Fracción Trotskista Cuarta Internacional

Sobre las “expropiaciones” de empresas y la defensa de las conquistas obreras

Mario López — 2010-11-26T01:10:00Z

Luego del revés del gobierno en las parlamentarias del 26-S, la oposición patronal pretendía que el gobierno “hiciera lectura” de que los resultados electorales expresaban una oposición de la mayoría de la población a las intervenciones, compras forzosas y regulaciones del Estado en la economía privada, pero el gobierno no ha retrocedido en esta cuestión y, al contrario, ha continuado las últimas semanas las llamadas “expropiaciones” (ver editorial). Esta “ofensiva contra la propiedad privada” ha destacado no solo las críticas de las principales cámaras de empresarios y propietarios, y la “Mesa de la Unidad”, sino también la oposición de importantes sectores de trabajadores de las empresas en cuestión, al tiempo que ha traído al centro del debate en el campo sindical y de la izquierda la cuestión de cómo quedan las conquistas obreras y las condiciones de trabajo en las empresas una vez pasan a manos del Estado.

El estatismo desarrollista y el control sobre la clase obrera

Comencemos por aclarar que, a despecho de toda la demagogia del gobierno sobre “la revolución” y “el socialismo”, estas políticas no implican ningún camino de ruptura con el sistema capitalista ni la supuesta “transición al socialismo”, sino que se inscriben en la lógica de un proyecto de desarrollo nacional burgués. El gobierno se propone el viejo anhelo de la intelectualidad burguesa desarrollista de los años 30's y 40's de “sembrar el petróleo”Aunque hay historiadores que discuten la verdadera paternidad de la frase, la misma apareció públicamente por primera vez el 14 de julio de 1936, como título de la editorial de Arturo Úslar Pietri en el diario Ahora, la cual esbozaba todo un programa para los sectores más lúcidos y con “conciencia nacional” de la intelectualidad burguesa. Como es sabido, Úslar Pietri nunca fue ningún revolucionario ni socialista, sino uno de los más connotados intelectuales burgueses del país. Entre otras cosas, el texto decía: “Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales”.: usar la renta petrolera para desarrollar la agricultura y la industria nacional, en otras palabras, capitalizar la renta, convertir la renta en capital.

Desarrollar este planteamiento puede llevar a choques con los intereses imperialistas, por eso se convierte, en cierta manera, en fundamento de un planteamiento nacionalista, que es retomado en el proyecto de Chávez, con la particularidad del papel que le es asignado al Estado. Una de las variantes que ha dado la historia del nacionalismo burgués latinoamericano ha sido la del “Estado desarrollista”: además de proponerse orientar la transferencia de recursos de la actividad primario-exportadora (agricultura, materias primas) hacia la industria, el Estado asume también de manera directa un rol empresarial en determinados sectores de la economía, en función del desarrollo y ampliación de la producción nacional. En nuestro país el Estado tiene una excepcional condición para asumir este rol, como lo es ser el dueño del principal negocio de exportación y captación de renta –el petróleo–; cuestión que es así desde mediados de los 70's.

Esto es el corazón de lo que el gobierno da en llamar “socialismo del siglo XXI”, un nuevo nombre para una versión degradada y tibia de nacionalismo burgués, que nada tiene que ver con una perspectiva revolucionaria socialista, cuyas bases son la abolición de la propiedad privada capitalista y el poder obrero para avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores [1]. Para ser más claros, al contrario de lo pregonado en nuestro país por la derecha, la izquierda reformista y el populismo, estatismo no es sinónimo de socialismo, pues una cosa es una empresa en manos de un Estado burgués que se propone mantener la explotación capitalista, y otra muy distinta en manos de un Estado obrero, erigido sobre la destrucción del Estado burgués y basado en los organismos de democracia directa de los trabajadores.

En los años 20's del siglo pasado, el revolucionario cubano Julio Antonio Mella discutía con el naciente populismo latinoamericano en los siguientes términos: “Nacionalizar puede ser sinónimo de socializar, pero a condición de que sea el proletariado el que ocupe el poder por medio de una revolución. Cuando se dicen ambas cosas: nacionalización y en manos del proletariado, se está hablando marxistamente. Pero cuando se dice a secas nacionalización, se está hablando con el lenguaje de todos los reformistas y embaucadores de la clase obrera [2].

Es falso pues, que la estatización de una empresa implique en sí misma un paso en la liberación de los trabajadores del yugo explotador, en algunos casos, por el contrario, implica una mayor subordinación de estos al conjunto del sistema de explotación del trabajo asalariado que encabeza el Estado burgués, bien sea por la cooptación de sus organizaciones de lucha, o bien sea por la aplicación de la coacción y represión de la que el patrón público dispone directamente en su condición de monopolizador de la “justicia” y las fuerzas represivas. En estos casos, las iniciativas y capacidad de acción de la clase obrera para luchar contra la explotación, en lugar de desarrollarse, pueden retroceder. Todo el espectro sindical, de la izquierda reformista y populista que aplaude incondicionalmente estas compras forzosas de empresas por parte del gobierno y cuestiona a los trabajadores que no se entusiasman con tales políticas, está pensando desde la lógica del Estado burgués y no de la autoemancipación de los explotados.

La clase obrera, el desarrollo nacional y la lucha contra el imperialismo

Pero si bien el pase de una empresa de manos privadas a manos del Estado burgués, en términos de las relaciones de explotación, puede no ser más que un cambio de patrón, e incluso puede llegar a significar en algunas circunstancias un retroceso en sus libertades democráticas, capacidad de lucha o condiciones de trabajo, de ninguna manera implica que la clase obrera deba ser indiferente frente al problema del desarrollo nacional o a las pugnas con el capital imperialista, cuestiones que a menudo están detrás de estas estatizaciones. ¡Y mucho menos puede significar una defensa del capital privado frente al Estado!

La clase obrera, si quiere adoptar una perspectiva revolucionaria, no debe perder de vista que la empresa privada y el capital imperialista constituyen la crema y nata de la explotación y de la opresión nacional, es decir, son nuestros enemigos irreconciliables. Por lo general las burguesías y clases propietarias nacionales se adaptan a la dominación imperialista, dando lugar a la condición semicolonial y dependiente de nuestros países, que impide cualquier desarrollo económico y social serio.

El gobierno de Chávez pretende forzar el desarrollo nacional sin romper con el capitalismo, lo que es una utopía reaccionaria, sin embargo, esta pretensión lo lleva a un gran nivel de intervención estatal buscando ordenar los circuitos económicos en función de la “diversificación del aparato productivo” y reproducción ampliada del capital nacional. Teniendo adicionalmente el problema específico de garantizar el acceso de la población a los alimentos básicos. De los casos más recientes, es clara esta cuestión en la pugna con el grupo Polar, uno de los dos grupos empresariales más poderosos del país y que ostenta el monopolio de gran cantidad de productos de la dieta básica del venezolano. Es claro en el caso de la transnacional “española-venezolana” Agroisleña, que controlaba 30% de los silos de almacenamiento y gran parte de la distribución de insumos agrícolas y del financiamiento a los pequeños productores del campo [3]: ¡por supuesto que esta empresa tiene responsabilidad en el atraso de la producción agrícola nacional, en la usura con los productores, en el encarecimiento de los productos, en la contaminación ambiental, etc.! En cuanto a Fertinitro, es una productora nacional de úrea y otros químicos para el agro. La productora de envases de vidrio Owens Illinois, es una empresa de capitales estadounidenses. Sidetur es clave en la producción de tubos y cabillas para la construcción.

Pero el hecho de que el gobierno no haga estas movidas en la perspectiva de la liberación social de los explotados (o que incluso detrás de alguna de estas medidas pueda estar el interés de algún empresario nacional “bolivariano” o aliado del gobierno), no implica de ninguna manera que la clase obrera deba optar por la defensa del negocio privado, de corporaciones o empresas cuya base de existencia es la explotación los trabajadores y que son una verdadera traba para el desarrollo nacional e incluso para el acceso de la población pobre a los alimentos. Esta es la posición desarrollada por sectores asalariados privilegiados de estas empresas, cooptados plenamente para la defensa de la propiedad privada capitalista, y que en muchos casos forman parte de las cadenas de mando en la estructura de la explotación. Y aunque esto es entendible en este sector minoritario acomodado de la clase obrera, no lo es para sectores que se dicen revolucionarios y socialistas, como es el caso de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) que, con un discurso de “defensa incondicional de los derechos de los trabajadores”, se muestra incapaz de postular una alternativa clasista, y termina confundiéndose con la defensa del negocio privado que hacen los empresarios y sus lugartenientes.

La USI rechaza estas medidas del gobierno por considerarlas “arbitrarias y autoritarias”, y porque pueden poner en riesgo conquistas contractuales de los trabajadores. Es cierto. Sin embargo, al existir en el país (y en las propias empresas en cuestión) todo un polo nacional patronal que se opone por derecha al gobierno, y que también califica como “arbitrarias” y “autoritarias” estas medidas, y no plantear la USI una clara alternativa ofensiva de independencia de clase, quedan mezclados con la oposición patronal. Los compañeros hacen gala de un sindicalismo bastante pobre, limitándose a rechazar estas estatizaciones porque ponen en riesgo derechos de los trabajadores, pero sin proponer un camino para que la clase obrera no sólo mantenga en pie sus conquistas, sino que también pueda tomar en sus manos la lucha contra las corporaciones privadas y los capitales imperialistas, que viven de chupar el esfuerzo de los trabajadores y las riquezas nacionales.

Al no plantear una alternativa obrera de lucha anticapitalista, sino limitadamente antigubernamental, no de oposición de clase contra toda forma de explotación, sino solo de oposición al gobierno, confunden sus banderas con las de sectores patronales que también se oponen a las medidas del gobierno. Y además, impiden a la clase obrera elevarse del terreno limitadamente sindical al terreno de la lucha política revolucionaria anticapitalista y antiimperialista, el único terreno donde puede aspirar a disputar la dirección del movimiento de las masas explotadas y oprimidas, permitiendo entonces que sea el chavismo quien se proponga como una dirección “anticapitalista” y “antiimperialista” de las masas.

¿Quién defiende las conquistas obreras y quién la propiedad privada?

Los temores de sectores de los trabajadores de estas empresas a perder conquistas laborales no son infundados del todo, y menos aún la idea de que pueden sufrir algunas restricciones en sus libertades democráticas. Fueron públicas las amenazas de Chávez contra los trabajadores de las empresas básicas de Guayana que luchaban por sus derechos laborales: si hacían huelga en esas empresas estatales se estaban metiendo directamente con el Jefe de Estado, y él actuaría en consecuencia; incluso giró instrucciones públicas a los “organismos de inteligencia” (cuerpos de represión y tortura) para que actuaran contra los dirigentes obreros que incitaran las huelgas. Fue pública la amenaza de Chávez de militarizar el metro de Caracas si los trabajadores lo paraban en reclamo de su contrato colectivo –gracias a esto, y la complicidad de la burocracia sindical del metro, el gobierno pudo desconocer el contrato firmado. Es en las empresas estatales donde el gobierno se propone instaurar los “cuerpos combatientes”, que es una institucionalización del saboteo y traición a las huelgas, al ser trabajadores que están bajo el entrenamiento y disciplina del ejército, teniendo como misión “garantizar la producción” contra cualquier paralización, incluso vigilando y haciendo listas de los trabajadores que se organicen para movilizarse y hacer huelgas: eso ocurre hoy mismo en Sidor, donde incluso los propios burócratas sindicales gobierneros (como José Meléndez, de Marea Socialista) han llegado a azuzar a la Guardia Nacional Bolivariana contra delegados de base. Es en el sector estatal donde el gobierno ha establecido un sin fin de “zonas de seguridad” y “áreas estratégicas” en las cuales está negado el derecho a huelga, teniendo como resultado un dirigente obrero preso hace un año, como lo es Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco. Es en la administración pública donde el gobierno ha establecido la prohibición de aumentos de salarios que no cuenten con la aprobación directa del Presidente de la República. Por sólo señalar algunos ejemplos.

Pero no solo estos temores fundados están en la oposición a las estatizaciones, también está alimentado por los prejuicios a favor de la propiedad privada, alimentados por los dueños de las empresas, sus auxiliares al mando de la explotación (gerentes, administradores, abogados, etc.) y sectores de empleados bien pagados. Por estas vías permea hacia la base de los trabajadores y trabajadoras esta defensa del negocio privado, apoyada a veces en el hecho de que en algunos casos se trata de empresas con conquistas salariales y derechos superiores a la media del país. Además por supuesto, también actúa la propia defensa de la propiedad privada inculcada y naturalizada por la propia educación formal e informal y las instituciones de la sociedad capitalista (incluyendo al propio chavismo). Esta fuente de oposición a las estatizaciones tiene pues su fundamento no en la defensa de las conquistas obrera sino en la defensa de la propiedad privada capitalista.

El papel de los revolucionarios es separar la paja del trigo, desenmascarar esta demagogia de los capitalistas privados. Debemos denunciar que no es por gracia de la buena voluntad de estos explotadores que algunos trabajadores de sus empresas disfrutan de mejores salarios y derechos que el resto, sino que por lo general se trata de empresas privilegiadas con enormes ganancias por su condición monopólica (sin competencia), o por favores de gobiernos anteriores (créditos baratos, subsidios, etc.), o por ser capitales imperialistas, que además se sirven de la superexplotación de amplias franjas de trabajadores tercerizados y precarizados (sin ninguno de los derechos del contrato colectivo y sin siquiera representación sindical), lo que les brinda la posibilidad de sobrellevar la explotación otorgando ciertas concesiones a un sector de sus trabajadores. Hay que decir muy claro que nosotros nos oponemos a las arbitrariedades y autoritarismo del gobierno contra la clase obrera, no como los empresarios que se refieren al “autoritarismo” contra la propiedad privada, y debemos denunciarlos por cínicos porque, ¿acaso en la empresa privada reina la “democracia” en las relaciones de trabajo, de producción y apropiación de las riquezas?, ¿acaso no es la explotación del trabajo por los capitalistas uno de los más grandes autoritarismos y arbitrariedades de la sociedad de clases?

Gente como la USI, a pesar de hacer propaganda en general sobre la revolución socialista, al hacer una política concreta haciendo eje solo su oposición a las estatizaciones –llaman a movilizarse “contra las expropiaciones inconsultas”–, se muestra completamente impotente para combatir la ideología y prejuicios de la oposición patronal entre los trabajadores y bregar por una alternativa de independencia de clase.

