PC este giro a derecha, subordinándose al gobierno y la burguesía? ¿Se verá obligado a movilizar y romper con el gobierno? Aún está por verse, aunque por ahora prima lo primero.

La emergencia de una izquierda “antineoliberal”: ¿reforma o revolución?

Es centralmente en el movimiento estudiantil, un actor político de oposición al régimen y central en la situación política, donde empiezan a emerger nuevos fenómenos políticos.

Producto de la crisis de la centroizquierda (Nueva Mayoría) y del PC a su interior, así como de la crisis del caudillo “independiente” de centroizquierda Marco Enríquez Ominami (MEO, del Partido “progresista” PRO), que se mostraba como recambio y uno de los personajes políticos más valorados y ha caído al ser involucrado en los escándalos de corrupción, nuevas figuras están emergiendo. Uno de ellos es Giorgio Jackson, una de las figuras con mayor popularidad en la actualidad, quien fue uno de los principales dirigentes del 2011 y hoy es diputado por el partido Revolución Democrática. Han ganado mucho peso “por arriba” con su banca, pero también con costos “por abajo”, siendo este año derrotados en su bastión estudiantil, la Universidad Católica, donde ganó la izquierda antineoliberal en un resultado histórico. Esta organización de centroizquierda ha ganado peso superestructural producto de desarrollar un perfil “independiente” de la Nueva Mayoría y del Gobierno, sin acompañar su descrédito. Sin embargo, coquetea permanentemente con ambos. Le entregó su apoyo a Bachelet en segunda vuelta de las elecciones, consiguió la diputación por Santiago producto de un pacto con la Nueva Mayoría y hoy, con bajo perfil y sin ser parte del pacto, tiene decenas de asesores en varios ministerios del gobierno, principalmente el Ministerio de Educación, sosteniendo numerosas alianzas parlamentarias con el bloque de la Nueva Mayoría.

Uno de los principales fenómenos es la “izquierda antineoliberal”, con variados grupos. El más importante lo representa Izquierda Autónoma (IA), que logró que el exdirigente universitario Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2012, hoy sea diputado nacional sin ser parte de ninguna alianza con la centroizquierda. Es una de las figuras emergentes de la izquierda en el escenario político, aprovechando la crisis de la NM, de MEO y del PC, mostrando un perfil “antirégimen” y ligado a los “movimientos sociales”, impulsando proyectos en acuerdo con sectores sociales. Por abajo ha emergido como una importante mediación, pues junto a la Unión Nacional Estudiantil (UNE) y en menor medida el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), hoy son la principal dirección del movimiento universitario, controlando 7 de las 11 principales vocerías de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Buscan avanzar en la construcción de proyectos políticos partidarios y han sido, luego de 2011, la principal dirección del movimiento estudiantil. Con un discurso a izquierda e independiente del gobierno que los hace atractivos en las universidades, mantienen la estrategia de presión al régimen mediante grandes movilizaciones para incidir en las reformas, replicando una política de confianza en las instituciones y en el gobierno, a la vez que desconfianza en las propias fuerzas y métodos combativos (tomas, paros y asambleas) del movimiento estudiantil, impidiendo la autoorganización democrática desde las bases en alianza con el movimiento obrero y sus métodos combativos, replicando la unidad burocrática “por arriba”.

Respecto a la lucha estudiantil, abandonaron el programa de la lucha por la educación 100 % gratuita terminando con el negocio educativo vía subsidios, oponiendo un programa de reforma de fortalecimiento de la educación pública y gratuidad negociada con el gobierno que ha incumplido sus promesas, sin denunciar esta política y alimentando confianzas en que el gobierno pueda cumplir con las demandas estudiantiles. En los casos de corrupción, responden tibiamente llamando a reformas “estructurales” sin una denuncia a la casta de políticos millonarios, salpicados por los casos de corrupción como agentes de los grandes empresarios, y se limitan a hacer bloques por reformas cosméticas que den mayor representatividad al parlamento binominal, como rebajar a la mitad la dieta de los parlamentarios, que pasaría de representar más de 40 veces un salario mínimo a “solo más de 20 veces”, en permanentes alianzas con diputados “progresistas” y sin poner sus bancas al servicio de la lucha de clases, como es el caso de los diputados de nuestra corriente internacional en Argentina, por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores [18].

