Fracción Trotskista Cuarta Internacional

La Derecha se impuso en las principales ciudades del país

Magui V. — 2014-03-01T09:26:49Z

Un golpe político para Correa…

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones municipales, de prefecturas y cantonales en Ecuador. Es la primera vez que en el proceso de 10 elecciones consecutivas, el movimiento oficialista Alianza País sufre un duro revés, al perder en las tres principales ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca, consagrándose la victoria del neoliberal Mauricio Rodas, del movimiento SUMA, en la capital nacional. En Guayaquil, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, se impuso holgadamente frente a la candidata oficialista Viviana Bonilla, logrando nuevamente mantener la alcaldía de la ciudad como bastión del socialcritianismo opositor a Correa. Mientras que en Cuenca, salió victorioso Marcelo Cabrera por “Igualdad”, un movimiento que guarda afinidades con el presidente, a pesar de haber ganado como contrincante a la figura elegida por el oficialismo para esa ciudad.

Respecto de las últimas elecciones locales, el gobierno está viviendo un importante retroceso, al ganar solamente 2 de las 24 alcaldías provinciales, cuando en 2009 había alcanzado 10, y perder el apoyo en las ciudades más numerosas del país tanto en la región costa como en la sierra, aún cuando mantuvo su peso relativo en las prefecturas. Es el derechista movimiento SUMA el que consolidó un buen desempeño electoral, al igual que AVANZA, partido compuesto por ex funcionarios del propio gobierno, que adoptan un perfil más puramente socialdemócrata.

Las señales de una posible pérdida en la ciudad capitalina, importante centro de poder para el oficialismo, llegaron unas semanas antes, obligando al propio Correa a volcarse personalmente a hacer campaña por Augusto Barrera y evitar perder la alcaldía, pero ni siquiera esto fue suficiente. Durante el discurso de aceptación de la derrota electoral, Correa señaló como problemas para su movimiento el exceso de confianza en el triunfo permanente e identificó además un supuesto “sectarismo” en el que habrían incurrido a la hora de formar alianzas políticas con otras fuerzas; si bien entendemos que en estas declaraciones se referían por sobre todo a grupos políticos afines, como el socialdemócrata “AVANZA”, amigo del PSOE Español y el PT brasilero, resulta paradójico escuchar a Correa hablar de “sectarismo” y apuntar - con razón - al pasado socialcristiano de Mauricio Rodas (ex vicepresidente de las juventudes socialcristianas) cuando algunos de sus más importantes funcionarios vienen esa misma y rancia tradición, como es el caso del Secretario Jurídico Alexis Mera, quien fuera el hombre de confianza de Febres Cordero.

SUMA, el reciclaje neoliberal con nuevo rostro

Mauricio Rodas, inició efectivamente su vida política como dirigente juvenil socialcristiano, partido que llevó a la presidencia a Febres Cordero quién dirigió una de las etapas más oscuras de persecución, tortura y desaparición de militantes de izquierda, trabajadores y activistas sociales en el país. Rodas, un neoliberal a ultranza, es fundador y representante de la organización Ethos, que cuenta con el pesado financiamiento de organizaciones como la USAID, El Foro Económico Mundial y la NED, a su vez, simpatiza y recibe asesoría de homólogos ideológicos internacionales como Álvaro Uribe Vélez, Enrique Capriles y J.J. Rendón.

Sin embargo, en su campaña política para la alcaldía de Quito, Rodas, no pudo mostrar su perfil más abiertamente de derecha y neoliberal, en un contexto social donde esas formulaciones generarían un profundo rechazo, y donde todavía el discurso de la “revolución ciudadana” explota una mística demagógica de “transformación y cambio” respecto de la vieja “partidocracia”. Rodas se presenta como una figura joven, con un discurso técnico y administrativo, con propuestas dirigidas sobretodo a sectores de clase media en ascenso, pero tomando también problemas estructurales más sentidos por el conjunto de la población como el tema del transporte y la movilidad urbana.

Desde ya, siendo un firme representante de la derecha nacional, uno de los ejes de su propuesta fue el tema de la inseguridad, donde se despacha prometiendo tecnología de punta para los sistemas de vigilancia, aumentar las unidades de policía por barrios y la creación de una fuerza represiva especializada para el municipio metropolitano. Lamentablemente en Ecuador, no solo la derecha se embandera del discurso contra la inseguridad y la necesidad de fortalecer a la policía - que sabemos siempre está al servicio de la represión y vinculada con las redes de trata, narcotráfico y el crimen organizado - ; sino también sectores que se reivindican de la izquierda como el MPD, no perdieron oportunidad para clamar nuevamente en esta campaña por “más seguridad para Quito”.

Un voto castigo…

Augusto Barrera, en un principio se limitó a defender su gestión administrativa, confiado en que el sello de Alianza País, sería suficiente para protegerse contra los cuestionamientos por su falta de respuesta frente al problema del transporte y el cobro excesivo de impuestos. Sin embargo, cuando el oficialismo sintió el descenso, tuvo que invertir todo su aparato político y mediático, y volcar al propio Correa en persona para hacer campaña. Frente al peligro de perder uno de los centros políticos más importantes del país, donde como reconoce Correa se juega parte de la estabilidad y gobernabilidad de su modelo; el presidente termina apelando al voto por Barrera en Quito por ser esta ciudad “el corazón de la revolución”, donde se juega su “proyecto de izquierda”; es decir frente al perfil neoliberal de derecha que Rodas no pudo explotar, el oficialismo revivió la demagogia de “proyecto revolucionario”. Sin embargo, esta apuesta de último minuto terminó jugando en contra para Alianza País, pues la figura omnipotente de Correa y el uso absoluto que hace de los medios y el aparato electoral a su favor viene generando un rechazo más generalizado en la población, este voto “en contra” expresa parte de ese desgaste.

El recurso que interpuso el oficialismo de “enfrentemos a la derecha”, no resulta suficiente para un gobierno claramente reformista, que surgió como forma de desvío y mediador de la lucha de clases, en medio de una década de levantamientos y crisis profundas, caracterizadas por el cuestionamiento al régimen neoliberal, a los partidos burgueses y las instituciones del Estado. Desde un inicio, Correa y Alianza País tuvieron que dar algunas concesiones parciales para evitar nuevos estallidos y recomponer el régimen. Sin embargo, ni aún en el período en el que el oficialismo hizo mayor propaganda de su supuesto “progresismo” dejó nunca de garantizar los negocios de los capitalistas, ni resolvió ningún problema estructural de la sociedad ecuatoriana, no retrocedió ni un ápice de una economía dolarizada, y los supuestos roces con el imperialismo, no pasaron de ser maniobras para reacomodarse.

Después de 7 año el gobierno no solo no avanzó sobre ninguno de estos temas, sino que viene girando cada vez más a derecha e intentando avanzar en consolidar su proyecto de mayor modernización del capitalismo, con un relativo fortalecimiento estatal y la creación de una burocracia propia; para lo cual necesita disciplinar a la organización política que está por fuera del control del Estado y de su movimiento, sobretodo se trata de disciplinar a la clase trabajadora para asegurar a los empresarios vía libre para sus negocios con la menor cantidad de conflictos posible. Por esta razón en el último tiempo se viene expresando de forma más contundente el giro antiobrero de Correa (despidos masivos a trabajadores del sector público, recortes de beneficios como trasporte y alimentación, sistema de vigilancia en los lugares de trabajo, ataques a los docentes y a los trabajadores de la salud, criminalización de la protesta), combinado con ataques contra las organizaciones indígenas y estudiantiles, la vía libre a la explotación del Yasuní, y las escandalosas posiciones de Correa respecto de los derechos de las mujeres, ridiculizando la lucha por la igualdad de género y tirándose en contra del derecho al aborto aún en casos de violación.

Esta clara avanzada contra los trabajadores, estudiantes, mujeres y organizaciones indígenas, tiene que ver con la necesidad de ofrecer un país “estable” para el empresariado local y la inversión externa; el gobierno toma nota del descontento que se empieza a expresar por abajo. Así el pasado 27 de enero cerca de 5 mil médicos y trabajadores de la salud se movilizaron en rechazo a un artículo del Nuevo Código Penal que caracteriza de forma ambigua la “mala práctica médica”, como toda acción que provoque daño o muerte por “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas". En caso de que la justicia así lo interprete, los médicos y trabajadores de la salud pueden ser sancionados con 3 a 5 años de prisión. Los médicos, personal de la salud y estudiantes de medicina movilizados, cuestionan que se considere la denominada mala práctica - que en muchísimos casos tiene que ver con la falta de insumos y de las pésimas condiciones en que se encuentra el sistema de salud, que sufren tanto los trabajadores como los usuarios -, como un delito penal, tipificado junto con los homicidios, feminicidios y la trata de personas.

Las movilizaciones de los trabajadores de la salud, se suman al que emprendieron en su momento docentes y estudiantes frente a la nueva ley de Educación, y al que vienen adhiriendo otros gremios en respuesta a distintos ataques. En 2013 la mayor cantidad de conflictos sociales, se produjo justamente en relación al entorno laboral, con un notable aumento en el caso de los trabajadores públicos respecto de años pasados (44 conflictos fueron protagonizados por trabajadores del sector público, del total de 182 conflictos sociales registrados entre 2012 y 2013) [1]

En este contexto, no se puede interpretar los resultados electorales, mecánicamente como un giro de la situación a derecha. Si bien este revés para el gobierno de Correa se inscribe de forma más general en el proceso de desgaste que vienen mostrando los modelos latinoamericanos denominados “posneoliberales”; a diferencia de Venezuela, no existen por el momento movilizaciones masivas con programas reaccionarios como los que levantan sectores del movimiento estudiantil venezolano, ni tampoco la “partidocracia” tradicional ecuatoriana ha logrado reconsolidarse como proyecto político, sino que intenta reciclarse a través de jóvenes figuras a las que debe mostrar más “lavadas” de contenido.

En este sentido, el voto opositor resulta más bien contradictorio, pues objetivamente lo capitalizan representantes de la derecha neoliberal, pero sin embargo no logran consolidar un apoyo ideológico a su proyecto, sino más bien cosechar el resultado de un “voto castigo” de importantes franjas de la población que rechazan el carácter unipersonal del modelo de Alianza País, el autoritarismo y el control excesivo sobre los recursos y medios para hacer permanente campaña. Esto no significa que en perspectiva, la derecha no tenga posibilidad de ir acumulando la capitalización del desgaste de Correa, y termine recomponiéndose como proyecto.