¡Expropiación sin indemnización y bajo administración directa de los trabajadores!

Los trabajadores no tienen por qué limitar sus opciones a decidir entre una u otra variante patronal y de explotación, los trabajadores deben proponer su propia salida a los problemas del desarrollo nacional o de las crisis de las empresas, como lo es la expropiación sin pago de las mismas y su administración directo por los propios trabajadores.

El gobierno llama expropiaciones a la simple compra a precio de mercado de las acciones y activos de las empresas, hecha de acuerdo a los parámetros fijados en la legislación burguesa internacional al respecto. Es compra forzosa en algunos casos en los que los dueños no acceden a vender por voluntad propia, y en otros es de mutuo acuerdo (Banco de Venezuela, varias petroleras, etc.). En cualquiera de esos casos se está reconociendo plenamente el derecho de propiedad burgués y el derecho a la explotación, que además implica en términos concretos el destino de mil millonarias sumas de dinero que mucha falta hacen para resolver problemas salariales, o de inversión en salud y educación públicas. Por eso la lucha revolucionaria de la clase obrera en estos casos debe ser exigir la expropiación sin pago alguno, pues el fundamento de la propiedad capitalista es el robo acumulado y constante del trabajo social.

Y debe lucharse por la administración obrera, porque sean los propios trabajadores y trabajadores quienes estén a cargo de la administración de la empresa estatizada, incluyendo a los tercerizados allí donde los haya. Esto, como garantía contra el aumento de la explotación –vemos cómo el gobierno hace publicidad del hecho que al pasar a manos del Estado aumentó en un 23% la productividad en Café Fama de América y en un 1.550% la producción en Lácteos Los Andes–, y como una trinchera de lucha desde donde hacer una experiencia de poder obrero y de economía planificada, sin capitalistas y sin patrón, y poder demostrar las potencialidades de una economía sin explotadores.

En las Asambleas y discusiones entre los trabajadores, esta debe ser la perspectiva de independencia de clase a plantear. Mientras unos harán votar el rechazo a la estatización y que quede en manos del empresario privado, y otros propondrán la estatización a manos del gobierno, la opción clasista consecuente deber ser proponer la estatización sin indemnización y bajo control de los trabajadores, y luchar consecuentemente en ese sentido.

[1] Para un desarrollo más completo de esta cuestión, ver “¿De qué hablamos cuando hablamos de socialismo?”, en nuestra edición anterior, En Clave Obrera n° 24, p. 11.

[2] ”Julio Antonio Mella, "¿Qué es el ARPA [APRA]?", en León Trotsky, Escritos Latinoamericanos, CEIP "León Trotsky", 3ª Edición, Buenos Aires, 2007, p. 329.

[3] Según el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), Agroisleña controlaba el 95,88% de la importación de las semillas de cebolla, tomate y pimentón; 28% de la distribución de semillas de cereales y oleaginosas; 59% del control en la distribución de agroquímicos; 60% de la capacidad de mezclados de fertilizantes; y 80% del mercado de herbicidas y fungicidas. Ciudad CCS, 11/10/10.

La clase trabajadora necesita forjar una alternativa propia

Mario López, Milton D'León — 2010-11-26T01:05:00Z

El resultado de las elecciones parlamentarias del 26-S mostró un retroceso del gobierno y un relativo avance de la oposición de derecha [1]. Sin embargo, si bien esto continúa expresando el declive del chavismo, no ha tenido el impacto de la derrota de la Reforma Constitucional en 2007, cuando el gobierno apareció los primeros meses un tanto desorientado y errático. El gobierno ha continuado la política de compras forzosas (“expropiaciones”) de determinadas empresas. Chávez hizo una gira internacional donde firmó acuerdos en materia de vivienda y hasta de energía nuclear, y se movió a tiempo para cancelar deudas con los trabajadores de la salud y de las universidades, descomprimiendo una situación que podía desencadenar en paros nacionales.

La oposición patronal, que probablemente esperaba ver un gobierno más golpeado, se encrespa por las “expropiaciones” porque el gobierno “no entendió” el mensaje del 26-S que, para la Mesa de Unidad Democrática (MUD), supone un mensaje “contra el autoritarismo ante la propiedad privada”. Pero el gobierno “sí entendió” que debe dar respuesta a problemas claves que le socavan el apoyo electoral, y sabe que esos problemas no los puede resolver cediéndole al programa más “liberal” de la MUD –es decir menos estatista, de menos intervención y regulación– sino al contrario, usando las potestades y capacidades del Estado (como poder político y como actor económico) para incidir en la economía y buscar así algunas mejoras en la vida de las masas que le permitan recuperar el terreno perdido, sobre todo pensando en las presidenciales de 2012. Así continúa la política de “expropiaciones”, relanzó la “lucha contra el latifundio”, aprobó nuevos créditos para construcción de viviendas, anunció una ley para declarar emergencia habitacional que le permita intervenir más en terrenos y edificaciones urbanas (cuestión que ya ha comenzado a hacer), y ha elaborado un presupuesto nacional relativamente aumentado con relación a los dos anteriores, en los que venía primando el recorte o el estancamiento del mismo.

La oposición patronal quiere hacer pesar los resultados electorales… pero aun no puede

Al conocerse los resultados electorales sostuvimos que traerían una situación política y social más dinámica [2], lo que por ahora parece expresarse sobre todo en el terreno superestructural de la pugna entre el gobierno y la oposición que, ante la “ofensiva contra la propiedad privada” hace escándalo e intenta posicionarse más firmemente. La asamblea anual de Fedecámaras condenó fuertemente las adquisiciones forzosas y reclamó que el gobierno entendiera el resultado electoral como un llamado al “diálogo” y el “respeto a la propiedad”, al tiempo que Fedenaga realizó plenarios de emergencia de sus afiliados, definiendo acciones de protesta como el “tractorazo” del 12/10 en Barquisimeto (que reunió propietarios de tierras de Lara, Portuguesa y Yaracuy), y conformando “Comités de Solidaridad” con los hacendados [3].

Los ganaderos y dueños de tierras agrícolas que están en la oposición –no olvidemos que hay también los sectores aliados del gobierno– se proponen hacer bloque con los nuevos diputados de la MUD electos a la Asamblea Nacional [4], así como esperan “integrarnos con diputados para que se cree una comisión de seguridad alimentaria con el fin de que la misma sirva de integración entre la Asamblea Nacional y los gremios de productores” (ÚN, 24-10-10). Para el 20 de noviembre próximo está anunciada una movilización para rechazar “esa política violatoria de la constitución nacional como es la confiscación de tierras, empresas y cualquier actividad privada que se desarrolle en el país”, donde confluirán los gremios de propietarios y empresarios de oposición junto a los diputados electos de la MUD [5].

En el caso de las universidades públicas no controladas por el gobierno, donde anida un grueso de la oposición por derecha, las autoridades rectorales junto a las direcciones sindicales docentes y las federaciones estudiantiles, basándose en el hecho cierto de las necesidades presupuestarias, impulsan movilizaciones por más presupuesto, se proponen rechazar el presupuesto definido por el gobierno y, como medida de presión, han cerrado algunos comedores universitarios (como en la ULA y la USB).

Sin embargo, ninguna de estas acciones logra un nivel de fuerza que obligue al gobierno a modificar sus políticas, pues la MUD no cuenta con una base social dinámica dispuesta a movilizarse. Incluso, sectores patronales como la Cámara Venezolana de la Construcción anunciaron reuniones con el alto gobierno para tratar el tema de la vivienda, así como también mostró interés en llegar a acuerdos con el gobierno la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (EME&N, 13-10-10). Y en lo que hace al movimiento de masas, este no está con la oposición burguesa, como esta pretende mostrar, primando en este más bien una especie de expectativa ante la situación nacional, al tiempo que continúan desarrollándose luchas reivindicativas sectoriales.

Buscando recuperar el terreno perdido… y la base electoral

El gobierno está dando prioridad al sector agrícola y a la vivienda, dos temas de gran relevancia para la población.

En la cuestión de la vivienda el mismo gobierno ha reconocido su fracaso. De acuerdo con los cálculos oficiales, hay un déficit de cerca de 2 millones de viviendas, lo que implica aproximadamente unas 9 millones de personas que padecen este drama [6], en su gran mayoría de los sectores obreros y populares –los potenciales votantes por Chávez-, y el gobierno sabe que viene perdiendo votos en estos sectores.

En el caso de la agricultura, se apunta hacia la alimentación y la inflación, para garantizar el pan diario y a precios accesibles. Más allá de la afirmación gubernamental sobre el aumento de la superficie sembrada, lo cierto es que las importaciones de alimentos han seguido un ritmo de crecimiento en los últimos años, siendo alrededor de un 70% de lo que se consume. A su vez, las corporaciones de empresarios y productores nacionales ligados al campo presionan por más aumentos de precios, jugando a la escasez y la inflación. Entre 2007 y 2009 la inflación osciló entre el 25% y 30% anual, con proyecciones de cerrar este año cerca del 30%, significando importantes retrocesos en el poder adquisitivo del salario. En este marco el gobierno está en pugna con las empresas privadas que controlan el grueso del negocio alimenticio (agroindustria, insumos, almacenadoras, procesadoras, comercializadoras y distribuidoras).

El caso de Agroisleña, transnacional “española-venezolana” que controlaba gran parte del mercado de insumos y financiamiento agrícolas, ha sido una clara expresión de esto. Con esta “expropiación” el gobierno logró hacerse de casi la mitad de los silos del país y de más de la mitad del mercado de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, que complementa con la “expropiación” de Fertinitro, la única empresa en el país, además de Pequiven, que produce químicos para el agro. Así mismo se explica la estatización de Sidetur, fabricante de tubos y cabillas para la construcción, y las intervenciones en varios conjuntos residenciales sin terminar y con gran especulación en los precios.

Este impulso del Estado desarrollista, esa intervención directa del Estado en la economía capitalista para orientarla hacia el “desarrollo nacional”, que Chávez llama falsamente “socialismo”, parece ser el eje del gobierno para llegar mejor posicionado entre la población para las elecciones presidenciales de 2012.

Un presupuesto a la medida de la futura elección presidencial y de los compromisos con la deuda

En esa perspectiva también se encuentra el presupuesto nacional aprobado para 2011, calculado en 204 mil millones (millardos) de bolívares -lo cual significa un aumento de 28% con relación al presupuestado para 2010-, con lo que se busca revertir la dinámica de recorte que predominó en 2009 y 2010 [7]. Aunque lo presupuestado formalmente resulta menor a lo que se ejecuta realmente –dados los aportes que recibe el gobierno directamente de PDVSA, la CANTV o el Fondo Miranda, el llamado “presupuesto paralelo”–, este indica la intención del gobierno: “como resultado de la recesión y el impacto de la inflación en el gasto público, el gasto en sectores esenciales ha venido cayendo en los últimos dos ejercicios y esa es la tendencia que el Ejecutivo aspira a revertir, aunque sea parcialmente, en 2011, cuando empieza un período preelectoral crítico” [8].

Sin embargo, sigue exigiendo austeridad en distintas áreas, al tiempo que mantiene los grandes pagos a la banca imperialista y la nacional, y aumenta el endeudamiento con estas. Entre las áreas que son objeto de disminuciones están las de gastos de funcionamiento y contratación de personal, lo que puede implicar más despidos y austeridad en salarios y beneficios en el amplio y diverso sector estatal de la economía. En tanto que, si en 2009 se destinaban 16,8 millardos de Bs. para pago de la deuda, para 2011 serán 25 millardos los que irán a las cuentas del sector más parásito de la economía capitalista. Y es que la deuda que “debemos” los venezolanos a la banca crece rápidamente y, por supuesto, anuncia mayores aumentos de impuestos y recortes del presupuesto público a futuro. Así, el presupuesto de 2011 será cubierto en un 20% con nueva deuda, lo que incrementará la actual que ya suma los 275,6 millardos de bolívares.

No está de más mencionar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto serán los impuestos, cuya mayoría proviene del bolsillo de los trabajadores y el pueblo pobre, a través de distintos impuestos como el IVA.

¿Hacia dónde va la situación nacional?

Con el nuevo posicionamiento de la oposición en el Estado, al contar con una importante minoría parlamentaria, que se suma al control de importantes gobernaciones y alcaldías logrado en 2008, esta se orienta por ahora a jugar al desgaste de Chávez, explotando para su beneficio la crisis económica y los acuciantes problemas sociales; llamando a Chávez a “gobernar en lugar de pelear”, al tiempo que denuncian la política de regulación e intervención estatal en la economía como la principal responsable de los males del país, agitando su programa abiertamente proempresarial. Así trabajan para el escenario de las elecciones presidenciales del 2012.

En lo que respecta al gobierno, no se puede descartar que, ante el hecho de tener una Asamblea Nacional que le obstaculice sus políticas, acentúe su carácter bonapartista, amparándose en la concentración de poderes que las distintas reformas y leyes votadas le han ido otorgando.

Sin embargo, los escenarios dependerán del curso de la crisis económica y de la lucha de clases, pues si entramos a un escenario de mayores luchas obreras y populares empujadas por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, es posible que sectores de la oposición y del gobierno busquen ensayar niveles de entendimiento, mecanismos de gobernabilidad, para articular un régimen de dominio que permita hacer frente a la movilización obrera y popular que, por su propio desarrollo, tenderá a chocar tanto con la oposición como con el gobierno.

Por lo pronto, el resultado electoral arroja un fortalecimiento político de una variante patronal burguesa frente a otra, sin que surja una alternativa propia de los trabajadores, aun cuando este resultado no ha significado gran efecto en cuanto a las luchas obreras, pues el avance de esta oposición no tiene relación directa con la dinámica de las luchas salariales y reivindicativas en curso.

Ante el reforzamiento de variantes patronales, prepararse para las luchas por venir

Ante la ausencia de una alternativa propia de las masas explotadas, de una oposición clasista por izquierda al gobierno, la actual situación la viene capitalizando la oposición aglutinada en la MUD; sin embargo, de sobra sabemos que sólo ofrecen un programa abiertamente proempresarial y proimperialista. El gobierno, más allá de la demagogia sobre un supuesto “socialismo”, no deja de representar un proyecto de “desarrollo nacional” burgués, que recae sobre la explotación de la clase obrera y supone la continuidad de la pobreza y padecimientos en amplias franjas de la población. En la actual situación, ambas fuerzas desarrollarán su pugna, ante la cual los trabajadores y trabajadoras debemos oponer el desarrollo de una política de independencia de clase.

