El gobierno de Mauricio Macri recibió un baño de realidad con la jornada nacional de lucha que se llevó adelante en todo el país, en el marco del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE.

Un baño de realidad o una postal callejera de la relación de fuerzas que el Gobierno está obligado a modificar si pretende llevar su plan de ajuste hasta el final. En esta verdadera "madre de todas las batallas", el resultado está más que abierto.

Fue una jornada contundente, si se tiene en cuenta que el sindicato mayoritario de los empleados públicos (UPCN) no convocaba porque es cómplice de los despidos, y que la conducción de ATE llamó a la huelga tardíamente y sin la preparación necesaria.

Con todas estas limitaciones, apenas tuvieron una oportunidad para expresarse, los trabajadores respondieron con total predisposición para defender sus derechos.

Era también la primera ocasión para poner a prueba el llamado “protocolo antipiquetes” que no pudo aplicarse, pese a los reclamos abiertos de todo un arco de los representantes de las corporaciones mediáticas (con los periodistas Antonio Laje y Fernando Carnota en “la primera fila”), convertidos en voceros estridentes de la clase media reaccionaria, la misma que conforma el “núcleo duro” de Cambiemos.

Con el protocolo, el Gobierno volvió a utilizar el método de “ensayo y error” que parece caracterizar el ADN de su gestión.

Hizo aprobar un documento rústico, ilegal y anticonstitucional, que la inefable Patricia Bullrich empeoró con sus declaraciones públicas. La ministra de Seguridad vociferó que los piquetes no iban a durar “ni cinco minutos” antes de ser desalojados.

Sin embargo, la flamante normativa represiva no pudo ser empleada contra el masivo corte de Corrientes y Callao que realizó la oposición combativa de los trabajadores estatales, acompañados por el Frente de Izquierda y los sectores antiburocráticos del sindicalismo, inaugurando la jornada de lucha nacional.

Los manifestantes no pudieron ser “protocolizados”, no sólo porque el corte era nutrido y contundente, sino también porque se produjo en un marco en el que existe una gran oposición social a la represión contra la protesta en general y la de trabajadores en particular. Pese a que los cortes estén cuestionados y que Cambiemos haya trabajado para “cebar” al núcleo intenso de su base social con la necesidad de mano dura y orden.

Pero el episodio del protocolo es sólo uno más de una larga y sinuosa saga de dos meses de “idas y vueltas” en los intentos de resolver contradicciones políticas con resoluciones drásticas y arbitrarias.

Sucedió tempranamente con los dos jueces de la Corte, nombrados “en comisión” y unilateralmente, para después retroceder y negociar sus designaciones con el peronismo “moderado”.

Luego con el aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que más tarde tuvo que retirar por la queja de los gobernadores peronistas (y no).

Aconteció también con la oferta a los docentes en la paritaria nacional, que el Gobierno descartó (también por protesta de los gobernadores) y luego reinstaló para evitar el paro en el comienzo de clases, objetivo que aún no logra.

Otro tanto ocurrió con la baja del mínimo no imponible del impuesto al salario que fue aumentado a $30 mil un día y, al siguiente, el Gobierno comunicó que no se modificarían las escalas y alícuotas como esperaban los dirigentes sindicales (y los trabajadores afectados).

Con el Indec pasó por una crisis análoga: reincorporó a Graciela Bevacqua -que había sido desplazada por la administración kirchnerista en 2007- para despedirla dos meses después porque no elaboraba el índice de precios que el Gobierno necesitaba en momentos de una inflación acelerada.

Por último, frente a los fondos “buitre” tuvo una (des)orientación similar: antes de asumir, aseguró que había que pagar lo que dictaminaba el fallo del juez Griesa, luego intentó una negociación con los fondos más proclives a un acuerdo, y finalmente terminó pactando con el más “buitre” de todos (NML Elliot de Paul Singer) por casi el doble de dinero de lo que el mismo fondo reclamaba hace poco más de un año. La desesperación de una economía con fuertes desequilibrios marcó la intensidad de una “capitulación” anunciada.

Dos factores determinan este “pragmatismo” del gobierno de Cambiemos: la economía y la relación de fuerzas.

A pesar de la devaluación y todas las medidas a favor de liberalización (es decir del capital más concentrado) no ha logrado aún estabilizar la economía.

Además, comienza a manifestarse la “debilidad de origen” que se expresó distorsionadamente en el resultado electoral, con la mitad del país que votó en su contra y una parte de su cosecha electoral lograda como “mal menor”.

La única ilusión para evitar ir una confrontación inmediata y violenta con los trabajadores y los sectores populares para quebrar la relación de fuerzas, es lograr un endeudamiento externo. El presunto pre-acuerdo con Paul Singer (que aumentaría la deuda del país), mide el tamaño de su esperanza. Paradójico: el acuerdo con el más "duro" de los "buitres" sería la endeble garantía para matizar el shock con pequeñas dosis de gradualidad que eviten el estallido económico o social.

Aunque tampoco está claro que un eventual acuerdo implique la llegada del famoso “shock de confianza” y la prometida “lluvia de dólares”. Los crudos números de la "mano invisible" del mercado cambiario están dictaminando que el dólar acelera la devaluación del peso: por ahora, la meteorología financiera dice que está lloviendo de abajo para arriba.

Mientras el peronismo se debate en su interminable rosca, deliberando el grado de “moderación” que tendrá en 2017 y sobre todo en 2019, en la contundente jornada de este miércoles, una fracción destacada de los trabajadores hizo sentir su impronta e incorporó sus demandas urgentes en la agenda de la política nacional.