Por una organización independiente de los trabajadores y el pueblo pobre para enfrentar a la derecha neoliberal de SUMA, el PSC y a la falsa “revolución” de Correa y sus ataques antiobreros.

Es claro que ninguno de estos proyectos representa los verdaderos intereses de los trabajadores ni de los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana, mientras la derecha reciclada de SUMA y proyectos afines representan a la burguesía banquera, y directamente a los intereses transnacionales e imperialistas en la región, Correa busca la emergencia de nuevos sectores empresarios locales, sin dejar de otorgar a su vez, réditos a las multinacionales y grandes capitales Europeos, Estadounidenses y Chinos.

Ambos modelos buscan imponerse sobre la base de ataques contra la clase trabajadora y sectores populares, el constante giro a derecha del gobierno nacional durante estos 7 años de “revolución ciudadana” muestra claramente que no ha constituido la tan pregonada alternativa de trasformación frente a los más rancios modelos impulsados por el reaccionario partido socialcristiano, los empresarios multimillonarios como los Noboa, o los responsables del feriado bancario como el ex candidato a la presidencia Guillermo Lasso, solo la organización de los trabajadores independiente de todo el conjunto de los partidos políticos patronales, puede luchar por arrancar e imponer todas sus conquistas.

Para evitar que la derecha del país empiece a capitalizar el desgaste de Correa es necesario emprender la lucha por la independencia de clase y política de la clase obrera. Son los trabajadores [2] , quienes mueven los hilos de funcionamiento de la economía ecuatoriana, cumpliendo un lugar estratégico en la producción y en el corazón mismo del sistema capitalista, por lo tanto es la clase trabajadora la única que con la movilización obrera y popular y desde la organización independiente de cualquier bando burgués o proburgués, para dar respuesta a los problemas de fondo de la realidad del país y pelear hasta el final por la transformación revolucionaria de la sociedad.

[1] http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/noticia/1101567615

[2] Muchas corrientes de la izquierda del propio campo marxista, han terminado por considerar a la clase trabajadora como una más dentro del amplio espectro de los denominados movimientos sociales, diluyendo así su perspectiva estratégica como única clase capaz atacar el núcleo central del capital y dar una verdadera salida al conjunto de las necesidades de los sectores populares, argumentando que en países como Ecuador el peso obrero es sumamente débil, sin embargo, las estadísticas con relación a la cantidad de trabajadores empleados actualmente, bajo contrato o por prestación de servicios, reflejan la existencia de una clase trabajadora ecuatoriana, industrial y de servicios importante, muchas veces negada en la intervención de la propia izquierda, así por ejemplo, actualmente hay 607 mil trabajadores de la industria manufacturera, 235.00 trabajadores de la industria forestal, 26 mil trabajadores de la industria automotriz, 25 mil textiles, etc., sin hablar de los trabajadores petroleros y el área de servicios, docentes y trabajadores de la salud)

El “progresismo” antiabortista de Correa

Magui V. — 2013-10-16T21:00:00Z

El giro a derecha del gobierno de Correa en Ecuador, expresado en los ataques constantes a los trabajadores, la criminalización de la juventud y de los sectores indígenas y ambientalistas, toma un nuevo impulso con la reciente “amenaza” por parte del Presidente Correa, de renunciar a su cargo, si parte de su bloque oficialista en la Asamblea Nacional continuaba con el propósito de presentar un proyecto de reforma para despenalizar el aborto en casos de violación. Recordemos que hoy en Ecuador como en muchos otros países, la legislación en esta materia se mantiene en el más feroz oscurantismo, y el aborto solo se realiza legalmente en caso de que comprometa la vida de la madre o en casos de violación a mujeres calificadas como “idiotas o dementes”.

Ya escuchamos a Correa en las cadenas sabatinas dar su particular definición de lo que significa la equidad de género “está buena para las farras” (fiestas) decía, y a pesar de los intentos del oficialismo por “reubicarse”, promoviendo campañas nacionales contra la violencia de género, o viéndose obligado por la realidad a admitir que en el Ecuador existen femicidios; la reafirmación de su “revolución ciudadana” con moral conservadora (contra los derechos de las mujeres y el movimiento GLTTB) constituye un paso más en mostrar un sólido acuerdo con la Iglesia Católica y los sectores capitalistas y políticos más reaccionarios. Nada tiene que envidiarle en este sentido al tradicional y derechista Partido Social Cristiano, histórico defensor de la familia y el rol de la mujer como reproductora.

Ya desde sus inicios el Movimiento Alianza País, rejunte de “nuevos” políticos con reciclados de los tradicionales partidos de la derecha, mostraba en este tema las posiciones más antagónicas, asambleístas del bloque anunciaban su ruptura por ser acérrimas defensoras pro vida y por estar en contra incluso del derecho a la educación sexual en las escuelas; pero el mensaje de Correa en este caso, representa un salto dentro de la demagogia de hablar con la izquierda para golpear con la derecha. Todo mínimo intento de organización por izquierda a su proyecto político va a desencadenar el peso de la represión, parece decir con cada ofensiva, desde los jóvenes presos de Luluncoto, pasando por la criminalización de los dirigentes indígenas y estudiantiles, los despidos masivos y la persecución a los trabajadores estatales; este ataque muestra una nueva avanzada de la política de mano dura del Gobierno Nacional; ya los asambleístas que promovieron el proyecto de reforma, retrocedieron rápidamente sobre sus posiciones, pero mucho antes el gobierno se había encargado de perseguir a activistas y feministas organizadas alrededor del derecho elemental a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo.

La violencia en Ecuador tiene cuerpo de mujer

En una encuesta realizada por Human Rights, el 78% de niñas encuestadas manifestó haber vivido algún tipo de maltrato, violencia verbal, física o sexual en sus hogares, barrios o escuelas. Cada vez son más las jóvenes de entre 10 y 15 años que viven un primer embarazo, producto de violaciones. El 25,7% de las mujeres en Ecuador han sufrido en algún momento violencia sexual durante sus vidas. Los testimonios de médicos y enfermeras dan cuenta de casos estremecedores, como los de una niña proveniente de los sectores campesinos más empobrecidos de la sociedad, que acudió por tercera vez en un año a practicarse un aborto; o el caso de una mujer que llegó al hospital con el útero perforado y murió en las puertas del hospital. Las implicancias legales para las mujeres que abortan hacen que muchas veces los trabajadores de la salud no lleguen a denunciar las situaciones de violencia y abuso sexual que viven sus pacientes, por temor a que la justicia termine encarcelando a las propias víctimas y a ellos como cómplices. La penalización para una mujer que aborta puede llegar a ser de hasta de cinco años de prisión.

Miles de historias como éstas se repiten a razón de 1 aborto cada cuatro minutos, son las mujeres más pobres las que se transforman en los NN de la sociedad (el 18% de las muertes maternas son causadas por abortos), las que no pueden acceder ni siquiera a abortos pagos en clínicas privadas, no tienen ninguna garantía de no morir o terminar con una lesión grave de por vida (solo en 2011, se presentaron 23.000 casos de lesiones o discapacidad por abortos clandestinos). Son éstas las mujeres demonizadas por los sectores ultra conservadores de la Iglesia y la “partidocracia” ecuatoriana y son éstas las mujeres que tanto desprecia el oficialismo cuando habla del “derecho a la vida”.

Toda esta casta política pretende naturalizar la realidad que viven miles de mujeres de la clase trabajadora, mientras defienden cínicamente la moral y los “derechos sociales”. La Iglesia y la educación religiosa siguen recibiendo millonarios subsidios, incluso a través de decretos como el 1780, que promueve la “evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado”, es decir la evangelización a manos de la Iglesia Católica, de los pueblos indígenas de la Amazonía, Costa y Galápagos que habitan el territorio, especialmente en aquellos lugares de interés para la explotación minera y petrolera de las transnacionales.

Una vez más el “progresismo” latinoamericano se desenmascara. Durante los tres mandatos del oficialismo de Alianza País, los derechos de las mujeres, los trabajadores, la juventud y los indígenas, no solo no han avanzado, sino que los ataques se tornan cada vez más abiertos. Para enfrentar esta ofensiva, es necesaria la organización independiente. Las mujeres tenemos que pelear de manera independiente por el fin de la opresión, la violencia, los femicidios, las redes de trata y prostitución. Ningún cambio vendrá del gobierno ni de las mujeres que fueron que coptadas por el oficialismo y que son miembros directo de su riñon, que retroceden velozmente de sus posiciones -como bien lo demostraron las asambleistas de Alianza País- para no enfrentar al poder político y religioso. Tenemos que organizarnos para pelear por el derecho al aborto, no solo en casos de violación, sino por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, por educación y anticoncepción gratuita, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin excepción y en todos los casos.

Separación de la Iglesia y el Estado

No más muertas por aborto clandestino

Derecho al aborto legal, seguro y gratuito

Fuerte paro nacional agrario en Colombia

Magui V. — 2013-09-04T00:23:00Z

Por Magui V.

“El tal paro no existe”

Esta fue la frase con la que el presidente Juan Manuel Santos inauguró sus primeras declaraciones contra el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la Mesa de Interlocución Agraria (MIA) este 19 de Agosto en Colombia. Tres semanas pasaron desde entonces y las movilizaciones no han cesado.

El despliegue de la manifestación a medida que pasaban los días, fue impresionante; en cinco días los campesinos habían tomado el control de 30 vías principales con la participación de más de 200 mil movilizados. Al poco tiempo, nuevas fuerzas, entre pequeños y medianos productores, campesinos, trabajadores y estudiantes se fueron sumando: mineros (que defienden su explotación en pequeña escala contra la política de beneficiar a las grandes empresas), acompañaron la entrada en escena de los transportistas (que reclaman baja en los precios del diesel), trabajadores de la salud y de la educación, y estudiantes de las principales universidades del país, centralmente de Bogotá.

De reconocer las “justas demandas” a construir el enemigo interno

Santos tuvo que retroceder y “pedir disculpas” por su desatinada frase, para reorientar su estrategia, el gobierno tuvo que reconocer públicamente aquello que para el campesinado pobre y la clase obrera colombiana es su más cruda y real cotidianidad. Es difícil, aún para el gobierno dejar de reconocer que la miseria que se vive en el campo, es un problema estructural que se viene profundizando aceleradamente, hace varias décadas.