En el movimiento obrero continúan las luchas reivindicativas sectorizadas, aunque sin coordinación, ni tampoco acciones contundentes o radicales como llegaron a tener algunas luchas emblemáticas en los años anteriores (tomas de fábricas, paros impuestos por la base a la burocracia, producción bajo gestión obrera, exigencia de nacionalización, lucha por pase a planta de los tercerizados). Lo que, sin embargo, no niega la posibilidad de que, empujados por las condiciones de vida, los atropellos laborales y despidos por la recesión, los trabajadores entren en una dinámica superior de lucha. Es necesario entonces luchar por la coordinación de las luchas en curso, concretado encuentros sectoriales, regionales y nacionales, de cara a planes regionales y nacionales de lucha unificados.

Al tiempo que se trabaja por la coordinación y triunfo de las luchas en curso, urge luchar desde la clase obrera por forjar una alternativa de clase propia, para que el declive del chavismo no sea capitalizado por otras variantes patronales, sino por el conjunto de las masas explotadas del país, conquistando victorias de clase y el fortalecimiento de la capacidad de lucha y acción independientes. La tarea impostergable es luchar para que la clase obrera solamente confíe en sus propias fuerzas, métodos de lucha y sus propias organizaciones. Los trabajadores y las trabajadoras tendremos que prepararnos para acontecimientos más duros, donde surgirán nuevos movimientos y expresiones de la lucha de clases porque se van a multiplicar el desempleo, la falta de vivienda, los bajos salarios, el alto costo de los alimentos, entre otras carencias, y para enfrentar estas circunstancias serán claves la disposición de fuerzas de la clase obrera, su organización, su moral y su claridad estratégica y política.

[1] Aun cuando el gobierno obtuvo mayoría simple, con 98 de 165 diputados/as, no logró retener ninguna de las mayorías calificadas: ni los 2/3, necesarios para aprobar leyes orgánicas y designar los miembros de los demás poderes públicos, ni los 3/5, necesarios para las leyes que habilitan al presidente para legislar (gobernar por decreto). La alianza encabezada por el PSUV obtuvo 5.444.463 votos, la MUD 5.327.890 votos, y el resto de otros partidos de diversas tendencias 523.853 votos, sobre un total de votos lista de 11.296.206. Comparado con los resultados de las últimas elecciones de la Enmienda Constitucional de febrero de 2009, el gobierno pierde 847.593 y la derecha apenas aumenta 154.892 votos, el gobierno cae en un 15,56% y la derecha aumenta 2,88%.

[2] Ver “Por el declive de Chávez se afianza la oposición empresarial” en www.lts.org.ve/spip.php?article329.

[3] “Estos comités estarán formados por bloques de productores de las distintas regiones, quienes se unirán para defender, apoyar y evitar abusos contra los productores cuyas fincas sean intervenidas o expropiadas”, afirmó Manuel Cipriano Heredia, presidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga), Últimas Noticias, 24-10-10.

[4] “Aganaco espera que asistan los productores del Sur del Lago de Maracaibo, los 16 diputados electos por Zulia a la Asamblea Nacional […] así como los presidentes de Fegalago y de Fedenaga” (El Mundo Economía & Negocios, 14/10/10).

[5] Esta movilización está precedida de acciones regionales, como la “Gran caravana contra las expropiaciones” realizada en Cumaná el 06/11, encabezada por la organización “Ciudadanos En Defensa del Derecho a la Propiedad Privada” (El Universal, 08/11/10).

[6] El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calcula el número de personas por hogar en el país en un promedio de 4,5.

[7] El presupuesto de 2009 se calculó inicialmente en 167,4 millardos, pero fue recortado un 6,7% para llevarlo a 156,4 millardos; el de 2010 fue casi igual al anterior, al aprobarse en 159,4 millardos.

[8] El Mundo, Economía & Negocios, 05/10/10.

La clase trabajadora necesita su propio partido

Mario López — 2008-02-20T00:00:00Z

Tras la derrota en el referéndum por la propuesta de reforma constitucional, Chávez y el gobierno han sacado la cuenta de que deben negociar más y cederle a la oposición burguesa, para continuar llevando las riendas del país, y este camino, aunque no es en modo alguno tranquilo, constante y lineal, es el que sin lugar a dudas viene marcando el signo de la orientación gubernamental desde esa fecha. A pesar de las ya inofensivas amenazas del presidente, toda una serie de medidas políticas y económicas tomadas constituyen una cuadro donde el gobierno busca dar señales de querer un mejor entendimiento con la oposición de derecha, mientras esta exige más y más.

Es que desde el acuerdo para dar los resultados del 2-D, lo que se viene configurando es un escenario donde entre las dos grandes fuerzas en pugna discuten el presente y el futuro del país, sin que las grandes masas trabajadores y pobres tengan arte ni parte, a no ser para pagar las consecuencias de estos entendimientos, pues, nada positivo para el pueblo trabajador puede venir de estos acuerdos, como no lo vino de los acuerdos hechos luego del golpe de Abril y del paro-sabotaje petrolero, que dejaron a la burguesía golpista con sus bienes y poder económico intactos. Hoy, nuevamente, pero a escalas mayores, lo que hay es un proceso de toma de medidas económicas y políticas que, a pesar de los fuertes enfrentamientos verbales por los medios, coincide en descargar sobre los hombros del pueblo las contradicciones de la economía capitalista nacional.

Una alternativa obrera

Este cuadro marca la necesidad de que la clase trabajadora -constituida hoy por casi 7 millones de trabajadores asalariados-, se organice po-líticamente de manera in-dependiente para hacer frente a esos acuerdos de «los de arriba». Lo más probable, es que con una combinación de ceder algunas pequeñas cosas y golpear fuerte a los sectores más radicalizados de los tra-bajadores, o de los sectores más estratégicos, se busque frenar las luchas que ya se vienen dando y las que se desarrollaran, del lado de los trabajadores, de los campesinos pobres y de las comunidades.

Por otro lado, la alta abstención en el referéndum de los votos del chavismo, que tampoco apoyaron a la oposición burguesa, expresó duda e incredulidad en grandes sectores urbanos y de la clase trabajadora. Basta ver que fue en las zonas de mayor concentración urbana y proletaria donde sufrió más el gobierno esta defección de votos. Este hecho abre también la posibilidad del desarrollo de una alternativa política distinta las dos fuerzas que se disputan el país: frente a la oposición pro-imperialista y el gobierno del «socialismo con empresarios», puede abrirse paso la organización independiente de la clase trabajadora, de las y los millones que producen las riquezas y hacen andar las ruedas del país.

Por un partido de los que derrotaron los embates de la reacción y hoy luchan por sus demandas

La situación planteada a escala estratégica es cómo resolver la contradicción del último período de la lucha de clases en el país, donde el movimiento de masas despliega su energía y sus fuerzas en las calles, las fábricas y las urnas electorales, contra la reacción burguesa y el imperialismo, pero todo tras el apoyo a un gobierno reformista que conduce todas esta fuerza por los cauces de un proyecto que busca desarrollar el país de la mano de «empresarios nacionalistas» e incluso de sectores del capital trasnacional. La clase trabajadora, ha dado todo de sí en la lucha contra la reacción, pero no ha podido articular un programa y política propios. La consecuencia de eso, es que tras nueve años de gobierno, los capitalistas y grandes comerciantes, nacionales y extranjeros, son los más beneficiados del crecimiento económico y los altos precios petroleros, engordando sus ganancias, mientras los trabajadores y trabajadoras siguen sin ninguna de sus demandas fundamentales resueltas.

Así, desde mediados del 2006, importantes luchas se vienen librando en distintas ciudades y sectores de trabajadores del país, chocándose no sólo con la oposición patronal, sino a menudo también con la complicidad de las instituciones del Estado y con la política del gobierno: el caso de Sanitarios Maracay es sin dudas el ejemplo más contundente, pero se cuentan muchos más. Esto ha dado pie a que franjas de trabajadores en lucha comiencen a presentar dudas sobre su apoyo al gobierno y se desarrollen tendencias proclives a la independencia política como clase, no sólo frente a los patrones y la oposición burguesa, sino también frente al gobierno. Hoy, la situación abierta en el país pone en el centro de la discusión no sólo la necesidad, sino también la posibilidad, de la construcción de una herramienta política propia de la clase trabajadora, que aglutine a miles de estos luchadores obreros y militantes de la izquierda obrera y socialista, que puede convertirse en la referencia de decenas de miles, para hacer pesar en la vida nacional la voz y fuerza de las masas trabajadoras.

Se trata de un partido político de la clase, donde puedan expresarle libremente las distintas expresiones y tendencias que al interior de ella existen, teniendo como base programática fundamental de clase la lucha contra la explotación capitalista y las miserias que provoca, con una delimitación de clase frente a cualquier proyecto político ajeno a sus intereses. Una organización con un régimen interno basado en los métodos de la democracia obrera, basado en las organizaciones de los trabajadores (sindicatos, comités de fábrica, etc.) y cuyos métodos de lucha sean los de la clase: asambleas, movilización, huelgas, autodefensa obrera.

Allí los revolucionarios y revolucionarias lucharíamos por que se levante una estrategia obrera revolucionaria, de lucha contra todo proyecto político que se proponga continuar el capitalismo, en la perspectiva de luchar por un gobierno propio de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Es que hoy, la existencia de un partido de trabajadores, constituiría un importante paso en el camino de la lucha por la construcción de un partido obrero revolucionario, anclado en los principales bastiones de la clase.

A Orlando Chirino y los compañeros de Voz de los Trabajadores

Hemos venido planteando la necesidad de que los distintos grupos de la izquierda que se reclama socialista revolucionaria, coincidamos en el impulso a la construcción de este partido de la clase trabajadora en nuestro país. Por su parte, el compañero Chirino y su grupo político, autodenominado «Movimiento por la construcción de un partido de los trabajadores», han planteado reiteradamente que tal partido es «una exigencia a grito de miles» y que se proponen dar pasos en la construcción del mismo. En función de esto les hemos dirigido una carta pública y sostenido reuniones para plantearles una política conjunta en este sentido. Pero extrañamente vemos cómo los compañeros vienen llamando a la legalización del denominado «Partido de la Izquierda Socialista (PAIS)», al cual definen «partido de los trabajadores», sin que medie antes ni después, discusiones, asambleas o reuniones abiertas en los sindicatos donde dirigen o tienen influencia en el estado Aragua, donde han concretado su iniciativa. Sin que medie discusión en los lugares de trabajo donde están, sobre el programa, métodos y criterios de organización de tal partido.

Esto lo que indica es que no se trata en realidad de un partido de los trabajadores lo que se proponen, sino un grupo un poco más grande de lo que es hoy Voz de los Trabajadores, ayudados con la atractiva consigna de «partido de los trabajadores». La situación abierta a nivel nacional exige no solamente la construcción de pequeños grupos socialistas, sino una política transicional para luchar por la indpendencia política de la clase, exige ofrecer una alternativa política para la organización independiente de la clase a los miles que hoy luchan por sus demandas, y que si bien le han dado la espalada hace tiempo a la reacción burguesa, tampoco se convence de militar en los partido del chavismo, menos en el PSUV. La posibilidad de que estas importantes franjas de decenas de miles trabajadores y trabajadoras que dudan del gobierno y luchan hoy por sus derechos y reivindicaciones, avancen en su experiencia política con el gobierno hacia posiciones de clara independencia política y estratégica como clase explotada, pasa por la construcción de un gran instrumento político propio de la clase.

Con seguridad, esta nueva situación nacional permite el crecimiento por algunas decenas de los grupos socialistas, pero no se trata del crecimiento molecular de uno u otro grupo de revolucionarios, sino de la respuesta que la clase trabajadora, impulsada por sus sectores de vanguardia, pueda dar ante la situación de la lucha de clases planteada hoy en el país. Para nosotros se trata de pensar estratégicamente qué iniciativas pueden ayudar a que la clase trabajadora avance en conquistar su independencia política, pues, como planteaba Trotsky, sin alcanzar los más altos niveles de independencia política con relación a las clases explotadoras, es imposible que la clase explotada y revolucionaria por excelencia pueda conquistar su propio poder, en este caso, la revolución socialista.

The significance of the struggle of Sanitarios Maracay and the strike in Aragua?

Mario López — 2007-07-03T22:15:16Z

As we have amply described in this issue, on Tuesday, May 22, a big
sector of industrial workers of Aragua state brought its activities to
a standstill, going out into the streets, blocking almost all
the nerve centers of the state. This strike led by the workers of
Sanitarios Maracay and C-CURA [a tendency in the UNT union
federation], in solidarity with the struggle of the comrades of
Sanitarios, who have been producing for more than six months under
workers' management and against repression by regional police and the
Guardia Nacional, forced even the Minister of Defense himself, Raúl
Baduel, to organize a meeting to discuss the workers' demands with them.

The strike did not have "friends" in the regional or national
government; on the contrary, they tried to obstruct it until the last
minute. But the decision of the workers, encouraged by the great
example of Sanitarios Maracay and persuaded to offer their class
solidarity, was imposed in the factories and the streets. The aim,
said several of the workers, was to make the Governor, the police, the
bosses, the Guardia and the rest of the state institutions, "respect
us." And the workers won respect, with their own forces and methods of
struggle! When the Chávez government seeks to enforce a peaceful
coexistence between the working class and those who exploit it, by
substituting small concessions, granted through government decrees,
for class struggle, when it wants to set itself up as the "referee"
and place limits on the workers' struggles through courts, judges,
legislators, and even the Guardia Nacional, this strike appears,
marking a big expression of workers' struggle neither instructed nor
regimented by the state.

The exemplary experience of Sanitarios Maracay - with a lot of impact
on the working class of Aragua state - managed by its own workers, in
spite of delays and the national government's negotiations with
businessmen, and even in spite of the repression the workers suffered
at the hands of the Guardia Nacional — this big workers' action
unfolded around Sanitarios Maracay. It is because Sanitarios is
already a factory without a boss, that functions democratically
through Assemblies, a Factory Committee and several subcommittees for
management, that proves reliably that factories do not function
without workers, but they do function without bosses!