Estos grupos, aunque con diferentes políticas, comparten una estrategia común: la “revolución o ruptura democrática” o “antineoliberal”, democracia versus neoliberalismo (o mercado) buscando desarrollar la primera en detrimento de los poderes económicos para limitar su función. No es una estrategia anticapitalista, siguiendo la tradición de numerosos gobiernos progresistas en la región, como el chavismo. Su estrategia se basa en los “movimientos sociales” y en la “ciudadanía”, buscando superar los “viejos sujetos clásicos” como el movimiento obrero, y basan su programa en reformas sociales y democratización de las instituciones, en el camino de terminar con el carácter subsidiario del Estado para recuperar derechos sociales y conquistar una “democracia real”. No luchan por la alianza revolucionaria de la clase trabajadora con el movimiento estudiantil que liquide el poder de los banqueros, de las multinacionales y los empresarios que gobiernan el país, sino la conquista de una “democracia real” y reformas sociales en los marcos del sistema capitalista.

De allí que su política busca constantemente la alianza con “fuerzas progresistas” del interior y exterior de la Nueva Mayoría, buscando “tensionar” y presionar a la Nueva Mayoría en la conquista de reformas para enfrentar al “bloque dominante”. Desde allí, combaten la idea de la “revolución socialista” por la lucha por las reformas radicales. Despliegan un nuevo reformismo de conciliación de clases con sectores burgueses “progresistas”, que tiene su modelo, aunque con críticas parciales, en los gobiernos “posneoliberales” de América Latina (el chavismo, Evo Morales, la “revolución ciudadana” de Correa en Ecuador) o los nuevos fenómenos emergentes europeos (Syriza o Podemos), y más históricamente, en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, una alianza entre partidos obreros reformistas y un sector de la burguesía “progresista” representado en el Partido Radical.

Apoyan incluso al gobierno de Syriza (Izquierda Radical) en Grecia, que pasó rápidamente del discurso “antiausteridad” a ser un gobierno neoliberal de los ajustes capitalistas en alianza con sectores de la derecha.

Algunos de estos grupos, como la Unión Nacional Estudiantil, llamaron abiertamente a apoyar al kirchnerismo en Argentina, con el candidato derechista Daniel Scioli para “enfrentar a la derecha” de Macri y dan su apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela, que viene aplicando numerosos ajustes contra el pueblo trabajador. Ambos sectores, en decadencia, a los que estos grupos llaman a apoyar en nombre del enfrentamiento con la derecha recomponiendo la gobernabilidad de la democracia capitalista, hoy le allanan el camino a la recomposición de la derecha en el continente. Así, se subordinan a las variantes burguesas “progresistas” en oposición a una estrategia de independencia política de los trabajadores.

La tradición del “poder popular”: una estrategia impotente para enfrentar al reformismo

Diversos grupos que se reclaman de la estrategia del “poder popular” reaparecieron como fenómeno emergente en la juventud y en el activismo estudiantil al calor del proceso del 2011. Con varios colectivos pequeños, han ganado federaciones estudiantiles y centros de estudiantes, mostrándose como alternativa al PC y a los nuevos fenómenos reformistas de izquierda antineoliberal. Ligados a sectores de la juventud combativa, la mayoría de ellos se reclaman de la tradición “mirista” que en los años ‘60 y ‘70 del siglo XX, al calor de la Revolución Cubana, a la vez que luchaban por la “revolución” en la palabra, otorgaron “apoyo crítico” al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, quedando sin estrategia para enfrentar al reformismo.

Estos variados colectivos, algunos guevaristas, otros castristas, otros más “libertarios”, a la vez que desarrollan un lenguaje radical, estando en la dirección de federaciones universitarias o centros de estudiantes, no han opuesto una estrategia alternativa a la presión parlamentaria de la izquierda antineoliberal o del PC, subordinándose a la unidad burocrática de los organismos actualmente existentes dirigidos por el llamado “bloque de conducción”.

Estratégicamente, ponen su acento en la construcción de un “poder popular” alternativo ligado a los “de abajo” y la lucha por la “revolución”, y en ese camino, unir a la “izquierda revolucionaria”. Sin embargo, al diluir a la clase obrera en el “pueblo” y al no plantear una estrategia de independencia política de los trabajadores frente a las variantes patronales “progresistas”, son impotentes para enfrentar al reformismo y a las variantes de colaboración de clases.