Santos salió a reconocer los “reclamos justos del campesinado” y diferenciar las “marchas pacíficas” de aquellas movilizaciones provocadas por el “vandalismo” de los encapuchados. Algunas voces oficialistas que encontraron eco rápidamente en los medios de comunicación, aseguraron que las FARC incidían en el paro desde La Habana, para generar el caos y la destrucción, a través de la organización Marcha Patriótica (organización reformista conformada por distintas variantes políticas).
A las escalofriantes imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se veían a miembros de las fuerzas paramilitares dejar amenazas escritas bajo las puertas de los principales referentes del paro, se sumaron las imágenes captadas por la propia población, donde aparecían los “encapuchados”, saludando amenamente con la policía y recibiendo sus instrucciones. Estos agentes formaban parte de una línea de infiltración de misma la policía asesina del ESMAD, con el objetivo de deslegitimar las justas medidas de fuerza adoptadas por los manifestantes, y así preparar el anuncio de la militarización y el toque de queda en el país.

Un operativo de 50.000 militares invadió las calles de Bogotá y las principales carreteras del país, las imágenes de la persecución y la represión a los manifestantes son brutales, además de que el gobierno tuvo la política de ofrecer “recompensas” a quienes entreguen información sobre los referentes de las movilizaciones (al mejor estilo uribista). Durante los enfrentamientos con la policía, se registraron cerca de 250 heridos, mientras el joven estudiante Juan Camilo Acosta moría asesinado por el despliegue de gases lacrimógenos lanzados por la policía del ESMAD

Las causas profundas de la lucha del agro y la crisis política del Gobierno Nacional
Colombia es uno de los países latinoamericanos que mayor apertura dispuso al neoliberalismo de los 90. La política privatista y neoliberal fue desarrollada plenamente por el uribismo y mantiene continuidad bajo el gobierno de Santos. La aplicación del TLC firmado con EE.UU. agrava esta “apertura” afectando a amplios sectores de productores agropecuarios, en particular a los campesinos, en una coyuntura económica de desaceleración y “turbulencias” para la economía colombiana. El pliego de demandas que levanta hoy el Paro Nacional Agrario: reducción del precio de los fertilizantes, incentivos económicos, propiedad de la tierra y garantías políticas contra el desplazamiento campesino, son algunas medidas que buscan menguar el impacto de la puesta en marcha de más de 20 tratados de libre comercio, que favorecen a las multinacionales y al empresariado local, a costa del sometimiento de los trabajadores y el campesinado pobre.

Todo esto golpea en una situación de enorme polarización en el campo. En Colombia, la concentración de tierra en pocas manos (el 52% de la tierra está en manos del 1,15% de la población), el desplazamiento de más de 5 millones de víctimas, producto centralmente de la política militarista del expresidente Uribe (continuada por Santos), con la expropiación de tierras a miles de campesinos, reconcentradas por la burguesía, y una pobreza rural que llega casi al 50%, son parte de la radiografía que hace a la explosión del conflicto actual, y que ya tuvo su antesala en el Paro Nacional Cafetero de marzo pasado.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Santos no logra escapar de su crisis política, en las últimas semanas, se vio obligado a remover a la cúpula militar, y las voces de solidaridad con el paro a nivel nacional, están haciendo tambalear su gabinete político. [1]

Durante ocho años gobernó en Colombia el régimen del ex presidente Álvaro Uribe, ligado al paramilitarismo (gobierno del que Santos fue parte); el nivel de persecución, represión y muerte sobre la clase obrera y las organizaciones sociales, en complicidad activa con el Estado, terminó por generar un importante rechazo en la sociedad colombiana, obligando a Santos a presentarse como una figura de recambio, “suavizada” y menos militarista, que a su vez lograra lavarle la cara del régimen y contener el descontento social. Santos, se juega a llevar a la rendición a las FARC en los “diálogos de Paz” en la Habana, que cuentan con el aval de Obama (y también con el rechazo de los republicanos, con los que se alínea Uribe), combinando una ofensiva de hostigamiento militar, con la “negociación” política para lograr ese objetivo, para lo cual también están abriendo contactos con el ELN. Si bien esta política causa reparos en sectores de la derecha, como el uribismo, de avanzar por este camino sería una pieza importante para buscar la reelección de Santos en las próximas presidenciales.

En este marco, hay importantes elementos de crisis política que se reflejaron en el reciente cambio de la cúpula militar por Santos y en una crisis de gabinete en medio del paro agrario.

El operativo “lavada de cara”, enfrenta grandes contradicciones para contener la situación social y el creciente descontento. De la mano de los miles de estudiantes que salieron a enfrentar la reforma a la ley de Educación, de los sectores que se movilizaron con el Paro Nacional Cafetero de marzo pasado, algunas luchas obreras como la de los mineros de la Drummond (carbón) y las recientes movilizaciones campesinas, se expresa un cambio de situación en la sociedad colombiana, en la que numerosos sectores empiezan a romper el miedo y a enfrentar la política de terror implantada a fuego, tomándose masivamente las calles para pelear por sus derechos.
Así, las movilizaciones en Colombia, se suman al escenario de conflictividad social que se viene expresando en América Latina (Brasil, Chile, México, Bolivia, entre otros) con un fuerte contenido de rechazo contra los gobernantes que representan una casta política pro empresarial que se enriquece mientras los problemas estructurales de los sectores más golpeados siguen sin resolverse. En América latina, la crisis de representatividad, empieza a golpear tanto a gobiernos alienados con la derecha más clásica (Alianza del Pacífico), cómo a aquellos que lograron actuar como desvío de las movilizaciones de principios del 2000 (los llamados gobiernos “posneoliberales”).

Este conjunto de movilizaciones en un país que ha sido históricamente estratégico para el control de EEUU en la región, expresan a su vez, cierto desgaste de la hegemonía norteamericana, que con la política de fortalecimiento del poderío militar ha perpetrado durante décadas la tortura, desaparición y muerte de miles de dirigentes y activistas obreros, mujeres, indígenas, estudiantes e integrantes de organizamos de derechos humanos. Hoy, la política intervencionista y militar de EEUU, está mas lejos del consenso mayoritario que había alcanzado en otros años.

Perspectivas del Paro

A pesar de la enorme movilización y disposición a la lucha que mostraron en estos días los distintos actores del paro nacional, ayer quedó expresada una de sus debilidades más importantes. El gobierno logró negociar sectorialmente con parte del movimiento campesino, en este caso con los productores de leche y papa de algunos departamentos del sur. Sin embargo aún hay numerosos bloqueos en varios departamentos y miles de indígenas se concentraban en Popayán al cierre de esta edición de LVO.

Si bien el paro se sostiene, ésta luz verde para el gobierno de Santos, le podría permitir (todavía no ha resultado con éxito) un margen de maniobra en el que buscará a toda costa dividir la lucha y evitar su desarrollo unificado. Solo la coordinación de todos los sectores, la unificación de las demandas y de un plan de lucha conjunto, puede lograr derrotar al gobierno nacional y arrancar la conquista de las demandas campesinas y del pueblo trabajador.

La solución al problema de fondo de la enorme crisis en el campo colombiano, no va a ser resuelta en las mesas de negociación con el gobierno, es necesario continuar la lucha en las calles y fortalecer la organización independiente de todos los bandos patronales, tanto del oficialismo, como de aquellos que en su momento integraron las variantes de centro izquierda (Polo Democrático), como es el caso del Alcalde de la Ciudad de Bogotá Gustavo Petro, que no dudó en adherir a la salida militarista ydecretar el toque de queda.

Ni que decir de sectores ultra reaccionarios, como aquellos encabezados por la oposición del partido de la U. de Álvaro Uribe, quien después de haber emprendido durante casi una década una verdadera guerra del terror contra el pueblo trabajador y pobre de Colombia durante su mandato, hoy sínicamente quiere abanderarse de las causas campesinas, reivindicando el paro, para golpear a Santos.
Es una realidad, que los reclamos por mejores condiciones de producción en el campo provienen tanto de campesinos pobres, como de pequeños y medianos productores, y también sectores de la propia burguesía nacional. Parte de la dirección del movimiento, se encuentra en manos de estos sectores burgueses y de productores medios, es por eso, que están ausentes las demandas de los miles de trabajadores y peones rurales, que trabajan informalmente en condiciones de semiesclavitud (el 79% alcanza apenas el salario mínimo). Son ellos, los trabajadores, los únicos que quieren y pueden luchar por una solución de fondo para la crisis estructural del agro; que solo se puede lograr atacando la propiedad de la tierra y los intereses de los grandes capitales empresariales. [2]

Este lunes, parte de la dirigencia campesina y sindical, se mostró dispuesta a ir a una mesa de negociación con el gobierno, a pesar de su política de militarización y el decreto de toque de queda. Santos ya mostró estar dispuesto a asesinar y reprimir a fuego las manifestaciones; por eso, lejos de sentarse a la mesa, hay que imponer con la fuerza de la lucha en las calles la conquista del pliego de peticiones, que incluya además el fin del trabajo precario y las condiciones de esclavitud laboral.
Para ello es necesario que los sectores del movimiento obrero colombiano, no solamente formen parte de esta enorme movilización, sino que puedan emerger de forma diferenciada de los sectores de medianos productores y de la burguesía nacional, para tomar los reclamos de su clase, las de los trabajadores y los sectores mas empobrecidos.

Es la alianza de los trabajadores con los miles de campesinos más pobres, la única que puede surgir como una fuerza poderosa capaz de atacar directamente los intereses capitalistas [3] y del imperialismo. Las reformas parciales no alcanzan, hay exigir el fin de los tratados de libre comercio, un verdadero proceso de reforma agraria, con la expropiación sin pago de las tierras concentradas, el término de las concesiones y el entreguismo a las multinacionales y el fin de la flexibilizaión laboral para clase obrera y de la condiciones de precarización en la que subsisten los peones rurales. Es necesaria la organización independiente para enfrentar al poder económico y político del gobierno de Santos y de su lastre Uribe.

Basta de represión y tortura! Exigimos justicia para Camilo Acosta! El gobierno y su asesina fuerza policial ESMAD son responsables

No a la militarización de Colombia! Basta de criminalizar la protesta y perseguir a los luchadores

Libertad para todos los presos de las jornadas del Paro Nacional Agrario

[1] La enorme conflictividad social que enfrenta el gobierno de Santos, viene en aumento y ha provocado un descenso importante de su popularidad. El número de protestas en el país pasó de 1.600 en el 2009 a 2.300 el año pasado, y solo en lo que va del año, las manifestaciones en 2013 ya van en 2.200. (Diario El tiempo: 31/08/13)

[2] Demanda histórica del campesinado colombiano, que hoy las FARC se aprestan a “entregar” en la mesa de negociaciones con el gobierno de Santos.