But this experience is not an isolated fact nor a fact exclusive to
Aragua state, although it has reached its highest point there. From
the middle of last year, big struggles by sectors of wage earners have
covered the country, in private as well as public enterprises, with a
diversity that goes from the struggle for rights at work, for union
recognition, against plant closings and some struggles against
government agreements with the union bureaucracy or the bosses,
including the transnational oil companies. At this time the struggle
of the workers of Vivex (for union recognition and a contract), of
Petrozuata and Sincor (against the transnational oil companies in the
Oil Belt of the Orinoco River), of Albeca (against the businessman who
is a member of Comando Miranda [the 2006 Chávez election campaign]),
and most recently, of the Parmalat workers in Zulia and Lara states
(who occupied the factories, demanding their expropriation), of the
workers of Sidor (demanding re-nationalization of the firm and the
introduction of fixed wages for the 9,000 contract-outsourced
workers), of public employees and the oil workers (against the
agreements of Ministry of Labor with the bureaucracy — even with the
coup-plotters in the petroleum sector — and for their [the workers']
contract), of the workers of DSD and CE Minerales de Venezuela
(against super-exploitation by these transnational corporations that
benefit from government subsidies), of CVA-Azúcar (against massive
layoffs in that state enterprise), and many others in addition, have
been outstanding.

At the base of this process one finds both the fact that big economic
growth is occurring, which is known and understood by everyone, while
the essential demands of the workers continue to be postponed, and the
persistence of super-exploitation and anti-union policies (both in the
private and public sectors), maneuvers by the Ministry of Labor to
reach agreements with the bosses and the union bureaucracy of the
Fourth and Fifth [Republics], against the rank and file unions and the
class-conscious and militant tendencies, as well as the incessant
repression against protests by the workers.

In these struggles, the working men and women, the majority of whom
still trust Chávez and his government, are colliding time and again
with state institutions and government policies, which appear clearly
from the side of the bosses, as [the workers] encounter brutal and
even criminal acts of repression, like the one unleashed against
Sanitarios Maracay and the workers of DSD and CE Minerales, with the
inflexible defense of an employer because he is a chavista, like the
boss at Albeca, with agreements by the Minister of Labor even with the
pro-coup union bureaucrats of PDVSA, to isolate the militant unions
that dispute with him, or with answers like those of the President of
CVA-Azúcar about moving the firm to a different state: "The enterprise
has nothing to discuss with the workers ... this is a decision that must
be respected, whether the workers like it or not."

For this reason, although they continue to be hopeful about Chávez'
project, objectively they are beginning to fight not just against the
employers but also against the government. Among these struggles,
sectors of the vanguard are beginning to make a political experiment
with what they consider to be "their" government [i.e., workers
running things], although now cautiously. We could say that in these
cases the actions go more quickly than consciousness itself; not
accidentally, a worker from Sanitarios Maracay, which is, without a
doubt, the most advanced expression of this important process, said:
"The question is not whether we are with Chávez, but whether he is
with us, because we are beginning to have doubts." Even among vanguard
leaders of the oil workers' union, there is beginning to be doubt over
whether this is really their government, as they thought it was until
recently.

Faced with this situation, the task now is to fight to extend these
advanced experiences of struggle, to coordinate them at a regional and
national level, from the grass roots of the struggle, in order to
provide them with strong organization and a plan of struggle, as well
as seriously discussing the need to set up an independent workers'
party, based on the unions and militant organizations of the class, to
raise working men and women to independent political struggle, and
from there to address millions of wage earners, that still trust the
"mixed economy" national development project proposed by Chávez, which
in reality rests on high oil prices and exploitation of the working class.

Translation by Yosef M.

¿Qué expresa la lucha de Sanitarios Maracay y el paro obrero en Aragua?

Mario López — 2007-06-25T00:00:00Z

Como lo reseñamos ampliamente en este número, el martes 22 de mayo un importante sector de los trabajadores industriales de Aragua paralizaron sus actividades, saliendo además a las calles, trancando casi todos los puntos neurálgicos del Estado. Este paro, encabezado por los trabajadores de Sanitarios Maracay y la C-CURA, en solidaridad con la lucha de los compañeros de Sanitarios que llevan más de siete meses de producción bajo gestión obrera y contra la represión de la policía regional y la Guardia Nacional, hizo que hasta el mismo Ministro de la Defensa, Raúl Baduel, tuviera que organizar una reunión para discutir con los trabajadores sus demandas.

El paro no tenía “amigos” en el gobierno regional ni nacional, al contrario, hasta el último momento intentaron boicotearlo. Pero la decisión de los trabajadores, alentados por el gran ejemplo de Sanitarios Maracay y ganados a brindar su solidaridad de clase, se impuso en las fábricas y las calles. El objetivo, decían varios de los obreros, era “hacernos respetar” por el gobernador, la policía, los patrones, la Guardia y demás instituciones del Estado. ¡Y los trabajadores se hicieron respetar, con sus propias fuerzas y métodos de lucha! Cuando el gobierno de Chávez busca forzar una convivencia pacífica entre la clase trabajadora y sus explotadores, sustituyendo la lucha de clases por pequeñas concesiones dadas a través de decretos gubernamentales, cuando quiere erigirse como el “árbitro” y poner límites a las luchas obreras a través de los tribunales, jueces, diputados y hasta la Guardia Nacional, este paro aparece marcando una importante expresión de lucha obrera no tutelada ni regimentada desde el Estado.

La experiencia ejemplar de Sanitarios Maracay -con mucho impacto entre la clase obrera del estado-, gestionada por sus propios trabajadores, a pesar de las dilaciones y negociaciones del gobierno nacional con los empresarios, e incluso de la represión sufrida a manos de la GN, Sanitarios Maracay, es alrededor de la cual se desarrolla esta importante acción obrera. Es que Sanitarios es ya una fábrica sin patrón, que funciona democráticamente a través de Asambleas, un Comité de Fábrica y varios sub comités para la gestión, que demuestra fehacientemente que ¡sin los trabajadores las fábricas no funcionan, sin los patrones sí!

Pero esta experiencia no es un hecho aislado ni exclusivo del estado Aragua, si bien allí ha tenido su punto más alto. Desde mediados del año pasado importantes luchas de sectores asalariados han venido recorriendo el país, tanto en empresas privadas como públicas, con una diversidad que va desde la lucha por derechos laborales, por reconocimientos de sindicatos, contra cierres de empresas y algunas contra los acuerdos del gobierno con la burocracia sindical o los patrones, incluyendo las transnacionales del petróleo. En este tiempo han resaltado las luchas de los trabajadores de Vivex (por reconocimiento del sindicato y contrato colectivo), de Petrozuata y Sincor (contra las trasnacionales petroleras de la Faja), de Albeca (contra el empresario miembro del Comando Miranda), más recientemente, de los de la Parmalat de Zulia y Lara (con las fábricas ocupadas exigiendo su expropiación), de los obreros de Sidor (exigiendo su re-nacionalización y el pase a nómina fija de los 9 mil contratados-tercerizados), de los empleados públicos y los trabajadores petroleros (contra los pactos del Ministerio del Trabajo con la burocracia, incluso la golpista en el sector petrolero, y por su contrato colectivo), de los trabajadores de DSD y CE Minerales de Venezuela (contra la súper explotación de estas transnacionales beneficiadas con subsidios del gobierno), de la CVA-Azúcar (contra el despido masivo en esta empresa estatal), y muchas otras más.

En la base de este proceso se encuentra, tanto el hecho que hay un importante crecimiento económico que es conocido y percibido por todos, mientras sigue la postergación de las fundamentales demandas obreras, como la persistencia de la súper explotación y políticas antisindicales (tanto en el sector privado como en el público), las maniobras del Ministerio del Trabajo para acordar con los patrones y la burocracia sindical de la cuarta y de la quinta, contra los sindicatos de base y las corrientes clasistas y combativas, así como la represión cada vez más continua contra las protestas obreras.

En estas luchas los trabajadores y trabajadores, que en su mayoría aún confían en Chávez y su gobierno, chocan una y otra vez con las instituciones del Estado y las políticas del gobierno, que se muestran claramente del lado de los patrones, encontrándose con represiones brutales y hasta gansteriles, como la desatada contra Sanitarios Maracay y los trabajadores de DSD y CE Minerales, con la defensa férrea de un patrón porque es chavista, como el de Albeca, con acuerdos del Ministro del Trabajo hasta con sindicaleros golpistas en PDVSA, con tal de aislar a los sindicatos combativos que lo cuestionan, o con respuestas como las del Presidente de la CVA-Azúcar sobre el traslado de la empresa a otro estado: “la empresa no tiene nada que discutir con los trabajadores... esta es una decisión que tiene que respetarse, gústele o no a los trabajadores”.

Por eso, aún cuando mantienen esperanzas en el proyecto de Chávez, objetivamente comienzan a pelear ya no sólo contra los patrones y sino también contra el gobierno. En medio de estas luchas sectores de vanguardia comienzan a hacer una experiencia política con el que consideran “su” gobierno, aunque ya con muchas reservas. Podríamos decir que en estos casos las acciones van más de prisa que la conciencia misma, y no por casualidad un trabajador de Sanitarios Maracay, que es sin duda la expresión más avanzada de este importante proceso, decía: “la cuestión no es si nosotros estamos con Chávez, sino si él está con nosotros, porque comenzamos a tener dudas”. Incluso entre dirigentes sindicales petroleros de vanguardia ya se empieza a dudar sobre si éste es realmente su gobierno, como lo consideraban hasta hace poco.

Frente a esta situación, la tarea del día es luchar por extender esas experiencias de lucha avanzadas, coordinarlas a nivel regional y nacional, desde las bases en lucha, para dotarlas de una fuerte organización y plan de lucha, así como discutir seriamente la necesidad de poner en pie un partido obrero independiente, basado en los sindicatos y organizaciones combativas de la clase, para elevar a la lucha política independiente a los trabajadores y trabajadoras y dirigirse desde allí a los millones de asalariados y asalariadas, que aún confían en el proyecto de desarrollo nacional con “economía mixta” propuesto por Chávez, que descansa en realidad sobre los altos precios petroleros y la explotación de la clase trabajadora.

PSUV, un partido de conciliación de clases

Mario López — 2007-02-06T21:39:06Z

Chávez: «Invito a los obreros y obreras... a los empresarios nacionalistas a construir este instrumento unitario (PSUV)»

El 15 de diciembre pasado, en el acto de reconocimiento al Comando Miranda, Chávez lanzó oficialmente la idea que había asomado meses antes de un partido único de las fuerzas y sectores que lo apoyan: el «Partido Socialista Unido de Venezuela». Más que una propuesta fue en realidad el anuncio de una decisión tomada, incluidas advertencias sobre la salida del gobierno de quienes no concuerden incorporarse al mismo. Tal decisión ha generado un intenso debate y movimientos en las distintas fuerzas afines a Chávez, así como también simpatía en varios sectores obreros y populares que, confiando en Chávez, ven allí una posibilidad para luchar contra la burocracia y la corrupción en el gobierno.

La «vía venezolana al socialismo»

La mayoría de las críticas que han surgido de las organizaciones, grupos e intelectuales que apoyan a Chávez, tanto los que han decidido integrarse (la mayoría) como los que no, se centran en el carácter impuesto y sin discusión del partido, en cuestionar la forma misma de partido, o en el carácter policlasista del mismo (ver recuadro), sin embargo, aún cuando bien pudiera discutirse sobre esos aspectos, hay un elemento fundamental que todos pasan por alto: ¿para qué programa y proyecto político es este partido? «¡Nosotros, aquí, vamos a construir el socialismo venezolano... y un instrumento político que ayude a conquistar ese objetivo!», dijo Chávez en su discurso [1]. Es precisamente por eso que ha generado expectativas en el pueblo trabajador, pues la propuesta viene acompañada de una fuerte retórica «revolucionaria», de medidas de «nacionalización» (compra) de algunas empresas, llamados a la conformación de «consejos laborales y comunales», entre otras, en fin, la promesa de «profundización» de la «revolución». De nuestra parte, aunque respetamos esa confianza de las masas trabajadoras en Chávez, no la compartimos en absoluto, pues como intentaremos demostrar aquí ese partido nada tiene que ver con una herramienta obrera y popular para luchar contra el capitalismo [2].

Hemos escrito ampliamente otras veces sobre la realidad del llamado «socialismo del siglo XXI» hoy en nuestro país [3]. Bastan las palabras del propio Chávez y su equipo de gobierno para saber que no se persigue acabar con la explotación capitalista, cuya condición indispensable es la abolición de la propiedad privada sobre todos los medios de producción y cambio. «No negamos la propiedad privada», ha repetido Chávez una y otra vez, «...sólo que debe estar cada vez más en función del bienestar social» [4]; se trata en estos momentos, dice Jorge Giordani, de que «la riqueza se distribuya de manera más equitativa», de «la utilización de los recursos provenientes de la renta petrolera, para salvar la enorme deuda social acumulada, para recuperar la capacidad productiva» [5].

El proyecto del gobierno consiste, además de otorgar determinadas concesiones a los trabajadores y el pueblo pobre vía las Misiones y otras políticas gubernamentales, en impulsar el «desarrollo nacional» -industrialización, «producción nacional», ampliación del «mercado interno», búsqueda de mayores márgenes de independencia política frente al imperialismo -con una alianza entre el Estado y sectores medianos o «nacionalistas» del empresariado nacional como por ejemplo los empresarios y ganaderos que acaban de anunciar la conformación de la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela. En este sentido se dirige toda la política económica del gobierno, completando el proyecto la «alianza» con las masas obreras, campesinas y populares que se supone verían también resueltos sus demandas fundamentales por esta vía, rematando todo esto con un fuerte discurso «socialista». Se supone que este «desarrollo nacional» ayudará al Estado a tener en sus manos más recursos económicos y de servicios, a los empresarios «nacionalistas» a mejorar su capacidad y poder productivo, y por esa vía, el pueblo tendrá mejores salarios, vivienda, educación y salud.

Es por esto que una fracción «nacionalista» del empresariado y las clases medias (militares, profesionales, etc.) se suman al proyecto de Chávez, que a través de impuestos, compras de empresas y otras regulaciones, busca restarle a los capitales imperialistas y al sector más grande y entreguista de la burguesía nacional parte de las ganancias que sacan en el país. Esos recursos entonces en manos del Estado y estos empresarios servirán para recuperar la «capacidad productiva» nacional y desarrollar planes para paliar las condiciones de pobreza del pueblo trabajador -incluyendo un área de «economía social».

Pero la cuestión central es que es una completa ilusión pensar que por esa vía se resolverán nuestros problemas fundamentales. Y no es un asunto teórico o de afirmaciones nuestras, basta con sólo echar un vistazo a los resultados concretos de la política económica en estos 8 años de gobierno, incluidas todas las etapas de «profundización» de la «revolución»: pequeños aumentos salariales y planes sociales para intentar resolver algunas necesidades básicas y urgentes del pueblo pobre, permitiendo la continuidad de grandes y jugosos negocios por parte de los capitalistas nacionales y extranjeros.