De allí que un gran número de estos colectivos apoyan “críticamente” a gobiernos “progresistas” de conciliación de clases como el chavismo en Venezuela. En el movimiento obrero, buscan ligarse a “sindicatos paralelos” que se oponen a dar la lucha en los grandes sindicatos dirigidos por el reformismo para recuperarlos para la lucha de clases y para la formación de fracciones clasistas y revolucionarias. Su objetivo estratégico es la lucha por un “gobierno popular”, de allí que por más que critiquen las estrategias “ciudadanistas”, confluyan con todos ellos en el rescate de figuras históricas de la estrategia de conciliación de clases, como Salvador Allende y la Unidad Popular. Una estrategia, por tanto, impotente para enfrentar al reformismo y abrir una verdadera alternativa revolucionaria en el país.

La lucha por la construcción de una izquierda clasista y revolucionaria

En la izquierda chilena no existió una tradición fuerte de una política clasista independiente de las variantes capitalistas. El trotskismo, como continuación de la tradición marxista revolucionaria, no pudo echar raíces orgánicas en el movimiento obrero y popular al calor del agudo proceso revolucionario de los años ‘70.

Carlos Larraín, expresidente del partido de derecha Renovación Nacional, señalaba en 2011 al calor de las movilizaciones estudiantiles y los llamados a reformas: “¿Alguien en la Democracia Cristiana tiene alguna duda de que si se va a un sistema proporcional van a surgir elementos anarquistas más activos, como la Confech, que está controlada por grupos anarquistas, grupos trotskistas? Y tenemos hoy día muy activo el trotskismo en Chile” (resaltado nuestro) [19].

¿Por qué tal preocupación de un dirigente clásico de la derecha pinochetista por la emergencia del trotskismo? Porque en 2011 empezaron a emerger nuevas fuerzas del movimiento estudiantil que, forjándose en las barricadas, las asambleas y las ocupaciones, iniciaron un camino para terminar con la herencia del pinochetismo y señalar una vía revolucionaria de alianza entre el movimiento obrero, estudiantil y popular, que preocupa a los representantes burgueses. Esta fuerza, de la tradición revolucionaria del marxismo, aún pequeña, existe y combate, y se prepara para la emergencia de un partido revolucionario de combate enraizado orgánicamente en el movimiento obrero y estudiantil.

En marzo de 2015 lanzamos La Izquierda Diario Chile, como parte de la principal red de diarios digitales socialistas que estamos impulsando en numerosos países de América Latina y Europa, con el cual nos proponemos llegar con las ideas revolucionarias a millares de trabajadores, estudiantes e intelectuales. Un diario para denunciar la represión de la Policía, los abusos de las empresas y otorgar voz a quienes no la tienen, producto del monopolio de los medios de comunicación a manos de los capitalistas; un diario para agitar la lucha por la educación gratuita, el fin del autoritarismo y por la autoorganización desde las bases del movimiento estudiantil; para denunciar a la casta de políticos millonarios y sus privilegios que han quedado en evidencia con los escándalos de corrupción; para denunciar los abusos de la Iglesia y la impunidad de los genocidas de la dictadura, otorgándole voz a las mujeres en sus demandas y a las organizaciones de Derechos Humanos que luchan por verdad y justicia frente a la impunidad de ayer y de hoy; un diario que combate el nacionalismo a que nos llevan los empresarios buscando dividirnos con nuestros hermanos trabajadores del mundo; una herramienta leninista para la organización de los trabajadores, las mujeres y la juventud para que nuestras ideas se transformen en fuerza material de miles en una organización revolucionaria independiente de los empresarios. Hoy, a nueve meses de su lanzamiento, con un promedio de 100.000 visitas mensuales, 17.000 me gusta y un promedio mensual de 250.000 alcances en Facebook (subiendo o disminuyendo según se desarrollen procesos de lucha de clases), somos uno de los principales diarios “alternativos” del país, con una clara posición de independencia política de los trabajadores.