[3] Ya en el Paro nacional Cafetero, los transportistas lograron paralizar estratégicamente durante 15 días al país, sumándose a los bloqueos organizados por el movimiento campesino e indígena

12 Days of an Historic Strike in Colombia

Magui V. — 2013-03-13T22:16:00Z

By Magui V.
Wednesday, March 13, 2013

After remaining in the streets for twelve intense days of struggle, the approximately 90,000 peasants that participated in the national strike of coffee growers, having the support of 340,000 truck drivers, hundreds of healthcare workers, customs officers, indigenous communities and students from the biggest universities of Colombia, ended their action, after the government of Juan Manuel Santos, cornered, ended up handing over a kind of “subsidy” of 180 billion pesos (more than $99,000,000 US), to try to contain the acute crisis that one of the central products for the country's economy is going through.

However, in the face of the enormous agricultural crisis that is battering Colombia, the agreement continues to be ridiculous. The coffee growers' strike was ended after Santos responded to the demands of the coffee growers representing small, medium-sized and large hectare plantations. However, the negotiations were carried out between the national government and the National Commission of Coffee Growers, made up of representatives mostly from the caste that the corporate National Federation [1]represents, without the participation of the delegates from the strike organization (peasants and rural workers) and without referring to the most profound demands of the thousands of poor peasants and agrarian laborers, that work year after year in harvesting the coffee crop, under extremely precarious conditions, without a fixed contract, social security, or any kind of stability at work, who are precisely the people that threw themselves into the struggle, by confronting the repression and getting organized collectively, in order to support, in the streets, a national strike lasting almost half a month.

While the landowning coffee growers were demanding subsidies from the government to counteract the low productivity of coffee, it was the social unrest of the poor peasants, the agricultural workers, the truck drivers, students and indigenous communities, that made them come together in a strike that completely expressed the crisis of the neoliberal economic model, profoundly dependent on imperialism, that the government of Santos, and, previously, the terrible regime of Uribe, made sure to perpetuate in the coffee-growing country. The agreement signed with the national government left out this contained area of social unrest.

The national coffee growers' strike as an expression of the agricultural crisis

The so-called National Coffee Growers' Strike was called by different coffee-growing organizations and around 560,000 families that depend on production of the bean, among whom are, on the one hand, large, medium-sized and small producers, that feel their interests are affected, and, on the other hand, mostly, hundreds of poor peasants, who migrate every year, from farm to farm, during the harvest season, in order to be able to survive from the coffee harvest.

In the middle of one of the worst crises for marketing the bean, the coffee growers demanded of the national government that it increase the price of coffee, increase subsidies and limit imports of the product, a result of the signing of almost 20 free trade agreements, that replaced domestic consumption and reduced production from 11,000,000 sacks of coffee in 2008, to 7,000,000 in 2012.

From the beginning, the Santos government rejected the measure and went out to apply all the weight of repression on the mobilized peasants, claiming that it was a matter of an “unjust and unnecessary” demand and promising with impunity that the sending of a public force to lift the blockade on the roads, would provoke “a massacre.”

The lives of the demonstrators are worth nothing to the government, that knows well how to look after its own interests, since Santos is one of the most prominent figures in the enormous coffee sector. With the formation of the National Federation of Coffee Growers, a business caste formed by big producing landowners, that controls the monopoly of domestic and foreign marketing of the bean, a mechanism has been established to appropriate a part of the value of the sale of coffee from all the producers, to keep it in a “joint savings fund,” which the Federation and the politicians have at their disposal, in order to reinvest in their own firms. Santos is one of the businessmen that is profiting from this savings fund.

The fundamental problem: the concentration of the land

Although this problem touches the money of big, medium-sized and small coffee growers, in reality, the entire weight of this enormous crisis in coffee falls on the shoulders of the poorest peasants and agricultural workers, who see their sources of employment reduced, affected by the signing of the neo-liberal Free Trade Agreements, and by the systematic ejection from their own lands, a result of the mining concessions, worth millions, that the Colombian government has extended in favor of multinational corporations, like Gran Colombia Gold (that is active essentially in the coffee-growing region), as well as the brutal attacks by paramilitaries and the Colombian armed forces, that have now left more than 5,000,000 victims of forced displacement (Codhes).

It is necessary to distinguish, then, emphatically, the class content that comes from the different actors in the coffee-growers' strike. While the big, medium-sized and small producers were backing negotiation for more subsidies to even out their profits, even receiving opportunistic “support” from the most reactionary groups of the Colombian right wing, like the “Party of the U” itself, of former President Álvaro Uribe; the conflict for the peasants and the poorest rural workers of Colombia is a structural problem of the capitalist system, that has to do with the concentration of land, which, in Colombia, means that 52% of its ownership is in the hands of scarcely 1.15% of the population, a part of the phenomenon that is turning Colombia into one of the most unequal countries of the region, with more than 15 million poor people, and a particular index of rural poverty that is located at 46%. A structural problem that connects with the conditions that thousands of Colombian workers and laborers experience, those who joined the strike in solidarity, to raise their own demands. Teachers, students, health care workers, customs officers, truck drivers, cacao growers, together with indigenous communities, that, as in the area of Arauca, are confronting the transnational mining corporations, in defense of their territory. All these forces, in the streets, resisted brutal repression from the ESMAD, already known as murderous, sent by the Santos government. The ferocious repression by the ESMAD claimed the life of a peasant and left more than fifty people injured: burned, mutilated, hit, a result of the bombs, rubber bullets and stun guns, that are part of the enormous deployment of the repressive arsenal of this Colombian police force, specializing in attacking social protest.

The Santos-Uribe confrontation

Once more, Santos' mask falls off. The inter-bourgeois disputes with Uribe clearly respond to a conflict of interests for the control of economic and political power in the country. Santos turned towards a more “diplomatic” façade, when Uribe's exclusively militarist policy had shown its failure in the objective of the national government and US imperialism (from Plan Colombia), of completely wiping out the guerrilla group (although they managed to deliver extremely harsh blows against it); to this was added national and international pressure, because of the enormous scandals about the connection of officials from the Uribe government with the paramilitaries and drug trafficking.

Then Santos decided to try out a solution of less open confrontation and more “consensus,” by approving the demagogic laws about land and restitution for the victims of the armed conflict, producing a rapprochement with the Chávez government at that time and beginning the “peace processes” with the FARC guerrilla force in Havana. However, no one forgets what role Santos played, as Uribe's firm hand, when he was his Minister of Defense, and now as a continuation of Uribe's regime of terror, “by other means.” The brutal repression of the strike is a new expression of Santos' policy of continuity with Uribe, over and above the disputes among the rulers.

A fundamental solution to Colombia's agrarian problem

While the country was brought to a standstill because of the road blockades and protest actions, the government was seeking to improve its image, by speaking well of the negotiations in Havana with the FARC, where one of the key points is exactly the agrarian question. The government's cynicism has no limits, when one of the representatives designated for the negotiations in Cuba (in addition to two of the highest leaders of the police and the army, leaders in the fight against the insurgency) is precisely the General Secretary of the entrepreneurial caste of the National Federation of Coffee Growers, Luis Carlos Villegas.

Neither this business caste, nor the coffee growers that are looking after their very own interests, is going to touch the central problem of the land in Colombia a bit. The enormous struggle of the Colombian strikers does not end at the negotiating table between the government and the coffee growers. It is necessary that the poorest peasants and the workers continue their legitimate struggle, by organizing themselves with total independence from bourgeois and petit-bourgeois groups, that are trying to put themselves in front of the legitimate popular demands, for their very own benefit.

In order to fight for a substantive solution, it is necessary to attack the ownership of the land and the interests of the big corporate capitals. It is the working class that can block the big coffee corporations and monopolies, as the truck drivers did in this strike, and those drivers, added to the peasants' blockade of the routes, brought the country to a standstill for 15 days. It is the alliance of the workers with the thousands of the poorest peasants, that can decisively confront the government and imperialism, far more than limited subsidies that do not solve the underlying issue, but in order to demand the end of the free trade treaties, a real process of agrarian reform, with the expropriation of the concentrated lands without payment, the end of concessions and servility to the multinationals, and the end of uncertain employment for those who harvest the coffee beans and all the agricultural workers. Independent organization is needed to confront the political and economic power of Santos' government and of its ballast Uribe.

No more murdering, disappearing, torturing and criminalizing the social activists! The state, through its repressive apparatus, is the author and accomplice of the paramilitary forces, of the genocide against the workers, the poor peasants, indigenous communities, men, women and children of Colombia. Justice for all the victims of state terrorism!

[1] As one coffee grower said: “That conversation of the government with the Confederation is not the voice of the peasants, nor of the coffee growers … I appeal to the government not to toy with the dignity of the people,” http://www.aporrea.org/internacionales/n224255.html

12 días de un histórico paro nacional en Colombia

Magui V. — 2013-03-13T17:11:25Z

Después de permanecer doce intensos días de lucha en las calles, los cerca de 90 mil campesinos que participaron del paro nacional cafetero, contando con la adhesión de 340 mil transportistas, cientos de trabajadores de la salud, aduaneros, comunidades indígenas y estudiantes de la Universidades más grandes de Colombia, levantaron la acción, luego de que el arrinconado gobierno de Juan Manuel Santos, terminara entregando una especie de “subsidio” de 180 mil millones de pesos (más de 99 millones de USD), para intentar contener la crisis aguda que atraviesa uno de los productos centrales para la economía del país.

Sin embargo, el acuerdo sigue siendo irrisorio frente a la enorme crisis agraria que golpea a Colombia. El paro cafetero se levantó luego que Santos respondiera a las demandas de los caficultores representantes de pequeñas, medianas y grandes hectáreas de fincas. Sin embargo, las negociaciones se llevaron a cabo entre el Gobierno Nacional y La Comisión Nacional De Cafeteros, integrada por representantes en su mayoría de la casta que representa la empresarial Federación Nacional [1], sin la participación de los delegados de la organización del paro (campesinos y trabajadores rurales), y sin tocar las demandas más profundas de los miles de campesinos pobres y trabajadores agrarios que trabajan año a año en la recolección de la cosecha de café, en condiciones de extrema precariedad, sin contrato fijo, seguridad social y sin ningún tipo de estabilidad laboral, que son precisamente los que le pusieron el cuerpo a la lucha, enfrentando la represión y organizándose colectivamente para sostener en las calles un paro nacional de casi medio mes de duración.