Es que tal proyecto implica, como bien lo ha afirmado el Presidente, la preservación de la propiedad y los negocios empresariales, y por eso el gobierno no va más allá de intentar resolver algunos de los problemas fundamentales mediante tímidas reformas (nominadas como medidas «revolucionarias»), incluso no se ha logrado una «distribución más equitativa de las riquezas», pues según los propios datos del gobierno los capitalistas han aumentado sus ganancias en mucha mayor proporción que el aumento de los ingresos del pueblo [6].

Un partido a la medida de la «vía venezolana al socialismo»

Es para concretar ese programa político que hoy se llama a la construcción del PSUV. «Invito... a los empresarios nacionalistas» a construir el PSUV, dijo Chávez [7], remarcando nuevamente que quiere en realidad una organización política donde estén juntos los sectores obreros, campesinos y populares que lo apoyan, así como los militares, profesionales y empresarios «nacionalistas». Lo que se busca con este partido es enfilar en «una conducción única» a todos estos sectores para apuntar «todos en una misma dirección» [8], y ya explicamos cuál es esa dirección.

Es que para desarrollar tal programa, Chávez necesita hacer de «árbitro» entre los intereses contradictorios de los diferentes sectores sociales que lo apoyan, fundamentalmente entre el pueblo explotado y pobre y los empresarios que lo apoyan, así como también entre las pugnas de los distintos sectores burgueses nacionales, luego entre los intereses del conjunto del empresariado nacional y los capitales imperialistas y, finalmente, entre los intereses del conjunto de los capitalistas y los de las masas explotadas. Por eso, además de requerir cada vez más poder para el Ejecutivo, requiere de la consolidación de un sólo instrumento político, donde tener de manera orgánica y centralizada, bajo una «conducción única» al diverso bloque social que lo apoya.

El PSUV es un instrumento necesario para cumplir con mayor eficiencia ese papel de «árbitro», de aparente «mediador». Y decimos aparente porque como vimos, en realidad siguen siendo los empresarios quienes se terminan llevando la mejor tajada. Por eso lo que se busca es que miles de obreros, obreras y pueblo pobre en el PSUV -junto a militares, profesionales y empresarios «nacionalistas»- limiten su iniciativa a los cauces de reivindicaciones parciales que no avancen verdaderamente en una batalla frontal contra sus enemigos de clase, así como que en momentos de mayor fricción con el imperialismo o pugna con los grandes burgueses nacionales, la movilización controlada de estos sirva como arma para presionarlos y forzarlos a aceptar las pautas del gobierno.

El PSUV será un instrumento para buscar de parte de los sectores obreros, campesinos y pobres que respaldan a Chávez, una más completa subordinación política y organizativa al proyecto de «economía mixta», de alianza con los empresarios nacionales. Es un partido para amarrar a la clase trabajadora y demás sectores explotados al carro de la conciliación de clases. Es un partido para frenar y anular cualquier iniciativa política de lucha independiente de los/as trabajadores/as y explotados/as por sus intereses.

Lea también -Frente al PSUV: Construyamos un gran Partido Obrero Independiente

[1] «El discurso de la unidad», Ediciones «Socialismo del Siglo XXI», p. 33.

[2] Nuestra posición frente al conjunto de medidas recientemente tomadas se puede ver en otros artículos de este número.

[3] Ver números anteriores de En Clave Obrera y la revista Estrategia Internacional N° 23.

[4] Agencia Bolivariana de Noticias, 29-01-07. Abundan también afirmaciones de este tipo, por ejemplo, en textos de Jorge Giordani (ministro de Planificación) y Haiman El Troudi (ex Director del Despacho de la Presidencia y coordinador del Centro Internacional Miranda)

[5] Jorge Giordani, «Socialismo deseable versus socialismo posible», Question, N° 50, Dic-Ene 2007, p. 29. Para justificar que tal «socialismo posible» son sólo limitadas regulaciones a los capitalistas, dice: «El socialismo deseable, la felicidad humana como tal (...) llegará cuando el ser humano sea capaz de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertas, y para ello parece que el camino es largo».

[6] Ver los datos de ingresos salariales y familiares del INE, así como los informes sobre distribución del ingreso del BCV.

[7] «El discurso de la unidad», p. 25.

[8] ídem.

Faced with the lack of an independent working-class candidate: Vote a blank ballot

Mario López — 2006-12-01T00:00:00Z

In the current electoral process we call for a blank-ballot vote, in the
face of the lack of an independent working-class candidacy that
represents the workers of Venezuela. Clearly the candidacy of Manuel
Rosales [the candidate backed by the United States government]
represents nothing other than the naked interests of imperialism and of
the sectors of the national bourgeoisie closest to the Yankees; the same
ones who defeated the Caracazo [a popular uprising in Caracas in 1989]
with blood and fire, the same ones with their plans of servility to the
IMF and World Bank, the same coup-plotters of April [2002], the bosses'
lockout [of 2003] and the sabotage of the oil industry. The masses of
workers and poor people know this and it's been a long time since they
gave their support to these traitorous, starvation-causing, and
repressive sectors! Therefore among the workers the discussion obviously
turns on the program and the figure of [Venezuelan President Hugo]
Chávez, who is said to lead a revolution and represent the interests of
the exploited and poor people.

In earlier issues [of En Clave Obrera, the journal of the Venezuelan
Trotskyists], we have explained in detail why, even when he confronts
puntofijismo [the corrupt power-sharing agreement between Venezuela's
three old capitalist parties] at the national level, even when he has
driven the clique of Adecas [politicians from the traditional capitalist
Acción Democratica party] and Copeyanas [politicians from the
traditional capitalist Political Electoral Independent Organization -
Social Christian Party or COPEI] from power, even though he has been the
target of coup attempts from the bourgeoisie and the imperialists, which
he rebuffed with the massive and militant support of the people, Chávez
and his government, far from proposing a revolutionary, and thus
anti-imperialist and truly anti-capitalist, program, are heading a
program of reforms which do not stray outside the bounds of "national
development" in the midst of an alliance between the state and sectors
of the national bourgeoisie. It is a limited bourgeois-nationalist
program, which is not capable of completing the struggle for national
liberation, and even less so, the struggle against capitalist exploitation.

All the parties, groups, and activists that call themselves leftists in
this country back the call for Chávez's reelection, including all the
so-called Trotskyist groups that exist in this country. On this
bandwagon we find everyone, from those who support Chávez
unconditionally, who are an integral part of Chávez's party and its
leadership, such as the "parties of change", the Communist Party and the
UPV [Venezuelan Popular Union], to those who support Chávez
"critically," "tactically" in order to "defeat the right wing," or in
order to "accompany the masses," as is the case with most of the
so-called Trotskyist currents. So it would seem that, whether one is a
through and through Chavista, or claims to be an "independent"
revolutionary or "revolutionary Marxist," there's nothing wrong with
electorally supporting Chávez.

The main problem is that in any presidential election, what we are
choosing are the political platforms for the nation of the various
political formations, which represent distinct classes or factions of
those classes. The vote for a particular presidential choice implies
backing his political program and the class interests which it
represents. With this perspective, even though it is not the program of
imperialism and the sectors of the national bourgeoisie most closely
allied to imperialism, Chávez's program nevertheless does not represent
the interests of the workers and poor people, but a nationalist course.
According to Rosales and Co., Venezuela must open its doors for
imperialism to exploit our resources and workforce without interference,
including the oil, with the state acting only as a guardian of the
bourgeois legality and stability, and in this way to prepare the country
for every Yankee imperialist initiative. It is a plan for complete
surrender, without questioning the super-profits that the imperialists
take away from us, resigning itself to the crumbs left for the bosses
who are gears in the machine of transnational capital and for the state
bureaucrats who favor these businesses. It is the program of the years
of the decadence of puntofijismo.

As for Chávez, he proposes a central role for the state in the
management of the economy, keeping property and the control of the oil
profits in its hands, also negotiating with transnational corporations,
but placing these under state regulation; thus, the oil profits in the
hands of the state and the taxes levied on foreign capitalists are used
for "national" development and production, that is, production by
state-owned and private enterprises, as well as for social programs, and
the development of cooperatives and small businesses. It is a program
that lays claim for the "country" to the oilfields and to a portion of
the imperialists' profits, with which it proposes to promote the growth
of the national bourgeoisie (its alliance with Fedeindustria [a bosses'
federation] and the ranchers' association Confagan is no accident). Its
discourse on the level of international relations with Yankee
imperialism is one of greater independence, which does not align itself
with US politicians and seeks wider margins of action, along with
alliances with other international or regional power centers such as
China, Russia, and Iran, as well as reliance on the formation or
regional blocs to negotiate better deals with imperialism [1] such as
MERCOSUR, behind which stand the bourgeoisies of the other semi-colonial
countries and the transnational corporations that operate within them.
On the other hand Chávez is supported by a huge mass movement which
hopes for solutions to its demands. All this is what earns Chávez the
tenacious opposition of Yankee imperialism and the big national bourgeoisie.

But in Chávez's program, and after eight years of his government we see:
no expulsion of the transnational corporations nd expropriation of the
imperialist capitalists which have robbed us for almost a century, no
expropriation of the parasitic bankers and socialization of their
riches, no expropriation of the exploitative national bourgeoisie and
management of the economy under the control of the workers and poor
people, neither any expropriation without compensation of the landlords
and giving of their lands over to the poor peasants. Under Chávez's
program and his government the bosses and bankers (national and
international) have continued about their lucrative business, living off
the exploitation and the poverty of the working class. In the final
analysis this is a picture of the normal operation of any capitalist
economy. Certainly, the majority of the workers and poor people believe
in Chávez and trust that their problems will be solved by his hand. The
fact that no important sector of the workers upholds an independent
working class program is in large part the fault of the leadership of
the workers' movement, particularly those who call themselves
revolutionary Marxists, since they have refused to clearly explain what
the real intentions of the government are, and to use the many struggles
that the workers have been waging to show them that the reason why their
major demands have not been met is the fault of the government. In this
sense, it is the responsibility of the majority of the leadership of the
PRS [Party of Revolution and Socialism, a new party based in the
Venezuelan UNT union federation] which has not run a candidate of the
workers themselves, of their own struggle against capitalism, when real
possibilities existed to organize such a campaign. It is against this
lack of a working class candidate that we call for voters to cast a
blank ballot.

1. Bush and the Republicans' recent electoral defeat increases the
possibilities for this type of international politics.

Ante la ausencia de una candidatura obrera independiente: votar nulo

Mario López — 2006-11-14T00:00:00Z

En el actual proceso electoral llamamos a votar nulo, ante la ausencia de una candidatura obrera independiente que represente los intereses de los trabajadores y trabajadoras del país. Es evidente que la candidatura de Manuel Rosales no representa más que los intereses directos del imperialismo y de los sectores de la burguesía nacional más proyanquis; son los mismos que derrotaron a sangre y fuego el Caracazo, los mismos de los planes serviles al FMI y el Banco Mundial, los del golpe de abril, el paro patronal y sabotaje petrolero. ¡Las mayorías trabajadoras y pobres del país lo saben y hace rato que le han dado la espalda a estos sectores entreguistas, hambreadotes y represivos! En el campo de la clase trabajadora la discusión se centra obviamente en torno al proyecto y la figura de Chávez, que dice encabezar una revolución y representar los intereses de los explotados y pobres.

En números anteriores hemos desarrollado detalladamente por qué, aún cuando se enfrenta en la escena política nacional contra el puntofijismo, aún cuando desplazó del poder a las camarillas adecas y copeyanas, aún cuando ha sido objeto de intentos de tumbarlo por parte de la burguesía y el imperialismo, los cuales ha resistido por el gran apoyo de masas y la combatividad de éstas, Chávez y su gobierno, lejos de representar una propuesta revolucionaria, consecuentemente antiimperialista y verdaderamente anticapitalista, encabeza un proyecto de reformas que no van más allá del impulso al «desarrollo nacional» mediante una alianza entre el Estado y sectores del empresariado nacional. Es un limitado nacionalismo burgués, que no es capaz de ir hasta el final en la lucha por la liberación nacional y, mucho menos, contra la explotación capitalista.

Todos los partidos, agrupaciones y activistas que se reclaman de izquierda en el país, respaldan el llamado a la reelección de Chávez, incluso todos los grupos que se reclaman trotskistas que hacen vida en el país. En ese vendaval están desde los que lo hacen incondicionalmente, que forman parte integral y dirigente del proyecto de Chávez, como los «partidos de cambio», el Partido Comunista y la UPV, hasta los que lo hacen «críticamente», «tácticamente» para «derrotar a la derecha», o para «acompañar a las masas», como es el caso de la mayoría de las corrientes que se reivindican del trotskismo. Pareciera pues que, bien que se sea chavista convencido, o que se reclame revolucionario «independiente» o «marxista revolucionario», no hay problema alguno en apoyar electoralmente a Chávez.

La cuestión central es que en unas elecciones presidenciales lo que se juegan son los proyectos de país de las formaciones políticas que representan a determinadas clases o sectores de clases. El voto por alguna opción presidencial implica respaldar su proyecto político y los intereses de clase que representa. Desde esta perspectiva, aún cuando no es el del imperialismo y de los sectores más concentrados de la burguesía nacional, el proyecto de Chávez no representa tampoco los intereses obreros y populares, sino una variante nacionalista. Para Rosales y Cía., el país debería abrir sus puertas para que el imperialismo explote nuestros recursos y fuerza de trabajo incondicionalmente, incluyendo el petróleo, con el Estado actuando sólo como garante de la legalidad y estabilidad burguesas, así como alinear al país tras todas las iniciativas imperialistas yanquis. Es un plan de entrega completa, sin disputar siquiera la plusvalía que los capitales imperialistas se llevarían, conformándose con las migajas que quedarían para los empresarios que formen parte del engranaje del capital trasnacional y para los burócratas del Estado que favorezcan estos negocios. Es el plan de los años de la decadencia puntofijista.

