El Gobierno aprobó un nuevo protocolo contra el derecho a la protesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, logró que en la sesión del Consejo de Seguridad Interior que se reunió en Bariloche, la mayoría de los representantes de las provincias aprueben el nuevo reglamento.

A la salida de esta reunión, la ministra sostuvo que "el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas".

Bullrich agregó que el protocolo pretende "establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad".

La nueva normativa es inconstitucional. No solo no pone ningún límite al accionar de las fuerzas de seguridad (FFSS), sino que, al contrario, amplía sus facultades y regimenta el trabajo de los periodistas para evitar que cubran eventuales represiones.

El nuevo paradigma del que habla Bullrich significa más poder a las fuerzas represivas para ampliar la criminalización de la protesta social.

Profundizar el ataque

El gobierno de Macri, con la ministra Bullrich a la cabeza, pretende endurecer aún más las medidas de criminalización de la protesta.

Aunque lo intentó, el kirchnerismo no pudo avanzar en promulgar una ley contra los piquetes, pero sí mantuvo vigente el artículo 194 del Código Penal y bajo su gobierno se mantuvo el procesamiento de más de 5.000 luchadores.

El protocolo que pretenderá imponer el gobierno de Macri supone como delito el derecho a la protesta y a la manifestación, supuesto que se da de frente con la propia Constitución Nacional y con todos los pactos de derechos humanos que cínicamente el texto dice respetar.

Es grave que entre otras cosas se señala que “las FFSS federales y provinciales dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo de la fuerza y el uso de armas no letales”; es decir, el protocolo sobre “cómo” reprimir lo hará cada fuerza y cada provincia, algo como mínimo absolutamente arbitrario que sólo significa más impunidad para reprimir.

De manera reaccionaria da por hecho que debe prevalecer el “derecho a circular” por encima del de protesta y libertad de expresión, como también por encima de la integridad física de las personas. Habilita a las detenciones y represiones indiscriminadas: “si los manifestantes no cumplieran con la orden establecida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme a lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia (…) se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Según se establece en la nueva norma, los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que quieran cubrir la protesta social, estarán “ubicados” (es decir alejados) en una “zona determinada”, donde no “interfieran con el procedimiento”.

Las críticas de organismos de derechos humanos y del Frente de Izquierda

Al respecto, los referentes del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño criticaron a través de de la red social Twitter el protocolo aprobado la tarde de ayer.

El ex candidato a presidente por el FIT, Nicolás del Caño, recordó el pasado represivo de la actual ministra de Seguridad, quien fue funcionaria del gobierno de De la Rúa.

Por su parte, Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda y abogada de los derechos humanos denunció diversos aspectos del nuevo protocolo.

Entre las denuncias recordó el asesinato del docente Carlos Fuentealba durante una manifestación. Además la diputada destacó que el protocolo elaborado desde el Ministerio de Seguridad sitúa a la protesta social “como un ataque a los derechos constitucionales”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también criticó el nuevo protocolo. “El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo” afirmó en un comunicado del CELS”.

Además, explicó que “según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad. El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones (…) Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles”.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry señaló que “se acerca un nuevo aniversario del golpe, estaremos en las calles, seremos miles rechazando la represión y el ajuste del macrismo, repudiamos todo intento de cercenar la libertad de expresión y seguiremos luchado contra la criminalización de la protesta, la libertad de Milagro Sala y el desprocesamiento de los 5.000 luchadores con causas por luchar”.

Con la aprobación del nuevo protocolo, el gobierno reconoce que frente al ajuste en curso crecerá la protesta social y se propone enfrentarla con más represión “legalizada”.

A las organizaciones obreras, sociales, de derechos humanos y de la izquierda se nos impone realizar una amplia campaña por la derogación de este nuevo protocolo de represión.