Mientras los caficultores propietarios exigían al gobierno subsidios para contrarrestar la baja productividad del café, fue el descontento social de los campesinos pobres, los trabajadores agrarios, los transportistas, estudiantes y comunidades indígenas, el que hizo confluir en un paro que expresó de conjunto la crisis del modelo económico neoliberal y profundamente dependiente del imperialismo, que el gobierno de Santos, y antes, el nefasto régimen uribista, se aseguraron de perpetuar en el país cafetalero. El acuerdo firmado con el gobierno nacional dejó por fuera este contenido eje del descontento social.

El paro nacional cafetero como expresión de la crisis agraria

El llamado Paro Nacional Cafetero, fue convocado por distintas organizaciones caficultoras y cerca de 560 mil familias que dependen de la producción del grano, entre las que se encuentran por un lado grandes, medianos y pequeños productores, que sienten afectados sus intereses, y por el otro, en su mayoría, cientos de campesinos pobres, que migran año a año, de finca en finca, durante la temporada de cosecha, para poder subsistir de la recolección del café.

En mitad de una peores crisis para la comercialización del grano, los caficultores exigían al Gobierno Nacional, el aumento del precio del café, el incremento de subsidios y el límite a las importaciones del producto, consecuencia de la firma de casi 20 tratados de libre comercio, que han sustituido el consumo interno y disminuido la producción de once millones de sacos de café en el 2008, a siete millones en el 2012.

El gobierno de Santos, rechazó desde los inicios, la medida y salió a aplicar todo el peso de la represión sobre los campesinos movilizados, aduciendo que se trataba de un reclamo “injusto e innecesario” y prometiendo impunemente que el envío de la fuerza pública para desbloquear las vías, provocaría “una masacre”.

La vida de los manifestantes no vale nada para el gobierno, que bien sabe cuidar sus propios intereses, siendo Santos uno de los mayores protagonistas del enorme negociado del café. Con la constitución de la Federación Nacional de Cafeteros, una casta empresarial formada por grandes terratenientes productores, y que controla el monopolio de la comercialización interna y externa del grano se estableció un mecanismo de apropiación de una parte del valor de la venta de café de todos los productores, para guardarlo en un “fondo común de ahorro” del que dispone a placer la federación y el poder político para reinvertir en sus propias empresas. Santos es uno de los empresarios que se beneficia de este fondo de ahorro.

El problema de fondo: la concentración de la tierra

Aunque este problema toca el bolsillo de caficultores grandes, medianos y pequeños, en realidad todo el peso de esta enorme crisis cafetalera, recae en las espaldas de los campesinos más pobres y trabajadores del agro, quienes ven reducidas sus fuentes de trabajo, afectados por la firma de los neoliberales TLCs, y por el desplazamiento sistemático de sus tierras, producto de las millonarias concesiones mineras que el gobierno colombiano ha extendido en favor de multinacionales como la Gran Colombia Gold (que actúa fundamentalmente en el eje cafetero), así como de los brutales ataques del paramilitarismo y las Fuerzas Militares colombianas, que han dejado en la actualidad más de 5 millones de víctimas del desplazamiento forzoso (Codhes).

Hay que diferenciar, entonces, tajantemente el contenido de clase que proviene de los distintos actores del paro cafetero. Mientras los grandes, medianos y pequeños productores iban detrás de una negociación por mayor cantidad de subsidios para nivelar sus ganancias, recibiendo incluso el “apoyo” oportunista de los sectores más reaccionarios de la derecha colombiana, como del propio partido de la U., del ex presidente Álvaro Uribe; el conflicto para el campesinado y los trabajadores rurales más pobres de Colombia, es un problema estructural del sistema capitalista, que tiene que ver con la concentración de la tierra, que en Colombia significa que el 52% de su propiedad, está en manos de apenas un 1,15% de la población; parte del fenómeno que convierte a Colombia en uno de los países más desiguales de la región, con más de 15 millones de pobres, y un índice particular de pobreza rural que se ubica sobre el 46%.
Un problema estructural que empata con las condiciones que viven miles de obreros y trabajadores colombianos, que adhirieron solidariamente al paro en reclamo de sus propias reivindicaciones. Docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, aduaneros, transportistas, cacaoteros junto con comunidades indígenas, que como en la zona de Arauca enfrentan a las transnacionales mineras en defensa de su territorio. Todas estas fuerzas, resistieron en las calles la brutal represión de la ya conocida por asesina ESMAD, mandada por el gobierno de Santos. La feroz represión de la ESMAD se cobró la vida de un campesino, y dejó más de cincuenta heridos: quemados, mutilados, golpeados; producto de las bombas, balas de goma y aturdidoras, que son parte del enorme despliegue del arsenal represivo de esta fuerza de la policía colombiana, especializada en atacar la protesta social.

El Enfrentamiento Santos-Uribe

A Santos se la cae la careta una vez más. Las disputas inter burguesas con Uribe, responden claramente a un conflicto de intereses por el control del poder económico y político del país, Santos giró hacia una fachada más “diplomática”, cuando la política exclusivamente militarista de Uribe venía mostrando su fracaso en el objetivo del gobierno nacional y del imperialismo norteamericano (de la mano del Plan Colombia), de exterminar por completo a la guerrilla (si bien llegaron a asestar durísimos golpes en su contra); a esto se sumó la presión nacional e internacional por los enormes escándalos de la vinculación de funcionarios del uribismo con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Santos decidió ensayar entonces, una salida de menor confrontación abierta y más “consenso” aprobando las demagógicas leyes de tierras y restitución a las víctimas del conflicto armado, generando un acercamiento en su momento con el chavismo y dando inicio a los “procesos de paz” con la guerrilla de las FARC en la Habana. Sin embargo, nadie olvida qué rol cumplió Santos, como la mano dura de Uribe, cuando fuera su Ministro de Defensa, y hoy como continuidad del régimen de terror del uribismo, “por otros medios”. La brutal represión del paro es una nueva expresión de la política de continuidad de Santos con Uribe más allá de las disputas por arriba.

Una salida de fondo al problema agrario en Colombia

Mientras el país se encontraba paralizado por los cortes de ruta y acciones de protesta, el gobierno buscaba lavarse la cara, hablando en buen nombre de las negociaciones en la Habana con las FARC, donde uno de los puntos nodales es justamente la cuestión agraria. El cinismo del gobierno no tiene límites, cuando uno de los representantes designados para las negociaciones en Cuba (además de dos de los más altos cabecillas de la policía y ejército, líderes en el combate contra la insurgencia), es precisamente el Secretario General de la casta empresaria de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Carlos Villegas.

Ni esta casta empresaria, ni los caficultores que velan por sus propios intereses, van a tocar un ápice del problema central de la tierra en Colombia. La enorme lucha de los huelguistas colombianos no se termina en la mesa de negociación entre el gobierno y los caficultores. Es necesario que los campesinos más pobres y los trabajadores, continúen su legítima lucha, organizándose con total independencia de los sectores burgueses y pequeño burgueses, que pretenden ponerse enfrente de las legítimas demandas populares para su propio beneficio.

Para pelear por una solución de fondo, es necesario atacar la propiedad de la tierra y los intereses de los grandes capitales empresariales. Es la clase trabajadora la que puede poner en jaque a las grandes corporaciones y monopolios del café, como lo hicieron en este paro los transportistas, que sumados al bloqueo campesino de las rutas, paralizaron durante 15 días al país. Es la alianza de los trabajadores con los miles de campesinos más pobres, quienes pueden enfrentar decididamente al gobierno y al imperialismo, por mucho más que acotados subsidios que no resuelven el tema de fondo, sino para exigir el fin de los tratados de libre comercio, un verdadero proceso de reforma agraria, con la expropiación sin pago de las tierras concentradas, el término de las concesiones y el entreguismo a las multinacionales y el fin de la precarización laboral para los recolectores de café y todos los trabajadores agrarios. Es necesaria la organización independiente para enfrentar al poder económico y político del gobierno de Santos y de su lastre Uribe.

¡Basta de asesinar, desaparecer, torturar y criminalizar a los luchadores sociales! El Estado es autor a través de su aparato represivo y cómplice de las fuerzas paramilitares, del genocidio contra los trabajadores, campesinos pobres, comunidades indígenas, hombres, mujeres y niños de Colombia. ¡Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado!

[1] Como decía un productor cafetero: “Esa conversación del Gobierno con la confederación no es la voz del campesinado ni de los caficultores (…) Hago un llamado al Gobierno a que no juegue con la dignidad de los pueblos”, http://www.aporrea.org/internacionales/n224255.html

Correa electo en Ecuador

Magui V. — 2013-02-21T19:44:31Z

Por Magui V.

En las elecciones nacionales del pasado domingo en Ecuador, Rafael Correa se impuso con un contundente resultado- ya previsto por las encuestas- del 57% de los votos, seguido del banquero Guillermo Lasso, quien alcanzó apenas un lejano 23%; y el Partido Sociedad Patriótica del expresidente derrocado Lucio Gutiérrez con poco más del 6%.
Entre las “variantes por izquierda” al gobierno, se presentó la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas (4%), que nuclea a varios ex funcionarios del oficialismo, maoístas del MPD y al partido indígena Pachacutik, quienes de conjunto se aprestaron nuevamente a reeditar su estrategia de colaboración de clases con figuras reencauchadas del oficialismo, como Alberto Acosta o Gustavo Larrea, buscando políticos burgueses o proburgueses “progresistas” o “nacionalistas” a quienes apoyar.

Correa logró consolidar con esta elección, no solo su permanencia en el ejecutivo por una década completa, sino la mayoría parlamentaria de su movimiento Alianza País, en la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo este importante triunfo incluso luego de haber roto su alianza con los movimientos sociales, lo que le permite una nueva bocanada de oxígeno tanto a su proyecto político nacional, como a la referencia regional de los gobiernos que se autodefinen como “posneoliberales”, en medio de la enorme crisis que atraviesa el chavismo con la incertidumbre por la salud de su principal líder, como con la reciente decisión de devaluar la economía.

Esta nueva victoria contundente del gobierno, se sustenta en el hundimiento y enorme desprestigio de los partidos tradicionales en el Ecuador, a los que Correa denominó “la vieja partidocracia” (Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Roldosista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica). Fenómeno al que se suma un momento histórico de crecimiento económico sobre la base de los precios excepcionales del petróleo en el mercado internacional, el barril de crudo ha llegado a cotizarse en 100 USD, permitiéndole al gobierno, sortear los impactos de la crisis económica internacional y generar un escenario, por ahora, de mayor estabilidad económica [1].