Por su parte, Chávez plantea un papel central para el Estado en la conducción de la economía, conservando este la propiedad y el control de la renta petrolera, negociando también con los capitales transnacionales, pero regulados éstos por el control estatal; así, la renta petrolera en manos del estado y los impuestos cobrados a los capitales extranjeros son usados para el desarrollo y la producción «nacionales», es decir, la producción estatal y la privada; así como para planes de atención social y desarrollo cooperativas y microempresas. Es un proyecto que reclama para «el país» la propiedad del petróleo y una porción de las ganancias imperialistas, con lo que se propone impulsar el crecimiento y desarrollo del empresariado nacional (no es casual su alianza con los empresarios agrupados en Fedeindustria y los ganaderos de Confagan). Su expresión en el plano de las relaciones con el imperialismo yanqui es de mayor independencia, que no se alinea con sus políticas y busca mayores márgenes de acción, mediante alianzas con otros polos de poder internacional o regionales, como China, Rusia o Irán, así como apuesta a la formación de bloques regionales para mejor negociar con el imperialismo1, como el MERCOSUR, detrás del cual están las burguesías de los países semicoloniales y las transnacionales que en estos operan. Por otra parte Chávez es espaldado por un gran movimiento de masas que espera respuestas a sus demandas. Es todo esto lo que le gana la oposición tenaz del imperialismo yanqui y la gran burguesía nacional.

Pero en el proyecto de Chávez -y luego de casi 8 años de gobierno-: nada de expulsión de las transnacionales y expropiación de los capitales imperialistas que tanto nos han robado durante casi un siglo, nada de expropiación de los parásitos banqueros y socialización de su riqueza, nada de expropiación de la explotadora burguesía nacional y puesta de la economía bajo control de los trabajadores y el pueblo, nada tampoco de expropiación sin indemnización de todos los terratenientes y entrega de esas tierras a los campesinos pobres. Con el proyecto de Chávez y su gobierno los empresarios y banqueros (nacionales y extranjeros) siguen haciendo sus jugosos negocios, viviendo de la explotación y la pobreza de la clase obrera y el pueblo trabajador. En última instancia es el normal funcionamiento de cualquier economía capitalista. Cierto es que sin embargo el grueso de los trabajadores y el pueblo pobre creen en Chávez y confían en que de su mano resolverán su situación. El que esto sea así y no haya aún importantes sectores obreros levantando una política obrera independiente, es en buena parte responsabilidad de quienes dirigen el movimiento obrero, particularmente quienes se dicen marxistas revolucionarios, pues se niegan a explicar con claridad cuál es el verdadero proyecto del gobierno y a aprovechar las numerosas luchas que sectores de trabajadores vienen dando para demostrar cómo el que no tengan resueltas sus demandas fundamentales es responsabilidad del gobierno. En este sentido, es responsabilidad de la mayoría en la dirección del PRS que no haya una candidatura propia de los trabajadores, de lucha consecuente contra la explotación capitalista, existiendo las posibilidades reales para levantarla. Es ante esta ausencia de una candidatura obrera independiente que llamamos a votar nulo.

1 La reciente derrota electoral de Bush y los republicanos amplía los márgenes de acción para este tipo de políticas.

LEA AQUI LOS ARTÍ CULOS DEL ULTIMO PERIODICO DE LA JIR

Uma política para salvar os capitalistas e cooptar os trabalhadores

Mario López, Milton D'León — 2005-10-07T16:32:19Z

Chavez certamente é visto por amplos setores do movimento de massas e pela esquerda na América Latina como uma referência política, sendo vítima de duas importantes tentativas de derrubá-lo por parte da reação e imperialismo. No último período ele tem acentuado sua retórica anti-estadunidense, realizado uma limitadíssima reforma agrária, desenvolvido importantes planos de assistência social, levantado a bandeira da “integração latino-americana” e contando com um importante apoio dos pobres urbanos e de setores das massas trabalhadores em nosso país. É compreensível que desde fora ele seja visto com simpatia sobretudo frente a grande característica de cão de aluguel dos governos que nossa região tem tido nas últimas décadas, incluindo o restante das administrações políticas atuais que se dizem “progressistas”.

Entretanto, o projeto e o governo de Chavez não são como descrevem a direita reacionária e a esquerda reformista, pois cada um, segundo seu interesse, o faz parecer mais de esquerda do que realmente é. Recentemente vimo-lo, por exemplo, cumprir o papel de fura-greve frente à luta dos trabalhadores e habitantes da região petroleira do norte do Equador, que demandam trabalho, construção de infra-estrutura e a expulsão da transnacional norte-americana Occidental Petroleum Corp. entre outras exigências. Hugo Chavez abasteceu petróleo ao governo repressor de Palacios para que pudesses quebrar esta importante luta.

Aspectos mais completos relacionados com o caráter do projeto, regime e governo encabeçado por Chavez têm sido desenvolvidos mais amplamente em trabalhos anteriores no jornal La Verdad Obrera da Argentina, como o artigo “Discurso y realidad de la Venezuela de Chávez” e a declaração frente ao referendo revogatório de 15 de agosto de 2004, da Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) integrante da FT-QI na Venezuela. Neste artigo queremos nos referir exclusivamente ã política de co-gestão que é realizada pelo governo de Chavez, que tem encantado a tanto a esquerda venezuelana como do resto da América Latina. Com esta se supõe que, junto a “economia social” (cooperativas), são dados passos para transcender (progressivamente, nas palavras de Chavez) ao capitalismo”. Então vejamos os mitos e realidades nesta política específica do governo.

Os casos de co-gestão

Em empresas como Invepal e Inveval [1] ocorreram quando os patrões declararam falência e se negavam a cumprir com as indenizações que correspondem aos trabalhadores. Como resposta os trabalhadores tomam as fábricas por vários meses. O governo após conceder crédito aos empresários e tentar conciliar com os patrões sem ser correspondido decide declarar de utilidade pública as empresas - com aprovação unânime da Assembléia Nacional - e expropriá-las com a correspondente indenização. Porém, o Estado assume 51% das ações, e os trabalhadores, de quem é exigido formar uma cooperativa, ficam com os 49% restantes. O dinheiro que os patrões deviam aos trabalhadores não é ressarcido mas é utilizado como “investimento” para reativar a empresar. Com estes acontecimentos o sindicato deixou de existir. A administração é assumida por representantes do Estado junto com representantes dos trabalhadores [2] . Neste caso, além de converter os trabalhadores em acionistas, é evidente que o Estado é quem tem a última palavra na administração, pois é dono da maioria das ações.

Em outras empresas em falência ou sob forte crise, como a fábrica têxtil fechada a uns 15 anos e reaberta como Invetex [3], onde o patrão tinha velhas dívidas com o Estado, este assume 51% das ações e o restante é dividido entre o patrão e os trabalhadores, estes últimos obtêm as ações mediante um empréstimo do governo; o pessoal é recrutado entre ex-trabalhadores e formados na Misión Vuelvan Caras [4], sendo que os trabalhadores devem se organizar em uma cooperativa.

Em algumas empresas públicas, como na companhia de eletricidade CADAFE, o Estado dá participação na junta administrativa a representantes do sindicato; porém, todo o pessoal de gerência e mando segue sendo nomeado pelo Estado. Os trabalhadores(as) exigem ter maior participação mas o governo lhes diz que “nas empresas estratégicas”, que são a maioria das estatais, o Estado deve reservar a si a administração, os trabalhadores devem se limitar a “aportar com idéias para melhorar a gestão da empresa” [5]. Deste modelo ressalva-se o caso solitário de ALCASA, empresa de alumínio que junto a outras forma parte da estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Um caso particular onde o presidente nomeado pelo governo, atualmente Carlos Lanz, um chavista de esquerda, e é permitido aos trabalhadores na administração uma vez que o sindicato pode designar alguns gerentes, e onde há delegados por departamento de produção. No entanto, sendo um empresas que forma parte de toda uma corporação que segue sendo manejada a partir do Ministério, todo seu plano de produção, comercialização e investimento é determinado pelas diretivas governamentais, e, por tanto, não há nenhuma decisão fundamental nas mãos dos trabalhadores.

O modelo predileto do governo, é de que a co-gestão seja assumida entre patrões e trabalhadores, entrando estes últimos como acionistas da empresa, sendo que geralmente o dinheiro devido pelo patrão aos trabalhadores ou ao Estado que é convertido em ações. E, onde, o mesmo capital do patrão é um empréstimo concedido pelo Estado para que a empresa funcione. O governo, por esta via, impulsiona uma forma salvamento capitalista, terminando por encarregar os trabalhadores da crise, já que o dinheiro que os pertence pelas dívidas é usado para reativar a empresa, conseguindo manter a unidade em produção, saldando as dívidas que mantêm os patrões, fazendo funcionar a capacidade instalada, se esforçando para tornar rentável a fábrica.

O projeto de co-gestão de Chavez subordina os trabalhadores ao interesse patronal

A Ministra do Trabalho, María Cristina Iglesias, que tem entre seus assessores um trotskista do auto-dissolvido PST, aclarava que o ocorrido em casos como Venepal, onde se expropiou com a devida indenização, é uma exceção, e que em caso de se apresentar um situação similar o governo está “apostando que os trabalhadores e empresários em todas aquelas companhias que necessitem de ampliação de capital, ajuda do Sistema Financeiro Público Nacional, renegociação de suas dívidas com o IVSS (Instituto Venezuelano dos Seguros Sociais), ISLR (Imposto Sobre a Renda) ou o CONAVI (Conselho Nacional da Vivenda), articulem com seus trabalhadores a possibilidade de estabelecer regimes de co-gestão” [6]. Por sua vez, Elías Jaua, Ministro para a Economia Popular, dizia sobre o mesmo tema: “Nós queremos que isto seja uma exceção. Convocamos aqueles empresários que tenham fechado suas empresas a estabelecer alianças estratégicas com o Estado...lhes apoiando com uma política de créditos. Para que, efetivamente, possamos empreender um modelo de reativação do aparato industrial do país” [7].

Como vemos, do que se trata é que a “transformação do aparato produtivo nacional se baseia na existência de um diálogo social, construtivo e permanente, entre o governo nacional, os empresários e empresárias, os trabalhadores e trabalhadoras, que torne possível o cumprimento dos compromissos voluntária e mutuamente” [8]. Deste modo o governo defende que as empresas que estejam em setores importantes para o desenvolvimento nacional e/ou “que possuam capacidade instalada ociosa”, “que tenham necessidade de atualização tecnológica”, “que mantenham dívidas atrasadas com seus trabalhadores, com o sistema financeiro ou com organismos públicos”, “que estejam fechadas ou enfrentando problemas que ameaçam sua existência”, salvá-las desta situação, sempre e quando acederem que os trabalhadores(as) sejam acionistas das mesmas e “aportem para o desenvolvimento social ou comunitário”. Sendo assim o governo lhes garante, entre outras coisas, “renegociação de dívidas com o Estado”, “créditos provenientes do sistema financeiro público”, “participação nos programas de compras do Estado, Rodadas e Macro Rodadas de negócios nacionais e internacionais”, “recursos que favoreçam a importação de matérias-primas, insumos e/ou tecnologias direcionadas a melhorar e ampliar a produção nacional” [9].
Após de anos de contração e crise econômica, agudizada pelo lock out e as sabotagens empresariais, qualquer capitalista com algo de olfato, ou que dependa centralmente do mercado interno e da proteção-auxílio estatal (como são os que apoiam a Chavez), sabe que é preferível frente a uma situação de enorme endividamento ou perigo de falência, que os trabalhadores(as) participem como acionistas para que o governo o salve da bancarrota através de todos os benefícios que estabelece o “acordo de corresponsabilidade”.

Mas o governo ao tornar os trabalhadores(as) acionistas, os perverte. Reproduzindo a lógica de apropriação privada, os coloca a pensar em termos de lucro capitalista, lhes responsabiliza pela gestão capitalista, assim debilitando as forças do proletariado em seu conjunto, pois, como tristemente dizia um operário na televisão no dia da assinatura do acordo marco citado acima: “Depois de que nos dêem as ações e façamos a empresa andar, não podemos estar pensando em greves ou nada disso, mas só em aumentar a produtividade”. Deste modo, enquanto se assimila o proletariado à lógica de acumulação capitalista, estes patrões terão no lugar de uma empresa quebrada ou atrasada tecnologicamente que não reportaria lucros, uma empresa com crédito, tecnologia e mercado garantido pelo Estado e sem se preocupar com greves ou paralisações operárias.
Além disso, o perverso desta “co-gestão” é que ela é só para empresas em crise, quebradas ou fechadas por algum tempo, não toca em nadas as empresas que a burguesia mantém funcionando rentáveis desde o ponto de vista capitalista, e nem falemos dos rentáveis e estáveis monopólios nacionais, como o da alimentação, por exemplo, ou do setor da construção, ambos tão estratégicos para resolver as necessidades das famílias pobres. E, como já vimos, nas empresas públicas, por serem “estratégicas”, só podem os trabalhadores fazer sugestões ã gestão, em outras palavras, nem a indústria petroleira, a do ferro, aço, alumínio, as de eletricidade e águas nem as de transporte público estatal serão alcanças por vontade alguma dos trabalhadores.

Saiba-se a propósito disto, que na indústria petroleira ocorreu uma importante experiência de controle operária em algumas refinarias durante a paralisação patronal, produto da iniciativa dos trabalhadores. Na refinaria de Puerto La, Estado de Anzoátegui, os trabalhadores não permitiram nem sequer que fosse parada a produção. Isto graças ao grau de alerta em que estavam e ã preparação prévia que tinham; assim, quando os gerente e executivos decidem lançar o lock out, estes lhes impediram de realizar algum tipo de sabotagem, e, ao contrário, retiraram-nos das instalações, tomando o controle das mesmas. Os trabalhadores contam como entre eles decidiram quem tomaria os trabalhos “administrativos” e se reuniam todos os dias para avaliar como marchava a produção. Na refinaria de El Palito, no Estado de Carabobo, a reativação também teve as características de ser produto da iniciativa dos trabalhadores e de sua organização para fazer funcionar a refinaria. No entanto, ao derrotar o lock out o governo ordenou a “reestruturação” da PDVSA com a qual, não só se despediu os gerentes e executivos comprometidos com a reação, mas também se desarticulou esta experiência, retornando ás hierarquias de ordens de sempre, com gerentes nomeados pelo Ministro. Ainda que na refinaria de El Palito, a resistência dos trabalhadores de serem deslocados da condução da indústria foi mais forte que em Puerto La Cruz Puerto La Cruz. Isto é assim até hoje, apesar da exigência dos trabalhadores de uma “constituinte petroleira”, o que significa dizer os operários que foram vanguarda na derrota da paralisação patronal, não têm participação alguma na administração da PDVSA.

Por comitês de fábrica para lutar pelo controle e administração operária direta.