En esta pelea que damos en las principales universidades del país –como en la Universidad de Chile, la UMCE (ex Pedagógico) o la Usach, así como en decenas de universidades regionales públicas y privadas, siendo parte de vocalías, concejerías y secretarías de base como órganos de representación en numerosas facultades y en liceos– luchamos para retomar nuestro programa histórico y basado en la lucha masiva del 2011: educación 100 % gratuita y pública, poniendo fin a los subsidios y el negocio a los privados, terminando con el mercado de la educación y abriendo el camino a una educación al servicio de los trabajadores y el pueblo. Lucha que damos batallando contra los intentos de rebajar nuestra bandera histórica en función de negociar con el gobierno engañoso y el reaccionario parlamento.

Desde aquí, para conquistar este programa, buscamos desarrollar una estrategia basada en la autoorganización estudiantil y la unidad combativa desde las bases, desarrollando un polo de reagrupamiento combativo y proobrero, haciendo una experiencia con numerosos sectores para terminar con la confianza en las falsas promesas del gobierno de Bachelet y combatiendo a las organizaciones reformistas que buscan llevarnos a la presión y la confianza en el régimen heredero de la dictadura, que impiden una estrategia independiente para la conquista de la educación gratuita y de nuestras demandas. La Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR), fundada al calor de la lucha del 2011, lucha por esta perspectiva, buscando conquistar posiciones en esta perspectiva.

También somos parte del nuevo movimiento obrero que se está forjando en importantes y radicales procesos de lucha y organización. Fuimos parte activa de la huelga de los trabajadores de Correos, con delegados y trabajadores carteros y operadores, desde la Agrupación Werkén somos impulsores de la unidad de las bases para la emergencia de una alternativa a la burocracia sindical de la Nueva Mayoría.

En docentes, desde la agrupación Nuestra Clase, en numerosas escuelas ciudades del país impulsamos la “rebelión de las bases” que dio numerosas luchas contra la reforma docente del gobierno y contra la burocracia sindical del PC. Desde allí, fuimos parte activa de la dirección del movimiento autoorganizado Profesores Indignados de Antofagasta, con la principal referente en la ciudad de Antofagasta, y con delegados en Temuco y en alianza con dirigentes de base en Santiago, hemos dado amplias luchas para la unidad entre los comunales que unifique por la base al movimiento docente, impulsando la lucha contra las sanciones de los directivos, contra los despidos e impulsamos activamente con decenas de maestras y maestros el movimiento por la recuperación del Colegio de Profesores.

En la minería, junto al reconocido dirigente sindical Edward Gallardo, miembro de la dirección de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y de la CUT como una voz de oposición clasista, combativa y antiburocrática, estamos dando los primeros pasos para enfrentar los despidos y ataques del gobierno y su “economía de guerra” ante el fin del ciclo de altos precios del cobre y reagrupar al activismo minero para dar una lucha consecuente por transformar nuestros organismos en herramientas democráticas de lucha de los trabajadores, que rompa las política de diálogo social y colaboración con las empresas que impulsa la burocracia sindical del PC.

En la industria, desde la dirección del Sindicato Komatsu en zona norte, hemos dado una lucha consecuente por la defensa del sindicato ante el intento de “ilegalización” por parte de la Dirección del Trabajo, y como parte de la dirección del Sindicato de Alimentos Fruna, hemos sido parte activa de la defensa de los salarios y condiciones de trabajo y de la unidad de los trabajadores de la industria, con nuevos sindicatos que nacen en la defensa de sus derechos, como el Sindicato Coca-Cola.

Hemos sido también parte activa de la organización del movimiento portuario, en las ciudades de Mejillones y Valparaíso así como en numerosas regiones, donde impulsamos un movimiento activo de apoyo a las huelgas con importantes movilizaciones y concentraciones en unidad con diversos sectores de trabajadores y la izquierda. En la ciudad de Temuco, con mujeres dirigentes de los servicios y como parte de la Federación de Sindicatos del Retail, fuimos parte activa en la importante lucha del Sindicato Unimarc que obtuvo un importante triunfo sindical este año y activamente busca organizar a las mujeres y jóvenes trabajadores precarizados del sector servicios. Esta misma batalla hemos dado para terminar con la precarización de la juventud trabajadora como parte de la directiva del Sindicato Starbucks, que se ha hecho conocido en el mundo sindical por enfrentar a esta multinacional. En todas estas batallas, desde el periódico Alternativa Obrera, buscamos ser la voz de una política clasista para organizar al movimiento obrero en una perspectiva revolucionaria.