En este contexto, Correa ha logrado sostener una política de “inversión” social, sin necesidad de aplicar ajustes de conjunto (como fueron los repudiados paquetazos económicos que desataron enormes crisis sociales durante los gobiernos de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez), los ataques del gobierno se han direccionado más bien sobre la vanguardia obrera, que como en el caso de los trabajadores de la educación y la salud, han salido a enfrentar la medida de despidos intempestivos aplicada por el ejecutivo, mediante la aprobación del nefasto decreto 813, según el cual, “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización…”. Con este decreto, miles de trabajadores del sector público fueron despedidos e incluso desalojados de sus lugares de trabajo con la intervención de la fuerza pública.

Junto la debacle de la llamada “partidocracia” y la estabilidad económica producto de los altos precios del petróleo, la enorme popularidad de Correa se ve favorecida con la política que viene teniendo el gobierno, para atraer a varios sectores de la sociedad, desde el empresariado, con medidas de incentivo que incluyen la flexibilización y la continuidad del trabajo por horas, el mantenimiento de una economía dolarizada, estímulos económicos a las PYMES; pasando por las clases medias, con algunos aumentos salariales en sectores muy específicos y por ende del poder adquisitivo, así como el mejoramiento de obras públicas.

Con relación a los movimientos sociales, el gobierno también ha logrado ganar seguidores, mediante una fuerte política de cooptación, que incluye la participación en ministerios y puestos estatales; y hacia los sectores más superexplotados de la sociedad, con medidas clientelares que actúan como paliativo para las grandes problemáticas estructurales que sufren las mayorías más empobrecidas del país. Correa viene teniendo política para todos estos sectores y se apoya además en un importante arsenal mediático, para lograr construir la base social que asegure su continuidad.
Como profundizamos en la nota “A seis años del Gobierno de Correa” (Ver: http://www.ft-ci.org/article.php3?id_article=6136?lang=es); este gobierno y su llamada “Revolución Ciudadana” surgieron como elemento de contención sobre la profunda crisis social y política que vivió el país y la región latinoamericana, en los primeros años del 2000. Correa hizo algunas concesiones (desechar la firma de tratados del ALCA y TLC, cierre de la base militar norteamericana de Manta, Asamblea Constituyente, planes sociales y aumento del bono de desarrollo humano) y en los últimos años aprovechando los buenos vientos del precio internacional del petróleo y grandes inversiones mineras, logró contener la crisis socialy relegitimar Estado burgués.

Correa habla demagógicamente del “triunfo de la revolución”, pero sin tocarle el bolsillo a los capitalistas, ni afectar los intereses del imperialismo al que se le continúan otorgando concesiones millonarias para la explotación de petróleo y minerales. Tampoco el problema central de la tierra ha sido tocado durante todo su gobierno, lejos está Correa de plantear una básica reforma agraria, apenas promete un proyecto de expropiación de tierras a los terratenientes, con pago.

La Asamblea Constituyente, otro de los baluartes de la política oficialista, a pesar de nombrar demagógicamente algunos derechos, como los de los pueblos indígenas y reivindicar los principios del “buen vivir” (la relación armónica con la naturaleza y la llamada “economía social y solidaria”) esconde de fondo la defensa irrestricta de la propiedad privada, la concentración de la tierra, la educación como mercancía (que dejó de ser arancelada para pasar a ser “meritocrática”, es decir para un sector élite que tenga acceso a determinadas condiciones de vida), mientras las leyes que avalan la criminalización de los luchadores siguen intactas desde la última dictadura militar; y ahora con la mayoría en la Asamblea, Correa anunció la vía libre para proyectos como la ley de comunicaciones y la privatizadora ley de aguas, que constituye un verdadero ataque a los derechos y la existencia de las comunidades indígenas y campesinas más pobres del Ecuador, nuevamente en favor de las transnacionales.
La clase trabajadora sigue siendo uno de los sectores que menos recibió de la política de Correa, el subempleo supera el 40% y los despidos intempestivos forman parte cotidiana de la relación del gobierno con los trabajadores.

UNA DÉCADA DE CORREA EN EL GOBIERNO

Correa apuesta en esta etapa a ir a una línea incluso de mayor conciliación con los sectores dominantes, asegurándoles a los empresarios agroexportadores y terratenientes, todas las garantías para sus negocios. Si bien, el gobierno viene aplicando algunas reformas tibias que implican mayor control del Estado en la economía, no se ha modificado lo fundamental de la matriz extractivista de los ‘90 (petróleo y minería). Mientras tanto, el gobierno se garantiza fortalecer aún más, la “figura presidencial” como árbitro único y mediador entre las clases, que lejos está de promover la supuesta “participación popular” de los movimientos sociales, que tanto pregona, en su lugar los ataca, criminaliza y ridiculiza su lucha tratándolos de “ignorantes y terroristas”.
A nivel nacional acaba de lanzarle un guiño a la banca, reconociendo en el opositor Guillermo Lasso (ex funcionario del gobierno de Mahuad, durante la dolarización) la representación de una “derecha ideológica” de “manos limpias”, argumentando que a nivel de objetivos políticos “es mucho más lo que los une que lo que los separa”; “Prefiero una derecha honesta”, dice Correa, eligiendo polarizar contra la “izquierda tirapiedras”, como denomina a los sectores populares que luchan por sus derechos. [2]
Atrás quedaron los discursos contra los “grupos fácticos” de la derecha clásica, para dar paso a una línea de mayor consenso que incluye, a pesar de la demagogia sobre los organismos del ALBA, la UNASUR y la construcción de “la Patria Grande”, el fortalecimiento de lazos con gobiernos regionales reaccionarios y neoliberales, como el de Piñera en Chile y Santos en Colombia. [3] La famosa “integración regional por encima de las ideologías” de la que habla Correa, no es más que la integración del capitalismo imperialista y las multinacionales.

Sin embargo, este triunfo electoral de Correa, no resuelve las contradicciones de un gobierno, que en su carácter de mediador, viene dando en los últimos años un importante giro a derecha, alejándose de las aspiraciones obreras y populares y asestando duros ataques sobre sus conquistas, en medio de la crisis internacional que azota en principio a Europa y a EEUU, pero de la que tampoco podrán escapar las economías latinoamericanas. El oficialismo tiene además la debilidad de no contar con una sucesión política a Correa después del período 2013-2017, mientras que la denominada “partidocracia” muestra sus índices históricos de deslegitimación que se expresan en parte, en el apoyo irrisorio que recibieron los partidos de la derecha más clásica.
Como decíamos en nuestra nota anterior la clase obrera ecuatoriana en alianza con los sectores oprimidos, debe sacar las lecciones de este proceso, donde no solo no se han resuelto ninguna de las tareas de liberación nacional, sino que la propia organización de los que luchan es contantemente perseguida y criminalizada. Son los trabajadores, quienes cumplen un lugar estratégico en la producción, en el corazón mismo del sistema económico, algunas pequeñas, pero importantes expresiones de lucha de los trabajadores de la salud, educación, petróleos y algunas fábricas, se estuvieron desarrollando en el último tiempo en Ecuador contra los ataques del gobierno.
Solo la clase trabajadora, con la movilización obrera y popular y desde la organización independiente de cualquier bando burgués o proburgués, puede para dar respuesta a los problemas de fondo de la realidad del país y pelear hasta el final por la transformación revolucionaria de la sociedad.

21-02-2013

[1] “No voy a ser un irresponsable demagogo diciéndoles que si la crisis mundial se agrava no nos pasa nada. Claro que vamos a tener costos, pero estamos mejor preparados que nunca (...) para enfrentar esa crisis, con grandes excedentes de liquidez”. (El universo;10 junio 2012)

[2] Ver: discurso presidencial desde el salón Amarillo: http://www.teleamazonas.com/index.php/noticias/nacionales/20116-este-fue-el-discurso-de-rafael-correa-desde-el-salon-amarillo

[3] “independientemente de la orientación política de los gobiernos –derecha, izquierda–, tenemos denominadores comunes, como la defensa de la democracia y una vocación integracionista. Esa ha sido una agradable experiencia en estos años de gobierno. Independientemente de si Chile tiene un gobierno de izquierda o de derecha, el denominador común es la aspiración a crear la patria grande.” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209261-2012-12-05.html

A seis años de la revolución ciudadana de Correa

Magui V. — 2013-02-16T16:11:03Z

Por Magui V.

Este próximo 17 de febrero se llevarán a cabo las elecciones Por presidenciales en el Ecuador, 8 partidos políticos inscribieron su candidatura para intentar pasar a la segunda vuelta con Rafael Correa, quien mantiene una intención que podría superar el 50%, según las encuestas. Así mismo, los candidatos de Alianza País, se juegan a ganar la mayoría parlamentaria en la Asamblea.

El segundo candidato (10% aprox.), es el derechista banquero y ex funcionario del gobierno de Jamil Mahuad, Guillermo Lasso, miembro del opus dei, vinculado con la enorme crisis desatada por el feriado bancario de 1999, donde el Estado intervino rescatando a los bancos, sobre la base del congelamiento de fondos y el ingreso al nefasto régimen de la dolarización que agudizó las condiciones de miseria y pobreza para millones de ecuatorianos.

Atrás en las encuestas, se sitúan el derrocado ex presidente y militar Lucio Gutiérrez (PSP), el magnate empresario Álvaro Noboa (PRIAN), y la apuesta de reciclaje del partido del Partido Roldosista de Abdalá Bucaram (PRE): el reaccionario y homofóbico pastor evangélico Nelson Zavala.
Se presentan también variantes de centroizquierda, ex aliados del gobierno, como el movimiento Ruptura de los 25, y nuevas alianzas reformistas como en el caso de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, integrada por los maoístas del MPD, Pachakutik y ex correistas, como Alberto Acosta (3% aprox.), una variante “por izquierda” a Correa, que salió de sus propias filas, ideólogo de la Revolución Ciudadana y que refleja la ruptura (molecular) de algunos sectores desencantados con Correa. Ya en el pasado, las fuerzas del MPD y Pachakutik han apoyado distintos proyectos burgueses, como al gobierno de Gutiérrez o al propio Correa (e incluso desde la “oposición” han apoyado a instituciones reaccionarias como a la policía nacional en el amotinamiento del 30S). Hoy nuevamente se aprestan a reeditar su estrategia de colaboración de clases con figuras reencauchadas del oficialismo, como Alberto Acosta o Gustavo Larrea, insistiendo en su gastada estrategia de colaboración de clases con la burguesía, buscando políticos burgueses o proburgueses “progresistas” o “nacionalistas” a quienes apoyar.