É evidente que com esta política de co-gestão não se resolvem os grandes problemas das maiorias trabalhadores e pobres do país, nem muito menos se caminha ao “socialismo”, bem o contrário salva-se os empresários da crise. Porém, alguns setores da esquerda nos falam de que casos como Invepal, além de que apontam os perigos atuais com que esta empresa se enfrenta, “é o caminho luminoso que pode nos conduzir a um novo modelo de sociedade”.

Nós que escrevemos este texto não damos uma resposta a partir de um ponto de vista dogmático. Diferenciamos os casos contundentes que se desenvolvem na Venezuela e as distintas respostas que devem dar os trabalhadores aos mesmos. No caso da indústria nacionalizada, nos posicionamos pela participação dos trabalhadores na administração direta ainda que alertemos de todos os perigos que esta experiência encerra, pois esta pode ser aproveitada pela classe operária a favor de sua luta. Levantamos a política do controle operário de toda fábrica que feche ou quebre, e sua nacionalização sem pagamento como passo prévio a gestão operária direta. Denunciamos a política do governo de querer transformar os trabalhadores em acionistas sob a figura da cooperativa, levando-os a ser responsa'veis pela administração capitalista junto ao empresário e/ou o Estado em suas diversas políticas de co-gestão. Mas, junto com Trotsky, quem se referia ao caso do México de Cardenas, dizemos, “seria um erro desastroso, um completo engano, afirmar que o caminha ao socialismo não passa pela revolução proletária, mas pela nacionalização que faça o estado burguês em alguns setores da indústria e sua transferência ás organizações operárias” [10], ressaltando além do mais as distâncias, o processo atual não chega nem a sombra dos alcances do processo mexicano nos anos 30.

Este é o grande perigo que existe em grande parte das organizações da esquerda venezuelana, que ainda no plano que vimos acima, mais que co-gestão vêem como um caminho ao socialismo, que constituam panacéias que bastará multiplicar para chegar pacífica e voluntariamente ã transformação socialista da economia. É falso crer que com algum co-gestão aqui e uma co-gestão ali se chegue ã “justiça social” ou ao “socialismo”. Para os marxistas não se trata de construir ao socialismo com as mãos da burguesia, mas sim utilizar as situações que se apresentam para fazer avançar o movimento revolucionário dos trabalhadores.

Evidentemente é subproduto da luta dos trabalhadores a conquista de que se reabra a fábrica e se conserve a fonte de trabalho ainda sob forma de co-gestão que termina cedendo ao governo, pois se não fosse por esta luta estariam na rua como se vê pela grande quantidade de fábricas fechadas deixando uma grande quantidade de trabalhadores no desemprego. Porém é crucial não ficar neste terreno, lutando pela constituição de comitês de fábrica para que a partir desta conquista organizemos a luta pelo controle operário e gestão direta desde uma perspectiva revolucionária. A constituição destes comitês é questão fundamental para a ação no momento atual. Esta política se opões pelo vértice ao plano de Chavez, pois seu objetivo é salvar os proprietários da crise obrigando os trabalhadores a se tornarem responsáveis da crise gerada pelo próprio capitalista e co-gerir a empresa para salvá-la de quebrar, levando ao extremo a colaboração de classes.

É necessário levantar a política de ocupação de toda fábrica ou estabelecimento que feche ou despida, reivindicando sua reabertura e operação sob controle operário exigindo sua imediata e total nacionalização sem pagamento, exigindo que se garanta o investimento tecnológico e o orçamento necessário para o pleno funcionamento produtivo sem resignar o direito conquistado de que sejam os próprios trabalhadores os que controlem e administrem a produção, se negando a confiar nos funcionários do Estado. Esta é a única política que descarga a crise sobre os patrões e aponta um caminho ã expropriação dos expropriadores, desafiando ã burguesia na base de seu poder, no plano das relações de propriedade.

No caso das empresas atualmente do Estado defendemos a luta pela administração operária direta. Assim, apoiamos ativamente a experiência de controle e gestão operária em algumas refinarias de PDVSA que fizeram os trabalhadores durante os 60 dias da paralisação petroleira. Diferente da atual co-gestão em empresa estatal como ALCASA dizemos que é necessário avançar a uma total administração direta dos trabalhadores, e alertamos de todos os perigos que esta experiência encerra, como da transformação dos representantes dos trabalhadores em reféns do Estado burguês, podendo se tornar em seus agentes administrativos diretos e aplicar aos trabalhadores os ajustes que o governo patronal não pode aplicar, e chamamos a não confiar em nenhum funcionário do Estado por muito de esquerda que pareça. Ao mesmo tempo exigimos a extensão da administração direta a todas empresas do mesmo ramo industrial, o que implica na nacionalização sem indenização do restante de empresas que se encontram em mãos privadas.

As experiência da gestão operária direta podem ser valiosíssimos pontos de apoio da classe operária em sua luta conta a sociedade capitalista. É possível utilizar esta nova forma de atividade no interesse dos trabalhadores e não da burocracia e aristocracia operárias, nem muito menos do governo. Mas os resultados revolucionários da gestão operária das indústrias nas mãos do Estado estão sujeitos, em última análise, ã existência de um partido operário autenticamente revolucionário. Pois com uma política revolucionária, os trabalhadores poderiam utilizar a gestão operária como tribuna para enfrentar os planos do governo e se projetar como direção dos setores explorados, ao liderar uma aliança operária e popular, lutando pela centralização dos diversos ramos da economia nacional sob controle dos trabalhadores, e demonstrado como isto pode ser um instrumento de planificação econômica que imponha a racionalidade em benefício dos trabalhadores e povo pobre, onde agora impera a anarquia da produção em benefício dos capitalistas, educando a classe operária no manejo da economia.

Por uma política operária independente

Mas para tudo isto é necessário lutar pela independência do movimento operário em geral; e, em particular, pela formação nos sindicatos de frações revolucionárias que ao mesmo tempo que defendam a unidade do movimento sindical sejam capazes de lutar por uma política de classe e uma composição revolucionária dos mesmos. Lutar por uma política de independência de classe, ou seja, independente do Estado e dos patrões, independente dos planos dos capitalistas e do governo, pois estes terminam sempre favorecendo aos empresários, e no caso da co-gestão proposta pelo governo, fazendo os trabalhadores crerem que saem de sua condição de explorados enquanto só reforçam sua exploração e debilitam as forças do conjunto dos e das assalariadas.
Para resolver os problemas mais urgentes do povo trabalhador venezuelano é necessário expropriar ã grande burguesia e imperialismo, colocar sob controle dos e das trabalhadoras as empresas privadas e sob administração operária ás empresas estatais, algo que o governo não está disposto a fazer. Ligado a isto estão a nacionalização dos bancos e o monopólio do comércio exterior, entre outras demandas. Uma política assim ilumina a perspectiva de uma organização racional da economia, de sua planificação democrática, que oriente a produção a satisfazer as necessidades da população. Porém para realizar isto deve-se quebrar a capacidade de resistência da burguesia, destruindo o poder de seu Estado e impondo um governo dos trabalhadores que inicie a construção de uma sociedade socialista sem exploradores nem explorados. Neste sentido deve ser o programa levantado pela União Nacional dos Trabalhadores (UNT) se realmente quer estar a serviço do povo trabalhador, bem como pelos sindicatos e tendências classistas que surgem hoje, e por qualquer corrente ou partido que se reivindique operário, socialista e revolucionário.

Neste caminho, nós revolucionários lutamos pela construção de um partido operário revolucionário e internacionalista, que aglutine em suas fileiras o melhor da vanguarda do proletariado, lutando para colocar em pé e desenvolver os organismos de democracia direta das maiorias trabalhadoras, na perspectiva da luta para conquistar o poder político e iniciar a construção do socialismo, a planificação racional e democrática da economia através do autogoverno, de um Estado operário baseado nessas organizações de massas.

[1] Invepal: Industria Venezolana Endógena del Papel (ex Venepal). Inveval: Industria Venezolana Endógena de Válvulas (ex Constructora Nacional de Válvulas).
[2] Na Invepal, a junta diretiva está composta por representantes do governo e dos trabalhadores, sendo o presidente um trabalhador, porém a última palavra é do acionista majoritário. Na Inveval, três meses depois de ser lançado o decreto para sua reativação a empresa não arranca, e todas as propostas feitas pelo governo aos trabalhadores- acionistas contemplam que os membros da junta diretiva sejam designados pelo ministério para a Economia Popular (Minep).
[3] Invetex: Industria Venezolana Endógena de Textiles.
[4] Plano dirigido a formar e financiar cooperativas.
[5] Últimas Noticias, 12-07-05.
[6] Imprensa Presidencial, 31-01-05.
[7] Entrevista publicada na página aporrea.org, 21-02-05.
[8] Acordo Marco de Corresponsabilidade para a Transformação Industrial, assinado em 26 de maio passado.
[9] Idem.
[10] “A indústria nacionalizada e a administração operária”, em Escritos Latino-americanos, CEIP “León Trotsky”, 2000, p. 164.

La "cogestión" de empresas bajo el gobierno de Chávez

Mario López, Milton D'León — 2005-08-28T16:59:11Z

Chávez ciertamente es visto por amplios sectores del movimiento de masas y de la izquierda en América Latina como un referente político, siendo víctima de dos importantes intentos para derrocarlo por parte de la reacción y el imperialismo. En el último período ha acentuado su retórica antinorteamericana, adelanta una limitadísima reforma agraria, desarrolla importantes planes de asistencia social, levanta la bandera de la “integración latinoamericana” y cuenta con un importante apoyo de los pobres urbanos y de sectores las masas trabajadoras en nuestro país. Es comprensible que desde afuera se lo vea con simpatía, sobre todo ante el gran cipayaje de los gobiernos que ha tenido nuestra región en las últimas décadas, incluso del resto de las administraciones políticas actuales que se dicen “progresistas”.

Sin embargo, el proyecto y el gobierno de Chávez no son como lo pintan tanto la derecha reaccionaria como la izquierda reformista, pues cada cual de acuerdo a su interés, lo hacen aparecer más de izquierda de lo que realmente es.
Recientemente lo hemos visto, por ejemplo, cumplir el papel de esquirol frente a la lucha de los trabajadores y pobladores de la región petrolera del norte de Ecuador, quienes demandaban trabajo, construcción de infraestructuras y la expulsión de la transnacional norteamericana Occidental Petroleum Corp. entre otras exigencias. Hugo Chávez abasteció de petróleo al gobierno represor de Palacios para que pudiera quebrar esta importante lucha.

Aspectos más completos que tienen que ver con el carácter del proyecto, el régimen y el gobierno que encabeza Chávez, han sido desarrolladas más ampliamente en trabajos anteriores en el periódico La Verdad Obrera de Argentina como el artículo “Discurso y realidad de la Venezuela de Chávez” y la declaración ante el referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004, de la Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) integrante de la FT-CI en Venezuela. En este artículo nos queremos referir exclusivamente a la política cogestionaria que lleva adelante el gobierno de Chávez, y que ha encantado a la izquierda tanto venezolana como del resto de América Latina, con la que se supone que, junto a la “economía social” (cooperativas) se dan pasos para “trascender (progresivamente, en palabras de Chávez) al capitalismo”. Veamos entonces los mitos y realidades en esta política específica del gobierno.

Los casos cogestionarios

En empresas como Invepal e Inveval [1] los patrones declararon quiebra y se negaban a cumplir con las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Como respuesta los obreros toman las fábricas durante varios meses. El gobierno, luego de otorgarle créditos a los empresarios, luego de intentar conciliar con los patrones sin ser correspondido, decide declarar de utilidad pública las empresas -con aprobación unánime de la Asamblea Nacional- y expropiarlas con la correspondiente indemnización. Pero el Estado asume el 51% de las acciones, y los trabajadores, a quienes se les exige conformarse en cooperativa, el 49% restante. El dinero que los patrones adeudaban a los trabajadores no les es resarcido sino que es utilizado como “inversión” para reactivar la empresa. En los hechos el sindicato dejó de existir. La administración la asumen representantes del Estado junto a representantes de los trabajadores [2] . En este caso, además de convertir en accionistas a los trabajadores, es evidente que es el Estado quien tiene la última palabra en la administración, pues es dueño de la mayoría de las acciones.

En otras empresas en quiebra o bajo fuerte crisis, como la fábrica textil, cerrada desde hacía unos 15 años y reabierta como Invetex [3], donde el patrón tenía viejas deudas con el Estado, éste asume el 51% de las acciones, y el resto se las reparten entre el patrón y los trabajadores, comprando estos últimos las acciones con un préstamo del gobierno; se recluta el personal entre ex trabajadores y graduados de la Misión Vuelvan Caras [4], siendo que los trabajadores tienen que organizarse como cooperativa.

En algunas empresas públicas, como en la compañía de electricidad CADAFE, el Estado le da participación en la junta administradora a representantes del sindicato; pero todo el personal gerente y de mando sigue siendo nombrado por el Estado. Los trabajadores/as exigen tener más participación pero el gobierno les dice que “en las empresas estratégicas”, que son la mayoría de las estatales, el Estado tiene que reservarse la administración; los trabajadores deben limitarse apenas a “aportar ideas para mejorar la gestión de la empresa” [5]. De este modelo resalta el caso solitario de ALCASA, empresa de aluminio que junto a otras forma parte de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), es un caso particular en que el presidente es nombrado por el gobierno, actualmente Carlos Lanz, un chavista de izquierda, donde se permite la participación de los trabajadores en la administración al poder el sindicato designar a algunos gerentes, y donde hay delegados por departamento de producción. Pero al ser una empresa que forma parte de toda una corporación que sigue siendo manejada desde el Ministerio, todo su plan de producción, de comercialización e inversión es determinado por las directivas gubernamentales, y por tanto no hay ninguna decisión clave en manos de los trabajadores.

Pero el modelo predilecto del gobierno, es el de que la cogestión la asuman entre patrones y trabajadores, entrando éstos últimos como accionistas de la empresa, siendo que generalmente es el dinero que el patrón le adeudaba a los trabajadores o al Estado, el que es convertido en acciones. Y donde el mismo capital del patrón es un préstamo dado por el Estado para que ponga en marcha la empresa. El gobierno, por esta vía, impulsa una forma de salvataje capitalista, terminando de hacer cargo a los trabajadores de la crisis ya que el dinero que les pertenece por las deudas es usado para reactivar la empresa, logrando mantener la unidad en producción, saldando las deudas que mantienen los patrones, haciendo funcionar la capacidad instalada y deslomándose para hacer rentable la fábrica.