En este camino de desarrollar agrupaciones clasistas en los sindicatos y lugares de trabajo, buscamos desarrollar un polo de reagrupamiento de los sectores combativos que emergen haciendo su experiencia con las direcciones sindicales burocráticas, y empiezan a desarrollar nuevas formas de lucha enfrentando a los capitalistas y a sus gobiernos, desarrollando el frente único obrero como hicimos con la campaña “No más ataques antisindicales”, somos parte en varias regiones del movimiento “No + AFP” (contra el sistema privado de capitalización previsional) e impulsamos iniciativas como el Encuentro de Trabajador del Sur, que puede servir como ejemplo a nivel nacional para un polo de reagrupamiento sindicato antigubernamental, combativo y antiburocrático.

Con la agrupación de mujeres Pan y Rosas, damos una batalla para enfrentar el machismo y por nuestras demandas como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la lucha por “igual trabajo igual salario” o la pelea contra los femicidios; así fuimos parte impulsora del Encuentro de Mujeres y Diversidad Sexual y somos parte fundadora de secretarias de Género y Sexualidad en numerosas universidades del país, buscando replicar este ejemplo a los sindicatos.

Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), estamos dando estas batallas para erigir una alternativa de dirección al reformismo para enfrentar sin ninguna atadura a los empresarios, su régimen y sus partidos, para que estudiantes y sectores oprimidos se unan en su esfuerzo y emerjan como sujetos capaces de liquidar la herencia de la dictadura y el poder de los capitalistas. Buscaremos en el próximo período nuevos caminos para mostrar y dialogar nuestro programa con trabajadores, estudiantes y sectores populares, la conquista de la legalidad partidaria, pensando en presentar una alternativa también en el escenario electoral que nos permita encarar un nuevo desafío para que nuestras ideas lleguen e influencien a decenas de miles y a la vez se trasformen en fuerza material militante.

En este camino, desarrollamos un programa de acción que parta de las demandas elementales y sentidas de la clase trabajadora y los oprimidos y se proponga: terminar con los salarios de hambre imponiendo un salario acorde a la canasta familiar; la lucha por renacionalizar el cobre y todas las riquezas del país, bajo control de sus trabajadores; conquistar la educación y la salud pública y gratuita terminando con el negocio a los privados; desarrollar un programa de viviendas y terminar con el poder de las inmobiliarias y el negocio especulativo; un programa democrático radical contra el régimen neopinochetista y su casta de políticos millonarios agentes del gran capital, como la consigna “que todo funcionario gane como un maestro” o la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo-nación mapuche; terminar con los privilegios de las Fuerzas Armadas y con el aparato represivo; que imponga impuestos a las grandes fortunas y acabe con el gran impuesto sobre el consumo que padecen los sectores populares; luchar por la expropiación de los capitalistas para poner las riquezas del país a manos del pueblo trabajador.

Nuestro objetivo es la conquista de un Gobierno de Trabajadores, que retome el camino abierto por los Cordones Industriales en los años ‘72-‘73, basado en la autoorganización y alianza de la clase obrera con los oprimidos, que liquide el poder de los dueños del país, las multinacionales imperialistas, banqueros y empresarios.

Contra la derecha defensora del régimen heredado de Pinochet y el falso “proceso constituyente” del gobierno, que entrega el poder de decisión al parlamento y a la presidenta con “participación” de organizaciones sociales como meros espectadores de consulta, intentando preservar la obra de la dictadura, luchamos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta por la fuerza de la movilización de los trabajadores, el movimiento estudiantil y los oprimidos.

Para nosotros no se trata de una Constituyente que abra un nuevo régimen que mantenga en pie los pilares del régimen capitalista que sentó la dictadura sino que discuta cada uno de nuestras problemas y demandas estructurales, y acompañe y fortalezca la experiencia que están haciendo cientos de miles con esta democracia para ricos, en una perspectiva revolucionaria, que abra paso al poder de los trabajadores y oprimidos con sus propios organismos mediante la imposición de su autogobierno, que liquide el poder de los grandes poderes del país: banqueros, capital extranjero, grandes empresarios, rentistas y terratenientes.