Es necesario sacar lecciones de más de una década de levantamientos y lucha de clases en Ecuador, donde la colaboración con proyectos burgueses, incluidos los de fachada “progresista” como el de Correa, ha permitido la canalización y el desvío de las aspiraciones de las masas para la relegitimación del estado burgués. El gobierno de la “revolución ciudadana” debió dar algunas concesiones, como no dar paso a la firma de los tratados del ALCA y TLC, el aumento del bono de desarrollo humano (antes llamado bono de la pobreza) y la elaboración, a través de la Asamblea Nacional, de una nueva Constitución Política, que mas allá de la demagogia cosmética, nada ha cambiado de fondo para los trabajadores, los pueblos indígenas y los sectores mas oprimidos. Quienes se presentan en estas elecciones, como “oposición de izquierda” no son alternativa consecuente para enfrentar al gobierno ni a las fuerzas de la oposición de derecha.

En estas elecciones no se presenta ninguna alternativa de clase a los candidatos empresariales de la derecha ni al oficialismo. Ninguna de estas fuerzas representa las demandas e intereses de la clase obrera y de los oprimidos y explotados del Ecuador. La única opción es el voto en blanco, nulo o abstención, como una forma de expresar la negativa a brindarles apoyo político en las urnas, en la perspectiva de la movilización obrera y popular.

Debilidades en el régimen burgués de La “revolución ciudadana”

Es muy probable que Correa obtenga un nuevo mandato, pero esto no significa superar las debilidades estructurales de la “revolución ciudadana” ya que a pesar de la retórica oficial, el curso real de su gobierno se aleja cada vez más de las aspiraciones obreras y campesinas, buscando congraciarse con el imperialismo y los capitalistas más poderosos. En tiempos de crisis mundial, ni Ecuador ni el conjunto de América latina pueden escapar a sus consecuencias y en un contexto de crisis pueden emerger las profundas contradicciones de la sociedad ecuatoriana y hacer evidente las estrechas limitaciones de la “revolución ciudadana”.
Además, la centralidad de la figura de Correa como líder unipersonal del movimiento Alianza País es un punto débil si se acelera su desgaste, mientras que gran parte del cuerpo del gabinete presidencial y miembros de la Asamblea, están profundamente cuestionados por los escándalos de corrupción (enriquecimiento, falsificaciones, incluso demandas por violencia sexual). Correa tiene que salir constantemente a desmentir, mediante enormes cadenas nacionales, o elegir “soltarles la mano” para evitar quedar pegado y perjudicar su propio mandato. Aunque gane las elecciones con comodidad, la crisis de sucesión es un problema estratégico para el oficialismo, al que se suma (a pesar de que se prepare para una victoria cómoda en las elecciones) el desgaste de la popularidad de Correa en los últimos años.

Por otro lado, la vieja “partidocracia”, como denomina Correa a los partidos tradicionales que dominaron el país durante décadas (Socialcristiano, Roldosista, Izquierda Democrática), no logra consenso a la hora de fijar una candidatura opositora, ni consigue ampliar su base social, primando más bien el reconocimiento de la consolidación del gobierno de Alianza País, con quien solo pueden intentar establecer alguna que otra negociación. El régimen ha logrado moderar el histórico escenario de disputa interburguesa entre los agroexportadores de la costa y los terratenientes de la sierra, aprovechando la histórica ganancia de las regalías del petróleo, para beneficiar a ambos bandos con incentivos empresariales, manteniendo la concentración de tierras, flexibilizando las horas de trabajo y asegurando su coparticipación en los grandes negociados con las multinacionales imperialistas.
En medio de la crisis internacional en curso, y a pesar de lograr mantener una estabilidad relativa por las regalías del petróleo y un porcentaje importante de popularidad, el giro a derecha del gobierno de Correa (con la venta del país a las transnacionales, ataques al pueblo indígena, despidos intempestivos, el mantenimiento de la dolarización, la concentración de la tierra y la criminalización de la protesta) vienen generando respuestas en los trabajadores y los sectores populares que empiezan a hacer una experiencia con el gobierno Nacional, cuando en lugar de ver respuesta a sus expectativas, lo que reciben son continuos ataques.

El gran problema que se le presenta a la burguesía, tanto al gobierno que no tiene al momento ninguna figura de sucesión, como a la “partidocracia”, ampliamente desprestigiada por las masas; es que ante una eventual emergencia de nuevos conflictos sociales, se debiliten figuras de mediación capaces de contener crisis y levantamientos como los que desarrollaron a lo largo de los últimos 15 años. Es por eso, que es una necesidad que la clase trabajadora, muy golpeada en Ecuador por los ataques continuos de la burguesía a lo largo de su historia, y finalmente por la consolidación del régimen neoliberal; se plantee la reorganización de sus fuerzas para pelear en los lugares de trabajo, en las calles sobre la base de sacar lecciones de esta experiencia y pueda conformar su propia alternativa política de independencia de clase, para enfrentar al gobierno y a todos los proyectos burgueses.

¿Qué modelo de País prepara Correa a seis años de la “revolución ciudadana”?

La “revolución ciudadana” de Correa, es un proyecto reformista, que se mostró como la supuesta “antítesis” de los partidos tradicionales, con la “participación de los ciudadanos”. Surgió como forma de desvío, en medio de una década de levantamientos y crisis profundas, caracterizadas por el cuestionamiento al régimen neoliberal, a los partidos burgueses y las instituciones del Estado. Alianza País y particularmente Correa, se transformaron en mediadores de la lucha de clases, dando algunas concesiones parciales para evitar nuevos estallidos y maniobrando con el imperialismo para recomponer el régimen. La conformada Asamblea de Montecristi redactó en la nueva Constitución de manera demagógica, los llamados principios del “buen vivir”: la supuesta economía solidaria e incluyente, la relación de armonía con la naturaleza y la interculturalidad, y la fraseología de los derechos sociales. Nada de eso se ha cumplido.
Correa nunca tuvo intenciones de cambiar las bases económico-sociales del capitalismo ecuatoriano ni los lazos de dependencia. El suyo fue de inicio un gobierno más bien populista y de tibias reformas, que como mediador entre las clases, fue girando paulatinamente a derecha y moderando su discurso. Correa le prometió a la burguesía no revertir la dolarización y se mostró como un “ciudadano” de clase media, practicante católico, defensor de la familia y los valores de la sociedad burguesa; y hoy se apresta a consolidar un “modelo de país” “neodesarrollista”, basado en permitir la explotación multinacional de la minería y el petróleo a cambio de mejorar en algo las regalías e ingresos del Estado; pero con la contradicción de que sus compromisos con los empresarios nacionales e imperialistas, le ponen un límite concreto a las aspiraciones de las masas contenidas durante más de una década.

En cuanto al régimen político que dirige Correa, a pesar de la fraseología democratista de la reforma constitucional, apunta a fortalecer la autoridad presidencial, para que pueda consolidarse como “árbitro” y mediador inapelable, encuadrando además al movimiento de masas en las políticas del oficialismo. Nada más lejos de las promesas de “democratización” política, de participación de los “movimientos sociales” y de todo el discurso “popular” de Correa que encandila a las tendencias reformistas e izquierdistas en América latina.

La reivindicación regional de la “Revolución Ciudadana”: Los simpatizantes “progres” de Correa en América Latina, festejan sus 6 años de gobierno

El gobierno ecuatoriano tiene el reconocimiento de todo el arco “progre” de los gobiernos de América Latina, por su aparente lucha por la soberanía nacional y la integración Suramericana de la Patria Grande. En Argentina vuelven a coincidir kirchneristas y agrupaciones de la llamada “izquierda independiente” en reivindicar su figura como parte del proceso profundo de cambio que estaría viviendo nuestra subyugada América del Sur: “Todos los americanos del sur que estamos viviendo una etapa inaudita y que vamos a seguir haciendo esfuerzos para que esto se profundice aún más (…) No puede haber nada más importante que la soberanía y la democracia popular…”(1) decía Cristina Kirchner a Correa a propósito de su vista al país para recibir el premio RW . (2)
Mientras que corrientes del populismo como el movimiento Marea Popular, hablan de la necesidad de “profundizar en las luchas por un modelo de desarrollo alternativo frente a la ofensiva extractivista en curso en nuestro continente, luchas que tienen como protagonistas a las organizaciones y movimientos populares del Ecuador” (3) , o en la reciente entrevista a Itai Hagman en la revista veintitrés, donde reivindica los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, porque supuestamente “plantean una ruptura total con los regímenes políticos de esos países. No es casual que esos procesos hayan reformado las constituciones, rediscutan la institucionalidad y alientan desde el propio gobierno la participación popular”. (revista veintitrés 06/02/2013)
Pero mantener una economía dolarizada y la misma matriz económica, dependiente del petróleo donde el país deberá entregar a las multinacionales, “el 54% de su crudo exportable hasta el 2013” (4) sumados a los cerca de 20 proyectos de extracción minera a gran escala, impuestos por la fuerza a las comunidades indígenas, con muertos y presos incluidos, lejos está de parecerse a un desarrollo alternativo a la ofensiva extractivista de nuestro continente, tampoco caracteriza a una etapa de soberanía inaudita, ni mucho menos tiene por protagonistas a los movimientos populares del Ecuador. El propio Correa parece opinar distinto de sus seguidores cuando revindica el modelo chileno (de matriz profundamente neoliberal) como el ejemplo a seguir para salir de la pobreza.

“Aquí está la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la pobreza (…). Morona Santiago puede tener la segunda mina de cobre más grande del mundo. La primera está en Chile que es el país más desarrollado de América latina básicamente gracias a la minería (…). Eso nos saca de la pobreza compatriotas” (5)
Conclusiones parecidas expuso el mandatario al diario página 12, sobre el aclamado proceso de integración latinoamericana, con básicamente con cualquier gobierno, aun cuando sea con el derechista Piñera: “independientemente de la orientación política de los gobiernos –derecha, izquierda–, tenemos denominadores comunes, como la defensa de la democracia y una vocación integracionista. Esa ha sido una agradable experiencia en estos años de gobierno. Independientemente de si Chile tiene un gobierno de izquierda o de derecha, el denominador común es la aspiración a crear la patria grande.” (6)
Este “espíritu integracionista” con la derecha, también se expresa en el acercamiento al gobierno de Santos en Colombia, con quien no solo se vienen fortaleciendo acuerdos bilaterales de comercio, sino por sobretodo en materia de seguridad para el combate del “terrorismo”, incluso manteniendo la continuidad del Plan Colombia. (7)

¿“Una Revolución Social y Económica” “sin perjudicar a los ricos”?