El proyecto de cogestión de Chávez subordina a los trabajadores al interés patronal

La Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, que tiene entre sus asesores un ex trotskista del autodisuelto PST, aclaraba que lo ocurrido en los casos como Venepal, donde se expropió con la debida indemnización, es una excepción, y que en caso de presentarse una situación similar el gobierno está “apostando porque los trabajadores y empresarios en todas aquellas compañías que necesiten ampliación de su capital, ayuda del Sistema Financiero Público Nacional, renegociación de sus deudas con el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), ISLR (Impuesto Sobre la Renta) o el CONAVI (Consejo Nacional de la Vivienda), articulen con sus trabajadores la posibilidad de establecer regímenes de cogestión” [6]. Por su parte, Elías Jaua, Ministro para la Economía Popular, decía sobre el mismo tema: “Nosotros queremos que esto sea una excepción. Hemos convocado a aquellos empresarios que tengan cerradas sus empresas a establecer alianzas estratégicas con el Estado... apoyándolos con una política crediticia. Para que, efectivamente, podamos emprender un modelo de reactivación del aparato industrial del país” [7].

Como vemos, de lo que se trata es de que “la transformación del aparato productivo nacional se basa en la existencia de un diálogo social, constructivo y permanente, entre el gobierno nacional, los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras, que haga posible el cumplimiento de los compromisos voluntaria y mutuamente” [8]. Así el gobierno le plantea a las empresas que estén en sectores claves para el desarrollo nacional y/o “que posean capacidad instalada ociosa”, “que tengan necesidad de actualización tecnológica”, “que mantengan deudas atrasadas con sus trabajadores, con el sistema financiero o con organismos públicos”, “que estén cerradas o atravesando problemas que hagan peligrar su existencia”, salvarlas de esa situación, siempre y cuando accedan a que los trabajadores/as sean accionistas de las mismas y “aporten para el desarrollo social o comunitario”. Siendo así, el gobierno les garantiza, entre otras cosas, “renegociación de deudas con el Estado”, “créditos provenientes del sistema financiero público”, “participación en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de negocios nacionales e internacionales”, “recursos que favorezcan la importación de materias primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar y ampliar la producción nacional” [9].

Luego de años de contracción y crisis económica, agudizada por el lock out y los saboteos empresariales, cualquier capitalista con algo de olfato, o que dependa centralmente del mercado interno y la protección-ayuda estatal (como lo son los que apoyan a Chávez), sabe que es preferible, ante una situación de enorme endeudamiento o peligro de quiebra, que los trabajadores/as participen como accionistas, para que el gobierno lo salve de la bancarrota, a través de todos los beneficios que establece el “acuerdo de corresponsabilidad”.

Pero el gobierno, al hacer accionistas a los trabajadores/as, les pervierte, reproduciendo la lógica de apropiación privada, se les pone a pensar en términos de ganancia capitalista, se les responsabiliza por la gestión capitalista, debilitándose así las fuerzas del proletariado en su conjunto, pues, como tristemente decía un obrero por televisión el día de la firma del acuerdo marco citado más arriba: “Luego de que nos den las acciones y echemos a andar la empresa, no podemos estar pensando en huelgas ni nada de eso, sino en aumentar la productividad”. Así pues, mientras se asimila al proletariado a la lógica de acumulación capitalista, estos patrones tendrán, en lugar de una empresa quebrada o atrasada tecnológicamente que no reportaría ganancias, una empresa con créditos, tecnologías y mercado garantizado por el Estado, y sin preocuparse por huelgas o paros obreros.

Además de lo perverso de esta “cogestión”, resulta que es sólo para las empresas en crisis, quebradas o cerradas desde hace tiempo, no se toca para nada a las empresas que la burguesía mantiene funcionando rentables desde el punto de vista capitalistas, ni hablemos de los rentables y estables monopolios nacionales, como el de la alimentación, por ejemplo, o al sector de la construcción, ambos tan estratégicos para resolver las necesidades de las familias pobres. Y, como ya vimos, en las empresas públicas, por ser “estratégicas”, sólo pueden hacer sugerencias para la gestión, es decir, ni la industria petrolera, la del hierro, el acero, el aluminio, las de electricidad e hidrológicas ni las de transporte público estatal, serán alcanzadas por voluntad alguna de los trabajadores.

Sépase a propósito de esto, que en la industria petrolera hubo una importante experiencia de control obrero en algunas refinerías durante el paro patronal, producto de la iniciativa de los trabajadores. En la refinería de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, los trabajadores no permitieron ni siquiera que se parara la producción. Esto gracias al grado de alerta en el que estaban, y a la preparación previa que tenían, así cuando los gerentes y ejecutivos deciden lanzar el lock out, estos le impidieron llevar a cabo algún tipo de saboteo, y al contrario, los sacaron de las instalaciones, haciéndose ellos cargo de las mismas. Los trabajadores cuentan cómo entre ellos decidieron quién se hacía cargo de las labores “administrativas” y se reunían todos los días para evaluar cómo marchaba la producción. En la Refinería de El Palito, en el Estado Carabobo, la reactivación también tuvo las características de haber sido producto de la iniciativa de los trabajadores y de su organización para echar a andar la refinería. Sin embargo, al derrotarse el lock out, el gobierno ordenó la “reestructuración” de PDVSA con la cual, no sólo se despidió a los gerentes y ejecutivos comprometidos con la reacción, sino que también se desarticuló esa experiencia, volviendo a las jerarquías de mando de siempre, con gerentes nombrados por el Ministro. Aunque en la refinería de El Palito, la resistencia de los trabajadores a ser desplazados de la conducción de la industria fue más fuerte que en Puerto La Cruz. Eso es así hasta el sol de hoy, a pesar de la exigencia de los trabajadores de una “constituyente petrolera”, es decir los obreros que fueron vanguardia en la derrota del paro patronal, no tienen hoy injerencia alguna en administración de PDVSA.

Por comités de fábrica para luchar por el control y la administración obrera directa.

Es evidente que con esta política cogestionaria no se resuelven los grandes problemas de las mayorías trabajadoras y pobres del país, ni mucho menos se va al “socialismo”, todo lo contrario se salva a los empresarios de la crisis. Pero algunos sectores de la izquierda nos hablan de que casos como Invepal, más allá de que señalan los peligros actuales con que se enfrenta esta empresa, “es el camino luminoso que nos puede conducir a un nuevo modelo de sociedad”.

Los que escribimos este texto no damos una respuesta desde un punto de vista dogmático. Diferenciamos los casos tajantes que se desenvuelven en Venezuela, y las distintas respuestas que deben dar los trabajadores a los mismos. En el caso de la industria nacionalizada, estamos por la participación de los trabajadores en la administración directa aunque alertemos de todos los peligros que esta experiencia encierra, pues esta puede ser aprovechada por la clase obrera en favor de su lucha. Levantamos la política del control obrero de toda fábrica que cierra o quiebra, y su nacionalización sin pago, como paso previo a la gestión obrera directa. Denunciamos la política perversa del gobierno de querer transformar a los trabajadores en accionistas bajo la figura de cooperativa, llevándolos a ser responsables por la administración capitalista junto al empresario y/o el Estado en sus diversas políticas de cogestión. Pero, junto con Trotsky, quien se refería al caso del México de Cárdenas, decimos, “sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organizaciones obreras” [10], salvando además las distancias con el proceso actual que no tiene ni la sombra de los alcances del proceso mexicano en los ‘30.

Este es el gran peligro que existe en gran parte de las organizaciones de la izquierda venezolana, que aún en el plano que hemos visto más arriba de cogestión ven esto como un camino hacia el socialismo, que constituyan verdaderas panaceas que bastará con multiplicar para llegar pacífica y voluntariamente a la transformación socialista de la economía. Es falso creer que con alguna cogestión aquí y una cogestión allá se llegue a la “justicia social” o al “socialismo”. Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan para hacer avanzar el movimiento revolucionario de los trabajadores.

Evidentemente es subproducto de la lucha de los trabajadores la conquista de que se reabra la fábrica y se conserve la fuente de trabajo aún bajo la forma de cogestión que termina cediendo el gobierno, pues si no fuera por esa pelea estuvieran en la calle como se ve en la gran cantidad de fábricas cerradas dejando una gran cantidad de trabajadores en el desempleo. Pero es clave no quedarse en este terreno, luchando por la constitución de comités de fábrica para que desde esta conquista organicemos la lucha por el control obrero y gestión directa desde una perspectiva revolucionaria. La constitución de estos comités es una cuestión clave para la acción en el momento actual. Esta política confronta por el vértice el plan de Chávez, pues su objetivo es salvar a los propietarios de las crisis obligando a los trabajadores a hacerse responsable de la crisis generada por el propio capitalista y cogestionar la empresa para salvarla de la quiebra, llevando al extremo la colaboración de clases.

Es necesario levantar la política de ocupación de toda fábrica o establecimiento que cierra o despida, reclamando su reapertura y puesta a funcionar bajo control obrero exigiendo su inmediata y total nacionalización sin pago, exigiéndole que garantice la inversión tecnológica y el presupuesto necesario para el pleno funcionamiento productivo, sin resignar el derecho conquistado a que sean los mismos trabajadores los que controlen y administren la producción, negándose a confiar en los funcionarios del Estado. Esta es la única política que descarga la crisis sobre los patrones y señala un camino hacia la expropiación de los expropiadores, desafiando a la burguesía en la base de su poder, en el plano de las relaciones de propiedad.

En el caso de las empresas actualmente del Estado defendemos la lucha por la administración obrera directa. Así, apoyamos activamente la experiencia de control y gestión obrera en algunas refinerías de PDVSA que hicieron los trabajadores durante los 60 días del paro petrolero. A diferencia de la actual cogestión en la empresa estatal como ALCASA decimos que es necesario avanzar hacia una total administración directa de los trabajadores, y alertamos de todos los peligros que esta experiencia encierra como el de la transformación de los representantes de los trabajadores en rehenes del Estado burgués pudiendo volverse en sus agentes administrativos directos y aplicándose los trabajadores mismos los ajustes que el gobierno patronal no puede aplicar, y llamamos a no confiar en ningún funcionario del Estado por muy de izquierda que se presente. Al mismo tiempo exigimos la extensión de la administración directa a todas otras empresas de la misma rama industrial, lo que implica la nacionalización sin indemnización del resto de las empresas que se encuentran en manos privadas.

Las experiencias de la gestión obrera directa pueden ser valiosísimos puntos de apoyo de la clase obrera en su lucha contra la sociedad capitalista. Es posible utilizar esta nueva forma de actividad en interés de los trabajadores y no de la burocracia y aristocracia obreras, ni mucho menos del gobierno. Pero los resultados revolucionarios de la gestión obrera de las industrias en manos del Estado están supeditados en último análisis a la existencia de un partido obrero auténticamente revolucionario. Pues con una política revolucionaria, los trabajadores podrían utilizar la gestión obrera como tribuna para enfrentar los planes del gobierno y proyectarse como dirección de los sectores explotados, al liderar una alianza obrera y popular, luchando por la centralización de las diversas ramas de la economía nacional bajo control de sus trabajadores, y demostrando cómo esto puede ser un instrumento de planificación económica que imponga la racionalidad en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre, donde ahora impera la anarquía de la producción en beneficio de los capitalistas, educando a la clase obrera en el manejo de la economía.

Por una política obrera independiente

Pero para todo esto es necesario luchar por la independencia del movimiento obrero en general; y en particular por la formación en los sindicatos de fracciones revolucionarias que, a la vez que defienden la unidad del movimiento sindical, sean capaces de luchar por una política de clase y una composición revolucionaria de los mismos. Luchar por una política de independencia de clase, es decir, independiente del Estado y de los patrones, independiente de los planes de los capitalistas y del gobierno, pues estos terminan siempre favoreciendo a los empresarios, y en el caso de la cogestión propuesta por el gobierno, haciéndole creer a los trabajadores que salen de su condición de explotados, mientras sólo refuerzan su explotación y debilitan las fuerzas del conjunto de los y las asalariadas.

Para resolver los problemas más urgentes del pueblo trabajador venezolano es necesario expropiar a la gran burguesía y al imperialismo, poner bajo control de los y las trabajadoras las empresas privadas y bajo administración obrera a las empresas estatales, algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Ligado a esto está la nacionalización de toda la banca y el monopolio del comercio exterior, entre otras demandas. Una política así alumbra la perspectiva de una organización racional de la economía, de su planificación democrática, que oriente la producción a satisfacer las necesidades de la población. Pero para lograrlo se debe quebrar la capacidad de resistencia de la burguesía, destruyendo el poder de su Estado, e imponiendo un gobierno de los trabajadores que inicie la construcción de una sociedad socialista sin explotadores ni explotados. En este sentido debe ser el programa a levantar por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), si realmente quiere estar al servicio del pueblo trabajador, así como por los sindicatos y tendencias clasistas que hoy surgen, y por cualquier corriente o partido que se reclame obrero, socialista y revolucionario.

En este camino, los revolucionarios luchamos por la construcción de un partido obrero revolucionario e internacionalista, que aglutine en sus filas a lo mejor de la vanguardia del proletariado, luchando por poner en pie y desarrollar los organismos de democracia directa de las mayorías trabajadoras, en la perspectiva de la lucha por conquistar el poder político, e iniciar la construcción del socialismo, la planificación racional y democrática de la economía, a través del autogobierno, de un Estado obrero basado en esas organizaciones de masas.

[1] Invepal: Industria Venezolana Endógena del Papel (ex Venepal). Inveval: Industria Venezolana Endógena de Válvulas (ex Constructora Nacional de Válvulas).

[2] En Invepal, la junta directiva está compuesta por representantes del gobierno y de los trabajadores, siendo el presidente un trabajador, pero donde la última palabra la tiene el accionista mayoritario. En Inveval, a tres meses de haberse lanzado el decreto para su reactivación, la empresa no arranca, y todas las propuestas hechas por el gobierno a los trabajadores-accionistas contemplan que los directivos sean designados por el ministerio para la Economía Popular (Minep).

[3] Invetex: Industria Venezolana Endógena de Textiles.

[4] Plan dirigido a formar y financiar cooperativas.

[5] Últimas Noticias, 12-07-05.

[6] Prensa Presidencial, 31-01-05.

[7] Entrevista publicada en la página aporrea.org, 21-02-05.

[8] Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial, firmado el 26 de mayo pasado.

[9] ídem.

[10] “La industria nacionalizada y la administración obrera”, en Escritos Latinoamericanos, CEIP “León Trotsky”, 2000, p. 164.