Los organismos oficiales anunciaron este año una reducción de la pobreza de 10 puntos con relación al 2006; sin embargo, en un período histórico en ganancias petroleras para el país, los grandes problemas estructurales, siguen sin ser mínimamente resueltos; el gobierno apenas mantiene de manera paliativa la distribución de planes sociales insignificantes con relación al costo de la vida (como por ejemplo el bono de desarrollo humano que en 2013 es de apenas 50 USD, cuando la canasta familias excede los 500 USD) (8) . Según las propias cifras oficiales, en nuestro país existen 4 millones de ecuatorianos que viven con nada más que 2.40 USD al mes (9), mientras que en las zonas urbanas, la pobreza alcanza al 50.9% de la población.
Pero la anunciada “revolución social y económica”, uno de los supuestos pilares de la “Revolución Ciudadana” tampoco afectó en lo más mínimo el modelo de acumulación, lo dice el propio presidente: “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (El Telégrafo, 15/01/12).

“La revolución ciudadana” y los pueblos indígenas: Los “indios de ponchos dorados”

La declaración constitucional del sumak kausay o buen vivir, muy lejos está de la realidad de cientos de comunidades indígenas afectadas por la expansión minera y de la de sus dirigentes procesados por terrorismo y sedición. Los continuos ataques del gobierno nacional no han sido solamente materiales, a las represiones que se incluso se llevaron la vida del docente Bosco Wisuma en el oriente, se le suma una verdadera campaña de persecución mediática. En un país, donde el racismo y la etnofobia han sido parte fundamental de la historia de opresión de los pueblos indígenas y afro descendientes, Correa acude constantemente a la ridiculización de su lucha llamándolos “infantiles” o “ignorantes”.
“[...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los izquierdistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno” [...] “Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quien está detrás de todo esto” (declaraciones del presidente Rafael Correa, 02 de Diciembre de 2007)
Habría que explicarles a los indígenas Awá que la contaminación de sus ríos con arsénico, es en realidad beneficiosa para la salud; o a la familia de Klever Cacuango y Florencio Morán, trabajadores de la empresa Selva Alegre, que la tragedia en la que murieron sepultados fue solo un accidente más. Cerca de 180 opositores a la minería han sido criminalizados; mientras que en todos estos años ni siquiera se avanzó sobre un programa de reforma agraria. Solo promesas sobre un tibio plan de expropiación de tierras con pago, que en seis años no ha llegado a concretarse.

La “Revolución Ciudadana” y la mujer

“Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente (…)” (enlace sabatino de navidad, 12/12)
Ni la cantidad de mujeres que hoy ocupan puestos en el gobierno, de las que Correa habla como si fueran preciados objetos de exhibición, "Que asambleístas que tenemos guapísimas, … hay que aumentarles el sueldo eh porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela, … unas piernas y unas minifaldas impresionantes, guapísimas las asambleístas” (enlace sabatino 12/12), ni la mejor campaña televisiva contra la violencia de género, puede maquillar la realidad de una sociedad en la que 6 de cada 10 mujeres viven todo tipo de violencia.
La enorme cooptación oficial ha llevado a una verdadera claudicación por parte de varias activistas y organizaciones de mujeres hoy devenidas en correistas. La lucha por el derecho al aborto, fue silenciada con la asignación de cargos oficiales y campañas publicitarias. Mientras Correa se reivindica antiabortista, pactando con la Iglesia para no dar paso al debate; en Ecuador se producen 125.000 abortos clandestinos por año (OMS) y son las mujeres de los sectores más pobres las que continúan viviendo sus consecuencias más brutales, lesiones permanentes y la propia muerte.

“La revolución ciudadana” y la situación de la clase trabajadora:

Mientras los empresarios son los más beneficiados por la actual gestión - pues tan solo 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB-, el 40% de la clase trabajadora está subempleada, sin derecho a trabajo fijo, seguridad social o sindicalización, y miles de trabajadores del Estado han sido obligados a poner en venta su renuncia, siendo incluso desalojados por fuerzas especiales de la policía. (10) Correa es el autor del decreto 813, según el cual, “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización…”. La persecución a trabajadores del sector público ya es un hecho escandaloso, pero aún más escandaloso es que el propio presidente Correa reivindique la labor de las fuerzas de inteligencia contratadas para este fin, “es fruto de meses de investigación”, aseguró (11)
Por otra parte, el llamado “fin de la flexibilización laboral”, tan anunciado por el gobierno, no es más que una verdadera falacia, pues muchos trabajadores del propio sector público continúan mes a mes a la espera de la renovación de sus contratos y persiste el modelo de trabajo por horas y es aún peor la situación de muchos trabajadores bajo patrones privados.

Por una alternativa independiente de los trabajadores y los sectores más oprimidos

Ninguno de los problemas estructurales del país ni de los graves problemas de los trabajadores, campesinos e indígenas del país ha sido resuelto bajo el mandato de Correa. Ninguna de las tareas de la liberación nacional y social, pese a la retórica oficial, ha sido encarada. El gobierno no solo profundiza la entrega del país a las transnacionales petroleras y mineras, sino que mantiene la dolarización y la concentración de la tierra. Las demandas más sentidas de los trabajadores y los sectores sociales oprimidos del campo y la ciudad no solo no fueron resueltas, sino que la organización por su conquista es frecuentemente perseguida y criminalizada. Nada mejor puede esperarse de una próxima presidencia de Correa y de la Alianza PAIS.

Sólo la movilización obrera y popular puede abrir las puertas a una salida de fondo. Desde hace más de una década, con grandes levantamientos como el de Enero de 2000, derribando a gobiernos como los de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, y enfrentando los planes neoliberales. Los campesinos, pueblos originarios y sectores populares han demostrado su gran capacidad de lucha y su valor como aliados estratégicos de la clase obrera, pero han sido llevados siempre detrás de recambios burgueses. Hace falta un programa y una estrategia para triunfar, y una alianza de los explotados y oprimidos independiente de cualquier variante proburguesa. Los trabajadores han participado de esas movilizaciones, pero disueltos, sin poder desplegar toda la potencialidad revolucionaria de la clase obrera. La fuerza que tiene por su rol en la producción y su concentración en las ciudades y en los nudos vitales de la economía nacional, la llama a ser la clase capaz de acaudillar la alianza obrera, campesina, indígena y popular que trasforme desde los cimientos mismos al Ecuador.
En los últimos años distintos sectores de trabajadores, como los de la salud y la educación se vienen poniendo de pie en las calles junto a los trabajadores petroleros y de servicios, y en las fábricas como en la ERCO-Continental de Cuenca, donde cientos de trabajadores dieron una tenaz resistencia a los despidos y el abuso superexplotador de la patronal alemana, haciendo una experiencia con el Ministerio de Trabajo, que después de dos años de lucha, archivó su caso y lo pasó al olvido.
Estas luchas son una importante fuente de experiencias con el régimen de Correa y sus promesas. Los trabajadores ecuatorianos deben rescatar su tradición histórica de lucha y volver su mirada sobre la clase obrera internacional que se levanta contra los ajustes de la crisis capitalista, para emerger uniendo sus filas, conquistando su independencia política como clase y proponiéndose encabezar la alianza con los indígenas, y los sectores más oprimidos de la sociedad.
Este es el camino para pelear por una verdadera liberación social y nacional, contra las transnacionales y los grandes empresarios locales, pues sólo un poder de los trabajadores y el pueblo puede garantizar la solución de los grandes problemas nacionales y abrir el camino a una transformación revolucionaria de la sociedad.

TODA LA SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS DE LULUNCOTO! LIBERTAD PARA ABIGAIL Y CRISTINA

Los haberes del gobierno en materia de derechos humanos muestran el giro abiertamente represivo contra la protesta social: un profesor indígena asesinado por la represión en mitad de una protesta, un estudiante de colegio con muerte cerebral baleado por la policía en una manifestación estudiantil; el ex dirigente de la FEUE (Federación Universitaria del Ecuador), Marcelo Rivera cumpliendo 3 años de prisión, mas de 200 indígenas y luchadores sociales procesados, y el reciente caso de los 10 jóvenes de Luluncoto acusados de “terrorismo”. La ley vigente, herencia de la dictadura militar de los 70, continúa sin modificarse, mientras el gobierno se limita a decir que si bien requiere reformas, es necesario castigar con mano dura a todos esos “tirapiedras”.
En el caso “de los 10”, a las jóvenes Cristina y Abigail, se les continúa negando el amparo para salir en libertad, en un acto ejemplificador de criminalización de la protesta, donde incluso se prevé una investigación contra los abogados defensores “por el uso excesivo de petición de habeas corpus”.
Exigimos la inmediata liberación de las dos jóvenes y de todos los presos políticos del gobierno nacional. Desde el PTS y la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, enviamos toda nuestra solidaridad internacionalista en apoyo de los luchadores en Ecuador y los trabajadores despedidos por el Estado.

NOTAS:1.

1. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209258-2012-12-05.html

2. Unas horas después de las lamentables declaraciones que hiciera el presidente ecuatoriano a C5N sobre el atentado de la AMIA: "Yo conozco ese caso muy doloroso para la historia argentina. Pero vaya y vea cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia. Entonces comparemos las cosas y veamos dónde están los verdaderos peligros".

3. http://mareapopular.org/internacionales/movimientos-populares-argentinos-saludamos-la-entrega-del-premio-rodolfo-walsh-al-presidente-rafael-correa/

4. http://todoloquepasa.com/component/tlqp/article/2410?cid=153

5. Enlace sabatino del 10 de diciembre de 2011

6. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209261-2012-12-05.html

7. Ya en el primer período del gobierno de Correa (2007-2009) la ayuda militar estadounidense para temas de seguridad fue de 156,37 millones de dólares.

8. Mientras el Estado planificó para el 2012 un gasto militar de 3.469 millones de dólares, la inversión para el bono del desarrollo humano fue apenas de 790 millones.

9. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101322412#.URqvdB2ZRDY

10. (http://www.eluniverso.com/2011/10/29/1/1355/sorpresa-desazon-renuncias-forzadas-sector-publico.html)

11. http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltro-hospitales-definir-despidos.html